Las mujeres rurales

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Las mujeres rurales

Mujeres rurales
Gestoras de esperanza
Cuaderno del Informe de Desarrollo Humano
Colombia 2011
Colección Cuadernos indh 2011
Mujeres rurales
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
© INDH 2011
ISBN 978-958-8447-69-8
http://www.pnud.org.co
http://pnudcolombia.org/indh2011/
Dirección: Avenida 82 No. 10- 62, piso 2
Teléfono: 4 88 90 00
Noviembre de 2011
Bogotá, Colombia
Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo - pnud
Representación de País
Bruno Moro
Representante Residente
Silvia Rucks
Directora de País
Onu Mujeres
Lucía Salamea-Palacios
Representante en Ecuador y Colombia
Directora para la Región Andina
Margarita Bueso
Coordinadora Nacional Colombia
Equipo Informe
Nacional de Desarrollo Humano - indh 2011
Absalón Machado
Director académico
Tania Guzmán Pardo
Coordinadora general
Diego Miguel Sierra
Investigador principal
Fernando Bernal
Investigador principal
Jorge Iván González
Asesor especial
Carlos Vargas
Investigador asociado
Margarita Daza
Investigadora asociada
Luis Hernando Vanegas
Mariana Ríos
Equipo estadístico
Carlos Chica
Coordinador de comunicaciones
Diana Galvis
Asistente administrativa
y financiera
Alejandra Ospina
Asistente de operaciones
Informe Nacional de
Desarrollo Humano - indh 2011
Comité Consultivo
Comité de Cooperantes
Agencia Catalana para la Cooperación al
Desarrollo - accd
Diego Molano
Director – Acción Social
Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo - Aecid
Edilia Mendoza
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –
Unidad y Reconstrucción – anuc-ur
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional - Usaid
Gabriel Cadena Gómez
Rector - Universidad Autónoma de Manizales
Banco Mundial
Delegación de la Unión Europea en Colombia
Hernando José Gómez
Director - Departamento Nacional de Planeación - dnp
Embajada de Noruega
Isabel Ampudia
Coordinadora Red Prodepaz
Embajada de Suecia
Embajada de Suiza
Iván Darío Gómez
Director - Instituto Geográfico Agustín Codazzi - igac
Embajada del Reino de los Países Bajos
José Félix Lafaurie
Presidente - Fedegán
Fondo Global de Paz y Seguridad del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional
de Canadá.
Juan Camilo Restrepo
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Juan Sebastián Betancur
Director - Proantioquia
Comité de agencias
Sistema de Naciones Unidas
Julián Domínguez
Director - Confecámaras
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados - Acnur
Luis Evelis Andrade
Consejero Mayor - Organización Nacional Indígena
Colombia - onic
Luz Marina Mantilla Cárdenas
D irectora - Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas - Sinchi
Marco Romero
Director - Codhes
Moisés Wasserman
Rector - Universidad Nacional de Colombia
de
Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación - fao
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos - Oacnudh
Oficina para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios - ocha
Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos - un Hábitat
Monseñor Héctor Fabio Henao
Director - Secretariado de Pastoral Social
Entidad de la Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres Onu Mujeres
Rafael Mejía
Presidente - sac
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito - Unodc
Comité de Expertos
Adolfo Meisel
Alejandro Reyes
Álvaro Silva
Ana María Ibáñez
Consuelo Corredor
Darío Fajardo Montaña
Fernán González
Gustavo de Roux
Jorge Iván González
José Martínez
Padre Rafael Castillo
Cuaderno Mujeres rurales.
Este Cuaderno se hizo a partir del documento de investigación “Mujeres, sector rural y tierras en Colombia”
Tania Guzmán Pardo
Coordinadora general
Rodrigo Uprimny
Sergio Chaparro
Diana Esther Guzmán
Nelson Camilo Sánchez
Investigadores DeJusticia
Diana Esther Guzmán
Sergio Chaparro
DeJusticia
Asesoría y acompañamiento académico
Margarita Muñoz Pallares
Julissa Mantilla
Equipo técnico Onu Mujeres
Marcela Giraldo
Textos y editora general
También se elaboró a partir de la investigación previa
“Análisis de los problemas de las mujeres en el campo
colombiano”
Fabiola Campillo
Investigadora
Fotografías
Cortesía Archivo Onu Mujeres
Claudia Patricia Collazos
Asistente de investigación
Marcela Figueroa García
Diseño y diagramación
Jacqueline Orozco
Asistente
Unión Gráfica
Impresión
Este documento se hizo gracias a la iniciativa y apoyo del pnud y onu Mujeres, agencias de Naciones Unidas.
Las opiniones expresadas en este Cuaderno son de exclusiva responsabilidad del equipo coordinador del indh
2011 y no comprometen al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) ni a Onu Mujeres, Entidad
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, como tampoco a las
demás entidades que auspiciaron su elaboración.
Contenido
Presentación
Una agenda por la equidad de las mujeres rurales. Bruno Moro
Las mujeres rurales y el desarrollo humano. Absalón Machado
11
13
Introducción
15
¿Cómo salir de la discriminación y la exclusión?
Capítulo 1
La Problemática
La triple discriminación de las mujeres rurales
23
1. Las mujeres en el mundo rural
2. Dos fuentes de discriminación: la deuda rural y la deuda de género 2.1 La deuda rural 2.2 La deuda de género 2.3 La feminización del trabajo productivo: el papel de
las mujeres en la economía rural
2.4 Propiedad y tenencia femenina de tierras 3. La tercera fuente de discriminación: violencias contra las mujeres
3.1 El impacto del desplazamiento forzado 3.2 Mujeres, desplazamiento y tierras
3.3 La seguridad alimentaria
25
27
28
31
38
46
48
53
55
58
Capítulo 2
La Respuesta
del
Estado
Las políticas públicas: marginales y asistencialistas
61
1. Pese a los intentos: limitado acceso a la propiedad de la tierra
66
2. Abanico de medidas frente al desplazamiento forzado 3. La Corte se erige en garante de los derechos
69
73
Capítulo 3
La Respuesta
de las
Mujeres Rurales
Actoras políticas: un movimiento que se enfrenta a la discriminación 79
1. Nueve décadas de lucha por su reconocimiento
2. Sobre retos, logros y reivindicaciones
83
88
Capítulo 4
Las Salidas
Propuestas y recomendaciones: ¿qué hacer ante la discriminación?
91
1. Enfoques transversales
1.1 Enfoque de género
1.2 Enfoque de reconocimiento
1.3 Enfoque de derechos
2. Ámbitos de acción
2.1 Fortalecimiento institucional
2.2 Acceso a factores productivos complementarios
2.3 Acceso a servicios y derechos sociales
2.4 Violencia, desplazamiento forzado y restitución
96
96
97
98
99
99
104
108
110
Anexo
Anexo 1. Principales instrumentos legales nacionales
e internacionales mencionados en el cuaderno
113
115
Bibliografía
Glosario de siglas
119
125
Índice de tablas,
cuadros, gráficos y recuadros
Cuadros
Cuadro 1.1 Algunos indicadores sociales y económicos por grupos
poblacionales y zonas
29
Cuadro 1.2 Indicadores del mercado laboral por sexo y zona
32
Cuadro 1.3 Tipo de empleo y remuneración de las mujeres en la zona
rural. Colombia 2010
36
Cuadro 1.4 Participación en las decisiones de gasto y contribución a
su financiamiento para el caso de las mujeres urbanas y rurales. 2010
37
Cuadro 1.5 Variación anual promedio de algunos indicadores del
mercado laboral en diferentes grupos poblacionales de acuerdo con
sexo y zona. 2006-2010
38
Cuadro 1.6 Participación del total de empleo rural por sexo y rama
de actividad. Colombia vs. América Latina. 1999
39
Cuadro 1.7 Evolución de la participación en el empleo agrícola por
sexo. 2006-2010. Trimestre móvil. Agosto-octubre de 2010
40
Cuadro 1.8 Tenencia y género
47
Gráficos
Gráfico 1.1 Máximo nivel educativo alcanzado por hombres y
mujeres en la zona rural
35
Recuadros
Recuadro 1.1 “¡En el campo luchamos por la vida!”
27
Recuadro 1.2 “En el campo las mujeres nos le medimos a todo”
27
Recuadro 1.3 Luz Perly: la niñez de una mujer campesina
30
Recuadro 1.4 Las mujeres del valle encantado
45
Recuadro 1.5 Trabas en la relación con la tierra
48
Recuadro 1.6 Pese al desplazamiento se conserva la cultura
57
Recuadro 2.1 Riesgos y vulnerabilidades de las mujeres desplazadas
76
Recuadro 3.1 “Desde hace trece años nos hemos organizado y
trabajamos juntas”
82
Recuadro 3.2 Empresa autónoma por la soberanía alimentaria
87
Recuadro 3.3 Mensajes de mujeres para mujeres
90
Presentación
Una agenda por la
equidad de las mujeres rurales
El 15 de octubre de 2011 Michelle Bachelet, directora Ejecutiva de ONU Mujeres,
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento
de las Mujeres, envió un mensaje al mundo a propósito del Día Internacional de la
Mujer Rural, en el cual resaltó las enormes contribuciones que hacen las mujeres
rurales al progreso social y económico en la lucha contra la pobreza, el hambre y
la desnutrición.
En esta oportunidad, ella dijo que en algunas partes del mundo las mujeres representan el 70% de la mano de obra agrícola y constituyen el 43% de los trabajadores
de ese sector en todo el mundo. Pero a pesar de su productividad y de la pesada
carga de trabajo que asumen, las mujeres rurales siguen siendo víctimas de discriminación, lo que no solo es una falta de justicia sino que entorpece el avance en
áreas fundamentales del desarrollo. Si las agricultoras tuviesen un acceso equitativo a recursos y oportunidades, con seguridad serían las principales impulsoras de
los esfuerzos para poner fin al hambre, para incrementar la seguridad alimentaria y
mejorar la salud y la educación.
Desde el Informe Mundial de Desarrollo Humano del año 1995, Naciones Unidas
ha reiterado el mensaje de que el avance del desarrollo humano es imposible sin
avanzar hacia la igualdad en las condiciones de vida de hombres y mujeres.
En consecuencia, el enfoque de desarrollo humano se ha venido fortaleciendo a
partir de la incorporación de la perspectiva de género, reflexión que en gran medida
se ha hecho gracias a la actuación de los movimientos de mujeres en el mundo.
Más específicamente, el enfoque de desarrollo humano al considerar el hecho de
que hoy día no hay ninguna sociedad en el mundo en la cual hombres y mujeres disfruten de las mismas oportunidades, ha incorporado tres principios que se
plantean como sustento de la necesidad de poner la situación de las mujeres en el
centro de las reflexiones sobre el desarrollo. Tales principios son:
a. La necesidad de consagrar la igualdad de derechos entre el hombre y la
mujer y de movilizar la voluntad política y las acciones afirmativas que sean
MUJERES RURALES
Gestoras de Esperanza
necesarias para remover los obstáculos de toda índole que impiden la aplicación de ese principio general.
b. Las mujeres deben ser consideradas como agentes y beneficiarias del
cambio. Por eso, invertir en sus capacidades y en el fortalecimiento de sus
opciones son fines valiosos en sí mismos.
c. El modelo de desarrollo debe configurarse de tal manera que garantice la
igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en aras de ejercer
sus opciones y llevar la vida que prefieran.
Siguiendo estos principios, el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011
Colombia rural. Razones para la esperanza presenta a la opinión pública su segundo
Cuaderno Mujeres Rurales. Gestoras de esperanza, esta vez orientado a profundizar
en la situación y las perspectivas de las mujeres rurales.
Aquí se invita a las instituciones del Estado a adoptar tres enfoques: el de género,
el de reconocimiento del aporte de las mujeres rurales como actoras políticas y
de desarrollo, y el de derechos, en el diseño y ejecución de las políticas públicas
del sector rural, en aras de remover los factores estructurales que impiden alcanzar
condiciones mínimas de equidad entre hombres y mujeres en la sociedad rural.
El Cuaderno plantea propuestas concretas que deben concentrarse en tres ámbitos de
acción: en el fortalecimiento de la institucionalidad, en garantizar el acceso a factores
productivos y servicios sociales, y en luchar, sin vacilaciones, contra las formas específicas que adquiere la violencia en contra de las mujeres rurales del país.
También se analiza el aporte que las organizaciones de mujeres han hecho al proceso de reconocimiento de sus derechos y la construcción de ciudadanía.
Y se invita a explorar caminos que conduzcan a cambios de énfasis en el modelo de
desarrollo hasta ahora implementado, para alcanzar el objetivo máximo de mejorar la
situación y las oportunidades de las mujeres que viven en el campo colombiano.
Esperamos que este Cuaderno, hecho a partir de las opiniones y los saberes de mujeres líderes a lo largo y ancho del país, y de lo mejor del conocimiento académico
sobre el tema, contribuya a la tarea de sentar las bases hacia la equidad de géneros
y hacia el impulso que requiere el desarrollo humano de las colombianas.
Bruno Moro
12
Representante Residente del PNUD en Colombia
Presentación
Las mujeres rurales
y el desarrollo humano
Las mujeres rurales representan la mitad de los pobladores del sector rural, y en
esa proporción participan en el desplazamiento forzado, registran serias dificultades para acceder a la tierra y recursos financieros, y sus ingresos y posibilidades
de obtener un empleo digno están por debajo de lo que se ofrece y obtienen los
hombres. Son un núcleo social significativo que exige políticas diferenciadas para
enfrentar la triple discriminación de que son objeto.
Este Cuaderno hace un acercamiento a la situación de las mujeres rurales y su relación con las que viven en los grandes centros urbanos. No todos los indicadores
sociales, económicos y políticos distinguen las condiciones por género. El país
tiene una deuda inmensa con las mujeres, al no hacer distinciones precisas sobre
su situación en relación con los hombres.
Las mujeres que habitan en el sector rural sufren una triple discriminación: por ser
mujeres en una sociedad marcada por el machismo y relaciones patriarcales, por
vivir en el campo en condiciones peores en relación con los habitantes urbanos, y
porque el conflicto se ensaña de manera aguda con ellas por su condición de madres, jefes de hogar, desventajas para ubicarse dignamente en la sociedad.
El Informe de Desarrollo Humano 2011, Colombia rural: razones para la esperanza,
analiza la situación de las mujeres rurales para concluir sobre las grandes desventajas que tienen frente a los hombres. Constata la debilidad de las políticas públicas
sobre género y el poco interés que han tenido, hasta ahora, los diferente gobiernos
para desarrollar estrategias y programas con una orientación adecuada que permita
cambiar la desventajosa situación de las mujeres que viven en las áreas rurales.
Ese Informe de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD 2011, aborda el
tema central de la problemática rural y su relación con el desarrollo humano, dando
gran énfasis a la situación de los pobladores rurales.
MUJERES RURALES
Con la especial colaboración y apoyo de ONU Mujeres, se presenta este Cuaderno
cuyo objetivo es profundizar en la compresión de la situación de las mujeres rurales y sus posibilidades en el actual contexto y en el inmediato futuro. Este es
el segundo Cuaderno que acompaña al Informe de Desarrollo Humano 2011 para
Colombia.
La propuesta que le plantea al país y la comunidad internacional Colombia rural: razones para la esperanza, de una reforma rural transformadora, contiene una serie de
elementos para la construcción de una política pública donde las mujeres rurales
tengan el espacio que se merecen. Esa reforma es una apuesta de largo plazo, y se
hace con el convencimiento de que la transformación de la situación de los pobladores rurales implica la remoción de factores estructurales que requieren de una
apuesta política consistente y una mayor participación del Estado en el campo.
Son muchos los aspectos de la realidad que necesitan modificarse para acabar con
las discriminaciones odiosas que se han construido, social, política y culturalmente contra las mujeres en nuestra sociedad, y en particular en el campo. Para ello se
requiere entre otros, avanzar en la organización y empoderamiento de las mujeres,
profundizar en su visión sobre el desarrollo y la realización de alianzas con otros
sectores de la sociedad.
Además se necesita de un Estado que tenga una visión del desarrollo no discriminatoria ni excluyente, que se transmita en toda la cadena de actuaciones de los
funcionarios públicos y las entidades oficiales. Pero además, un sector privado que
tenga una compresión adecuada de la situación de las mujeres y del avance que se
lograría si se superan las discriminaciones.
Esperamos que este Cuaderno sea de utilidad para reforzar las discusiones, la
comprensión y el debate sobre alternativas posibles y viables para avanzar en el
reconocimiento de las mujeres rurales y el cambio de su situación en la sociedad
colombiana bajo las pautas del desarrollo humano.
Absalón Machado
Director académico
Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011
14
Introducción
¿Cómo salir de
la discriminación
y de la exclusión?
l
as habitantes del campo colombiano han padecido históricamente una discriminación estructural, por ser rurales y por ser mujeres; y a raíz del conflicto
armado sufren también una discriminación por ser víctimas, por lo cual enfrentan
una triple discriminación.
La primera discriminación es por ser pobladoras del mundo rural, situación compartida
también por los hombres campesinos, que se traduce en profundas desigualdades en
el acceso a bienes y servicios básicos frente al de los habitantes del mundo urbano, así
como en el acceso a los derechos sociales fundamentales, como salud y educación.
La otra discriminación es por el hecho de ser mujeres, ya que el tratamiento histórico, cultural y socioeconómico que reciben, determinado por la estructura patriarcal,
es más injusto frente al de los hombres. Esto significa que hay mayores tasas de
pobreza e indigencia, limitadas formas de participación, ingresos muy inferiores,
menores posibilidades de inserción al mercado laboral y al sistema educativo y, en
general, condiciones que limitan su autonomía y la construcción de su ciudadanía.
A esas dos condiciones anteriores se suma el hecho de que ciertos fenómenos
violentos, como el desplazamiento forzado, la violencia sexual y el reclutamiento,
MUJERES RURALES
han tenido sobre las mujeres rurales un impacto diferenciado y desproporcionado.
Estos impactos de las violaciones graves a los derechos humanos que sufren, se
convierten en un tercer factor de discriminación que afecta a muchas de ellas en
sus vidas cotidianas. Ellas sufren hoy, entonces, una triple discriminación.
Incluso podría hablarse de una cuarta fuente de discriminación, dada por el hecho
de que algunas mujeres son afrocolombianas o pertenecen a pueblos indígenas.
Las características étnicas y raciales constituyen un factor determinante de sus
condiciones de vida, oportunidades e inserción al universo configurado por los
aspectos políticos, económicos, sociales y culturales.
Debido a esas múltiples discriminaciones, las mujeres rurales no ejercen de manera plena su ciudadanía. Aunque las leyes las reconocen como ciudadanas de
pleno derecho, en la práctica no existen las condiciones para que puedan poner en
práctica sus derechos en condiciones de igualdad. Es una ciudadanía restringida.
El objetivo: reconocer las
discriminaciones para superarlas
El propósito de esta publicación, además de hacer visible esas distintas dimensiones de la discriminación a la que están sometidas las mujeres rurales, es brindar
recomendaciones de política pública para contribuir a la superación de ese fenómeno, reconociendo que han desempeñado, y siguen haciéndolo, un papel
fundamental en la lucha por superar esas injusticias.
16
Este texto se basa entonces en cuatro ideas esenciales. Primero, una tesis interpretativa, que es el reconocimiento de la triple desventaja y triple discriminación de
las mujeres en el sector rural. Segundo, una tesis metodológica, que consiste en el
enfoque de género. Tercero, la necesidad de continuar el proceso de recuperación
de su papel en el campo como actoras destacadas de las luchas sociales y políticas
en el sector rural. Y, finalmente, una perspectiva de políticas públicas, pues el propósito final del documento es intentar formular recomendaciones democratizadoras
en este sentido. Vale la pena ampliar un poco esas cuatro ideas, que explican a su
vez la estructura y orden del documento.
MUJERES RURALES
I NTROD U C C I Ó N
En primer lugar, la tesis interpretativa consiste en reconocer que las mujeres rurales
se ven enfrentadas a una triple discriminación que se explica, en buena medida, en
virtud de las relaciones desiguales de poder que se establecen entre los géneros.
Como ya se señaló, y además será desarrollado en el capítulo 1, las mujeres rurales
sufren diversas formas de discriminación por el hecho de vivir en el campo, de ser
mujeres y de ser víctimas de la violencia.
Además, las campesinas afrocolombianas o indígenas enfrentan otras formas de
discriminación que agravan su situación, debido a su pertenencia a un grupo étnico. Aunque esta última dimensión que enfrentan las mujeres es fundamental, en el
documento no fue posible desarrollarla en forma más amplia, debido a la escasa
información cuantitativa para su documentación y su invisibilidad es incluso más
amplia que la de otras formas de discriminación. Por ello, es relevante que se investigue más al respecto y se produzcan cifras confiables sobre su situación.
La relevancia del enfoque de género
En segundo lugar, la tesis teórica y metodológica consiste en asumir una perspectiva de género. Esta permite mostrar que la discriminación en contra de las mujeres
rurales se explica, al menos en parte, por las relaciones de poder y la desigualdad
entre los sexos.
Uno de los puntos de partida del Cuaderno es, entonces, que la perspectiva de
género es una herramienta esencial para comprender las particularidades de las
relaciones de las mujeres con el sector rural en general, y con la tierra en particular.
Esto implica un reconocimiento de la centralidad del género en el análisis de la
interacción de ellas con su entorno.
El género es una categoría analítica que permite entender que las diferencias entre
hombres y mujeres no son naturales, sino construidas social y culturalmente. Esa
construcción le atribuye funciones y condiciones a ellas, diferentes a las de ellos, y
afecta sus relaciones y dinámicas familiares, sociales y económicas.
La categoría género permite además reconocer que los estereotipos construidos en
torno a lo que significa ser hombre o ser mujer en nuestra sociedad, las sitúan a ellas
17
MUJERES RURALES
principalmente en espacios domésticos, asignándoles funciones y labores de cuidado. Además, el trabajo de las mujeres no es socialmente valorado como productivo,
en contraste con la forma como se valora el realizado por los hombres, y no se reconoce plenamente su aporte a la dinámica económica y social, y relaciones campesinas.
Utilizar esta categoría devela entonces que a las personas se les asignan papeles,
funciones y espacios de acuerdo con su género, y que en consecuencia se establecen relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en las que ellas
tienen una posición subordinada. La perspectiva de género es entonces un enfoque
teórico y metodológico que permite hacer explícitas las relaciones desiguales de
poder que se establecen en la sociedad entre hombres y mujeres, y en esa medida,
resulta útil para comprender la situación de las mujeres rurales.
En virtud de las construcciones de género, su relación con la tierra es precaria.
Está desdibujada por una serie de estereotipos presentes en la sociedad rural. Esas
formas preconcebidas de cómo se entienden a unos y a otras, las sitúan en condiciones específicas de vulnerabilidad que no enfrentan ellos, como tampoco los
habitantes de las zonas urbanas.
Por ejemplo, un muy bajo porcentaje de campesinas son propietarias de la tierra,
en muchas ocasiones no disponen de ningún tipo de registro o constancia que las
acredite como titulares de los derechos que ejercen sobre esta, e incluso, muchas
mujeres campesinas desconocen los derechos que como cónyuges o herederas tienen sobre la tierra.
Los patrones patriarcales de socialización que se tejen desde el núcleo familiar
excluyen a las mujeres rurales del poder de decisión, del control de los recursos
y del acceso a la satisfacción de sus derechos, además de someterlas en muchas
ocasiones a diferentes formas de violencia física y sicológica.
18
Por lo anterior, la perspectiva de género es relevante para entender la relación de
la mujer con el sector rural y con la tierra, así como para comprender cómo está
representada en las políticas públicas. Esto lleva a considerar que la perspectiva de
género es una herramienta analítica útil para pensar en políticas públicas orientadas
a la superación de la discriminación (capítulo 1).
MUJERES RURALES
Esta tesis teórica y metodológica es utilizada en forma transversal en el documento,
ya que orienta los análisis sobre la situación de las mujeres rurales y la pertinencia
de las políticas públicas desarrolladas para enfrentarla. Así mismo, orienta las propuestas de política pública que se presentan en este Cuaderno.
Respuestas estatales limitadas
A pesar de la triple discriminación de las mujeres rurales, las políticas públicas
en Colombia, en general, no han incorporado un enfoque de género, lo cual ha
terminado por reproducir las relaciones desiguales que prevalecen en el campo.
Aunque en los últimos años se han desarrollado políticas que pretenden enfrentar la
situación específica de las mujeres, estas no han tenido el impacto deseado.
Los avances e intentos que se han hecho para superar la precaria situación de
las mujeres rurales no han logrado una auténtica transformación de las relaciones
desiguales de poder que se dan en el campo en razón al género. La normatividad
colombiana ha incorporado, en los últimos años, elementos importantes para alcanzar la equidad de género, mediante un reconocimiento progresivo de la función
de la mujer en la economía rural; pero persisten grandes inconsistencias, por ejemplo, en cuanto a la asignación de recursos, la inclusión en los programas, la poca
consideración de los diferentes papeles que cumplen las mujeres y las dificultades
que enfrentan para acceder y pagar créditos y subsidios.
Además de lo anterior, las políticas públicas tienen problemas de pertinencia y
eficacia. En general, estas han apuntado a la inserción económica de las mujeres
rurales, pero han descuidado aspectos más estructurales que subyacen a la discriminación, como los condicionamientos culturales. Y en aquellos casos en que se
han adoptado visiones más apropiadas, como la contenida en la Ley de Mujer Rural
(Ley 731 de 2002), infortunadamente la implementación no es adecuada por la falta
de reglamentación de la misma, ausencia de recursos o falencias en el diseño y
ejecución, entre otros aspectos.
El capítulo 2 de este documento describe y evalúa entonces los avances pero también las
limitaciones de las respuestas estatales a la triple discriminación que ellas padecen.
19
MUJERES RURALES
Las mujeres rurales: una lucha constante
La tercera tesis del documento es que las mujeres rurales han jugado un papel fundamental en las luchas sociales en el país. Tanto en la reivindicación de derechos
por parte del campesinado colombiano, como en las luchas por el reconocimiento
de sus derechos y en su exigibilidad por parte de las víctimas.
Así, a pesar de una realidad caracterizada por la exclusión, discriminación y violencia, las mujeres son actoras destacadas de las luchas sociales y políticas en el
sector rural y agentes de su propia transformación. Se resalta su gran capacidad de
agenciar su vida y las de sus organizaciones, pues se han formado como líderes y
participan en diferentes espacios sociales.
A pesar de ser victimizadas, trabajan por la modificación de las estructuras que las
discriminan. No se han limitado por el hecho de padecer una ciudadanía restringida
sino que se han movilizado y luchado por alcanzar la igualdad. Ha sido pues un
ejercicio por alcanzar la plena ciudadanía.
Esta tesis se desarrolla en el documento, pero en especial en el capítulo 3, en
el que se hace referencia al papel de las mujeres rurales como gestoras de esperanza.
Políticas que impacten y transformen
Finalmente, el documento, como cuarta tesis, aborda una perspectiva de políticas
públicas. Para esto, además del análisis de las políticas existentes en Colombia
frente a la situación de las mujeres rurales, tema central del capítulo 3, se formulan
recomendaciones para el diseño de políticas públicas que en efecto contribuyan a
transformar las relaciones de género en el campo, así como las diversas formas de
discriminación que afrontan las mujeres.
20
A partir de la visibilidad y el reconocimiento del papel que juegan en el sector rural,
la perspectiva de género permite identificar insumos de política pública para superar la exclusión, la discriminación y la violencia que enfrentan. De ahí que en este
MUJERES RURALES
texto se formulan algunas recomendaciones en ese sentido, que incluyen ámbitos
que van más allá de la actuación de las instituciones.
En últimas, estas políticas deben contribuir a la democratización de las relaciones
rurales y en especial al logro de una mayor equidad de género en el sector rural
colombiano. Estos deben ser, sin duda, sus propósitos orientadores. El 4 y último
capítulo presenta las recomendaciones para que las mujeres rurales alcancen una
ciudadanía plena y unas relaciones cotidianas igualitarias.
¿Por qué y cómo se hizo este Cuaderno?
Desde 2010, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se encuentra comprometido con la realización del quinto Informe Nacional de Desarrollo
Humano, cuyo tema central es la sociedad rural. Como otros informes de su tipo,
este es el resultado de un proceso en el que confluyen tres componentes:
1. Uno académico, del que se espera obtener un análisis sobre la situación de la
sociedad rural y propuestas sustentadas para avanzar.
2. Uno de consulta y diálogo público, que abre escenarios de encuentro y discusión
para que los análisis y las propuestas cuenten con el respaldo de la población
afectada.
3. Y un tercero, de incidencia, para influir en los procesos de toma de decisiones de
manera que las propuestas sustentadas y validadas por la participación encuentren
acogida entre actores políticos, gubernamentales, gremiales y sociales. Por supuesto, en cumplimiento de su mandato, el proceso está orientado por los valores
y el enfoque del desarrollo humano y, en consecuencia, presta especial atención a
la situación y oportunidades de las mujeres, los indígenas, los campesinos y los
afrocolombianos.
En el componente académico y con asistencia técnica y financiera de ONU Mujeres,
se presenta este ejemplar, cuyo objetivo es profundizar en la comprensión de la
situación de las mujeres rurales colombianas, con un tratamiento más exhaustivo y
generoso que se le puede dar en el texto principal del informe. Se trata del segundo
de la colección Cuadernos del Informe de Desarrollo Humano.
21
MUJERES RURALES
El contenido de este Cuaderno se basa en el documento “Mujeres, sector rural y
tierras en Colombia” elaborado por DeJusticia, con asistencia técnica y financiera
de ONU Mujeres, entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres.
Ese documento tuvo en cuenta también otras investigaciones, otras fuentes secundarias de investigación y talleres que DeJusticia y ONU Mujeres han realizado
en diferentes oportunidades con mujeres rurales y víctimas del desplazamiento
forzado asociado con el conflicto armado, que permiten reconstruir sus visiones
sobre la reparación frente a este crimen, así como la investigación previa para esa
consultoría, realizada por Fabiola Campillo en 2010.
El aporte de este documento se orienta hacia las salidas para la superación de las
formas de vulnerabilidad, invisibilidad, exclusión y discriminación de las habitantes
del campo colombiano, que luchan por superar estas situaciones y se convierten en
gestoras de esperanza para otras mujeres del campo y la ciudad, para los hombres,
sus familias, comunidades y en general para el país.

22
La
problemática
La triple discriminación
de las mujeres rurales
Fotografías. Cortesía Ana Lucía Ducuara. De misión en Mapiripán.
Capítulo 1
Fotografía. Cortesía Simone Bruno. San José. Marzo 2008.
Capítulo 1
La
p r o b l e m á t i c a
 Las mujeres en el mundo rural
 Dos fuentes de discriminación:
la deuda rural y la deuda de género
 La tercera fuente de discriminación:
violencias contra las mujeres
Capítulo 1
La
problemática
La triple
discriminación de
las mujeres rurales
U
na vez expuestas de manera general en la introducción las diferencias de situación entre mujeres y hombres en el mundo rural y la
relevancia de una perspectiva de género para comprenderlas, en este acápite se
presenta una somera radiografía sobre la situación de las campesinas colombianas, para poner en evidencia la triple discriminación que sufren: por ser mujeres,
por ser rurales y muchas de ellas por ser víctimas del conflicto armado.

1. Las mujeres en el mundo rural
En el transcurso del siglo XX, Colombia experimentó un flujo migratorio de
hombres y mujeres desde el campo hacia la ciudad, acompañado de la disminución en las tasas de fecundidad. Este fenómeno transformó la estructura
productiva del país y sus características sociales, económicas, políticas y
culturales.
La población rural registró una significativa reducción al pasar de un poco menos
del 60% de la población total en 1950 a 29% en el año 2000. Y ese patrón de
disminución no se ha frenado en el transcurso del presente siglo.
MUJERES RURALES
Esta situación se debe a tres fenómenos: las condiciones socioeconómicas, la
violencia, y el abandono en el que se encuentran los campesinos y campesinas
colombianos.
Según los datos del censo de 2005, los 10,5 millones de habitantes de las zonas
rurales en Colombia representan el 25% de la población del país, del cual el 52,5%
son hombres y el 47,5% mujeres (DANE, 2005).
Este desplazamiento hacia los polos urbanos ha venido acompañado de un proceso
de feminización de la jefatura de los hogares, tanto rurales como urbanos. En el
campo, la vulnerabilidad de las familias con jefatura femenina es mayor que la de
aquellas con jefatura masculina, e incluso es superior a las del área urbana.
En efecto, la vulnerabilidad de la jefatura femenina en el sector rural es enorme,
puesto que, según la Encuesta Continua de Hogares (ECV de 2008), en el 81,6% de
estos hogares las mujeres no tienen cónyuge y en el 44,6% de los casos, además
de no tener cónyuge, tienen al menos un hijo menor de 18 años.
Esto quiere decir que, en muchos de los casos y a diferencia de lo que ocurre con
los jefes hombres, a ellas les toca asumir la carga productiva y reproductiva de
hogares en los que el número de personas dependientes de la cabeza de familia
es mayor.
Las mujeres rurales en edad de trabajar, tanto las que participan en el mercado
laboral como las que no, realizan diversas contribuciones a la actividad económica.
Pese a ello, las condiciones y oportunidades que tienen son significativamente
inferiores a las de las mujeres urbanas y a las de los hombres rurales. El conflicto
armado además ha implicado un impacto desproporcionado sobre aquellas que
habitan o habitaron en el campo (Meertens, 2009).
26
Esta situación injusta amerita el deber ético y jurídico de que el Estado y la sociedad
emprendan acciones urgentes para corregirla, teniendo en cuenta que las mujeres
representan casi la mitad de los habitantes del mundo rural (con una tendencia a
aumentar su representatividad) y que su aporte a la economía y al desarrollo de las
comunidades campesinas es fundamental, aunque todavía no ha sido reconocido.
MUJERES RURALES
la problemática
Recuadro 1.1
“¡En el campo luchamos por la vida!”
Acá en esta vereda, yo he vivido 35 años. Mi esposo trabaja con el café, con la
yuca, el fríjol, el maíz y siembra plátano. Y él ha sido muy luchador por el hogar,
por levantar nuestros hijos. El estudio mío fue muy poco, pero a pesar de eso […]
yo tengo mi inteligencia. No me he dejado, pues como por falta del estudio no he
dejado de tener mi trabajo. A mí desde chiquita me enseñaron a que tenía que ir a
ayudarle a mi papá a arrancar papa y a apilar carbón. Nosotras somos trabajadas,
desde chiquitas, desde que nacimos nos enseñaron las labores del campo. Y los
papás eran luchando en el campo, y así nos fuimos enseñando: a luchar en el campo, a luchar por la vida.
Palabras de María Belén Loaiza Ramírez, campesina del Oriente
antioqueño. Tomado de: Retrato de una mujer campesina, Video producido por la Escuela Juvenil de Realización Audiovisual, Asociación
Campesina de Antioquia, Observatorio audiovisual e investigativo sobre
procesos comunitarios y de resistencia. Colombia, 2011. [Disponible
en: http://www.youtube.com/watch?v=wO0Ama-gMF8].
2. Dos fuentes de discriminación:
la deuda rural y la deuda de género
Como ya se ha dicho, las mujeres rurales colombianas se ven enfrentadas a varios
tipos de discriminaciones estructurales que las ponen en situación de vulnerabilidad. Nos ocuparemos ahora de la deuda rural y de la deuda de género.
Recuadro 1.2
“En el campo las mujeres nos le medimos a todo”
Cuando me hablan del paraíso, me imagino mi campo su merced: limpio, puro, fresco. No me imagino otro lugar como este. Mi mamá me decía que las mujeres solo
servíamos para criar y cocinar, pero eso ha ido cambiando. Ya empezaron a valorar
nuestro trabajo, y ahora sí podemos tener nuestra propia tierra. Y aunque no lo crea,
las mujeres del campo nos le medimos a todo. A cuidar los animales, a ver por la
familia, a trabajar la tierra, a velar por la educación y la salud.
Tesoros del campo. Documental dirigido por Verónica Posada
Galindo, con mujeres campesinas de Guasca, Sumapaz, Ráquira
y Silvania. Producido por Mujeres rurales colombianas, con el apoyo de Oxfam y CInex. [Disponible en: http://www.youtube.com/
watch?v=vUrd3NB6a9I].
27
MUJERES RURALES
La deuda rural se desprende del hecho de que los habitantes rurales son discriminados en relación con los del mundo urbano, y la deuda de género se debe a que
entre ellos, las mujeres sufren condiciones más difíciles que las de los hombres.
2.1 La deuda rural
Esta deuda es compartida por mujeres y hombres, y se deriva del hecho de pertenecer al sector rural pues, en efecto, las condiciones de vida, el acceso a bienes
básicos, el tipo de inserción laboral y la vigencia de los derechos son muy precarios en las zonas campesinas. El desarrollo ha tenido impactos desiguales e injustos
sobre los habitantes del mundo rural en relación con los ciudadanos de las urbes.
El porcentaje de personas en el campo por debajo de la línea de pobreza ha sido
muy superior al de las ciudades y el de aquellas por debajo de la línea de indigencia ha sido, en forma persistente, más del doble en relación con el del mundo
urbano (cuadro 1.1). La pobreza en el mundo rural se reduce más lento en relación
con lo sucedido en las urbes, y la pobreza extrema en estas zonas del campo ha
sido mucho más volátil.
De acuerdo con el DANE, a julio de 2010, mientras que en las cabeceras municipales el porcentaje de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI)
era de 19,6%, en la zona rural ascendía a 53,51%. Mientras que en las ciudades
solo el 0,2% de los hogares no disponía de ningún servicio básico, en el mundo
rural este porcentaje ascendía a 7,7% en 2008.
La cobertura en salud aumentó en forma significativa en el área rural entre 2003
y 2008, al pasar de 51,2 a 84,6%; sin embargo, el 83,1% se encuentra afiliado al
régimen subsidiado, lo cual evidencia la precaria inserción laboral de los campesinos colombianos.
28
Las posiciones ocupacionales en las que se concentra la mayor parte del empleo
formal (empleado particular, empleado del gobierno y profesional independiente),
representan un porcentaje menor de la ocupación total en lo rural que en lo urbano,
y las remuneraciones y el nivel de ingresos son más inestables. A esto se suman
diferencias abismales entre los niveles educativos de unos y otros, pues en 2008
MUJERES RURALES
la problemática
el promedio de años de educación de los pobladores urbanos superaba al de los
rurales en no menos de 1,2 años (cuadro 1.1).
Cuadro 1.1
Algunos indicadores sociales y económicos por grupos poblacionales y zonas
Tasa de pobreza 2009
a
Tasa de indigencia 2009
a
Pobreza según NBI. Julio 2010
b
Hogares sin ningún servicio básico - 2008
Cobertura servicio gas natural - 2008
b
Cobertura servicio alcantarillado -2008
Cobertura energía eléctrica - 2008
b
b
Cobertura servicio de teléfono -2008
Cobertura acueducto - 2008
b
b
b
Asalariados con salario/hora
superior al mínimo legal - 2003c
Trabajadores afiliados a pensiones
d
Trabajadores afiliados a salud contributiva
Años promedio de educación - 2008
b
d
Urbana (%)
Rural (%)
39,60
64,30
12,40
29,10
19,60
53,51
0,20
7,70
59,80
3,40
90,60
14,90
99,40
89,40
55,40
5,30
94,80
58,30
60,40
32,90
35,60
9,20
53,30
16,60
7,50
4,20
Fuente: (a) Mesep, 2009; (b) ECV, 2008; (c) Rodríguez et ál., 2007; (d) GEIH - Trimestre móvil dic 2010 feb 2011.
Estas desigualdades se traducen en una ciudadanía restringida. Fruto de una triple
exclusión: política, social y cultural, así como de la discriminación. Los campesinos colombianos no ejercen de manera plena su ciudadanía, es decir que, aunque
las leyes los reconocen como ciudadanos de pleno derecho, en la práctica no lo
son. La exclusión política se expresa en el debilitamiento del movimiento campesino, en la forma como el conflicto silencia a los actores del mundo rural y en la
ausencia de mecanismos de participación y representación de los habitantes del
campo (Reyes, 2009: 32-54). Este hecho impide que las demandas de las personas
que viven en las áreas más apartadas del país sean escuchadas y tenidas en cuenta
por quienes deciden, formulan y ejecutan la política pública.
La exclusión social se manifiesta, además de las desigualdades en el acceso a bienes básicos, en ausencia de reconocimiento por parte del Estado y de la ciudadanía
29
MUJERES RURALES
en general como agentes sociales capaces de realizar un aporte fundamental al
proceso de desarrollo y a la construcción de nación. Esta modalidad de exclusión
se refleja en el sesgo antirrural del modelo de desarrollo, pues no potencia el
desarrollo humano y los derechos humanos de manera integral, ni de la política
y la legislación agraria.
Por último, la exclusión cultural se percibe en la invisibilización y menosprecio de
sus tradiciones, saberes y prácticas. Los valores de la sociedad rural se conciben
como atrasados, el mundo urbano se proyecta como modelo y como objetivo y el
patrimonio cultural de los habitantes del campo no se reivindica como parte de la
identidad nacional.
Recuadro 1.3
Luz Perly: la niñez de una mujer campesina
De pequeña mi papá me miraba correr por la casa y le decía a mi mamá que si
yo fuera varón él tendría quien lo acompañara a la tierra, porque toda la vida ha
sido campesino, su labor más importante ha sido cultivar la tierra. Éramos nosotros
tres, porque los hermanos mayores se fueron y quedamos solitos. Vivíamos en
una parcela alejada, la finca más cercana quedaba a tres horas de camino, en la
vereda Santa Bárbara, en el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca.
Empecé a decirle a mi papá que me llevara con él al campo. Al comienzo se negaba
porque para un campesino, una niña es una niña, una mujer no tiene que andar por
allá. Después no se pudo desprender de mí y me llevaba para todos lados.
Esa vivencia fue muy bonita porque aprendí a pescar, a cazar, a sembrar; conocí
el profundo amor por la naturaleza, por las plantas, cómo se consienten, cómo se
siembran, cómo se abonan, cómo se recogen los frutos para no maltratar al arbolito
[…]. Esas cosas él las aprendió de sus abuelos, de sus papás, que también fueron
campesinos, pero en otra región, en el Huila.
Mi papá fue fundador de esa finca. Cuando llegó eran terrenos baldíos. Llegó, tumbó monte, hizo la casa y empezó a sembrar. Solo hizo primer año de primaria,
escasamente sabía leer y escribir y no muy bien, y así y todo empezó a convertirse
en líder del sector.
Fonseca, Linsu. 2008.
Una Colombia que nos queda
Bogotá: Fundación Mujer y Futuro.
30
MUJERES RURALES
la problemática
2.2 La deuda de género
Además de ser habitantes del campo, las campesinas colombianas se ven expuestas a un factor de vulnerabilidad adicional derivado del hecho de ser mujeres en un
contexto donde predominan una mentalidad y unos arreglos de género patriarcales,
que conducen al establecimiento de mecanismos de exclusión y discriminación
(Ruiz Mesa, 2006: 3). Estos mecanismos determinan una distribución desigual de
los recursos escasos y de las oportunidades en los ámbitos familiares y comunitarios, lo cual lleva a la reproducción de los papeles tradicionalmente asignados a
ellas y a una lógica que retroalimenta la discriminación. Esto hace que estén más
expuestas a situaciones de violencia social e intrafamiliar y que su participación
política y sus posibilidades de organización sean menores.
La deuda rural se desprende del hecho de que los
habitantes rurales son discriminados en relación
con los del mundo urbano, y la deuda de género
se debe a que entre ellos, las mujeres sufren
condiciones más difíciles que las de los hombres.
Así, las funciones de género determinan que ellas deben asumir, en muchas ocasiones, tanto las tareas de reproducción y cuidado de los miembros del hogar,
como las responsabilidades productivas de la unidad agropecuaria familiar, e incluso actividades comunitarias, sin que esto tenga repercusiones en términos de
reconocimiento, ingresos y capacidad para participar en la toma de decisiones
relevantes. Por esta razón, algunos autores se refieren a la triple jornada que deben
soportar las mujeres rurales (Suárez, 2005: 87).
Un análisis diferenciado de los principales indicadores de bienestar de acuerdo
con los miembros del hogar, revela la existencia de significativas diferencias entre
unos y otras.
Las mujeres rurales viven condiciones sociales difíciles y situaciones críticas, como lo
demuestran algunos indicadores: altos niveles de pobreza e indigencia, escaso acceso
a servicios básicos, poca inserción en el mercado laboral y condiciones de salud y educación más desfavorables con respecto a los habitantes de las ciudades (cuadro 1.2).
31
MUJERES RURALES
Cuadro 1.2
Indicadores del mercado laboral por sexo y zona
Población
total
Jefes de
hogar
Jóvenes
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
rurales (%)
urbanas (%)
urbanos (%)
rurales (%)
Tasa de participación
Trimestre 12/2010 - 2/2011
35,40
55,70
73,90
75,80
Tasa de ocupación
Trimestre 12/2010 - 2/2011
28,40
46,40
66,00
72,40
Tasa de desempleo
Trimestre 12/2010 - 2/2011
18,70
16,80
10,70
4,50
Tasa de desempleo oculto
Trimestre 12/2010 - 2/2011
3,20
1,30
0,40
0,20
Evolución ingresos reales
1996-2005 (Bonilla, 2007)
3,70
4,10
-10,90
5,90
Trabajó durante la última
semana (Censo 2005)
9,46
28,38
45,33
45,80
Realizó oficios del hogar
durante la última semana
(Censo 2005)
49,78
30,00
2,35
6,35
54,40
65,20
87,70
93,90
Tasa de ocupación
49,10
58,50
83,10
91,80
Tasa de desempleo
9,70
10,20
5,20
2,30
1,10
0,90
0,20
0,10
No tenían cónyuge y estaban
a cargo de hijos menores de
18 años (ECV 2008)
44,40
41,20
11,90
13,70
31,40
48,80
59,70
73,00
Tasa de ocupación
21,20
33,80
46,40
66,60
Tasa de desempleo
32,50
3 0,60
20,50
8,70
4,90
1,80
0,70
0,50
Fuente: GEIH. Anexos del periodo diciembre de 2010 a febrero de 2011; DANE. Censo general, 2005; DANE. Encuesta de
Calidad de Vida, 2008.
32
Desde que se dispone de datos, los índices de pobreza e indigencia femenina
han estado en forma constante por encima de los masculinos (Tenjo et ál., 2007).
Colombia se sitúa entre los pocos países de América Latina en los que la profundidad de la pobreza en hogares con jefatura femenina es mayor a la de aquellos que
tienen jefatura masculina (Ballara y Parada, 2009: 63). Esto sugiere que las mujeres
rurales cabeza de hogar y sus familias están sumidas en una trampa de pobreza
superior, y de más difícil superación, que la del resto de hogares rurales.
MUJERES RURALES
la problemática
Un análisis del mercado laboral rural con perspectiva de género permite entender
las dificultades que las mujeres atraviesan para lograr mejoras sustanciales en sus
ingresos y sus condiciones de vida, y con ello también en el bienestar de los
miembros del hogar.
Estas desigualdades se traducen en una ciudadanía
restringida. Fruto de una triple exclusión: política,
social y cultural, así como de la discriminación.
Los campesinos colombianos no ejercen de
manera plena su ciudadanía.
La tasa de desempleo promedio de las jefas de hogar rurales en 2010 fue de 9,6%,
un nivel explosivo teniendo en cuenta que la subsistencia de todos los miembros
del hogar depende principalmente de sus ingresos (DANE, GEIH, 2010. El panorama del mercado laboral de jefas de hogar hace prácticamente imposible superar la
profunda brecha de pobreza de los hogares rurales con jefatura femenina, lo cual
los pone en una situación de vulnerabilidad extrema sin perspectivas de mejorar y los
condiciona a una fuerte dependencia de programas de asistencia social.
Las tasas de desempleo son muy elevadas y superiores incluso en cerca de tres puntos porcentuales a las del promedio de las cabeceras municipales, indicadores que
se acentúan aún más con las diferencias en las tasas de ocupación por género
que también son enormes. De cada 100 mujeres en edad de trabajar, solo 28 de
ellas lo hacen (cuadro 1.2).
Las mujeres rurales viven condiciones sociales
difíciles y situaciones críticas, como lo demuestran
algunos indicadores: altos niveles de pobreza e
indigencia, escaso acceso a servicios básicos,
poca inserción en el mercado laboral y condiciones
de salud y educación más desfavorables con
respecto a los habitantes de las ciudades.
Su papel como encargada exclusiva del trabajo reproductivo tiene una mayor incidencia en la zona rural que en la urbana, pues mientras que en el censo de 2005, el
49% de las mujeres rurales manifestaron haberse dedicado a los oficios del hogar,
en las urbes lo hizo el 30,1%.
33
MUJERES RURALES
Estos indicadores resultan aún más dramáticos si se tiene en cuenta que el trabajo
femenino es subestimado social y económicamente. El cuidado de los hijos, los
oficios domésticos y la participación cotidiana en las actividades del hogar, entendido como unidad productiva rural, no se reconocen como trabajo productivo.
Esto ha llevado entonces a la invisibilidad de su contribución en las actividades
productivas.
Los datos sobre ocupación femenina en zonas rurales evidencian que las mujeres
campesinas encuentran mayores dificultades que los hombres rurales y las mujeres
urbanas para ingresar al mercado laboral. Dichas dificultades están fuertemente
relacionadas con efectos negativos para las mujeres, como elevados niveles de
pobreza y dificultades para lograr autonomía, pues la obtención de un trabajo en
condiciones dignas constituye la forma más eficaz para el goce efectivo de los
derechos sin necesidad de depender de transferencias de ingresos por parte del
Estado o de políticas asistencialistas.
El tratamiento diferencial que brinda el mercado laboral rural a las mujeres es discriminatorio, pues no se basa en diferencias objetivas en sus aptitudes para el
trabajo frente a los hombres, sino en estereotipos de género. Esto se comprueba si
se analizan las diferencias entre el nivel de educación de unos y otros en el sector
rural. Como lo muestra el gráfico 1.1, la representación relativa de los hombres es
mayor en los niveles educativos inferiores, mientras que la de las mujeres es mayor
en los niveles más altos.
La tasa de desempleo promedio de las jefas de hogar rurales en 2010 fue de 9,6%, un nivel explosivo
teniendo en cuenta que la subsistencia de todos los
miembros del hogar depende principalmente de sus
ingresos (DANE, GEIH, 2010).
34
A pesar de que en el sector rural las mujeres alcanzan mejores niveles educativos
que los hombres, sus índices de desempleo, sin importar características como el
tipo de parentesco con el jefe o el nivel de pobreza, son casi sin excepción, mayores
que los de ellos. Las tasas de desempleo que enfrentan las primeras son mayores a
las que tienen que afrontar los segundos, con relativa independencia de los niveles
de calificación y otras variables socioeconómicas.
MUJERES RURALES
la problemática
Gráfico 1.1
Máximo nivel educativo alcanzado por hombres y mujeres en la zona rural
0
0
0,10
0
0,10
0,10
0,90
0,80
0,30
0,20
0,50
0,30
Doctorado
Maestría
Especialización
Profesional
Tecnológica
Técnico profesional
Media completa
1,70
1,30
2,90
2,40
Media incompleta
Secundaria completa
11,10
9,90
Secundaria incompleta
15,70
16,10
Primaria completa
34,70
36,30
Primaria incompleta
3,70
3,60
Prescolar
19,20
20
Ninguno
Mujeres (%)
3
3,60
Sin información
Hombres (%)
%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Fuente: DANE. Censo General, 2005.
Los mayores niveles educativos que alcanzan tampoco parecen tener ningún efecto
en reversar la tendencia al incremento de las brechas de ingreso por género en el
sector rural. Los aspectos enunciados podrían evidenciar una desventaja de las
mujeres para acceder a factores productivos y un sesgo de género de la política
agropecuaria, que lleva a que ellas deban aceptar condiciones laborales más precarias por cuanto les resulta más difícil sobrevivir cultivando la propia parcela (en
los casos en que la tienen), o emprender labores para la subsistencia sin necesidad
de participar en el mercado laboral. De igual modo, otro factor que explica las
brechas de ingreso no tiendan a cerrarse es el poco reconocimiento de otro tipo de
actividades que las mujeres rurales ejecutan como agricultoras, pero también como
empresarias y trabajadoras asalariadas o en la economía informal.
Por otra parte, la división sexual del trabajo lleva a las mujeres a desempeñar tareas
en las que se considera que no se requiere la misma capacidad técnica o el nivel de
esfuerzo que se invierte en los trabajos que realizan los hombres (Lastarria, 2008;
35
MUJERES RURALES
Deere, 2005). Además de esta división sexual del trabajo por actividades, también
existiría un sesgo de género en las formas de contratación. Así, mientras que a los
hombres se los engancha para labores permanentes en las que los contratos son
más estables y con mayores garantías, a las mujeres se las contrataría para labores
ocasionales y evadiendo la legislación laboral (Osorio y Villegas, 2010).
Por lo general las trabajadoras en el campo no se ocupan principalmente en actividades agrícolas. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) del
año 2010, el 62,3% de los empleos rurales femeninos se generan en el sector de
ventas y servicios, y la agricultura absorbe apenas un 22,6% del total de empleos.
El hecho de no valorar como trabajo las actividades agropecuarias que las mujeres
rurales realizan en su hogar, subestima su participación en el sector agrícola. Pese
a ello, es preciso reconocer que actividades distintas a las típicamente agropecuarias han adquirido un mayor protagonismo en el sector rural y han contribuido a
redefinir su papel en la economía campesina (Farah y Pérez, 2003).
De acuerdo con el cuadro 1.3, las actividades no agrícolas son aquellas en las que
las mujeres tienen mayores posibilidades de percibir ingresos monetarios. De hecho, el tipo de remuneraciones de las actividades no agrícolas de las campesinas
se asemeja al del mundo urbano, contrario a lo que sucede con las actividades
agrícolas en las que el trabajo no remunerado es significativo.
Cuadro 1.3
Tipos de empleo y remuneración de las mujeres en la zona rural
Colombia 2010
Agricultura (%)
No agricultura (%)
Total (%)
Dinero solamente
60,6
86,4
80,6
Dinero y especie
7,5
8,3
8,1
Especie solamente
6,7
1,3
2,5
25,2
4,1
8,8
No le pagan
Fuente: ENDS, 2010.
36
Pese a que ha habido un aumento en el porcentaje de ingresos aportados por las
mujeres a los hogares campesinos, esto no se ha traducido en autonomía del gasto
y en una mayor capacidad para la toma de decisiones. Ellas aportan más recursos
MUJERES RURALES
la problemática
al hogar que las mujeres urbanas, pero no tienen la misma autonomía para decidir
en qué y cómo gastar esos recursos (cuadro 1.4).
Cuadro 1.4
Participación en las decisiones de gasto y contribución a su financiamiento
para el caso de las mujeres urbanas y rurales. 2010
Persona que decide cómo gastar el dinero
Características
Solo la entrevistada
decide (%)
Junto con
alguien más (%)
Alguien mas
decide (%)
Total (%)
Zona urbana
76,90
21,50
1,70
100,10
Zona rural
72,90
24,80
2,40
100,00
Proporción de gastos del hogar que paga la entrevistada
Características
Nada o casi
nada (%)
Menos de la
mitad (%)
La mitad o
más (%)
Ella paga
todo (%)
Total (%)
Zona urbana
24,00
24,30
46,60
5,10
100,00
Zona rural
31,1
22,4
39,00
7,50
100,00
Fuente: ENDS, 2010.
Algunos indicadores de calidad del empleo asalariado muestran que la situación de
las mujeres rurales es mejor que la de los hombres (Rodríguez et. ál., 2007). No
obstante, lo que sucede con el empleo asalariado en el caso de las mujeres rurales
es una excepción frente al tratamiento inicuo y discriminatorio que el mercado
laboral les ha otorgado. Prácticamente la totalidad de mujeres asalariadas en la
agricultura son contratadas por el sector floricultor, bajo la modalidad de contratos
temporales. Los mecanismos de exclusión de mujeres en el mundo rural no operan
solamente en el ámbito del mercado laboral, sino también en el acceso a la titularidad de factores productivos, en la asignación de recursos escasos y en el acceso
a la oferta estatal para los habitantes del campo.
Pese a este panorama, las mujeres rurales tienen protagonismo en los espacios de
decisiones comunitarias, han logrado reivindicaciones importantes en el acceso
a la propiedad de bienes como el ganado y la tierra, y han fortalecido sus capacidades para agenciar su vida y la de la comunidad en la que habitan a través de
la producción, la construcción de lazos comunitarios, el desarrollo de prácticas
culturales y el trasegar diario por su territorio.
37
MUJERES RURALES
Algunos indicadores de calidad del empleo asalariado muestran que la situación de
las mujeres rurales es mejor que la de los hombres (Rodríguez et. ál., 2007). No
obstante, lo que sucede con el empleo asalariado en el caso de las mujeres rurales
es una excepción frente al tratamiento inicuo y discriminatorio que el mercado
laboral les ha otorgado. Prácticamente la totalidad de mujeres asalariadas en la
agricultura son contratadas por el sector floricultor, bajo la modalidad de contratos
temporales. Los mecanismos de exclusión de mujeres en el mundo rural no operan
solamente en el ámbito del mercado laboral, sino también en el acceso a la titularidad de factores productivos, en la asignación de recursos escasos y en el acceso
a la oferta estatal para los habitantes del campo.
Pese a este panorama, las mujeres rurales tienen protagonismo en los espacios de
decisiones comunitarias, han logrado reivindicaciones importantes en el acceso
a la propiedad de bienes como el ganado y la tierra, y han fortalecido sus capacidades para agenciar su vida y la de la comunidad en la que habitan a través de
la producción, la construcción de lazos comunitarios, el desarrollo de prácticas
culturales y el trasegar diario por su territorio.
2.3 La feminización del trabajo productivo: el papel de las
mujeres en la economía rural
¿Cómo ha evolucionado la participación de las mujeres en la economía rural y cuál
es el papel que han venido jugando? Si bien hay un aumento de su participación en
las actividades económicas, el papel esencial que cumplen en la unidad agrícola
familiar aún sigue sin ser valorado por las estadísticas.
Esto ocurre, por ejemplo, con el trabajo incorporado en huertas caseras, parcelas
secundarias y en muchas actividades de procesamiento que, por su naturaleza,
especialmente en las unidades rurales pequeñas, se desenvuelven muy cerca de
las actividades denominadas domésticas.
38
Incluso muchas políticas estatales y prácticas sociales desconocen la interdependencia que existe en las unidades campesinas entre el trabajo productivo y las
funciones reproductivas, que son inherentes al funcionamiento de la unidad y que
rigen la lógica de asignación de los recursos (García Frías, 2006).
MUJERES RURALES
la problemática
Para abordar el papel de las mujeres en la economía rural es preciso distinguir
entre la feminización de la agricultura y la mayor participación de las mujeres en el
mercado laboral rural, la cual puede darse en diversas actividades. La feminización
de la agricultura puede entenderse o bien como un aumento del peso del sector
agrícola en el total del empleo femenino, o como una participación mayor de las
mujeres en actividades agrícolas.
El cuidado de los hijos, los oficios domésticos y la
participación cotidiana en las actividades del
hogar, entendido como unidad productiva rural,
no se reconocen como trabajo productivo.
A continuación se analiza, en primer lugar, la dinámica de la participación de la
mujer en el mercado laboral rural en Colombia, para luego indagar si en el país se
verifica la hipótesis de una feminización de la agricultura que ha sido planteada en
los estudios internacionales.
De acuerdo con la Cepal, la tasa de participación de las mujeres rurales en Colombia
pasó de 21,4% en 1980 a 32,4% en 2000, ubicándose en forma consistente por
encima del promedio latinoamericano.
Durante la última década, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo rural ha aumentado en forma más acelerada que la de las mujeres urbanas y los hombres
rurales. El mercado laboral ha respondido en forma positiva, pero insuficiente, pues a
pesar de que el número de mujeres ocupadas ha aumentado, también lo ha hecho el
de mujeres desempleadas (cuadro 1.5). Esto indica que para lograr reducciones en la
tasa de desempleo femenina, se requiere un dinamismo sostenido del mercado laboral rural que priorice en el crecimiento de sectores intensivos en empleo femenino.
En el periodo 2001-2006, hubo un leve incremento tanto de la población en edad
de trabajar como de la económicamente activa, inferior en todo caso a lo sucedido
con la fuerza de trabajo femenina en las ciudades. Sin embargo, en el periodo
2006-2010, se registró un aumento espectacular de la población femenina económicamente activa en el mercado laboral rural, muy por encima de lo sucedido con
las mujeres urbanas y los hombres rurales.
39
MUJERES RURALES
Para el año 2010, el aumento en la tasa de ocupación femenina se estancó y con
ello se frenó la reducción de la tasa de desempleo, mientras que la tasa de ocupación masculina continuó acercándose a la de participación y con ello se generó una
reducción sostenida del desempleo.
Cuadro 1.5
Variación anual promedio de algunos indicadores del mercado laboral en
diferentes grupos poblacionales de acuerdo con sexo y zona. 2006-2010
Mujeres rurales (%)
Población en
edad de trabajar
Población económicamente activa
Ocupados
Desocupados
Mujeres urbanas (%)
Hombres rurales (%)
2001-2006
2006-2010
2001-2006
2006-2010
2001-2006
2006-2010
0,18
0,6
2,3
1,9
0,4
0,7
0,1
8,2
1,8
5,1
-0,6
2,2
0,14
8,7
2,9
5,8
-0,8
2,9
-0,12
6,1
-2,4
1,4
2,6
-8
Fuente: ECH. Trimestre móvil junio-agosto, 2001-2006; GEIH. Trimestre móvil agosto-octubre, 2006-2010.
Entre los factores que han facilitado el aumento de la participación femenina durante estas décadas se han identificado los siguientes: menores tasas de fecundidad
en el sector rural, mayores niveles educativos que han alcanzado las mujeres en el
campo, la incorporación de mujeres a algunas labores específicas en la agroindustria, la feminización de la jefatura de los hogares rurales, y las nuevas exigencias de
competitividad para las unidades productivas campesinas, que han llevado a que
deban incorporarse como trabajadoras familiares sin remuneración como estrategia
para reducir costos (Katz, 2003).
Pese a ello aún subsisten fuertes barreras para la entrada al mercado laboral rural
para las mujeres, entre ellas la ausencia de mecanismos de conciliación entre la vida
laboral y la vida familiar, el enfoque patriarcal de los programas de desarrollo rural, la
discriminación y las mayores dificultades para acceder a los factores productivos.
40
El aumento de la participación de las mujeres en la fuerza laboral que se registra en
las últimas dos décadas no ha llevado a un mayor acceso o control de los recursos
productivos, ni ha significado un mejoramiento en su posición socioeconómica, sino
que ha llevado a un importante aumento de la carga de trabajo, de acuerdo con la FAO.
MUJERES RURALES
la problemática
Además los cultivos comerciales, como aquellos destinados a la agroexportación
tienden a estar bajo el control del hombre.
El mercado de trabajo rural de las mujeres se caracteriza por bajos ingresos, pago
en especie y, en algunos casos, ausencia de remuneración. De aquellas que trabajan, el 80,6% recibe pago en dinero por su trabajo, 8,1% en dinero y especie, y al
11,3% no le pagan o solo recibe algo en especie, estas últimas son consideradas
ayudantes de familia (ENDS, 2010).
A pesar de las anteriores discriminaciones históricas, durante las últimas décadas
se ha evidenciado un creciente papel protagónico desempeñado por las mujeres y
sus organizaciones en el acceso y control de la tierra, la agricultura y la producción
rural. No obstante, los cambios producidos por esta feminización de la ruralidad
todavía son incipientes y, en general, la falta de visibilidad de los aportes de las
mujeres del campo a la economía y la sociedad sigue siendo extendida.
En este contexto, los datos disponibles de diferentes fuentes presentan resultados
poco concluyentes en cuanto a la feminización de la agricultura. El cuadro 1.6
ofrece un panorama sobre este aspecto en Colombia en relación con América Latina
para 1999.
Cuadro 1.6
Participación del total de empleo rural por sexo y rama de actividad
Colombia vs. América Latina. 1999
Agricultura
(%)
Industria
(%)
Comercio
(%)
Servicios
(%)
Otros
(%)
Hombre
69,3
4,2
8,6
8,9
9,1
Mujer
23,2
10,2
27,5
36,2
3
América Latina
(promedio simple)
Hombre
67,3
7,6
7,6
7,0
10,6
Mujer
31,1
14,4
24,5
28,2
1,8
América Latina
(promedio ponderado
Hombre
67,4
7,3
7,1
8,8
9,4
Mujer
48,9
10,4
15,3
23,9
1,5
Colombia
Fuente: Cepal citado en Katz, 2003.
En el país, el porcentaje de empleo femenino rural generado en la agricultura es
muy inferior tanto con relación al promedio simple como al ponderado de la región.
41
MUJERES RURALES
Por el contrario, en Colombia, con respecto al promedio de los otros países, un
gran porcentaje del empleo femenino rural es generado en los sectores servicios
y comercio.
En el nivel de participación de las mujeres en el total del empleo agrícola en los
últimos años, hay una tendencia leve a una feminización de la agricultura. Como
lo muestra el cuadro 1.7, han pasado de representar el 11,55% de la fuerza laboral
agrícola en 2006, al 13,8% en 2009. Cabe resaltar que, sin embargo, no todos los
ocupados en la agricultura son habitantes rurales.
Cuadro 1.7
Evolución de la participación en el empleo agrícola por sexo. 2006-2010
Trimestre móvil agosto-octubre de 2010
2006
2007
2008
2009
2010
Mujeres (%)
11,5
13,2
12,6
12,8
13,8
Hombres (%)
88,4
86,7
87,3
87,1
86,1
Fuente: DANE. GEIH. Trimestre móvil agosto-octubre.
Sin embargo, de acuerdo con la FAO (2009) la participación de la mujer en la
agricultura está subestimada en las estadísticas. El 31,3% de las trabajadoras agrícolas son consideradas ayudantes familiares sin salario, y las actividades que ellas
realizan en la parcela en muchas ocasiones no son reportadas como trabajo. Las
mujeres campesinas desarrollan además actividades en el terreno doméstico, productivo y comunitario.
No obstante, según la FAO, las mujeres participan cada vez más en la transformación
de alimentos y la producción de artesanías. En el cultivo de flores de exportación,
son el 80% de la fuerza laboral.
En síntesis, la evidencia sobre la feminización de la agricultura es muy débil, e
incluso, según algunas fuentes ha habido un proceso de pérdida de la representatividad del empleo agrícola en el empleo femenino total.
42
En comparación con otros países de América Latina, en Colombia las trabajadoras
rurales se ocupan en mayor medida en actividades no agrícolas, principalmente en
MUJERES RURALES
la problemática
el sector comercio y servicios. No obstante, la participación de las mujeres en la
agricultura se subestima en las estadísticas, razón por la cual es preciso complementar los censos con preguntas que indaguen por la realización de actividades
secundarias o en otros sectores de la economía y que permitan identificar el trabajo
agrícola sin remuneración, que es declarado muchas veces como parte de los oficios del hogar, y por tanto, no registrado como trabajo productivo.
El 11 de noviembre de 2010, el Congreso de la República aprobó la Ley 1413 de
2010, por medio de la cual
[…] se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas
nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e
implementación de políticas públicas.
Esta ley abre la puerta para que a través de una adecuada reglamentación se supere la invisibilidad estadística de las actividades que las mujeres rurales realizan
cotidianamente en la unidad productiva campesina y que son esenciales para su
adecuado funcionamiento, pero que hoy no se registran como trabajo productivo en
las encuestas de hogares.
De igual forma, la Ley 1429 de 2010, contempla la creación de un registro rural que
tendrá como objeto llevar el control e información de las empresas, actos y contratos que tengan relación con las actividades agropecuarias y agroindustriales. Estos
primeros esfuerzos por suplir la ausencia de información en el sector rural deben
incorporar un enfoque de género que permita construir mejores diagnósticos sobre
la situación de las mujeres y su inserción a la economía rural.
La feminización de la agricultura puede entenderse
o bien como un aumento del peso del sector
agrícola en el total del empleo femenino, o como
una participación mayor de las mujeres en
actividades agrícolas.
De manera adicional, preocupa la ausencia de estadísticas que permitan aproximarse a la situación de las mujeres afrocolombianas e indígenas que habitan en las
zonas rurales. En el análisis de la discriminación contra las mujeres rurales resulta
43
MUJERES RURALES
crucial disponer de información que permita evidenciar y diseñar estrategias para
corregir la forma en que la condición étnica de ellas termina por agravar la exclusión a la que están sometidas.
A pesar de las anteriores discriminaciones históricas,
durante las últimas décadas se ha evidenciado un
creciente papel protagónico desempeñado por las
mujeres y sus organizaciones en el acceso y control
de la tierra, la agricultura y la producción rural.
La investigación sobre el papel de las mujeres en el mundo rural en el país tiene
amplias perspectivas de desarrollo, por ello es preciso indagar sobre los determinantes de los cambios en la estructura de la ocupación en el sector rural.
Algunas de las cuestiones que requieren ser investigadas son las siguientes:
 ¿Por qué hay una concentración de mujeres rurales en actividades no agrícolas? ¿Cuáles son las características de estas actividades?
 ¿Por qué hay una mayor incidencia de posiciones ocupacionales más preca




44
rias en el caso de las mujeres del campo?
¿Qué tipo de discriminaciones adicionales se derivan de los factores de
diferenciación entre las mujeres rurales: edad, etnia, tipos de inserción al
mercado laboral, región? ¿Cómo enfrentar estas dimensiones de la discriminación?
¿Cuáles sectores estratégicos deben impulsarse y cómo debe fomentarse la
producción de la unidad económica campesina para lograr una mayor participación femenina en el mercado laboral rural y la generación de empleos
en condiciones dignas para las campesinas?
¿Cuáles han sido las estrategias que han tenido que asumir los hogares rurales,
de acuerdo con sus distintas dotaciones de capital físico y humano, ante los
cambios en las políticas comercial y agropecuaria en los últimos años?
¿Cómo han afectado estos cambios los papeles de género en la unidad productiva familiar?
¿Cómo superar las mayores dificultades que tienen las mujeres para acceder
a los factores productivos?
MUJERES RURALES
la problemática
 ¿Cuáles son las conexiones entre los cambios estructurales de la forma de
inserción a la economía mundial, la política agropecuaria, la institucionalidad local y el papel de las mujeres rurales?
Recuadro 1.4
Las mujeres del valle encantado
María Zabala y un grupo de quince mujeres, habitantes de barrios de Montería ocupados por población desplazada, decidieron comprar su propia tierra, y así volver
al campo. “Para muchas de ellas el campo era sinónimo de tragedia, pero aunque
parezca contradictorio, también representaba salir de la jaula de cemento en la que
se habían metido”. Luego de capacitarse, se hicieron a una tierra.
“Al comienzo eran 45 mujeres y como no fue un proceso rápido, muchas fueron
claudicando y al final solo quedaron doce. Luego llegarían tres más para completar
el grupo de quince. Fueron casi dos años en que el grupo, entre vaivenes y pequeños logros, encontró un horizonte al que apuntarle. Entró a formar parte de un
proceso con el Incora, que sería la entidad encargada de ayudarles a negociar el
terreno”.
Olga no se arrepiente de haberse vuelto para el campo, pero sí reconoce que la
negociación de la tierra fue uno de los grandes errores que han cometido: “Nos
pareció tan bueno comprar el terreno. Nos metimos en eso sin saber cuánto podía
valer una hectárea. Nosotras ni nos fijamos, lo único que queríamos era estar lejos
de la ciudad”.
María dice que habían visto varios terrenos pero que cuando llegaron a la finca La
Duda-El Tomate, hoy en día llamada Valle Encantado, el flechazo fue total: “128
hectáreas, cada una a 2,7 millones de pesos. El Estado nos daba el 70% y nosotras
teníamos que hipotecar la finca con la Caja Agraria por el 30% restante”.
En ese momento no repararon en la deuda, y mucho menos en los intereses financieros. Carmela recuerda que ese diciembre que concretaron el negocio fue el más
feliz de toda su existencia. “Ahora es que nos lamentamos, vean que todavía debemos 150 millones de pesos. Lo peor de todo es que no tenemos un centavo”.
Fonseca, Linsu. 2008. Una Colombia que nos queda
Bogotá: Fundación Mujer y Futuro, 39 y 40.
La construcción de estadísticas con enfoque de género en el sector rural, su publicación periódica y el desarrollo de programas de investigación que permitan una mejor
45
MUJERES RURALES
comprensión sobre estos problemas son las bases para el diseño de políticas efectivas que contribuyan a saldar la deuda de la sociedad colombiana con las mujeres
rurales, a frenar el éxodo del campo hacia la ciudad y con ello, a sentar las bases del
desarrollo económico del sector y del país.
2.4 Propiedad y tenencia femenina de tierras
La deuda rural y la deuda de género se encuentran también vinculadas a patrones
culturales patriarcales y arreglos de género que tienen una profunda incidencia
sobre la relación de las mujeres con la propiedad y tenencia de la tierra.
En Colombia es difícil acceder a datos diferenciados por sexo, que permitan establecer con claridad, entre otros temas, la titularidad de predios. Es notable la falta
de datos acerca de la participación de las mujeres en la agricultura y de su acceso
a la propiedad de la tierra. Estas carencias en materia de información parecen derivarse de la escasa atención que se le ha prestado al tema, tanto en los censos
agropecuarios, como en otras estadísticas que dan cuenta del acceso a bienes y
condiciones de vida de la población rural.
En los incompletos, escasos y desactualizados registros oficiales de propiedad, por
ejemplo, es imposible diferenciar por sexo el porcentaje de propietarias, poseedoras, ocupantes, o tenedoras de predios. Tampoco es posible identificar la extensión
de tierras que poseen mujeres y hombres.
Esta falta de información es, incluso, un evidente incumplimiento de la obligación
establecida en el artículo 30 de la Ley 731 de 2002, Ley de Mujer Rural, sobre
ampliación y actualización de registros estadísticos.
46
Con todo, la información disponible muestra el carácter marginal de la propiedad
femenina de la tierra; tendencia histórica que ha sido constatada recientemente
por la tercera Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población
Desplazada, adelantada por la Comisión de Seguimiento de la Política Pública sobre
Desplazamiento Forzado. De acuerdo con los datos de dicha encuesta (formulada
a población rural desplazada por la violencia), las formas de tenencia de la tierra
MUJERES RURALES
la problemática
forzada a abandonar o despojada, muestran la enorme disparidad existente entre
mujeres y hombres respecto de los derechos y relaciones jurídicas frente a las
tierras (cuadro 1.8).
Cuadro 1.8
Tenencia y género
Forma de tenencia de la tierra
forzada a abandonar o despojada
Porcentaje del total de grupos familiares desplazados
Hombre (%)
Mujer (%)
Hombre y mujer (%)
Propietario(a)
64,2
26,5
9,3
Poseedor(a)
58,9
26,7
14,5
Ocupante de baldío
70
8,9
21,1
Ocupante de hecho
55,4
25
19,6
Heredero
56,3
32,5
11,2
Fuente: Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada. CID-UN. Octubre de 2010.
Si bien los datos que proporciona la encuesta relacionan únicamente a núcleos
familiares que fueron obligados a desplazarse, la figura sustenta los hallazgos históricos en cuanto a la baja titularidad de las mujeres sobre derechos de predios
rurales. Deere y León (2005: 404) apuntan que la brecha de género en la propiedad
de los recursos, en particular en la tenencia de la tierra, es significativa en la región.
En todas las relaciones expresadas en el cuadro 1.8 se presenta titularidad masculina de más del doble respecto de la femenina y la titularidad conjunta es baja.
La evidencia sobre la feminización de la
agricultura es muy débil, e incluso, según algunas
fuentes, ha habido un proceso de pérdida de la
representatividad del empleo agrícola en el empleo
femenino total.
La relación más desigual se evidencia respecto de aquellos que manifestaron ser
ocupantes de baldíos antes del desplazamiento. Mientras que el 70% son varones,
solo el 8,9% son mujeres y el 21,0% afirmó tener derechos compartidos hombre-mujer. Por el contrario, la relación menos asimétrica se presenta en cuanto a
ocupantes de hecho, en la que el 55,4% manifestaron ser hombres, 25% mujeres y
19,6% compartir la condición de ocupantes. En ese orden de ideas, la relación más
equitativa sería aquella legalmente más precaria.
47
MUJERES RURALES
Estos datos muestran además consistencia frente al bajo impacto de las políticas destinadas a la titulación de tierras campesinas por parte del Estado. Así las
cosas, durante los últimos veinte años se ha producido un modesto aumento en
el acceso a la titularidad de la tierra por parte de las mujeres, gracias a la implementación de políticas de adjudicación para ellas y de titulación conjunta a las
parejas. No obstante, estas políticas no han tenido un impacto general que revierta
el modelo discriminatorio existente respecto de la propiedad de tenencia de la
tierra y otros recursos.
Recuadro 1.5
Trabas en la relación con la tierra
“Hay mucha tramitología para que desembolsen un crédito, así sea bajitico”.
“No tenemos en efectivo lo que toca invertir. Como mujeres estaríamos muy contentas de que tuviéramos aunque sea un pedazo de tierra, para sembrar nuestra huerta
y tener nuestras hortalizas para echar a la olla”.
“Si la tierra es mía yo digo, siembro en esta esquina mora; en esta, papa; en esta
tengo una vaca, tengo gallinas. Así es mejor, porque es mío, y yo organizo mi tierra
como sea. Y puedo tener lo que yo quiera. Mientras que si yo tengo un arriendo, no
me permiten sino para lo que yo pague el arriendo (sic)”.
Tomado de: Tesoros del campo. Documental dirigido por Verónica
Posada Galindo, con mujeres campesinas de Guasca, Sumapaz,
Ráquira y Silvania. Producido por: Mujeres rurales colombianas, con
el apoyo de Oxfam y CInex [Disponible en: http://www.youtube.com/
watch?v=vUrd3NB6a9I].
3. La tercera fuente de
discriminación: violencias contra las mujeres
La tercera dimensión de la discriminación se deriva de las diferentes formas de
violencia a la que se ven sometidas las mujeres rurales, en especial las formas
relacionadas con el conflicto armado.
48
En efecto, la violencia contra las mujeres rurales se presenta tanto en sus vidas cotidianas, como en el contexto del conflicto armado, como consecuencia de las relaciones
MUJERES RURALES
la problemática
de género existentes en dicho contexto. Entre sus manifestaciones más evidentes se
encuentran la violencia intrafamiliar, el desplazamiento forzado, diversas formas de
violencia sexual y el reclutamiento forzado.
Aunque la relevancia cuantitativa y cualitativa de la violencia contra las mujeres es
indudable, uno de los aspectos que dificultan su comprensión es el subregistro de
casos y, en general, la falta de información al respecto. Una parte de ese subregistro
podría explicarse por la falta de garantías para que las víctimas denuncien. Esta situación puede ser aún más problemática en las zonas rurales, en donde las mujeres
suelen enfrentar más barreras para denunciar, muchas de ellas derivadas de los patrones sociales y culturales de tipo patriarcal. La información disponible resulta ser
tan precaria, que no permite disponer de datos diferenciados entre la situación de
mujeres rurales y urbanas. Pese a ello, las fuentes disponibles parecen indicar que
las mujeres del campo están más expuestas a estas diferentes formas de violencia,
en parte porque el conflicto armado se libra más en zonas rurales que urbanas.
A continuación se presentan algunas manifestaciones de la violencia en contra de
las mujeres del campo y sobre las cuales hay mayor información. Con tal fin, en
primer lugar se hace referencia a violencias no asociadas con el conflicto armado,
y luego a aquellas que se presentan con ocasión y en desarrollo del mismo.
La violencia no asociada con el conflicto tiene varias modalidades, entre las que se
destacan física, sicológica y sexual, que pueden concretarse en amenazas, maltratos y asesinatos, entre otros.
De acuerdo con la ENDS de 2010, el 11,6% de las mujeres ubicadas en zonas rurales
expresó haber sido víctima de alguna manifestación de violencia física por parte de
personas diferentes a su esposo o compañero.
Además, el 28,9% de las encuestadas en zonas rurales, que alguna vez tuvieron
pareja, reconocieron haber sido víctimas de alguna forma de violencia física por
parte de su esposo o compañero. A esta manifestación de la violencia intrafamiliar
se suma la violencia sicológica. En este sentido, el 52,7% de las mujeres de zonas
rurales señaló haber sido víctima de alguna forma de control por parte de su esposo
o compañero y el 29,9% reconoció haber sido amenazado (Profamilia, 2010).
49
MUJERES RURALES
Estos datos resultan especialmente preocupantes si se tiene en cuenta que la violencia intrafamiliar contra las mujeres no es una serie de hechos aislados, sino
que se refiere a años de agresión y episodios constantes de victimización, que no
son reconocidos por el Estado y que generan enormes riesgos para ellas (Instituto
Nacional de Medicina Legal, 2009).
La deuda rural y la deuda de género se encuentran
también vinculadas a patrones culturales patriarcales
y arreglos de género que tienen una profunda
incidencia sobre la relación de las mujeres con la
propiedad y tenencia de la tierra.
Al diferenciar por tipo de violencia física intrafamiliar, los resultados de la ENDS
muestran que las formas más comunes en las zonas rurales son los empujones
y los golpes con la mano, con el 30,8 y el 28,9%, respectivamente. Además, se
presenta también un alto porcentaje de mujeres rurales que reconocen haber sido
pateadas o arrastradas (11,7%).
Aunque los datos de la ENDS sugerirían que pueden ser victimizadas en proporciones similares a las mujeres de las urbes, el acceso a los servicios del Estado, como
el sistema de salud y la justicia, es más difícil para las mujeres rurales, debido a
las condiciones específicas de discriminación que enfrentan en razón a su contexto
sociocultural. Dichas condiciones pueden contribuir también a que haya un menor
registro de la violencia ejercida contra las mujeres.
Durante los últimos veinte años se ha producido un
modesto aumento en el acceso a la titularidad de
la tierra por parte de las mujeres, gracias a la
implementación de políticas de adjudicación para
ellas y de titulación conjunta a las parejas.
50
Las mujeres del campo también son víctimas de violencia sexual. De acuerdo con
la ENDS, además del 8,8% que manifestaron haber sido violadas por sus esposos
o compañeros, 5,9% de las encuestadas reconocieron haber sido víctimas de este
tipo de ataques por una persona diferente, como padre, hermano, jefe, desconocido, etcétera.
MUJERES RURALES
la problemática
Además, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Medicina
Legal (INML), durante el año 2009 se llevaron a cabo 287 informes periciales
sexológicos por presunto delito sexual en personas campesinas. De ellos, 38 correspondieron a hombres y 249 a mujeres (INML, 2009: 169). Esto reafirmaría que la
violencia sexual afecta de manera cuantitativamente mayor a las mujeres que a los
hombres, incluso en las zonas rurales.
Como resultado de la violencia, muchas mujeres han sido asesinadas y maltratadas. De acuerdo con el INML, entre 2004 y 2008, fueron asesinadas 160 mujeres
de zonas rurales y reportados 102 casos de maltrato a niñas campesinas (2009:
30 y 153).
Por su parte, como consecuencia del conflicto armado, también son múltiples las
formas de violencia que afectan a las mujeres de zonas rurales, en especial el desplazamiento, el reclutamiento forzado y las agresiones sexuales.
En primer lugar, los actores armados poderosos en las regiones tienden a imponer
pautas de comportamiento sobre la vida de las mujeres, con las que aseguran su
control sobre el territorio. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (2006), dicho control se manifiesta en códigos de comportamiento y
convivencia que les permiten a los grupos armados intervenir en conflictos familiares y comunitarios, e imponer estilos de vida y castigos a los miembros de la
comunidad. En relación con las mujeres, los grupos armados controlan su vestimenta y comportamiento, y tienden a utilizar la violencia sexual como castigo por
las transgresiones a los códigos impuestos (párr. 96). Estas pautas de comportamiento fomentan los estereotipos de género y refuerzan visiones conservadoras y
patriarcales (párrafo 99).
En segundo término, ejercen el reclutamiento forzado. Una vez reclutadas, deben
desempeñar el papel de combatientes e informantes, pero también deben llevar a
cabo tareas domésticas (reproduciendo así estereotipos de género) e incluso son
usadas como esclavas sexuales.
En tercer lugar, las habitantes de zonas rurales, en el contexto del conflicto armado,
son víctimas de múltiples formas de violencia física, sicológica, especialmente
51
MUJERES RURALES
de violencia sexual. Pese al subregistro de los hechos, su ocurrencia puede ser
considerada como generalizada o incluso sistemática, según lo sostiene Naciones
Unidas (2002). Precisamente la evidencia existente llevó a la Corte Constitucional
a declarar en 2008 que “la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual,
extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano”
(auto 092 de 2008).
Son múltiples las manifestaciones de la violencia sexual en el contexto de este
conflicto. Además de la violación, que en muchas ocasiones ha sido grupal (perpetrada por varios individuos armados a la vez contra una sola víctima o contra
varias), los grupos armados han utilizado la prostitución forzada, el acoso sexual y
la esclavitud sexual, entre otras. Estos hechos son perpetrados por parte de actores
armados ilegales, pero también por miembros de la Fuerza Pública.
A pesar del subregistro que caracteriza esta forma de violencia, los datos oficiales
revelan que su ocurrencia no ha disminuido en los últimos años. Por el contrario,
se muestra un aumento en la comisión de estos crímenes –o el incremento en su
denuncia–. Al analizar los datos publicados por Medicina Legal para los años 2007,
2008 y 2009, se aprecia un aumento en el número de casos de violencia sexual
(Mesa de seguimiento al auto 092 de 2008, anexo reservado, 2010).
La violencia no asociada con el conflicto tiene
varias modalidades, entre las que se destacan
física, sicológica y sexual, que pueden concretarse
en amenazas, maltratos y asesinatos, entre otros.
En los últimos años se ha intentado profundizar en las causas, dinámicas y efectos
de la violencia sexual en la vida de las mujeres. Esto ha permitido identificar que se
trata de una violación a los derechos humanos que tiene una dimensión de género.
Las principales afectadas desde el punto de vista cuantitativo son las mujeres,
quienes son victimizadas en virtud de la valoración social de su cuerpo y los estereotipos de género presentes en nuestra sociedad y cultura.
52
Los estudios realizados han permitido establecer que la violencia sexual haría parte de
“un repertorio del terror”, y podría ser considerada también una estrategia de guerra,
MUJERES RURALES
la problemática
pues tendría una función militar y política (Grupo de Memoria Histórica, 2010).
Esto ha llevado a que algunos estudios afirmen que la violencia sexual es un arma
de guerra, utilizada por los actores del conflicto (Oxfam Colombia, 2009).
En suma, las diversas violaciones a los derechos humanos sufridas por las mujeres del campo afectan diversas esferas de sus vidas, dejando profundas secuelas
que son difíciles de enfrentar. En especial cuando no se cuenta con la asistencia
oportuna y apropiada, que permita la recuperación y rehabilitación plena. Desde
esta perspectiva, además de la magnitud de las violaciones ocurridas, es clave
considerar los efectos dejados en sus vidas, con el objetivo de formular propuestas
de política pública que permitan superar la discriminación y violencia que sufren
tanto en sus vidas cotidianas, como en el contexto del conflicto armado.
3.1 El impacto del desplazamiento forzado
Durante los últimos cincuenta años, el campo colombiano se ha visto profundamente afectado por el conflicto armado. La presencia de grupos armados, que compiten
por el dominio del territorio, ha afectado las formas de socialización campesinas
y desestabilizado su relación con la tierra. Como resultado de la violencia ejercida
por estos, millones de personas han tenido que desplazarse.
De acuerdo con el registro único de población desplazada (RUPD) hasta el 31 de
diciembre de 2010 se habían visto obligadas a huir de sus hogares y dejar sus tierras, 836.000 grupos familiares, que corresponden a 3,6 millones de personas en
los últimos trece años por causa del conflicto; en tanto los más recientes cálculos
de Codhes (Boletín 77 de febrero 15 de 2011), estiman que en los últimos 25 años,
entre 1985 y 2010, se han desplazado cerca de 5,2 millones de colombianos.
Desde el punto de vista cuantitativo, la afectación del desplazamiento tiende a ser
diferenciada para hombres y mujeres. El 52,3% de la población desplazada corresponde a mujeres, mientras que el 47,7% son hombres, de acuerdo con la tercera
Encuesta Nacional de Verificación.
Desde el punto de vista cualitativo, el efecto diferenciado del desplazamiento se observa en que la experiencia de los hombres y mujeres es distinta, debido a los papeles
53
MUJERES RURALES
tradicionales que desempeñan en la sociedad y las diversas formas de discriminación en contra de ellas. Dicha discriminación hace que las mujeres desplazadas
enfrenten riesgos particulares que los hombres no afrontan y que se ven acentuados
con la violencia derivada del conflicto armado.
El 52,7% de las mujeres de zonas rurales señaló
haber sido víctima de alguna forma de control por
parte de su esposo o compañero y el 29,9%
reconoció haber sido amenazado.
Como lo constató la Corte Constitucional en el auto 092 de 2008, el desplazamiento afecta en forma “diferenciada” y “desproporcionada” a las mujeres, entre otras
razones porque se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y tienen
que asumir cargas adicionales y abruptas cuando deben desplazarse.
Así, las mujeres enfrentan tropiezos particulares, agravados y agudizados para acceder a la justicia y en general para ejercer sus derechos humanos y fundamentales
como la educación y la salud. En el caso del derecho a la tierra, encuentran dificultades especialmente graves para acceder a la propiedad de la tierra y proteger su
patrimonio (Corte Constitucional, auto 092 de 2008).
El desplazamiento genera cambios en las funciones desempeñadas por hombres y
mujeres. Estos cambios, en el caso femenino, están acompañados de cargas materiales que deben soportar en forma extraordinaria y abrupta. Así, por ejemplo, la
jefatura femenina del hogar tiene mayor incidencia en la población desplazada que
en el resto. Esto permite ilustrar que las desplazadas, en una gran proporción, se
ven obligadas a asumir el papel de proveedoras del hogar, bien sea por la muerte,
desaparición o separación de sus esposos, o por las dificultades que enfrentan sus
compañeros para acceder a una fuente estable de recursos.
54
Estos elementos, sumados a las formas de discriminación y violencia que enfrentan
en su vida cotidiana y que son enfatizadas por el conflicto armado, hacen en su
conjunto que el impacto en sus vidas sea desproporcionado; lo que se manifiesta
en sus limitaciones para el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos y el
aumento del riesgo de ser víctimas de diversas formas de violencia.
MUJERES RURALES
la problemática
Así, por ejemplo, el desplazamiento exacerba la violencia intrafamiliar, en el mismo sentido los porcentajes de violencia física sufrida por las mujeres desplazadas
parecen ser más altos que los del resto de la población. El 41% ha sido empujada
o zarandeada, el 38% golpeada con la mano, el 16% pateada o arrastrada y el 12%
atacada con un arma (Profamilia y Usaid, 2005). Estas manifestaciones de violencia
que se producen por fuera de las relaciones familiares parecerían estar asociadas con
las condiciones de vulnerabilidad que deben enfrentar durante el desplazamiento.
El riesgo de sufrir diversas formas de violencia sexual también aumenta. De acuerdo con un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo en 2008, el 15,8% de las
mujeres en situación de desplazamiento manifestaron haber sido víctimas de violencia sexual.
El desplazamiento parece también aumentar el riesgo de sufrir diversas formas
de explotación como la trata de personas, la esclavitud sexual o doméstica y la
explotación económica (Corte Constitucional, auto 092 de 2008), lo que las sitúa
incluso en condiciones de mayor vulnerabilidad.
3.2 Mujeres, desplazamiento y tierras
El desplazamiento forzado también tiene unas implicaciones específicas en materia
de tierras y de su reclamación. Como las mujeres tienen una relación precaria con
la legalización de la tierra, cuando se presenta esta situación enfrentan mayores
dificultades, por ejemplo, para los procesos de exigibilidad de derechos. Se dificulta la prueba de la tenencia o de la propiedad y eso hace que para ellas sea más
complicado hacer procesos de exigibilidad que para los hombres.
En la mayoría de las ocasiones, quienes se desplazan deben huir de manera repentina, abandonando todas sus pertenencias, y sus tierras para poder salvar sus vidas
(Amnistía Internacional: 2009, 4). El desplazamiento forzado, y la violencia asociada
al mismo, han generado entonces la pérdida masiva de bienes muebles e inmuebles, que constituían los activos productivos de los grupos familiares. De hecho, el
94% de las familias desplazadas que poseían tierras y el 92,4% de los que tenían
animales fueron despojados de ellos o se vieron forzados a abandonarlos (Comisión
de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado: 2009).
55
MUJERES RURALES
El desplazamiento se ve entonces acompañado de la expoliación del patrimonio.
En este sentido, el proyecto de protección de tierras y patrimonio (PPTP), de Acción
Social, ha identificado cuatro formas de afectación al patrimonio presentes en el
caso colombiano: (a) el despojo, que puede darse mediante acciones legales o
ilegales; (b) la pérdida o desaparición de activos patrimoniales; (c) el menoscabo;
y (d) la despatrimonialización.
Como consecuencia del conflicto armado, también
son múltiples las formas de violencia que afectan a
las mujeres de zonas rurales, en especial el
desplazamiento, el reclutamiento forzado y las
agresiones sexuales.
La existencia de diferentes mecanismos de materialización hace del despojo un riesgo
permanente y una problemática difícil de enfrentar, tanto en el plano jurídico como en
el práctico. En el caso de las mujeres, la situación se ve agravada, porque afrontan el
riesgo de ser despojadas de su patrimonio con mayor facilidad que los hombres. Como
lo constató la Corte Constitucional, se encuentran en condiciones desventajosas para
resistir y oponerse a las amenazas y maniobras jurídicas fraudulentas utilizadas por los
actores armados para llevar a cabo el despojo de derechos patrimoniales. A esto se
suman las dificultades que afrontan para acceder a la documentación personal, a los
registros y para acreditar la proporción de la tierra y la extensión de su patrimonio.
La violencia sexual haría parte de “un repertorio
del terror”, y podría ser considerada también una
estrategia de guerra, pues tendría una función militar
y política.
56
Estos obstáculos se ven acentuados por la cultura de la informalidad en la relación con la tierra. Ellas enfrentan una situación histórica de “invisibilización”, el
desconocimiento social de sus derechos a la propiedad y la discriminación social
e institucional en cuanto a las decisiones productivas, el crédito y la asistencia
técnica. Además, los negocios jurídicos son por lo general llevados a cabo por
los hombres, por lo que las mujeres no cuentan con información completa sobre su
predio, el tipo de derecho que tienen, y las pruebas de su derecho. Esto último se ve
agravado porque al no estar inscritos, los títulos tienden a desaparecer en medio de
MUJERES RURALES
la problemática
Recuadro 1.6
Pese al desplazamiento se conserva la cultura
Mujer indígena
Vengo de la comunidad de Santa Rosa. Vivía en mi comunidad muy bien. Con mi
gente, trabajando en la pesca, la caza, la agricultura. Y luego en un tiempo me tocó
desplazarme por la violencia de los paramilitares. Eso fue tan difícil, que nos tocó
abandonar todo y llegar aquí al pueblo de Mocoa. Aquí viví tres años así, en la calle
en una carpita. Mantenía a mis hijos. Mi esposo era del campo, como indígena, era
difícil que él saliera al pueblo. Le quedó muy difícil. Me tocó a mí trabajar como padre y madre. Me iba a los mataderos a recoger los desperdicios. Me tocaba recoger
las papas de la basura para hacer la sopa. Y, luego, pasó un proceso cuando me
recordé que sí sabía las artesanías, y decidí que sí iba a hacer la artesanía. En ese
tiempo hemos perdido sobrinos, familiares en cantidad, que fueron desaparecidos.
Uno cuando llega está tan inseguro que no sabe dónde va a ir, ni qué peligros había
aquí, igualmente perdí un hijo de 17 años, que me lo asesinaron aquí. Pero poco a
poco nos tocó acá luchar y luchar para volver, porque yo sigo aquí con mi cultura.
Yo nunca la pierdo: mi traje, mi cultura. Yo he tenido mucha fuerza, la valentía, lo
que me enseñó mi papá, que uno nunca debe dominarse, por más de las circunstancias que se vengan encima.
“Abandonamos todo”
Mujer afro
Al finalizar 1999 entró la guerrilla, se tomó el pueblo y… pues en ese tiempo mis
dos tíos y dos tías estaban jóvenes, y la guerrilla estaba reclutando a jóvenes, y a
mujeres para llevarlas a la cocina y eso. Entonces mi papá al ver el problema, pues
decidió salir de allá. Fueron abandonadas dos casas, una finca y como dos lotes.
Teníamos sembrados de todo. Ya estaban para cosechar la yuca, el maíz. Tenía
bastante chontaduro, plátano y hasta frutas. Cuando llegamos a este asentamiento,
pues sin trabajo ni nada, tocaba comer era lo que se sembraba. De lo contrario,
pues no había cómo más y con lo poco que uno tuviera para comprar. Porque el
trabajo sí era como difícil conseguirlo. Es como en todas partes, porque a veces
piensan que uno es desplazado, en varias partes no lo contratan, porque piensan
que uno es ladrón, o algo parecido.
“Es muy difícil empezar de cero”
Mujer indígena
Cuando (…) mi padre fue vicepresidente, en ese momento, tuvimos muchos hostigamientos, tanto de los actores ilegales, como también de los legales. Es muy difícil
empezar nuevamente de cero, cuando uno ya tiene toda una vida construida, o sea
es la cosmovisión propia de nuestros pueblos indígenas, propia de nuestra familia.
57
MUJERES RURALES
Es la vida y que se ha dado de generación en generación, de nuestros abuelos. Que
se han transmitido esos grandes valores como es el tener el territorio, tener esa
unidad familiar. Enfocados en esos principios, miramos cómo es el atropello de esos
actores ilegales, que han venido desatando ciertos mecanismos que son parte de la
guerra. Miramos cómo nuestros territorios indígenas se han convertido en campos
de batalla. La pérdida de la identidad cultural, el debilitamiento de la estructura organizativa de nuestros pueblos indígenas. Miramos cómo la mujer sale de su tierra
natal, de su origen, de su vida, de la vida misma. Sale a otro lugar, en donde ella,
cuando sale con el temor de cuidar a su familia, que se la han desintegrado. En ese
momento la mujer asume la responsabilidad ya de toda su familia.
Tomado de: Acnur, Mujeres desplazadas por el conflicto cuentan
su historia. Video publicado en Semana.com el 7 de marzo de 2011
[Disponible en: http://www.semana.com/multimedia-nacion/mujeresdesplazadas-conflicto-cuentan-su-historia/3868.aspx].
los hechos de violencia. Estas limitaciones las exponen a un mayor riesgo de ser
despojadas por vías legales o ilegales.
3.3 La seguridad alimentaria
Una de las consecuencias más complejas del desplazamiento forzado es el mayor
grado de vulnerabilidad en términos de seguridad alimentaria que enfrenta la población rural en general, y las mujeres en particular. De acuerdo con la Comisión de
Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (2009), el 67% de
la población desplazada se encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria.
En este contexto, las mujeres enfrentan una situación especialmente vulnerable,
sobre todo en hogares no inscritos en el RUPD.
En la mayoría de las ocasiones, quienes se
desplazan deben huir de manera repentina,
abandonando todas sus pertenencias, y sus tierras
para poder salvar sus vidas.
58
Si bien la política pública ha reconocido un problema general de inseguridad alimentaria, y se han desarrollado algunos instrumentos para combatirlo, no existen
herramientas específicas de política que integren de manera efectiva la perspectiva
MUJERES RURALES
la problemática
de género en las acciones y medidas propias de los distintos programas que se
ponen en marcha en la actualidad.
La política de seguridad alimentaria para sectores rurales parte del siguiente diagnóstico:
La estructura agraria se compone principalmente de minifundios habitados por
familias campesinas de bajos recursos, las que, en muchos casos, no logran
alcanzar el ingreso de subsistencia.
Frente a este panorama, la política se propone como objetivo
Promover herramientas de seguridad alimentaria y nutricional que tengan en
cuenta la producción de alimentos para autoconsumo y establecer unos criterios
de focalización (Acción Social, 2011).
Por su parte, la “Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN)”,
adoptada mediante el Conpes Social 113 de 2008, reconoce entre sus principios
orientadores la perspectiva de género y, en consecuencia, señala que esta política
Promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las mismas posibilidades
de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional. [Además reconoce que
a] nivel de la familia, la condición de la mujer ha demostrado ser la variable más
importante en lo que respecta a reducir la malnutrición (Conpes, 2008).
Sin embargo, este reconocimiento no se ve acompañado ni de un diagnóstico
específico de las situaciones de vulnerabilidad a las que se exponen de manera
particular las mujeres campesinas, ni de acciones concretas para enfrentarlas. Por
el contrario, la política pública corre el riesgo de perpetuar y profundizar las discriminaciones de género al asumir un enfoque eminentemente familista, en el que
la mujer es vista como un instrumento para la satisfacción de metas de seguridad
alimentaria de las familias y no como un fin en sí misma para la política.
Esto se observa, por ejemplo, en la línea rural de la red de seguridad alimentaria
(RESA), cuyo objetivo consiste en:
[…] mejorar el acceso y el consumo de los alimentos de las familias rurales
mediante la producción de alimentos para el autoconsumo que incentive el aho-
59
MUJERES RURALES
rro por la vía del no gasto, la utilización de alimentos y productos locales y el
fomento de hábitos alimentarios saludables (Acción Social, 2011).
En ningún lugar de la Guía de implementación de este programa se menciona a las
mujeres rurales o urbanas, como tampoco se plantea ninguna acción para combatir
sus vulnerabilidades alimentarias específicas.
Si bien la política pública ha reconocido un problema
general de inseguridad alimentaria, y se han
desarrollado algunos instrumentos para combatirlo,
no existen herramientas específicas de política que
integren de manera efectiva la perspectiva de género.
Si la política pública no tiene en cuenta la triple discriminación que enfrentan,
no logrará combatir los estereotipos que alimentan estos patrones. Una de estas
costumbres, o práctica cultural muy arraigada en algunas zonas del país, es la
preservación y priorización de los mejores alimentos para los hombres que como
“proveedores” o “trabajadores” del núcleo familiar requieren de mayor energía para
adelantar sus tareas diarias, lo cual genera vulnerabilidad en niñas, niños y mujeres
de los núcleos familiares campesinos. En otros casos, la figura de ellas es percibida por la política solo como la garante de la seguridad alimentaria del núcleo
familiar incluso por encima de sus propias necesidades, dado que a ellas se les
asigna el papel tradicional de la preparación de alimentos, o bien dada su función
biológica en la lactancia materna.
Por ello es necesario que la política reconozca de manera explícita esta situación y
adopte medidas para reversar estos patrones discriminatorios. La seguridad alimentaria podría ser amenazada no solo por la lógica de los escenarios de producción,
distribución y comercialización de alimentos, sino que en las propias familias podría generarse inseguridad para algunos de sus miembros, sobre todo en aquellas
que tienen un menor acceso a alimentos de calidad.

60
La
respuesta del estado
Las políticas públicas: marginales
y asistencialistas
Fotografías. Acnur/ Boris Heger.
Capítulo 2
Fotografía. Cortesía Marta Repullo. Vaquero, La Pita.
Capítulo 2
La
respuesta
del
estado
 Pese a los intentos: limitado acceso
a la propiedad de la tierra
 Abanico de medidas frente al
desplazamiento forzado
 La Corte se erige en garante de los derechos
Capítulo 2
La
respuesta del estado
Las políticas públicas:
marginales y
asistencialistas

¿
Cuál ha sido la respuesta del Estado colombiano a la situación de vulnerabilidad y discriminación de las mujeres de áreas rurales?
Este capítulo intenta responder a esa pregunta a partir del análisis de las políticas
públicas en este campo, empezando con una caracterización general para luego
enfatizar en dos aspectos: el acceso a la tierra y el desplazamiento forzado.
La formulación de políticas públicas en Colombia ha tenido varias etapas. Antes
de la década de 1980 no se habían ocupado específicamente de la situación de
las mujeres rurales. Diseñadas desde un enfoque neutral, contribuían a reproducir la
subordinación de la mujer. Esto empezó a cambiar con la implementación, a partir de
la década de 1980, de políticas que se ocupaban específicamente de la situación
de las mujeres campesinas e indígenas. Las primeras políticas generales diseñadas
e implementadas en este sentido fueron las del plan nacional de desarrollo Cambio
con equidad 1982-1986.
Este momento coincidió con algunos procesos globales que afectaron las relaciones
agrarias de la época. El diseño e implementación de políticas dirigidas a las mujeres
campesinas tuvieron como antesala el desarrollo y la orientación de la investigación
MUJERES RURALES
social realizada por la academia y promovida desde el Ministerio de Agricultura,
pues aportaron elementos empíricos sobre la situación de subordinación de la
mujer, y su aporte a la economía campesina. Otro elemento fundamental en este
proceso fue el protagonismo adquirido por las mujeres rurales en los procesos
sociales y en la producción de alimentos, en medio de la crisis alimentaria de la
época (Suárez, 2005: 83). De igual modo, las normas internacionales han tenido
destacada influencia en su avance.
A pesar de su indudable importancia, estas políticas han sido muy criticadas por
su enfoque bienestarista. Se concentraban en aliviar en términos homogéneos las
necesidades económicas inmediatas de las mujeres campesinas, desconociendo
las diferenciaciones derivadas de su participación económica y de su estatus en
la familia y la comunidad. Al asumir a la mujer campesina como sujeto productor,
estas políticas produjeron una recarga de actividades para ellas, sin atacar las problemáticas estructurales del campo y sin enfrentar la discriminación y exclusión
sufridas por las mujeres (Suárez, 2005).
La formulación de políticas públicas en Colombia
ha tenido varias etapas. Antes de la década de
1980 no se habían ocupado específicamente de la
situación de las mujeres rurales. Diseñadas desde
un enfoque neutral, contribuían a reproducir la
subordinación de la mujer.
Durante la década de 1990 se diseñaron otras políticas focalizadas en las mujeres
campesinas, que siguieron teniendo múltiples problemas en su enfoque y aplicación. En el periodo correspondiente al plan nacional de desarrollo La revolución
pacífica 1990-1994, se implementaron: la política integral para las mujeres colombianas y la política para el desarrollo de la mujer rural.
64
De acuerdo con los analistas, estas políticas mantuvieron cierta continuidad con
las iniciadas en la década de 1980. Enfatizaron en el acceso de las mujeres a los
recursos y beneficios del desarrollo a partir de sus papeles tradicionales y como
agentes productivos con capacidad de maximizar la distribución de los escasos
ingresos en las familias pobres. Sin embargo, estas iniciativas no se habrían
MUJERES RURALES
la respuesta del estado
implementado, pues el gobierno de la época privilegió más bien la política general
para el campesinado.
Las políticas desarrolladas desde la segunda mitad de la década de 1990 hasta finales de la primera década del siglo XXI adolecen de problemas similares. Aunque
algunas de estas han permitido que las mujeres accedan a la tierra, no han logrado
remover los obstáculos que ellas enfrentan para ejercer la propiedad. Por ejemplo,
los subsidios de tierra creados a partir de la Ley 160 de 1994 y reformados por
la Ley 812 de 2003, aunque incrementaron el porcentaje que puede ser subsidiado hasta al 100%, se basan en un modelo de modernización del campesinado
que impone condiciones de producción de carácter empresarial, las cuales por lo
general no son alcanzables en zonas de conflicto. Se trata de un mecanismo que
desconoce las necesidades de las mujeres (dados sus niveles de educación y
experiencia, así como sus cargas de trabajo en el cuidado de los hijos) (Meertens,
2006: 38; 2009).
Una mirada a las características generales de las políticas frente a las mujeres
rurales, muestra que estas se han orientado en forma preferencial a programas
para la satisfacción de necesidades básicas y generación de ingresos, mas no a
corregir los factores estructurales que determinan la situación de subordinación y
discriminación.
Si bien se reconocen los avances realizados, estas políticas no tienen un enfoque
integral. Han sido diseñadas como estrategias marginales y no como un asunto
de Estado. En el nivel institucional, solo se adscriben al Ministerio de Agricultura,
sin articulación con otras dependencias del Estado. Esto refleja una reducción de
la política para la mujer rural a sus componentes productivos, cuando debería ser
más integral e incorporar acciones en materia de educación, salud, infraestructura,
medio ambiente y cultura, entre otros aspectos.
También se han caracterizado por su fragmentación, ya que hacen énfasis en aspectos
parciales de la problemática de las mujeres, al considerarlas exclusivamente en sus
papeles de reproducción y cuidado. Las políticas actuales reproducen los estereotipos
de género y, en particular, el papel de la mujer como cuidadora de los hijos y del hogar. Tampoco propician su acceso a factores productivos que garanticen su autonomía.
65
MUJERES RURALES
Por lo general, los programas se basan en aliviar las necesidades económicas inmediatas de las mujeres rurales y en transferirles ingresos, pero no generan capacidades
productivas o posibilidades reales de lograr estabilización socioeconómica, y por eso
en la práctica se los considera asistencialistas.
Una mirada a las características generales de las
políticas frente a las mujeres rurales, muestra que
estas se han orientado en forma preferencial a
programas para la satisfacción de necesidades
básicas y generación de ingresos, mas no a corregir
los factores estructurales que determinan la
situación de subordinación y discriminación.
Las políticas deberían corregir las relaciones desiguales de poder que explican la
discriminación relacionada con la problemática agraria y los ordenamientos patriarcales anclados en la sociedad colombiana.
Un balance de dichas políticas permite afirmar que los esfuerzos realizados no son
suficientes, pues tienen una orientación asistencialista y no estructural. Además,
hay muchas falencias en su implementación, y tienen una baja eficiencia. Aunque
cada vez se reconoce más que deberían ser diseñadas con un enfoque de género,
estas siguen sin atender las diferencias derivadas de la participación económica de
las mujeres y de su estatus dentro de la familia y la comunidad.
1. Pese a los intentos: limitado
acceso a la propiedad de la tierra
A pesar de todos los intentos que se han hecho para lograr un mayor acceso a la
tierra por parte de las mujeres del campo, la propiedad y su goce efectivo siguen
siendo aún muy limitados.
66
Una posible explicación a esta situación se debe a los fallidos experimentos de
reforma agraria en el país. En efecto, los analistas coinciden en que ha habido un
fracaso general de la política de democratización de la tierra, pese a los avances
MUJERES RURALES
registrados en las dos últimas décadas. Este fracaso se acentúa en el caso de las
mujeres, pues estas tienen mayores dificultades de acceso debido al sesgo que ha
caracterizado a las políticas centradas en el hombre en su calidad de “jefe de hogar”.
La investigadora Dony Meertens califica el recorrido de la política pública de acceso
de las mujeres a la propiedad rural como el paso de un “enfoque familista al liderazgo
femenino” (2009: 206). A su juicio, los cambios en la política pública de acceso a
la tierra pueden ser analizados por periodos, situándose el primero entre las décadas
de 1960 a 1980, cuando se diseña la primera de este tipo dirigida a las mujeres
rurales.
Esta época, según Meertens, se caracterizó por una política sesgada a favor de los
varones mediante la adjudicación a un tipo de beneficiario: la familia encabezada
por el jefe de hogar masculino. Este “enfoque familista” puso a las mujeres en desventaja, pues las relegó a acceder a la tierra en caso de que enviudaran o cuando
pertenecieran a una empresa asociativa, previo consentimiento de funcionarios y
adjudicatarios.
Y, precisamente, uno de los problemas de las políticas públicas es creer que por el
hecho de que se beneficia la familia se favorece también a la mujer. Este supuesto fue
asumido implícitamente por la legislación colombiana, a pesar de que no es cierto.
En el nivel institucional, las políticas solo se
adscriben al Ministerio de Agricultura, sin
articulación con otras dependencias del Estado.
Esto refleja una reducción de la política para la
mujer rural a sus componentes productivos, cuando
debería ser más integral e incorporar acciones en
materia de educación, salud, infraestructura,
medio ambiente y cultura, entre otros aspectos.
El punto de partida de la segunda etapa se sitúa en 1984, con la expedición del
documento Conpes 2109 que contiene la “Política sobre el papel de la mujer campesina en el desarrollo agropecuario”, cuyo propósito consistió en aumentar su
participación económica y social a partir del acceso a factores y recursos productivos
67
MUJERES RURALES
como tierra, crédito, asistencia técnica, comercialización y fortalecimiento de formas organizativas.
Las políticas deberían corregir las relaciones
desiguales de poder que explican la discriminación
relacionada con la problemática agraria y los
ordenamientos patriarcales anclados en la sociedad
colombiana.
Unos años más tarde fue adoptada la Ley 30 de 1988, mediante la cual se reconoció
por primera vez el derecho de las mujeres a la tenencia de la tierra y se ordenó que
las adjudicaciones y los títulos de la reforma agraria se expidieran a nombre de las
parejas, con independencia de su estado civil. Esta modalidad de titulación conjunta asimismo ha sido objeto de debate, porque no permite transformar las relaciones
patriarcales en el campo.
Meertens señala, por ejemplo, para el caso colombiano que:
Los bancos siguen dando crédito a los hombres, la asistencia técnica no toma
en cuenta las necesidades de las mujeres, la toma de decisiones de producción
queda en manos de los hombres, los aportes de las mujeres a la producción, por
más sustanciales que sean, quedan ocultos detrás del velo de sus actividades
domésticas.
Con ello, pese a que la titularidad es conjunta, no se modifican los patrones culturales que favorecen a la masculinidad en las relaciones productivas en el campo.
Posteriormente, la Ley 160 de 1994 marca el tercer periodo, vigente hasta la fecha.
Esta ley significó un cierto cambio de paradigma pues aportó elementos para eliminar la posición tradicional de invisibilidad de las mujeres, rompió con el enfoque
familista de otorgar las titulaciones solo a los jefes de hogar y reconoció las condiciones particulares de vulnerabilidad que enfrentan.
68
Pese al avance, esta normativa de nuevo fue objeto de críticas con el argumento de que
dejaba intactas las consideraciones estructurales que afectan a las mujeres en particular y a la población rural en general, porque ponía demasiado énfasis en el acceso
MUJERES RURALES
a los recursos y los beneficios del desarrollo, y reproducía los estereotipos que
mantienen a las mujeres en papeles tradicionales.
A comienzos del nuevo siglo se produce un avance importante con la Ley 731 de 2002,
denominada “ley de mujer rural”, con la ampliación de las posibilidades de crédito
para las mujeres, el establecimiento de varios mecanismos de participación y de
titulación de la tierra para las mujeres.
Si bien los críticos reconocen los esfuerzos legislativos, consideran que estas iniciativas se han orientado en forma prioritaria al ámbito de las políticas agrícolas,
es decir a la adecuación de los factores productivos y a aumentar la eficiencia en
el proceso de producción, dejando de lado cuestiones más estructurales, sociales
y culturales de inclusión de las mujeres, con el agravante de que nunca fueron
asignados los recursos necesarios para su puesta en marcha.
2. Abanico de medidas
frente al desplazamiento forzado
En los últimos años se ha desarrollado un conjunto importante de mecanismos
destinados a hacerle frente al desplazamiento forzado. Sin embargo, ese abanico de
medidas no necesariamente ha reconocido la dimensión de género de esta flagrante violación a los derechos humanos, como tampoco el impacto diferenciado que
tiene en la vida de las mujeres. Por tanto, falta aún camino por recorrer en el diseño
de políticas para afrontar la situación de las mujeres desplazadas.
A pesar de que la Corte Constitucional ha reconocido que el efecto del desplazamiento en las mujeres es diferenciado y en ocasiones incluso desproporcionado,
las políticas diseñadas en este ámbito parten de una perspectiva neutral, que contribuye a la invisibilidad de las problemáticas específicas de aquellas en situación
de desplazamiento en relación con la tierra y su restitución.
El grupo de políticas y medidas destinadas a responder a la situación de la población
desplazada en el país se articula, principalmente, en torno a la Ley 387 de 1997,
por medio de la cual “se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento
69
MUJERES RURALES
forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica
de los desplazados internos por la violencia”. Dicha ley se caracteriza por carecer de
un enfoque diferencial. La única disposición que parece incorporarlo es el artículo
17, referido a la estabilización socioeconómica, el cual incluye un débil énfasis en
medidas para las mujeres, diferenciadas por grupos etarios.
A partir de ahí, la implementación de la política pública frente al desplazamiento
forzado en Colombia se caracterizó por promover el retorno. Este objetivo se enfatizó en particular durante la primera administración de Álvaro Uribe, 2002 a 2006,
durante la cual el tema de la restitución estuvo ausente. Esta política ha recibido
múltiples críticas “por su falta de compromiso con los principios de voluntariedad,
seguridad y dignidad, especialmente para las mujeres” (Meertens, 2009: 201).
A pesar del énfasis dado al retorno, la política pública contiene también un paquete de medidas que incluye otras iniciativas como proyectos de reubicación de
la población desplazada, acciones destinadas a promover el acceso a la tierra,
protección de las propiedades abandonadas, medidas sobre el despojo, y procesos
de restitución y reparación.
Los componentes principales de la política pública frente al desplazamiento forzado
pueden ser agrupados en: (a) acceso a la tierra para la población desplazada, y (b)
protección de derechos sobre la tierra. Como parte del primer componente, se han
desarrollado medidas destinadas a la reubicación rural; la estabilización socioeconómica con miras a lograr el acceso a la tierra; y subsidios para su adquisición.
Como parte del segundo, se creó un conjunto de medidas destinadas a proteger las
tierras en riesgo, mediante rutas individuales y colectivas1, y un sistema de registro
de predios abandonados (RUPTA).
1
70
La ruta individual es un mecanismo que le permite a una persona que ha abandonado sus tierras, cualquiera sea
su relación jurídica con ellas, acudir al Ministerio Público para solicitar la protección de las mismas para el caso
de los propietarios, o la publicidad de la relación para el caso de los poseedores, tenedores u ocupantes. La ruta
colectiva, por el contrario, se activa cuando las autoridades municipales o departamentales convocan a los comités
territoriales de atención integral a la población desplazada para que estos expidan una declaratoria de desplazamiento o riesgo inminente del mismo, con la que se protejan los derechos patrimoniales de la población que habita
un determinado territorio.
MUJERES RURALES
Desde 1997, en virtud de la Ley 387, se han desarrollado proyectos de reubicación
de la población desplazada. Aunque no se cuenta con datos que permitan un análisis de género de estos proyectos, las reubicaciones han enfrentado al menos dos
grandes obstáculos: las modalidades de reubicación requieren de algún grado de
capacidad de acción colectiva, que los desplazados no siempre alcanzan, debido
a que no conforman un grupo homogéneo y sus entornos sociales limitan la posibilidad de generar confianza entre ellos; y este mecanismo impone la negociación
con los actores políticos y armados del territorio, lo cual por lo general no se puede
llevar a cabo (Meertens, 2005: 51 y 52).
Entre las tres modalidades definidas para la entrega de predios se encuentran: (a)
intervención directa, (b) negociación voluntaria, y (c) predios de paso; todas reguladas en el Decreto 2007 de 2001. Esta última ha sido en especial problemática ya
que la temporalidad genera profundas frustraciones para las familias ubicadas en
los predios, y que pretenden reconstruir sus proyectos de vida.
Uno de los problemas de las políticas públicas es
creer que por el hecho de que se beneficia la familia
se favorece también a la mujer. Este supuesto fue
asumido implícitamente por la legislación colombiana, a pesar de que no es cierto.
Las acciones destinadas a promover el acceso a la tierra por parte de la población desplazada están consignadas en el Decreto 250 de febrero de 2005 y en
la Ley 160 de 1994, disposiciones que incluyen entre sus principios el enfoque
diferencial en términos de género, edad y etnia, así como objetivos específicos
que pretenden brindar atención especial a las mujeres, en especial a las viudas y
cabezas de familia.
Estas medidas, aunque importantes, no enfrentan en forma adecuada las condiciones
particulares de vulnerabilidad que soportan las mujeres víctimas de desplazamiento
forzado, como tampoco el impacto desproporcionado en sus vidas. Meertens (2005:
56) enfatiza en que la “sola asignación o adjudicación de tierra, sin capacitación y
acompañamiento, no cumple con los objetivos de equidad” que deben perseguir
las medidas de acceso a la tierra. Por tanto, no contribuyen a reconocer el impacto
71
MUJERES RURALES
del desplazamiento en las mujeres, no otorgan garantías suficientes para el goce
efectivo del derecho a la tierra y no constituyen medidas de reparación.
Suerte parecida corre el componente de protección de las propiedades abandonadas y de las tierras de la población desplazada o en riesgo de desplazamiento,
ya que el mecanismo de congelación de enajenaciones de predios, tanto por ruta
colectiva como por ruta individual, recogido en el Decreto 2007 de 2001, sitúa a
las mujeres en una posición de desventaja por las reducidas posibilidades que
tienen de acceder a la ruta individual, en razón de los papeles de género que limitan su participación en la vida pública, o de participar en los comités territoriales
encargados de activar la ruta colectiva, ya que su presencia en las organizaciones
campesinas sigue siendo desigual.
El número de derechos protegidos ejercidos por mujeres es inferior al de los hombres tanto por ruta individual (40,49%) como por ruta colectiva (31,18%) (Merteens,
2009: 203).
Finalmente, el tema de la restitución y de otras medidas de reparación ha sido
motivo de debate nacional desde hace algunos años. Al cierre de este Cuaderno fue
aprobada la ley de víctimas y restitución de tierras (Ley 1448 del 10 de junio de
2011), que pretende regular los mecanismos destinados a garantizar los derechos
de las víctimas del conflicto armado, y en especial la restitución de tierras a la población despojada. Desarrolla mecanismos específicos para asegurar la restitución
de tierras y establecer medidas complementarias que permitan el goce efectivo de
los derechos sobre los predios restituidos, incluyendo medidas específicas para las
mujeres rurales. El tema de la restitución se ha tropezado con enormes dificultades
reconocidas incluso por el mismo Estado2. Las mujeres enfrentan múltiples tropiezos para ejercer efectivamente sus derechos, así como diversos obstáculos para
acceder a la justicia. Entre otras limitaciones, resulta importante resaltar que el sistema jurisdiccional de las comunidades indígenas no cuenta con mecanismos para
2
72
Estos problemas para la aplicación de las políticas son reconocidos por el mismo Estado en los “Lineamientos de
política de tierras y territorios para la población víctima del desplazamiento forzado, en riesgo de desplazamiento
forzado y del despojo” de 2009 (en especial en las páginas 10, 12 y 16).
MUJERES RURALES
proteger a sus integrantes del despojo; y los recursos resultan insuficientes para la
aplicación de las políticas. Y a todas estas limitaciones se suman los problemas de
desarticulación y descoordinación institucional.
Los factores señalados afectan de manera directa y diferenciada a la población víctima de desplazamiento forzado, pues tienden a generar problemas en la atención que
dificultan el ejercicio de derechos y la realización efectiva de los mismos. Para las
mujeres, y en especial aquellas que se ven obligadas a asumir la jefatura familiar,
estos factores tienden a generar cargas adicionales que afectan su participación en
los procesos de reclamación. Esto convierte las limitaciones de coordinación interinstitucional en importantes barreras de acceso a la restitución para las mujeres.
3. La Corte se erige en garante de los derechos
Frente a la gran cantidad de tutelas interpuestas ante la Corte Constitucional por
parte de los desplazados en las que se denunciaba la insuficiente respuesta del
Estado ante la situación de vulneración de sus derechos, esta corporación intervino
para que el Estado reconociera el desplazamiento forzado como una violación a
los derechos humanos, y una forma de violencia de género que produce efectos
diferenciados y desproporcionados en las mujeres.
En virtud de la sentencia T-025 de 2004, la Corte declaró que la situación de la
población desplazada constituye un “estado de cosas inconstitucional”, y emitió
un conjunto de órdenes complejas destinadas a que el Estado responda de manera
oportuna y adecuada a la situación generalizada de violaciones a los derechos humanos de las personas desplazadas en Colombia.
El máximo tribunal concluyó que el desplazamiento implicaba una violación masiva
de los derechos de las poblaciones desplazadas y que además, la política pública
frente a este tema era incoherente, insuficiente y no se fundaba adecuadamente en
estándares de derechos fundamentales.
Fue entonces cuando la alta corporación ordenó al gobierno que rediseñara la política
frente a los desplazados, respetando ciertos estándares constitucionales; la nueva
73
MUJERES RURALES
política debía ser elaborada en forma transparente y participativa, y señaló la necesidad de crear instancias de participación de las poblaciones desplazadas y de sus
organizaciones en el diseño y ejecución de las políticas. Estas debían además ser
serias y consistentes, asegurar en forma inmediata los derechos mínimos de la población desplazada y estar orientadas a satisfacer plenamente sus derechos en forma
progresiva.
Frente a la gran cantidad de tutelas interpuestas ante
la Corte Constitucional por parte de los desplazados
en las que se denunciaba la insuficiente respuesta
del Estado ante la situación de vulneración de sus
derechos, esta corporación intervino para que el
Estado reconociera el desplazamiento forzado como
una violación a los derechos humanos, y una forma
de violencia de género que produce efectos
diferenciados y desproporcionados en las mujeres.
En virtud de los autos de seguimiento posteriores, en particular 092 y 237 de
20083, la Corte reconoció a las mujeres como sujetos de especial protección constitucional y el desplazamiento como una violación de los derechos humanos que
las afecta de manera diferenciada. De acuerdo con el Máximo Tribunal, la problemática de las mujeres desplazadas es una de las situaciones más alarmantes del
“estado de cosas inconstitucional”.
En particular, en el auto 092 de 2008, la Corte constata que la respuesta del Estado
“ha sido manifiestamente insuficiente para hacer frente a sus deberes constitucionales” y declara
Que las autoridades colombianas a todo nivel están bajo la obligación constitucional e internacional imperiosa de actuar en forma resuelta para prevenir el
impacto desproporcionado del desplazamiento sobre las mujeres.
74
3
Los principales planteamientos de esta parte se basan en: Mantilla y Uprimny (2009: 150 y ss.).
MUJERES RURALES
En consecuencia, esta corporación ordena entre otras cosas: la creación de trece
programas específicos para colmar los vacíos existentes en las políticas públicas;
el establecimiento de las presunciones constitucionales que amparan a las mujeres
desplazadas; la adopción de órdenes individuales de protección concreta para seiscientas mujeres desplazadas en el país y la comunicación al Fiscal General de la
Nación de numerosos relatos de crímenes sexuales cometidos dentro del conflicto
armado interno colombiano para que esos casos sean judicializados.
Este auto 092 de 2008 es, entonces, de obvia importancia por sus constataciones,
declaraciones y órdenes específicas. Pero además tiene una gran relevancia por el
análisis empírico y normativo que realiza.
Desde una perspectiva empírica constata que las mujeres en situación de desplazamiento están expuestas a una serie de riesgos y vulnerabilidades, que se sintetizan
en el recuadro 2.1.
Un punto que amerita una mención especial es el estudio que hace la Corte sobre
la violencia sexual ejercida contra las mujeres por los actores armados. El alto
tribunal, a partir de la información recibida, realiza una tipología de las diversas
formas de agresión sexual que han sufrido las mujeres dentro del conflicto armado
y muestra la gravedad del fenómeno, no solo por su extensión y crueldad, sino
además por la falta de investigación y sanción de esos crímenes.
El máximo tribunal concluyó que el desplazamiento
implicaba una violación masiva de los derechos
de las poblaciones desplazadas y que además, la
política pública frente a este tema era incoherente,
insuficiente y no se fundaba adecuadamente en
estándares de derechos fundamentales.
En síntesis, para la Corte, el conflicto armado y su impacto negativamente diferenciado sobre las mujeres se alimentan de los estereotipos patriarcales históricos
presentes en la sociedad colombiana y a su vez acentúan dichos estereotipos, lo
cual agrava la situación de las mujeres.
75
MUJERES RURALES
Recuadro 2.1
Riesgos y vulnerabilidades de las mujeres desplazadas
Sentencia T-025 de 2004, auto 092 de 2008
Según la Corte, las mujeres desplazadas están expuestas a una serie de riesgos
y situaciones de vulnerabilidad por causa del conflicto armado, que se pueden sintetizar en:
1. De violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual dentro del conflicto
armado.
2. De explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y papeles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los
actores armados ilegales.
3. De reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, o de otro tipo de amenazas contra
ellos, situación que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de familia.
4. Aquellos derivados del contacto o de las relaciones familiares o personales (voluntarias, accidentales o presuntas) con los integrantes de alguno de los grupos
armados ilegales que operan en el país o con miembros de la Fuerza Pública,
principalmente por señalamientos o retaliaciones efectuados a posteriori por
los bandos ilegales enemigos.
5. Los derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos
humanos en zonas afectadas por el conflicto armado.
6. De persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que implementan los grupos
armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional.
7. Por el asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social.
8. De ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por parte
de los actores armados ilegales dada su posición histórica ante la propiedad,
especialmente las propiedades inmuebles rurales.
9. Los derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de
las mujeres indígenas y afrodescendientes.
10. Por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el
proceso de desplazamiento.
76
De otra parte, desde el punto de vista normativo, el auto 092 de 2008 enfatiza, con
base en argumentos constitucionales y en estándares del derecho internacional
de los derechos humanos (DIDH), que frente a las mujeres desplazadas, el Estado
colombiano tiene deberes diferenciados de especial protección. La Corte muestra
MUJERES RURALES
entonces la indudable relevancia jurídica de instrumentos internacionales relativos
a los derechos de las mujeres, como la Cedaw (Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por su sigla en inglés), o la
Convención de Belem do Pará.
La importancia jurídica y política de ese auto es clara, pues no solo el tribunal constitucional concreta, el significado que tiene un enfoque de género que tome en serio
los deberes especiales de las autoridades frente a las mujeres, en el contexto del
desarrollo de la política pública para enfrentar el desplazamiento forzado, sino que
además, visibiliza la violencia de género ejercida contra ellas en el conflicto armado.
Para la Corte, el conflicto armado y su impacto
negativamente diferenciado sobre las mujeres se
alimentan de los estereotipos patriarcales
históricos presentes en la sociedad colombiana y
a su vez acentúan dichos estereotipos, lo cual
agrava la situación de las mujeres.
Aunque los trece programas de política, ordenados en el auto 092 de 2008, no
se han implementado, ofrecen una oportunidad fundamental para que la política
pública en materia de desplazamiento forzado responda a la situación específica
de las mujeres, enfrentando los efectos diferenciados y desproporcionados de esta
violación a los derechos humanos.

77
La
respuesta de las mujeres rurales
Actoras políticas: un movimiento que
se enfrenta a la discriminación
Fotografías. Acnur/ M. Rodríguez.
Capítulo 3
Fotografía. Cortesía Simone Bruno. Huila.
Capítulo 3
La respuesta de
mujeres rurales
las
 Nueve décadas de lucha por su reconocimiento
 Sobre retos, logros y reivindicaciones
Capítulo 3
La
respuesta de las mujeres rurales
Actoras políticas: un
movimiento que se enfrenta
a la discriminación
L
as mujeres rurales, a pesar de las diversas formas de victimización padecidas, han asumido un papel activo en la reivindicación de derechos. Son
actoras que se organizan y asumen un liderazgo político y social, y han obtenido
logros importantes en el transcurso de la historia.

Los capítulos anteriores han mostrado la triple discriminación que enfrentan las
mujeres rurales. Esta se evidencia tanto en la frágil relación con la tierra, como en
el impacto desproporcionado del desplazamiento forzado en sus vidas, y las diferentes formas de violencia que las afectan.
Esta fotografía sobre la precaria situación de la mujer campesina en el país podría
hacer pensar que han jugado un papel secundario o inactivo en las luchas sociales,
permaneciendo relegadas en los espacios privados o aisladas de la participación
política. Pero esto no es así. Por el contrario, las mujeres rurales se han convertido
en actoras políticas que construyen agendas, negocian, emprenden batallas políticas y llevan a cabo procesos de exigibilidad de derechos.
A pesar de las diversas formas de discriminación que enfrentan, las mujeres han
hecho aportes fundamentales a la historia del campesinado y de las luchas sociales.
MUJERES RURALES
Dichos aportes, sin embargo, suelen no ser vistos debido a los estereotipos de
género que las sitúan en espacios domésticos.
Esta parte del documento tiene como finalidad mostrar cómo las mujeres del sector rural se han organizado y movilizado para luchar en contra de la discriminación,
exclusión y violencia que las ha aquejado en el transcurso de la historia y cómo
se han convertido en sujetos políticos, en virtud de su propio empoderamiento,
con grandes logros, a pesar de los retos y dificultades que se han atravesado en
su lucha.
Las mujeres rurales, a pesar de las diversas formas
de victimización padecidas, han asumido un papel
activo en la reivindicación de derechos. Son actoras
que se organizan y asumen un liderazgo político y
social, y han obtenido logros importantes en el
transcurso de la historia.
Recuadro 3.1
“Desde hace trece años nos hemos organizado y trabajamos juntas”
El grupo viene trabajando hace trece años con la idea de transformación de plantas
medicinales. Tuvimos un receso por la situación de orden público, por la cual nos
tocó ser desplazados forzosamente. Hace cuatro años, con la orientación de una
compañera de San Marcos, se reactivó el proceso de grupo. Se está trabajando.
Tenemos una parcela demostrativa donde tenemos las plantas. Tenemos una maquinaria, que gracias a la gestión de las líderes del grupo, el apoyo de la Coordinación
Campesina y el municipio de Tuluá, hemos conseguido […] para hacer la extracción
de las esencias y poder así elaborar los productos ya terminados, como las pomadas. Trabajamos también la alimentación y la recuperación de las semillas.
Grupo de Mujeres Aromas del Campo
Tomado de: Primer Encuentro Departamental Sabores
y saberes campesinos. Avanzando en el rescate de
nuestra cultura campesina.
Video Producido por la Asociación de Trabajadores
Campesinos del Valle del Cauca y la Coordinación
Campesina del Valle del Cauca. Tuluá, 2009. [Disponible
en: http://www.youtube.com/watch?v=FiDjebIxXRg]
82
MUJERES RURALES
la respuesta de las mujeres rurales
En primer lugar, se hace referencia a los hitos históricos del movimiento de mujeres rurales desde principios del siglo XX y hasta los primeros años del siglo XXI,
mostrando algunas de sus dinámicas, aportes y tendencias. En segundo lugar, se
abordan los principales retos que han enfrentado en sus años de lucha política, así
como sus logros. Finalmente, se recogen algunas de sus actuales reivindicaciones.
1. Nueve décadas de
lucha por su reconocimiento
La presencia de las mujeres en el movimiento campesino ha sido constante en el
transcurso del siglo XX; sin embargo, sus formas de participación e incidencia, así
como sus consignas han variado de manera notoria con el paso de los años4.
La década de 1920 marca el punto de partida para la presencia femenina en debates públicos y en procesos de reivindicación de derechos. Durante esos primeros
años su lucha se enfocó en el reconocimiento y ejercicio efectivo de derechos
civiles y políticos. En este sentido, exigían la supresión de las instituciones familiares que las subordinaban y el reconocimiento del derecho al voto. Así, por
ejemplo, se introdujo al debate público la discusión sobre la potestad marital, que
sería suprimida mediante la Ley 28 de 1932 (Wills, 2002). Dicha ley le reconoció
a la mujer el derecho a administrar sus bienes y a contraer deudas autónomamente. Un año después, en 1933, se acepta que cursen la secundaria y accedan a la
universidad.
Junto con la reivindicación de derechos civiles y políticos, las mujeres empezaron
a participar en diversos movimientos sociales y populares, como el campesino,
el indígena y el sindicalista. Durante esta década se llevaron a cabo las primeras “huelgas femeninas de textileras, capacheras, telefonistas”, así como de otros
4
Este capítulo se elaboró con base en los trabajos de investigadoras e investigadores como Dora Isabel Díaz
Susa (2002), María Emma Wills (2005), Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación
y Reconciliación (2010), Annika Dalén, Diana Guzmán y Rodrigo Uprimny (2010) y Casa de la Mujer (2010),
principalmente.
83
MUJERES RURALES
sectores sociales (Díaz, 2002: 5). Desde ese momento su presencia en el movimiento campesino ha sido constante.
Este movimiento no escapó a la dura represión de la organización popular que
caracterizó la segunda década del siglo XX. La masacre de las bananeras es un
ejemplo claro de esta persecución. Pese a la desarticulación de algunos movimientos sociales como consecuencia de la represión, en 1936, en virtud de la reforma
constitucional de López Pumarejo, las mujeres adquirieron el derecho a ocupar
cargos públicos. Más adelante, en 1954, adquirieron el derecho al voto.
Según la investigadora María Emma Wills (2005) durante estas primeras décadas
del siglo XX en las luchas femeninas y feministas predominaba una perspectiva
maternalista de la mujer. Con matices y variaciones, ingresaban a la lucha política y
participaban en los movimientos sociales para reivindicar sus derechos y los de sus
familias, y en muchas ocasiones los de su papel de madres y esposas.
La década de 1960 se caracterizó por un nuevo impulso organizativo, en gran medida debido a las políticas del Estado. En 1967 se creó la División de Organización
Campesina en el Ministerio de Agricultura y se dio vida a la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos (ANUC).
Desde los inicios de la ANUC, varios grupos de mujeres lucharon por su reconocimiento. Así, en 1972 y 1973 se crearon los primeros comités femeninos en la
organización (Díaz, 2002). A pesar de los liderazgos femeninos que se fueron
consolidando, las demandas de las mujeres seguían teniendo un reconocimiento
limitado. Los directivos continuaban siendo hombres e incluso algunos de ellos
llegaron a sostener que las reivindicaciones de las campesinas no eran claras, y
que ello justificaba que no tuvieran voz en la asociación.
84
Pese a los tropiezos y limitaciones que fueron encontrando en su paso por el seno
del movimiento campesino, continuaron con su lucha. Siguieron participando en
las movilizaciones campesinas, en los procesos de exigibilidad de la tierra y algunas llegaron incluso a ocupar posiciones preponderantes en la organización; en
muchas ocasiones a costa de sacrificios personales y de la estabilidad de sus
relaciones afectivas (Grupo de Memoria Histórica, 2010: 306).
MUJERES RURALES
Los últimos años de la década de 1970 representaron avances importantes con respecto a la participación de las mujeres en el movimiento campesino colombiano,
pese a la división de ANUC en dos líneas (Armenia y Sincelejo). En 1975 se creó el
Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PAN), y en 1976 el Programa de Desarrollo
Rural Integrado (DRI), con los que se empieza a reconocer la importancia de la participación de la mujer en la producción agrícola. Estos avances, sumados a la presión
de las mujeres en la ANUC, permitieron la creación de la Secretaría Femenina.
Las mujeres rurales se han convertido en actoras
políticas que construyen agendas, negocian,
emprenden batallas políticas y llevan a cabo
procesos de exigibilidad de derechos.
Este tipo de escenarios, así como varios encuentros de mujeres celebrados en
esos años, permitieron que ellas profundizaran en las demandas específicamente
femeninas y articularan una visión clara sobre la discriminación de la cual eran
objeto. A pesar de ello, sus intereses seguían subordinados a los del movimiento
campesino.
La presencia de las mujeres en el movimiento
campesino ha sido constante en el transcurso del
siglo XX; sin embargo, sus formas de participación
e incidencia, así como sus consignas han variado
de manera notoria con el paso de los años.
Los logros organizativos les permitieron a las mujeres del movimiento campesino
empezar a reivindicar igualdad de trato, de salarios y de derechos. Aunque sus
primeras demandas fueron subestimadas por las organizaciones campesinas, les
permitieron en la década de 1980 reafirmar su papel y ganar espacios de participación. Este periodo significó un fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y
se registraron importantes avances normativos que implicaron su reconocimiento
como actoras políticas y productoras agrícolas.
Con la expedición del documento Conpes 2109, en 1984, el Estado adoptó la primera “Política nacional para la mujer campesina”, reconociendo a la mujer como
85
MUJERES RURALES
productora agrícola y agente del desarrollo. Esto representó un cambio en la orientación de las políticas del Estado frente a las mujeres campesinas.
Con este cambio en la orientación y gracias al camino abierto por las campesinas de la ANUC, en la década de 1980 se generalizaron las instancias de mujer en
las organizaciones campesinas mixtas y se conformaron las primeras organizaciones campesinas de mujeres. Se destaca especialmente la creación de la Asociación
Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia (Anmucic), con el auspicio de Unicef y a instancias del gobierno (Díaz, 2002). Esta se convirtió en una
organización con capacidad de negociación e incidencia, y operó con una agenda
centrada en los intereses específicos de las mujeres.
Junto al fortalecimiento organizativo, las mujeres alcanzaron algunos avances normativos. En particular, se expidió la Ley 30 de 1988, Ley de Reforma Agraria, por
medio de la cual se reconocieron de manera explícita los derechos de las mujeres
sobre la tierra y el mecanismo de titulación conjunta. Es decir que desde ese momento los títulos de propiedad debían ser otorgados a nombre de la pareja.
Esta reglamentación posibilitó un gran avance de la lucha de las mujeres campesinas por ganarse un lugar autónomo en este tipo de procesos, hecho que obviamente
motivó grandes tensiones, tanto con los compañeros de sus propias organizaciones,
como con otras organizaciones campesinas. Además, muchas de sus líderes se
convirtieron en blanco de los grupos armados, viéndose obligadas a desplazarse.
La década de 1990 estuvo marcada por la consolidación del movimiento campesino de mujeres y de sus organizaciones. Algunos hechos contribuyeron a su
fortalecimiento. En primer lugar, la Asamblea Nacional Constituyente, escenario
en el que tuvieron una presencia como actoras colectivas, posicionó una agenda
construida a partir de intereses propios e incluyeron disposiciones relevantes para
la reivindicación de derechos de las mujeres en el texto constitucional.
86
Las mujeres campesinas participaron en este proceso a través de dos grandes bloques, el de Anmucic y el de ANUC-UR, en el que se encontraban también Fensuagro
y la ONIC (Díaz, 2002: 29). A raíz de este proceso, se puso en marcha la red nacional
de mujeres y, más adelante, la red de mujeres rurales.
MUJERES RURALES
En segundo lugar, las negociaciones de paz, que condujeron a la elaboración de una
agenda propia. Así, en 1999 se lleva a cabo la Asamblea Nacional de Mujeres por la
Paz, de donde surgió la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, conocida como Alianza IMP; de esta forma, las campesinas se posicionaron como un sector
esencial en el movimiento social. Así mismo se dio una mayor articulación con el
movimiento internacional y con otros espacios latinoamericanos y mundiales.
Los primeros años del siglo XXI evidencian una tendencia al aumento de las acciones colectivas de las campesinas e indígenas. En este sentido, el informe del Grupo
de Memoria Histórica, titulado La tierra en disputa, señala que en Córdoba y Sucre,
a partir de 2005, se presentó un importante aumento de organizaciones y redes de
mujeres, especialmente en los Montes de María. En este proceso ha jugado un papel importante la resistencia de las mujeres frente al conflicto armado, mediante el
desarrollo de una agenda específica en torno a la restitución de tierras y la satisfacción efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Recuadro 3.2
Empresa autónoma por la soberanía alimentaria
El Grupo Sueños de Mujer hace aproximadamente unos seis años nos hemos constituido. La visión de este grupo es trabajar en la soberanía alimentaria y tratar de
ser una empresa autónoma. Lo otro es que trabajamos para nosotras mismas y es
una lucha que hemos tenido en medio del desplazamiento. Por eso hemos tenido
muchos retrocesos y no hemos avanzado más. Trabajamos en las semillas, para
que sean nativas y no sean transgénicas. Siempre trabajamos en eso.
Palabras del Grupo Sueños de Mujer
Tomado de: Primer Encuentro Departamental Sabores y saberes campesinos. Avanzando en el rescate de nuestra cultura campesina.
Video Producido por la Asociación de Trabajadores Campesinos del
Valle del Cauca y la Coordinación Campesina del Valle del Cauca. Tuluá,
2009. [Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=FiDjebIxXRg]
Se han dado otros avances normativos importantes, como la Ley 731 de 2002, por
medio de la cual se dictan normas para mejorar la calidad de vida de las campesinas y se consagran medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre
los géneros. Esta ley, de acuerdo con Díaz (2002: 68), es producto de un “trabajo
87
MUJERES RURALES
participativo entre algunas mujeres rurales, por intermedio de Anmucic y la red de
mujeres rurales y oficinas de mujer o relacionadas con el tema de instituciones
estatales vinculadas al agro”.
Durante este último periodo, a pesar de las divergencias ideológicas, el movimiento
de mujeres campesinas siguió consolidándose como un actor social clave, con
una agenda propia, y un amplio radio de incidencia en su entorno y en escenarios
institucionales.
2. Sobre retos, logros y reivindicaciones
En este camino por posicionarse como actoras políticas con una agenda propia,
las mujeres rurales colombianas han tenido que hacer frente a múltiples retos, pero
también han alcanzado numerosos logros, aunque aún quedan muchas reivindicaciones por conseguir.
En cuanto a los retos, aunque con el tiempo han ganado en autonomía organizativa
y propositiva, y con ello han logrado posicionar una agenda que propende por
sus propios intereses, hay una tensión entre las reivindicaciones de género y de
clase, que parecería seguir presente en las demandas sociales de la población
rural del país.
Un segundo elemento relevante es la presencia de actores armados poderosos en las
regiones. Sus luchas por las tierras y la violencia que ha generado un desplazamiento forzado masivo, han alterado las posibilidades de desarrollo de los pobladores
rurales colombianos y han afectado profundamente a las mujeres, en especial a las
líderes del movimiento. Basta con recordar los asesinatos de Yolanda Izquierdo, por
liderar un proceso de reclamación de tierras; y de Carmen Cecilia Santana, sindicalista del sector bananero, cuando pretendía que se le reconociese su condición de
víctima durante los procesos de la denominada ley de justicia y paz.
88
Un tercer reto que deben seguir enfrentando son las tensiones y divisiones internas,
fruto de la diversidad de apuestas ideológicas y de disensos en las estrategias
políticas (Díaz, 2002: 31).
MUJERES RURALES
Un cuarto reto se deriva de las relaciones de género presentes en el campo y en las
familias rurales. La subordinación en los hogares sigue siendo una realidad de las
mujeres, a pesar de sus avances en la movilización, organización y actuación como
actor político colectivo.
Pero de la mano de los retos que han enfrentado y siguen enfrentando, se destacan
varios logros, en especial en dos aspectos. En primer lugar, se han obtenido cambios importantes en la orientación de las políticas dirigidas a las mujeres, ya que
se ha pasado de un enfoque asistencialista y familista a enfoques más centrados
en las realidades de las mujeres y en la búsqueda de la igualdad en el campo. En
todo caso, persiste el reto de que se emprendan políticas públicas que aborden de
manera integral las necesidades e intereses de las mujeres, superando las perspectivas que se centran solamente en los aspectos económicos de la exclusión y
discriminación que padecen.
En segundo lugar, se han alcanzado avances normativos, como las leyes 30 de
1988, 160 de 1994 y 731 de 2002, que si bien no han logrado los cambios culturales necesarios para la eliminación de la triple discriminación en contra de la mujer
rural, han avanzado en el reconocimiento del papel esta como productora agrícola
y han incluido medidas destinadas a lograr su igualdad efectiva.
Con la expedición del documento Conpes 2109, en
1984, el Estado adoptó la primera “Política nacional
para la mujer campesina”, reconociendo a la mujer
como productora agrícola y agente del desarrollo.
Si bien los logros son un buen ejemplo de los avances conseguidos por las mujeres
del campo, son aún amplias las reivindicaciones que falta concretar. Así, por ejemplo, persiste la preocupación por la inequidad en el acceso a la tierra, la soberanía
alimentaria, la participación política, la exclusión social y cultural, la subvaloración
del trabajo doméstico y productivo de las mujeres, así como el tema del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos (Encuentro Nacional de Mujeres
Campesinas, 2002). El mecanismo de los préstamos otorgados para el acceso a la
tierra y las dificultades diferenciadas que enfrentan las mujeres para responder por
ellos, sigue siendo una preocupación central (Casa de la Mujer, 2010).
89
MUJERES RURALES
En este camino por posicionarse como actoras
políticas con una agenda propia, las mujeres rurales
colombianas han tenido que hacer frente a múltiples
retos, pero también han alcanzado numerosos
logros, aunque aún quedan muchas reivindicaciones
por conseguir.
A las anteriores reivindicaciones se suman aquellas derivadas de las realidades del
conflicto armado y de la victimización, con especial énfasis en el desplazamiento
forzado y el despojo, ante las cuales exigen una reparación integral y adecuada.
¡Volver a la tierra y gozar de sus derechos son reivindicaciones que anhelan miles
de mujeres campesinas colombianas!

Recuadro 3.3
Mensajes de mujeres para mujeres
“Que se animen a organizarse, porque hemos comprobado que individualmente no
hacemos nada. Cuando se unen, hacemos más”.
“Esto sigue y vamos a luchar desde ahora y para siempre. Vamos a luchar por
nuestros hijos, nietos, quienes se vengan. Prepararnos y preparar a las demás generaciones.”
Tomados de: Primer Encuentro Departamental Sabores y saberes campesinos. Avanzando en el rescate de nuestra cultura
campesina. Video Producido por la Asociación de Trabajadores
Campesinos del Valle del Cauca y la Coordinación Campesina del
Valle del Cauca. Tuluá, 2009 [Disponible en: http://www.youtube.
com/watch?v=FiDjebIxXRg].
90
L as
salidas
Propuestas y recomendaciones: ¿qué
hacer ante la discriminación?
Fotografías. Simone Bruno. Marcha.
Capítulo 4
Fotografía. Taller 5/ Andrés Paredes. Octubre 2010.
Capítulo 4
La
s
s a l i d a s
 Enfoques transversales
 Ámbitos de acción
Capítulo 4
Las
salidas
Propuestas y
recomendaciones: ¿qué hacer
ante la discriminación?
C
onforme a lo expuesto en este documento, la política pública debe
establecer mecanismos que enfrenten simultáneamente la triple discriminación que afecta a las mujeres que habitan el campo colombiano. Para que
la política tenga un potencial que sea transformador de estas discriminaciones
es necesario que se sustente en tres enfoques que orienten todas las acciones y
programas: el enfoque de género, el enfoque de derechos y el enfoque de reconocimiento de los aportes sociales y económicos de la mujer rural a la sociedad.

Ahora bien, como se evidenció en el análisis de las políticas públicas diseñadas en los
últimos años, la formulación de instrumentos de política ha avanzado en las décadas
más recientes, por lo cual resulta conveniente construir a partir de lo existente, y sobre
todo, aprovechar los escenarios normativos, institucionales y políticos disponibles5.
5 En esta medida, las políticas más recientes han tenido cinco objetivos, los cuales parecen estar bien orientados:
(1). Garantizar el acceso de las mujeres a los instrumentos de trabajo productivo. (2). Asegurar la participación de
las mujeres en proyectos productivos y generadores de ingresos. (3). Impulsar la participación de las mujeres en
organizaciones comunitarias y en los escenarios locales y nacionales de participación y de política. (4). Mejorar las
condiciones en las que se realiza el trabajo doméstico en el campo. (5). Mejorar el nivel educativo de las mujeres.
MUJERES RURALES
Sin embargo, las políticas diseñadas hasta la fecha no han sido implementadas debido a una serie de factores, entre los cuales están la falta de voluntad política (para
la implementación de las políticas del campo, en general, y para la mujer rural, en
particular); la desarticulación de las medidas; la ausencia de oportunidades para
las mujeres; la falta de modificación de las estructuras patriarcales en el seno de la
familia, las instituciones y en los escenarios de participación; así como el conflicto
armado y sus efectos, entre otras causas6.
La política, entonces, debe superar estas dificultades. Para ello, las analistas han recomendado, en primer lugar, que sea integral y no se trate de programas o medidas
aisladas. La experiencia muestra que las políticas de mujer rural se han reducido a
una sola área programática en el conjunto de la política general, con lo cual se resta
importancia al tema y se contribuye a la invisibilidad de las precarias condiciones
sociales, económicas, políticas, culturales, tecnológicas, productivas y ambientales que la sociedad colombiana ha creado para que las mujeres rurales se realicen
existencialmente en las esferas públicas y privadas. Para que esto sea posible, se
ha sugerido en varias ocasiones que la política sea transversal y no solo adscrita al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Una concepción integral del tema rural
implica trascender el tema agropecuario y generar acciones coordinadas desde
las instituciones encargadas de diseñar la política macroeconómica, de planear
y ejecutar la inversión en infraestructura, de velar por la garantía de los derechos
sociales y de impulsar determinados sectores.
En el nivel institucional también resulta fundamental que la oferta estatal se ajuste
a la demanda y no al contrario, como ha venido sucediendo hasta ahora. Para ello
el Estado debe asumir un esfuerzo presupuestal para garantizar que los programas
dirigidos a la mujer rural amplíen su cobertura (a través de una estrategia de comunicaciones amplia y de calidad), y beneficien a las que más lo necesitan (generando
6
94
Según un reciente estudio realizado por Cecilia López, Juan Ricardo Garnica y Fabiola Campillo, citado por el ministro Juan Camilo Restrepo, de toda la oferta de programas del Ministerio de Agricultura “solo se han beneficiado
126.000 mujeres aproximadamente, lo que representa menos del 10% de las mujeres activas y menos del 5% del
total de las mujeres rurales” (Restrepo, 2010).
MUJERES RURALES
las salidas
buenos sistemas de información para identificarlas y acciones pertinentes para que
puedan acceder a las convocatorias). Asimismo es necesario que los funcionarios
que hagan parte de este programa sean sensibles a la situación de las mujeres, de
tal modo que se les garantice una atención en condiciones de dignidad.
La efectividad de la estrategia asumida también depende del reconocimiento que la
inversión estatal oriente a modificar las capacidades productivas de las productoras
individuales y de las asociaciones de mujeres, y por tanto contribuya a crear las
condiciones para su sostenimiento autónomo, sea mucho más efectiva que la de
aquellos programas asistencialistas que se reducen a la transferencia de ingresos
a individuos, los cuales aumentan la dependencia del Estado porque no actúan
directamente sobre las capacidades. La política debe atacar las deficiencias de los
modelos asistencialistas con los que se ha abordado la problemática de las mujeres
rurales y las consecuencias negativas a mediano y largo plazos, que estas políticas
han tenido. En consecuencia, la política debe hacer énfasis en los modelos que
posibilitan el empoderamiento de las mujeres y sus organizaciones, su capacidad
de decisión y autonomía.
Asimismo, todos los estudios coinciden en señalar la importancia de avanzar en
la reglamentación e implementación de la Ley 731 de 2002 o Ley de Mujer Rural.
Esta norma cuenta con importantes reconocimientos políticos que se convirtieron
en promesas normativas que no han sido cumplidas, como la titulación de predios de reforma agraria a nombre de la compañera permanente dejada en estado
de abandono, la participación equitativa de mujeres y hombres en los consejos
municipales de desarrollo rural y en los consejos territoriales de planeación, y la
participación de las mujeres rurales en las juntas departamentales, distritales y
municipales de educación. En esa medida, como se verá más adelante, una acción
prioritaria que debe desarrollar el Estado colombiano es la implementación pronta
y efectiva de los programas establecidos por la Ley 731, sobre todo en lo que atañe
a la participación en los espacios de toma de decisiones.
Para articular estas expectativas y necesidades, y construir desde los modelos considerados como exitosos o promisorios, las recomendaciones que se señalan a
continuación se presentan en dos ejes distintos. Un primer eje corresponde a los enfoques transversales que deberán tener todas las medidas e instrumentos de política
95
MUJERES RURALES
que se desarrollen en materia agraria y rural, que afecten tanto al sector como a
la mujer rural. Estos enfoques deben orientar las medidas concretas hacia el objetivo de contrarrestar la triple discriminación que aqueja a la mujer rural. Por ello
los enfoques que debe tener la política (y que se explican a continuación) deben
basarse en el goce efectivo de los derechos de la mujer habitante del campo, el
reconocimiento de las diferencias de género en la sociedad y en los enclaves rurales, y en el reconocimiento de los aportes sociales y económicos de las mujeres
del campo.
En segundo lugar, las recomendaciones presentan, con base en la articulación de
estos tres enfoques transversales, ejemplos de medidas concretas. Estas medidas
se han organizado a partir de ámbitos de acción a través de los cuales se debe
incidir para alcanzar el potencial transformador que puede tener una política con
enfoque de derechos, género y reconocimiento. Los ámbitos de acción seleccionados son el fortalecimiento institucional y comunitario; el acceso a tierras, a factores
productivos complementarios y a servicios y derechos sociales; y las medidas para
contrarrestar la violencia y el desplazamiento y propiciar la reparación.
1. Enfoques transversales
1.1 Enfoque de género
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Todas las políticas dirigidas al sector rural, incluidas las de desarrollo rural equitativo, protección, restitución y dotación de tierras, deben proponerse, como un
objetivo explícito, y transversal la superación de las desigualdades de género prevalecientes en el campo colombiano. En este sentido, el enfoque de género en el
diseño de la política debe contribuir a crear mecanismos eficientes y equitativos,
que resulten incluyentes y adecuados para las mujeres, y debe verse reflejado en:
(a) la adopción y diseño de mecanismos que resulten adecuados para enfrentar
la dimensión de género de las relaciones sociales en el campo; (b) la identificación e inclusión de estrategias para enfrentar los obstáculos particulares de las
mujeres para acceder a los mecanismos diseñados; y (c) en la incorporación de
procedimientos participativos que permitan atender e incorporar la perspectiva de
las mujeres.
MUJERES RURALES
las salidas
Durante las etapas de implementación y evaluación de la política, el enfoque de
género debe verse reflejado, además, en el seguimiento de las medidas, y para
ello debe estar: (a) orientado por metas definidas a partir del goce efectivo de
derechos y el reconocimiento de afectaciones diferenciadas; y (b) concretado en
procedimientos que permitan la participación de las organizaciones de mujeres
campesinas y desplazadas, de forma que contribuyan a la verificación de los avances o retrocesos en la implementación, así como a la identificación de correctivos
en caso de ser necesarios.
En esta línea, las políticas diseñadas para enfrentar las violaciones a los derechos de
las mujeres rurales, entre ellas el desplazamiento forzado, el detrimento patrimonial
y el despojo, deben incluir un reconocimiento explícito de la dimensión de género
de estas violaciones a los derechos humanos. Dicho reconocimiento debe expresarse tanto en el diseño como en la implementación y evaluación de las políticas. En
materia de atención, por ejemplo, esto debería incluir la necesidad de contar con
funcionarios especialmente sensibilizados y capacitados en atención diferencial,
para lo cual la capacitación resulta fundamental. En materia de restitución de tierras,
esto permitiría entender los riesgos específicos de género que afrontan las mujeres,
y enfrentarlos de manera adecuada, incluso con medidas de protección.
1.2 Enfoque de reconocimiento
En segundo lugar, la política debe tener un enfoque que enfrente la falla de reconocimiento social, político, económico y cultural hacia la mujer rural (Fraser, 2000). Para
ello, la política debe partir del reconocimiento de la economía campesina como un elemento fundamental del modelo de desarrollo, y reconocer la vocación productiva de las
mujeres para hacer del campo colombiano una despensa de productos agropecuarios
para el resto de Colombia y el mundo. La mujer rural debe ser reconocida como una
actora política cuyos aportes a la construcción de la sociedad deben ser valorados.
De igual modo, la política debe otorgar un valor social y económico apropiado al
trabajo realizado por las mujeres del campo y debe corregir las políticas estatales
y prácticas sociales que han desconocido la interdependencia existente en las unidades campesinas entre el trabajo productivo y las funciones reproductivas de las
que se encargan las mujeres.
97
MUJERES RURALES
Este enfoque de reconocimiento debe propiciar, en forma consistente, condiciones
macroeconómicas, sectoriales y de seguridad adecuadas para que esta vocación
productiva de las mujeres rurales pueda desarrollarse plenamente.
Asimismo, la política debe proyectarse bajo el entendimiento de que la participación efectiva es una medida necesaria para corregir las fallas de reconocimiento. La
política debe tener la meta de superar la baja representatividad que los intereses del
campesinado tienen en el seno de las principales instituciones del Estado (debe reconocer también las particularidades de la economía campesina, y entender que la
lógica comunitaria de las comunidades rurales es distinta a la de la agroindustria).
De igual modo, la acción del Estado debe resaltar y promover el papel de las mujeres rurales en sus distintas funciones como: creadoras de cultura y depositarias de
saberes transmitidos por generaciones que hacen parte fundamental de las comunidades rurales y que además son esenciales para la racionalidad de la economía
campesina; defensoras de la forma de vida campesina, resistiendo a través de sus
prácticas cotidianas, y custodiando a diario el entorno en el que viven; actoras
sociales que tejen a diario las relaciones con otros habitantes rurales y que le dan
sentido a la vida en comunidad; personas con anhelos, que requieren oportunidades para realizar su proyecto de vida; y ciudadanas de pleno derecho que deben
cooperar con los demás en la construcción de un proyecto inacabado de nación.
1.3 Enfoque de derechos
El tercer enfoque de la política, potencia los dos anteriores, es el de derechos.
La política de tierras destinada a las mujeres debe partir de una fundamentación
jurídica basada en las obligaciones nacionales e internacionales sobre derechos
humanos que el Estado ha adquirido. Esto requiere que los programas que se diseñen para cumplir con estas obligaciones se desplieguen a través de estrategias de
largo plazo, con procesos fuertes de acompañamiento y participación comunitaria,
que trasciendan la simple transferencia de recursos por una sola vez y logren resistir los cambios de gobierno.
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Así mismo, la intervención estatal, para consolidar la democracia rural, debe guiarse por una amplia concertación en lo regional y la convocatoria de los múltiples
MUJERES RURALES
las salidas
actores a las principales instancias de planeación y toma de decisiones. En este
sentido, la participación, al igual que en los enfoques de género y reconocimiento,
es una herramienta poderosa para alcanzar este objetivo.
Este enfoque debe buscar restaurar o permitir el acceso a la ciudadanía plena de la
mujer rural y el pleno goce de todos sus derechos. El enfoque de derechos debe
estar orientado al reconocimiento de las violencias ejercidas contra la mujer y los
impactos diferenciados de la violencia en las mujeres. El goce efectivo de derechos, tanto de mujeres victimizadas por el conflicto armado y el desplazamiento
forzado, como de mujeres víctima de cualquier tipo de violencia, debe ser el eje
orientador de las acciones y programas.
2. Ámbitos de acción
2.1. Fortalecimiento institucional
a. Diseño institucional
 Frenar el proceso de desinstitucionalización del sector agropecuario por
parte del Estado, rescatando aquellos programas exitosos que en el pasado
adelantaban el SENA; las desaparecidas unidades regionales de planificación agropecuaria; el Programa de Desarrollo Rural Integral (DRI); el Instituto
de Desarrollo de los Recursos Naturales (Inderena); el Incora; el IICA y el
Ministerio de Agricultura; y las entidades financieras de carácter público o
mixto del sector, en materia de oferta crediticia enfocada a la población rural
femenina.
 Hacer un balance de la oferta de la institucionalidad disponible para la mujer
rural y de la capacidad institucional para proporcionar dicha oferta, y aquella necesaria para implementar nuevos programas o la ampliación de los existentes.
 Establecer la equidad de género en el sector rural como uno de los objetivos
que definan la asignación de recursos del gobierno central a los gobiernos territoriales, en el que se incluya un porcentaje de la inversión en infraestructura.
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MUJERES RURALES
b. Coordinación institucional
 Contrarrestar la falta de articulación de las iniciativas y programas, a través
de la designación de una entidad centralizada que coordine la oferta institucional nacional en el tema de mujer rural.
 Crear una división especializada en las respectivas entidades más descentralizadas (como Acción Social) encargadas de la protección efectiva a los
derechos de las mujeres rurales.
 Tener asiento en la Mesa de incidencia política de las mujeres rurales colombianas, que es una instancia interinstitucional de coordinación de la
política agropecuaria.
c. Participación efectiva y cualificada
 Superar la baja representatividad que los intereses del campesinado tienen en el
seno de las principales instituciones del Estado, para lo cual es necesario reconocer las particularidades de la economía campesina y entender que la lógica
comunitaria de las comunidades rurales es distinta a la de la agroindustria.
 Establecer mecanismos de participación adecuados. Un esquema que podría inspirar su diseño es el adoptado a partir del seguimiento a las órdenes impartidas en
el auto 092 de 2008, en el que varias organizaciones de mujeres y de desplazados
han aunado esfuerzos de manera permanente para ofrecer insumos para la estructuración de los trece programas de política pública ordenados para garantizar los
derechos de las mujeres, y evaluar el avance del gobierno en su adopción.
 Propiciar el fortalecimiento de la autonomía de la mujer rural mediante la
incidencia en organizaciones comunitarias. Para ello la política debe comprometerse con la consolidación de sus movimientos dándole un mayor
alcance a su incidencia en los consejos comunitarios rurales.
 Reglamentar e implementar la Ley de Mujer Rural, que obliga a garantizar
100
equidad de género en la representación de la sociedad civil en todos los es-
MUJERES RURALES
las salidas
pacios locales de decisión. Esta reglamentación debe articularse con otras
medidas legislativas, tanto del sector, como del tema de mujer en Colombia,
entre ellas: plan nacional de desarrollo 2010-2014, Ley de Economía del
Cuidado de 2010, ley de víctimas y restitución de tierras, construcción de la
política pública nacional de equidad de género, proyecto de ley de desarrollo rural y auto 092 de la Corte Constitucional.
 Avanzar en la realización de programas específicos dirigidos a organizaciones de mujeres rurales, a través de las secretarías de Desarrollo Comunitario
o las juntas administradoras locales, para ampliar la base femenina del movimiento campesino.
 Propender por la participación de las organizaciones de mujeres rurales es
otro objetivo de los programas de desarrollo rural dirigidos a las mujeres.
 Fortalecer los mecanismos de prevención para evitar la revictimización de las
organizaciones de mujeres que han sido afectadas por el conflicto armado,
para brindar así las condiciones necesarias para que no haya restricciones a
su participación, por parte del Ministerio del Interior, en coordinación con la
Fuerza Pública.
 Buscar las alianzas entre las organizaciones de mujeres rurales y academia,
las ONG y los organismos técnicos de cooperación internacional como el IICA
o acompañar el diseño, la gestión y la ejecución de políticas e iniciativas
propias de las organizaciones, alianzas que podrían ser impulsadas por el
mismo Estado.
d. Sistemas de información
 Construir estadísticas de acuerdo con obligaciones internacionales, que
den cuenta en forma progresiva de mayores aspectos relevantes de la situación de las mujeres rurales acordes con los estándares internacionales
de medición, a cargo del Estado. El levantamiento de información sobre el
goce efectivo de derechos de las mujeres rurales, en relación con los territorios, puede significar un valioso aporte para contribuir también a superar
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MUJERES RURALES
la poca visibilidad que tradicionalmente se le ha dado a la situación de la
mujer rural.
 Contar toda la oferta de programas estatales dirigida al sector rural con información sobre los beneficiarios diferenciada por sexo. En cumplimiento de
la Ley 731, el Incoder llevará registros actualizados de titulaciones de tierras
con diferenciación de género.
 Crear un sistema de información completo sobre la situación del empleo de
la mujer rural, administrado por un observatorio que tenga incidencia en la
formulación de la política sectorial. Este sistema debe permitir la identificación de aquellas actividades rurales que mayor empleo femenino generan.
 Realizar en los observatorios laborales locales un monitoreo permanente del
comportamiento de la demanda de trabajo para asegurar la pertinencia sobre
la formación brindada, y ofrecerle la información apropiada a los centros de formación para que sea desde allí que se asegure la reubicación laboral de las
personas ya capacitadas. Esto contribuye al doble objetivo de reducir el desempleo femenino en el sector rural y de responder a las exigencias de capital
humano del sector productivo, mejorando así la competitividad de los empresarios colombianos.
 Mejorar los sistemas de información disponibles, tanto en materia de población, como de predios y medidas de protección. En particular, es clave
disponer de información que identifique el sexo y otras variables relevantes,
como la pertenencia a minorías étnicas.
 Cruzar las diferentes bases de datos que existen sobre desplazamiento for-
102
zado, ya que el Estado dispone actualmente de los insumos para ello. Es
preciso identificar las personas que han reportado bienes abandonados en el
registro único de población desplazada (RUPD) y que no aparecen registrados
en el registro único de predios y territorios abandonados por causa de la
violencia (RUPTA), es decir, las personas que a pesar de requerir las medidas
de protección de tierras todavía no las han solicitado. Estas personas representan el déficit del Estado en materia de protección de bienes inmuebles
MUJERES RURALES
las salidas
de la población desplazada. Por tanto, una vez sean identificadas, sería conveniente iniciar un proceso de localización de las mismas para indagar sobre
la situación de las tierras que abandonaron y reconocer, de paso, cuáles son
los bienes que el Estado tiene la obligación de restituir. En este ejercicio
probablemente podrán protegerse los derechos de la tierra de mujeres rurales, miembros de familia y cabezas de hogar, que no han solicitado medidas
de protección. En este sentido, las mujeres que han encontrado obstáculos
para acceder a la institucionalidad para reclamar sus derechos, tendrán plenas garantías por parte del Estado para acceder a las medidas de reparación
contempladas para las víctimas de la violencia que han sufrido afectaciones
en su patrimonio.
 Incluir en la reglamentación de la Ley del Cuidado, las actividades propias
de las mujeres campesinas en las unidades productivas familiares como
parte del trabajo de hogar no remunerado, para que sea incorporado en las
cuentas nacionales.
 Considerar la incorporación, en las reformas financieras que tramite el Congreso,
la obligación de que las entidades bancarias reporten a la Superintendencia
correspondiente la información sobre servicios prestados diferenciada por
zona de procedencia y género de los beneficiarios.
 Reforzar los intercambios de información entre los gremios, las empresas rurales y el Servicio Nacional de Recurso Humano (SNRH) del SENA en lo local.
El SNRH puede a su vez buscar formas de divulgar la información sobre puestos de trabajo vacantes a través de las autoridades municipales, las juntas de
acción comunal y las organizaciones de mujeres rurales. Esto puede ayudar
a reducir el componente friccional del desempleo femenino en el mercado
laboral rural.
e. Acceso a tierras
 Establecer asignaciones mínimas de gasto para la titulación de tierras a mujeres rurales o establecer un porcentaje mínimo de beneficiarias mujeres en
los programas de las entidades del sector agropecuario.
103
MUJERES RURALES
 Reforzar la titulación a la mujer, y a la pareja en los casos en que los derechos
sobre la tierra son compartidos. Los programas de titulaciones deben fortalecer el componente de titulación preferente a mujeres cabezas de hogar.
 Garantizar que el Estado asuma la carga en los procesos de titulación a
mujeres y brinde acompañamiento integral con posterioridad a la adjudicación. Los procesos de adjudicación deben estar acompañados de medidas
destinadas a que las mujeres puedan explotar las tierras en términos económicos. Esto incluye capacitación, concesión de créditos y facilidades
para que puedan invertir en adecuaciones e insumos para la producción.
Además, las medidas de adjudicación deben estar acompañadas también de
mecanismos ágiles que permitan la protección de la tierra frente a amenazas
y otros riesgos específicos que enfrentan las mujeres.
 Asegurar que los procesos de titulación tengan una amplia difusión previa, a
través de organizaciones comunitarias; también brindar asesoría jurídica en
condiciones de dignidad y hacer más laxos los procedimientos de prueba
sobre los derechos adquiridos.
2.2 Acceso a factores productivos complementarios
a. Programas estatales complementarios
 Orientar el objetivo principal de la política para buscar que la permanencia
de la mujer rural en los territorios sea económicamente viable y rentable.
Para que esto sea posible es prioritario reglamentar e implementar la Ley
731 de 2002. La Alta Consejería para la Equidad de Género, o quien se
encargue de centralizar la coordinación de las acciones, debe liderar una
agenda que logre comprometer a las demás instituciones en la implementación de la ley. Asimismo, las instituciones de control deben tener un papel
activo en exigir la pronta reglamentación de la ley.
 Fortalecer la ejecución y la búsqueda de fuentes de recursos para el Fondo
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de Fomento para las Mujeres Rurales (Fommur). En las convocatorias para
financiar emprendimientos productivos con los recursos del Fommur debe
MUJERES RURALES
las salidas
tenerse en cuenta las dificultades que tienen las mujeres rurales para formular proyectos con amplios requisitos técnicos. Además de flexibilizar
los requisitos de presentación de los proyectos, es conveniente que las
autoridades locales inviertan recursos para que agrónomos y personas especializadas en la formulación de proyectos asesoren a las mujeres rurales
para presentarse a las convocatorias.
 Recuperar y ampliar las líneas de crédito dirigidas a las mujeres rurales, en
entidades financieras públicas o mixtas, con una importante destinación de
recursos es una tarea del Estado.
 Iniciar una campaña por parte de la Superintendencia Financiera para que
las entidades de carácter privado se comprometan a fortalecer la oferta
crediticia, con condiciones favorables para las mujeres. La publicación de
estadísticas diferenciadas por género y por sector sobre la oferta de servicios financieros en el país también puede ser un insumo importante para
identificar dónde debe fortalecerse la oferta pública de crédito para las mujeres rurales.
 Fomentar redes asociativas de producción, en actividades agrícolas y de otro
tipo, que fortalezcan el arraigo, la cultura y la viabilidad económica de los emprendimientos campesinos en los que la mujer tenga una amplia participación.
b. Empleo rural femenino
 Brindar apoyo prioritario a proyectos productivos con un componente alto de
mano de obra femenina asalariada. En vista de la baja incidencia del empleo
asalariado femenino en el sector rural, las acciones afirmativas deberían
dirigirse, principalmente, a nuevos emprendimientos.
 Otorgar subsidios sujetos a la ampliación de puestos de trabajo femenino, o
beneficios tributarios o cambiarios temporales para fomentar la contratación
de mujeres a cargo de las empresas comunitarias que las empleen. Esta
orientación de la política fiscal, tributaria y cambiaria, incluso puede aplicarse a empresas rurales donde el empleo femenino no sea particularmente
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MUJERES RURALES
intensivo, para combatir así la división del trabajo por género y los prejuicios
que conducen a discriminar a la mujer rural en el mercado laboral, todos
estos en condiciones de dignidad, con estabilidad y seguridad social.
 Complementar estas medidas con un sistema de incentivos del lado de la demanda, que asegure la rentabilidad de actividades con un alto componente de
mano de obra rural femenina, o de emprendimientos de mujeres rurales. Entre
los componentes de este sistema puede pensarse en subsidios contra la exclusión de género a las compras de productos adquiridos de empresas comunitarias
conformadas principalmente por mujeres rurales, campañas de difusión de sus
productos o, incluso, en un paquete de medidas de política tributaria y comercial que le den un tratamiento privilegiado a esta clase de emprendimientos.
 Ampliar las capacidades de las mujeres para sustituir las cargas que deben
asumir en el papel reproductivo por el tiempo que pueden dedicar al trabajo
productivo, a través de la oferta pública de educación preescolar donde otras
mujeres rurales sean contratadas como asalariadas en condiciones de dignidad,
lo cual puede incrementar los ingresos de las mujeres rurales y su autonomía.
 Crear un programa de empleo de emergencia, con especial énfasis en las
mujeres rurales y los jóvenes del campo, mediante el cual se movilicen trabajadores para una reconstrucción transformadora de las zonas rurales más
afectadas por desastres naturales.
 Fortalecer la inspección de trabajo en el ámbito rural con énfasis especial en el
cumplimiento del principio de trabajo igualitario, salario igual entre géneros.
c. Alianzas con gremios y sociedad civil
 Propiciar que los gremios, los sindicatos, las ONG y las organizaciones y redes
de mujeres, contribuyan a fortalecer el compromiso de los empresarios rurales
y de las organizaciones de trabajadores con la equidad de género en el campo.
 Alentar programas de responsabilidad social empresarial con enfoque de
106
género, orientados al logro de compromisos en términos de: ampliación
MUJERES RURALES
las salidas
del número de mujeres contratadas; no discriminación; facilidades para la
conciliación entre la vida laboral y familiar (con la apertura de guarderías financiadas por las empresas); apoyo para la adquisición de vivienda; acceso
a servicios de salud y educación para los hijos; programas de capacitación
para el trabajo; y desarrollo de actividades comunitarias acordes con los
intereses de las mujeres rurales.
 Liderar, a través de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer,
Acción Social, Proexport y el Ministerio de Agricultura, una agenda con los
gremios y los sindicatos para lograr comprometerlos en la superación de la
desigualdad de género prevaleciente en el mundo rural. Un programa de certificación de empresas con responsabilidad de género, una vez estas cumplan
con ciertas exigencias que beneficien a las mujeres rurales, constituye una
vía importante para que desde el Estado se logre el compromiso necesario
del sector privado. Un tratamiento diferencial en términos de apoyo para
acceso a mercados, a convocatorias de los programas del Ministerio de
Agricultura o a beneficios tributarios, puede ser el incentivo adecuado para
que las empresas realicen esfuerzos para lograr esta certificación.
 Extender también a las regiones la responsabilidad social con enfoque de
género. Las autoridades locales pueden liderar procesos para garantizar que
los distintos actores, partícipes en el desarrollo rural, se comprometan con
reivindicaciones de género, con el incentivo de que el municipio o el departamento recibirá un reconocimiento por el compromiso con la inclusión de
las mujeres rurales (Premio Nacional por la Equidad de Género). Este reconocimiento (que bien podría ser simbólico o implicar una ayuda en términos
monetarios, en financiamiento de obras de infraestructura, etcétera) puede
ser una iniciativa del gobierno nacional en convenio con organismos de
cooperación internacional comprometidos con la equidad de género o con
ONG nacionales interesadas en el tema.
 Estimular la participación de las organizaciones de mujeres en el diseño e implementación de las diferentes políticas públicas y programas que favorezcan
las condiciones de vida de las mujeres rurales, incluidas indígenas, afrodescendientes, campesinas; incluyendo las políticas contra el desplazamiento
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MUJERES RURALES
forzado y a favor del reconocimiento de los derechos de las víctimas del
conflicto armado. De igual modo, es importante fomentar la participación de
las organizaciones y redes de mujeres rurales en el diseño e implementación
de las políticas sectoriales, como salud y educación, que permita garantizar
su perspectiva (intereses y necesidades) en dichas políticas.
d. Alianzas con la academia e investigación para el desarrollo
 Valorar la política rural, desde el punto de vista ambiental, las prácticas
productivas de la economía campesina, y de la mujer rural en particular.
La cooperación internacional o Colciencias pueden abrir un campo de investigación en este sentido, que permita replicar las buenas prácticas y
reivindicar los aportes de la economía campesina y de la mujer en la prevención del deterioro ambiental. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
en asociación con el de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial pueden
generar programas de fomento para extender las buenas prácticas en materia
ambiental que realizan las mujeres rurales.
 Promover, en el grupo de expertos creado en el proyecto “Conocimiento y
cambio en pobreza rural y desarrollo” del Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural (RIMISP), líneas de investigación sobre maneras de superar
los niveles de pobreza que afectan a las mujeres rurales para realizar propuestas sustentadas para combatir la pobreza rural en Colombia.
2.3 Acceso a servicios y derechos sociales
a. Salud sexual y reproductiva
 Fortalecer las acciones del convenio establecido entre Acción Social y el
108
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), para incorporar contenidos de salud sexual y reproductiva con enfoque de género, y enfoque
poblacional con énfasis en adolescentes y jóvenes en la estrategia nacional
de la Red Juntos (ahora Red Unidos). Este convenio puede profundizarse para
incorporar logros con enfoque de género como parte de la estrategia más importante que el Estado tiene actualmente para reducir la pobreza, e identificar
MUJERES RURALES
las salidas
acciones complementarias para combatir los patrones de discriminación por
género en las familias de las zonas rurales que generan un impacto desproporcionado de la pobreza sobre ellas.
 Complementar estas acciones educativas con estrategias para garantizar
acceso gratuito a métodos anticonceptivos para los habitantes rurales. Las
alianzas público-privadas con instituciones como Profamilia pueden ser una
opción adecuada para asegurar que este tipo de programas lleguen masivamente a los habitantes rurales, sin necesidad de invertir grandes recursos
para lograr presencia institucional en las regiones más apartadas.
b. Medidas educativas, de difusión y concientización
 Extender la cobertura del programa de apoyo a la población rural dispersa
del ICBF, e involucrar una dimensión de género para que, en la intervención realizada, haya una sensibilización de los miembros de familia sobre
la importancia del papel de la mujer, del respeto que merece y del fortalecimiento de su autonomía. Las medidas de sensibilización deben ser
orientadas a la satisfacción de los derechos de las mujeres, la prevención
de violencias basadas en género, el reconocimiento de los aportes de las
mujeres rurales a la economía rural, el fortalecimiento de liderazgos, entre
otros. Este programa debe convertirse en un elemento adicional de una cadena de intervenciones integrales, junto a medidas de desarrollo rural en
coordinación con otras entidades, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural.
 Extender la cobertura del proyecto de educación rural del Ministerio de
Educación, que se ha financiado con recursos del Banco Mundial, e incorporar elementos de salud sexual y reproductiva, sensibilización frente a la
discriminación por motivos de género y acciones orientadas al fortalecimiento de la autonomía y la confianza de las niñas rurales.
 Invertir en educación técnica y superior con un enfoque para el desarrollo
agropecuario, con miras a que las y los jóvenes rurales no tengan que salir
de sus territorios en búsqueda de oportunidades.
109
MUJERES RURALES
 Ofrecer alternativas de formación acorde con las necesidades productivas
de las regiones, a cargo del SENA, después de concertar en las mesas
regionales, y con amplia participación de todos los actores, cuáles van
a ser los sectores estratégicos que deben impulsarse. La búsqueda de
compromisos por parte del SENA, en términos de equidad de género en el
acceso a los programas de formación y la divulgación de estadísticas que
permitan monitorear el cumplimiento de estos compromisos, debe ser
un elemento esencial de la agenda de equidad de género en lo rural que
asuma el Estado.
 Difundir, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, el
aporte social y cultural de las mujeres rurales. En este sentido, se puede
fortalecer la iniciativa de Radios Ciudadanas, y del programa “Derechos en
palabras de mujer”.
 Realizar campañas culturales que sensibilicen a los hombres sobre la necesidad de eliminar los prejuicios patriarcales y fortalecer las instancias de
denuncia y sanción social de maltrato contra las mujeres en los ámbitos
familiar y comunitario.
c. Seguridad social
 Analizar la viabilidad de establecer mecanismos de pensiones no contributivas o modelos mixtos para las mujeres rurales, en las que se tenga en cuenta
el trabajo realizado en el hogar para sumarlo a las semanas requeridas para
pensionarse, y como una manera de compensar el trabajo no reconocido
de las mujeres en el campo colombiano, una vez se disponga de la cuenta
satélite que creó la Ley del Cuidado para medir el trabajo de hogar no remunerado, lo que por supuesto sería conveniente.
2.4 Violencia, desplazamiento forzado y restitución
 Mitigar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres frente a
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la protección de los inmuebles. Opciones en este sentido han sido propuestas por Meertens (2005), quien señala las siguientes: (a) que la declaratoria
MUJERES RURALES
las salidas
de inminencia de riesgo cubra también los predios ubicados en los cascos
urbanos; (b) que se brinden garantías para la participación de las mujeres en
los comités territoriales de atención a población desplazada, en representación de las organizaciones sociales que toman parte en dichos comités, así
como en la elaboración de los informes de predios.
 Diseñar mecanismos de protección de la tierra que tengan en cuenta las
desventajas que enfrentan las mujeres, en especial las viudas o aquellas
cuyo marido o compañero haya desaparecido, por no contar con papeles
para comprobar su relación marital y su posesión sobre la tierra.
 Diseñar mecanismos que permitan a las mujeres, en especial a las que sean
cabeza de familia, acceder a títulos de propiedad, en cuanto a las medidas
de protección tomadas con posterioridad a la declaratoria de riesgo, con el
fin de regularizar la tenencia de la tierra. Entre estos mecanismos podrían
incluirse medidas como bajar los precios de las escrituras, realizar brigadas
móviles de registro y capacitar a los funcionarios (Meertens, 2005, 65).
 Incluir en la legislación, mecanismos que flexibilicen los estándares de
prueba en materia de la titularidad o la relación con la tierra. Algunas de
las medidas que se deben adoptar podrían ser el reconocimiento del testimonio, la suficiencia de la prueba sumaria para iniciar la reclamación y el
traslado de la carga probatoria al tenedor del predio en disputa (Merteens:
2009). Además, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre
Desplazamiento Forzado ha desarrollado una serie de presunciones que
permitirían la inversión de la carga de la prueba a favor de la población
desplazada por la violencia en los procesos de restitución, y que tienen
como presupuesto su aplicación diferencial, con el fin de garantizar la favorabilidad en la interpretación en pro de los sujetos de especial protección
constitucional, como las mujeres y los niños. Dichas presunciones son básicamente cuatro: (a) presumir la buena fe del reclamante desplazado; (b)
diferenciar la calidad de los presuntos responsables del despojo (grupos
armados, terceros de buena fe y Estado); (c) presumir falla en el servicio e
introducir la teoría de la carga dinámica de la prueba; y (d) aplicar la presunción de pleno derecho de los principios Pinheiro.
111
MUJERES RURALES
 Adoptar medidas efectivas de protección para la vida e integridad física de
las mujeres que participan en los procesos judiciales y administrativos de
restitución de tierras, así como de aquellas que realizan reivindicaciones
políticas sobre sus tierras.

112
Anexos
Fotografías. Simone Bruno. Huila.
Fotografía. Acnur/ M. Rodríguez.
Anexos
 Anexo 1
1961
1967
1984
1988
1994
Ley 135
Decreto 755
Conpes 2109
Ley 30
Ley 160
Por la cual se crea el sistema nacional de reforma
agraria y desarrollo rural campesino, se establece un
subsidio para la adquisición de tierras y se reforma el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Por la cual se modifican y adicionan las Leyes 135 de
1961, Primera de 1968 y Cuarta de 1973 y se otorgan
unas facultades al Presidente de la República.
Política sobre el papel de la mujer campesina en el
desarrollo agropecuario.
Por el cual se crea la Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos, ANUC .
Sobre reforma social agraria.
Sobre reformas civiles (régimen patrimonial en el
matrimonio)
1932
Ley 28
Título
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos
de la ONU .
Año
ANUC ,
por
Vigente en la actualidad. Dejó de regir mientras estuvo vigente la Ley
1152 o Estatuto de Desarrollo Rural (2007-2009).
Define la estructura y funciones del Instituto Colombiano de Reforma
Agraria (Incora). Redefine las modalidades y condiciones para la adjudicación de tierras.
Primera política pública específica frente a las mujeres campesinas.
Se crea la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos,
iniciativa del Gobierno nacional.
Se crea el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora). En la
misma se determinan, entre otros temas, las funciones para la extinción de dominio de tierras incultas, y procesos de titulación de baldíos
nacionales y de colonización.
Suprime la potestad marital. Reconoce el derecho de cada uno de
los cónyuges a tener la libre administración de los bienes dentro del
matrimonio.
Establecen el marco de los derechos de los desplazados internos y
las obligaciones estatales.
Observaciones
Principales instrumentos legales nacionales e internacionales mencionados en el cuaderno
Principios Deng
Legislación
jurisprudencia
Anexo 1.
116
1995
1997
2000
2001
2002
2004
Ley 387
Decreto 2569
Decreto 2007
Ley 731
Sentencia T-025
Año
Decreto 2164
Legislación
jurisprudencia
Acción de tutela instaurada por Abel Antonio Jaramillo,
Adela Polanía Montaño, Agripina María Núñez y otros,
contra la Red de Solidaridad Social, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, y los
ministerios de Hacienda y Crédito Público, Protección
Social y Agricultura y otras entidades.
Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales.
Reglamenta parcialmente los artículos 7, 17 y 19 de
la Ley 387 de 1997, en lo relativo a la oportuna atención a la población rural desplazada por la violencia,
dentro del retorno voluntario a su lugar de origen o
de su reasentamiento en otro lugar y se adoptan medidas tendientes a prevenir esta situación.
Reglamenta la Ley 387 de 1997.
Por la cual se adoptan medidas para la prevención
del desplazamiento forzado; la atención, protección,
consolidación y estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia en la República
de Colombia.
Reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley
160 de 1994, en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para
la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en el territorio
nacional.
Título
En esta sentencia, la Corte Constitucional declara el “estado de cosas
inconstitucional” que persiste en la actualidad.
Esta legislación elimina obstáculos en planes, programas o proyectos
que limiten la posibilidad de ser propietarios.
Establece la ruta de protección colectiva de tierras, mediante la cual,
un comité departamental o municipal de atención integral a la población desplazada puede declarar una parte de su territorio como zona
de desplazamiento forzado o de inminencia de riesgo. Vigente en la
actualidad.
Establece el funcionamiento de los comités territoriales de atención
integral a la población desplazada.
Primer instrumento legal del país para responder al desplazamiento forzado. Incluyó el artículo 19, que crea un sistema nacional de
registro de tierras abandonadas, y el 27, que establece la imprescriptibilidad de los inmuebles abandonados por los desplazados.
Vigente en la actualidad para el inicio de procedimientos de reconocimiento legal de los territorios de comunidades indígenas.
Observaciones
MUJERES RURALES
2005
2007
2007
2008
2009
2009
Principios Pinheiro
Ley 1152
Auto 092
Decreto 2000
Sentencia C-175
Año
Inconstitucionalidad del Estatuto de Desarrollo Rural.
Ley 1152 de 2007.
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo
26 de la Ley 1151 de 2007 en lo relacionado con el
subsidio integral para la adquisición de tierras, se establecen los procedimientos operativos y se dictan
otras disposiciones.
Protección de los derechos fundamentales de las
mujeres desplazadas por el conflicto armado o en
riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la
sentencia T-025 de 2004.
Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural,
se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural (Incoder), y se dictan otras disposiciones.
Principios sobre la restitución de las viviendas y el
patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas.
Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados
al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan
otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
Título
Esta ley es declarada inconstitucional por no adelantar el proceso de
consulta previa de comunidades indígenas y afrocolombianas que se
prevé en el Convenio 169 de la OIT.
En este decreto se establece el mecanismo de convocatoria abierta
para la solicitud de subsidios para el acceso a tierras. Básicamente,
se establece que se deben presentar proyectos en los que se estipule
el proyecto productivo que se va a llevar a cabo en el predio que se
pretende adquirir.
La Corte encuentra que la situación de las mujeres desplazadas es
una de las más dramáticas del “Estado de cosas inconstitucional declarado” y, en consecuencia, ordena la creación de trece programas
de política pública para atender dicha población.
El Estatuto tuvo una vigencia de dos años (2007-2009). Declarado
inconstitucional en 2009 por no haber sido consultado a las comunidades negras e indígenas.
Establecen el marco de los derechos de los desplazados internos y refugiados a la restitución o indemnización de sus viviendas y patrimonio.
Denominada ley de justicia y paz, vigente en la actualidad.
Observaciones
Ley 975
Legislación
jurisprudencia
MUJERES RURALES
117
MUJERES RURALES
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MUJERES RURALES
Glosario de siglas
Acción Social Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional
ACEP
Asociación Colombiana para el Estudio de la Población
Anmucic
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de
Colombia
ANUC
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
ANUC-UR
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-Unidad y
Reconstrucción
ASDI
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Cedaw
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer
Cepal
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CID
Centro de Investigación para el Desarrollo de la
Universidad Nacional
Cides
Posgrado en Ciencias del Desarrollo (Universidad Mayor de
San Andrés, Bolivia)
Cinep
Centro de Investigación y Educación Popular
CNRR
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
Codhes
Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento Forzado
Colciencias
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología “Francisco José de Caldas”
Conpes
Consejo Nacional de Política Económica y Social
DANE
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DeJusticia
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