Lee el informe de investigación de Colombia aquí

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Basta de
violencia:
derechos de
las mujeres
y seguridad
en línea en
Colombia
Basta de violencia: derechos de
las mujeres y seguridad en línea
en Colombia
Investigación
Reporte de Colombia sobre las violencias contra las mujeres relacionadas
con la tecnología, realizado durante el primer semestre de 2014. Esta investigación es coordinada a nivel global por la Asociación para el Progreso de
las Comunicaciones (APC), forma parte del proyecto “Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea”, financiado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores de los Países Bajos (DGIS) y es implementado en alianza
con organizaciones socias de siete países: Bosnia y Herzegovina, Colombia,
República Democrática del Congo, Kenya, México, Paquistán y Filipinas.
Para mayor información visite GenderIT.org y ¡Dominemos la tecnología!
Asociación para el Progreso de las
Comunicaciones APC
Directora ejecutiva
Anriette Esterhuysen
Gerente del Programa de
Colnodo
Director
Julián Casasbuenas G.
Coordinadoras del proyecto, de la
investigación y compilación del libro
derechos de las mujeres
Olga P. Paz Martinez
Jac sm Kee
Beatriz Alarcón
Coordinadora del proyecto
Jan Moolman
Investigadoras
Claudia Ramírez Cardona
Asistente del proyecto
Tarryn Booysen
Coordinadora regional del Programa
de derechos de las mujeres
Dafne Sabanes Plou
Marina López Sepúlveda
Ana María Acosta Millán
Corrección de estilo
Mónica Juliana Correa
Diseño y diagramación
María del Rosario Ortiz G.
Septiembre de 2015
Bogotá, Colombia
Licencia Creative Commons Attribution
3.0 License creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0
ISBN 978-958-58738-3-4
Agradecimientos
Colnodo agradece de manera especial a las 4 mujeres que
compartieron sus historias para la documentación de los casos, por su disposición para narrar las violencias de las cuales
fueron víctimas a través de los medios digitales y contribuir
con ello a ampliar la comprensión de esta problemática y
buscar mecanismos de prevención y respuesta para las violencias contra las mujeres en los espacios digitales.
También agradece a las siguientes personas y empresas
por contribuir con entrevistas para este trabajo:
Elsa Botero, Gerente de Asuntos Comunitarios de Microsoft en Colombia.
Paula Hernández, Líder de Responsabilidad Social de la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.
Ana Lucía Lenis, Gerente de Asuntos Gubernamentales
para la Región Andina de Google.
María Fernanda Ardila, quien al momento de realizar la
investigación era la Subdirectora de Cultura Digital de la Dirección de Apropiación del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
Se extiende este agradecimiento a todas las entidades y
personas que han hecho posible la realización de esta investigación.
Tabla de contenidos
Presentación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Capítulo 1
Revisión del marco normativo existente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Capítulo 2
Análisis de los casos documentados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Principales efectos de las violencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Actores clave y su respuesta a la violencia
digital contra las mujeres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dinámica de la justicia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Capítulo 3
Casos documentados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Antonia es víctima de la desprotección de las
defensoras de derechos humanos en Colombia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Irene hace valer su derecho a no ser
confrontada con su agresor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Martha se enfrenta a la cultura
de la impunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Alejandra termina su relación pero
la violencia continúa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Capítulo 4
Recomendaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Sobre esta investigación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Presentación
Colnodo presenta esta investigación realizada en Colombia durante el primer semestre del 2014 con el fin de contribuir al análisis sobre las violencias contra las mujeres a través
de las TIC, generar opinión en el tema y especialmente buscar
alternativas conjuntas entre diversos sectores que permitan
la disminución de las violencias en los espacios digitales donde las mujeres siguen siendo las principales víctimas.
Sin duda, muchas de las prácticas sexistas, clasistas y discriminatorias tan comunes y socialmente aceptadas en el mundo
físico, han inundado los espacios virtuales; el reenvío de violencias y la difusión de abusos son patrones frecuentes para controlar la vida de las mujeres, para, intimidarlas, silenciarlas o impedir que sus luchas y reclamos sean difundidos y escuchados.
Se espera que esta investigación contribuya al reconocimiento de las violencias contra las mujeres en internet, las
afectaciones que viven las víctimas, las rutas de atención
para denunciar, la actitud y rol de las personas encargadas de
atender a las mujeres, la ruta que sigue la denuncia, el castigo
o la impunidad de los agresores y al final, la manera como las
mujeres, incluso siendo revictimizadas por su familia y por las
autoridades, de forma valiente se enfrentan a una situación
cada vez más común en Colombia y que no por ello debe naturalizarse.
Este trabajo se realiza como parte de la investigación sobre violencias digitales contra las mujeres, en el marco del
proyecto global “Basta de violencia: derechos de las mujeres
y seguridad en línea” coordinado por la Asociación para el
Progreso de las Comunicaciones (APC) y en Colombia por Colnodo. Se comparten aquí los resultados de la investigación
que explora las posibles soluciones para las mujeres víctimas
y sobrevivientes de las diferentes formas de violencias contra
las mujeres (VCM) relacionadas con la tecnología.
El proyecto “Basta de violencia: Derechos de las mujeres y
seguridad en línea” se desarrolla en siete países: México, Co-
lombia, República Democrática del Congo, Kenya, Filipinas,
Pakistán y Bosnia-Herzegovina.
Colnodo participa en este proyecto como parte del Programa de Derechos de las Mujeres de APC que promueve la
igualdad de género en el diseño, la implementación, el acceso y el uso de las tecnologías de información y comunicación
(TIC) en las decisiones y los marcos políticos que regulan a
las TIC.
Para cada organización asociada en los distintos países,
los principales objetivos de la investigación fueron:
• Mapear la legislación nacional pertinente.
• Documentar e investigar hasta cuatro estudios de caso sobre las mujeres víctimas/sobrevivientes de violencias relacionadas con la tecnología.
• Entrevistar a impartidores de justicia.
• Entrevistar a ONG que trabajan directamente con mujeres
afectadas por violencias contra las mujeres a través de las
TIC.
• Documentar políticas corporativas y entrevistar a representantes de empresas TIC (prestadores de servicios de internet y empresas de telefonía móvil y sus departamentos de
políticas públicas).
Introducción
Con el objetivo de reconocer e interpretar de manera amplia el contexto en el cual se presentan las violencias digitales
contra las mujeres en el país, se seleccionaron cuatro historias a partir de las cuales fue posible realizar una investigación sobre lo que esta problemática representa. Se entrevistaron 4 mujeres víctimas y sobrevivientes para escuchar sus
voces, se abordaron los diferentes actores comprometidos de
manera directa, las empresas intermediarias de internet, los
operadores de justicia, entre otras entidades y personas con
interés y responsabilidad en el tema.
La investigación de los cuatro casos se desarrolló entre febrero y mayo del 2014 y estuvo a cargo de un equipo
conformado por tres abogadas, activistas y defensoras de
los derechos de las mujeres, quienes a partir de los criterios
propuestos por la coordinación nacional y global de la investigación, implementaron los recursos para la recolección de
la información con las diversas partes vinculadas a cada uno
de los casos; también revisaron y compararon las políticas
corporativas y la legislación existente en relación con las violencias digitales en el país.
Este documento presenta los resultados de la investigación en cuatro capítulos. En el primero se revisan las leyes
que sirven como instrumento para la atención de casos de
violencias de género a través de las TIC. En el segundo capítulo, se presenta un análisis de los cuatro casos, los medios
utilizados, los efectos de las violencias en el entorno de las
mujeres, la actuación de las autoridades donde se presentaron los casos o que recibieron la denuncia , el rol de las empresas prestadoras de servicios de internet y la aplicación o
no de justicia. En el tercer capítulo, se aborda cada uno de los
4 casos desde la caracterización de las mujeres, la violencia
vivida, el proceso para realizar la denuncia, la afectación en
la vida de cada mujer y en su entorno, los obstáculos para
acceder y obtener justicia, las estrategias para la búsqueda
de apoyo, la legislación pertinente, los vacíos legales y las deficiencias en los procedimientos por parte de las autoridades.
Se revisa en detalle el proceso de denuncia que han realizado las mujeres víctimas de violencias y la respuesta recibida. También se analiza cómo la falta de información por
parte de las y los funcionarios y la lentitud en los procesos
contribuyen de manera fundamental a la impunidad.
En el primer caso documentado se presenta la historia de
Antonia y la ONG que lidera, ellas fueron declaradas objetivo militar por parte de grupos paramilitares que a través de
mensajes de correo-e amenazantes buscaban silenciarlas e
impedir su trabajo.
Después de denunciar los hechos ante la fiscalía, Antonia y la
ONG también solicitaron medidas cautelares ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A pesar de esto,
hasta la fecha de cierre de la presente investigación, el caso permanece en la impunidad, las investigaciones no arrojan resultados y no se han cumplido las medidas cautelares requeridas.
El segundo caso documenta la historia de Irene quien fue
víctima de agresiones y amenazas a través de mensajes en
su teléfono celular y en su página de Facebook por parte de
su ex novio, un fisiculturista con el que había terminado su
relación sentimental el año anterior. Su expareja tuvo una reacción violenta al encontrarse con Irene y enterarse que ella
tenía una nueva pareja.
Inicialmente, Irene buscó ayuda en las autoridades universitarias ya que en los reglamentos de la institución el comportamiento de su ex novio se clasificaba como una falta grave.
La respuesta del decano es que conciliara con su exnovio;
esto llevó a Irene a buscar ayuda en las autoridades policiales, quienes no tenían conocimiento sobre cómo proceder
ante estas denuncias.
Después de encontrar que la Ley 1257 otorga a las víctimas el derecho a no encontrarse cara a cara con su agresor,
Irene sintió plena confianza para solicitar la medida de protección, escribió una carta narrando lo ocurrido y denunció
los hechos. La policía citó a su ex novio a rendir declaración
un mes después, ante esta situación Irene quedó con la sensación que debía cuidarse por si misma.
En el tercer caso Martha es víctima de violencia digital por
parte de su ex esposo, un abogado extranjero quien luego del
divorcio publica fotografías del cuerpo desnudo de Martha
e imágenes de otras mujeres desnudas en diferentes poses
eróticas y manteniendo relaciones sexuales, haciendo creer
que se trata de Martha. El ex esposo publica estas imágenes a
través de las redes sociales en cuentas falsas creadas por él a
nombre de la mujer víctima.
Martha acudió a la fiscalía y a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y fue desanimada ante la posibilidad de hacer
justicia por tratarse de un hombre extranjero. Ella presentó
formalmente una denuncia penal ante la SIJIN sin que hasta
la fecha de cierre de la presente documentación haya recibido una respuesta efectiva. La falta de respuestas por parte de
las autoridades llevó a Martha a contratar los servicios de una
abogada. También solicitó a las redes sociales retirar las imágenes difundidas por su ex esposo sin su autorización y borrar
los perfiles falsos creados por él, hasta el momento tampoco
había recibido respuesta.
El cuarto caso es de Alejandra, una mujer a quien su ex
novio intimidaba, acosándola virtualmente, realizando comentarios ofensivos en línea, manipulando información personal no autorizada como imágenes y vídeos, accediendo a su
información privada, difundiendo fotografías sin su consentimiento y hurtando las contraseñas de sus cuentas en redes
sociales y de sus servicios de telefonía móvil.
Para no ceder más ante las agresiones y amenazas de su
ex pareja Alejandra decide denunciarlo ante las autoridades
policiales, al no encontrar respuesta hace saber a la policía
que su padre es un militar. Su ex pareja fue capturado en un
operativo judicial ordenado inmediatamente y permaneció
dos días en el calabozo de la SIJIN donde el fiscal que atendió
el caso le hizo firmar un acta de compromiso para no acercarse a Alejandra ni volver a ejercer en su contra algún tipo de
violencia como ordena la Ley 1257. Alejandra logró que las
fotografías fueran retiradas de las redes sociales.
En el último capítulo del libro, se presenta una serie de
recomendaciones a partir de los casos documentados y de la
experiencia de Colnodo en la prevención, análisis y sensibilización sobre el reconocimiento de las violencias contra las
mujeres en los espacios digitales.
Capítulo 1
Revisión del marco normativo existente
Colombia ha tenido un avance importante en los últimos
años en el reconocimiento de las violencias contra las mujeres como una violación a los derechos humanos y como un
problema que debe ser abordado por la sociedad y el Estado
de manera prioritaria. Se destacan en este punto las principales normas y políticas públicas que en alguna medida hacen
referencia a la problemática específica de las violencias contra las mujeres a través de las TIC o que proveen un marco
general de actuación en esta materia.
El marco legal sobre violencias contra las mujeres en el
país es la Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia
y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos
Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan
otras disposiciones”. Si bien esta ley no contiene previsiones
específicas en relación con la violencia contra las mujeres
ejercida a través de las TIC, provee un marco general de actuación del Estado, así como una serie de derechos de las mujeres víctimas, que puede ser utilizado como referente para la
prevención y atención a este tipo de violencia.
Los Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género expedidos por el gobierno nacional en el año
2012 previeron el eje: “Educación de calidad con enfoque diferencial y acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías”,
el enfoque de este eje está orientado específicamente a la
promoción del acceso de las mujeres a la TIC sin que tenga
ninguna disposición relativa a la práctica de las violencias
contra las mujeres por estos medios.
Con posterioridad, el Documento Conpes 161 de 2013:
“Equidad de Género para las Mujeres”, instrumento de
política pública social del gobierno colombiano para dar
operatividad a los lineamientos señalados anteriormente,
previó el eje temático: Construcción de paz y transformación cultural, en el cual ordena al Estado el desarrollo de
procesos de formación orientados a la generación de com-
petencias para el uso y apropiación de las TIC por parte de
las mujeres, el diseño y puesta en marcha de estrategias de
información, comunicación y educación que contribuyan a
superar la tolerancia social frente a las violencias basadas
en género. De esta manera, la estrategia de abordaje de las
violencias contra las mujeres a través de las TIC por parte
del Estado colombiano tiene su énfasis en la promoción y
la divulgación.
La ley 1273 de 2009 incluyó en el Código Penal un capítulo sobre delitos informáticos que busca proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y de
los sistemas informáticos y creó entre otros, los delitos de
acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de
datos informáticos, violación de datos personales y el de suplantación de páginas web para capturar datos personales.
Las penas por estos delitos se agravan, entre otros, cuando
se aprovecha la confianza depositada por el poseedor de la
información y cuando se revela o da a conocer la información
en perjuicio de otro.
La aplicación combinada de estos dos marcos normativos
puede ser utilizada efectivamente para atender estas formas
de violencias contra las mujeres en Colombia.
La normatividad constitucional y legal colombiana, así
como el diseño de las políticas públicas son profusas y en
términos generales se encuentran ajustadas a los principales avances internacionales en relación con la garantía de
los derechos de las mujeres. No obstante, la realidad de su
aplicación e implementación es muy precaria, especialmente
en lo relativo a acciones judiciales tendientes a investigar y
sancionar los delitos y a reparar a las mujeres víctimas. Esta
situación está asociada tanto a la persistencia de imaginarios
sexistas y discriminadores contra las mujeres en la sociedad
colombiana, como a una problemática estructural de alta
impunidad en el país. El conflicto armado que vive Colombia
desde hace más de cinco décadas crea una situación de mayor desprotección para las mujeres por parte de grupos armados legales e ilegales.
En relación específica con las violencias contra las mujeres en su rol de defensoras de derechos humanos en el
marco del conflicto armado, el Documento Conpes 3784 de
2013 denominado: “Lineamientos de política pública para
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Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea en Colombia
la prevención de riesgos, la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado” contempla entre sus objetivos la generación y fortalecimiento
de estrategias de prevención de riesgos y vulneraciones,
protección de los derechos de las mujeres, y garantías de
no repetición, la promoción del ejercicio de los derechos
ciudadanos de las mujeres víctimas en los distintos entornos socioculturales y el fortalecimiento de la articulación
institucional y la oferta dirigida a mujeres víctimas del conflicto armado.
Dentro de las estrategias para lograr los objetivos señalados en relación con violencias contra las mujeres a través de
las TIC este Documento Conpes incluye el diseño de orientaciones para el manejo de archivos de casos de violencia
sexual en el marco del conflicto armado y el desarrollo de
estrategias de autoseguridad y autoprotección con mujeres
víctimas que incluyan la difusión de mecanismos de protección con enfoque de género y la capacitación a mujeres y a
servidoras y servidores públicos.
Respecto a la normatividad sobre la actividad informática, los términos y condiciones de actuación de las empresas
prestadoras de servicios de internet en el país son gobernados o interpretados de acuerdo con las leyes de Colombia.
No obstante, algunas plataformas son manejadas desde países como Estados Unidos, los servidores se encuentran allí y
por lo tanto aplica la legislación de ese país. Hasta hace poco
tiempo ninguna de estas plataformas contaba con protocolos
de atención a violencias contra las mujeres ni con sistematización de datos sobre estos casos. Hoy día existen algunas
iniciativas y herramientas para que las mujeres puedan denunciar imágenes intimas publicadas sin su consentimiento y
centros de seguridad para denunciar casos de abuso a través
de medios virtuales.
En cuanto a la legislación sobre violencias contra las
mujeres relacionadas con las TIC, el país cuenta con un
marco de referencia general (Ley 1341 de 2009 sobre sociedad de la información) que contempla estas tecnologías
desde el punto de vista del derecho a su acceso y uso por
parte de las personas usuarias. En lo relativo a la protección de los derechos de los usuarios y usuarias, esta ley
está orientada específicamente a garantizar los derechos
derivados del Habeas Data.
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Esta ley asigna al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la responsabilidad de “vigilar el
pleno ejercicio de los derechos de información y de la comunicación, así como el cumplimiento de la responsabilidad social de los medios de comunicación”, lo faculta para “Fijar las
políticas de administración, mantenimiento y desarrollo del
nombre de dominio de internet bajo el código de país correspondiente a Colombia -co-, y prevé un control social a las TIC
a través de los “vocales de control social de los proveedores
de redes y servicios de comunicaciones” (Artículo 18).
La entidad encargada en el país de regular el régimen de
acceso y uso de redes es la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) adscrita al Ministerio de las TIC (Ley 142
de 1994 modificada por la Ley 134 de 2009). Desde el punto
de vista de control, esta Comisión tiene una importante facultad consistente en la posibilidad de “Requerir para el cumplimiento de sus funciones información amplia, exacta, veraz y
oportuna a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones a los que esta ley se refiere” y le otorga una facultad
sancionatoria: “Aquellos que no proporcionen la información
antes mencionada a la CRC, podrán ser sujetos de imposición
de multas diarias por parte de la CRC hasta por 250 salarios
mínimos legales mensuales, por cada día en que incurran en
esta conducta, según la gravedad de la falta y la reincidencia
en su comisión”. (Artículo 22 Ley 134 de 2009).
En cuanto a sanciones para los agresores que utilicen
medios informáticos, durante el año 2009, el Código Penal
Colombiano fue adicionado a través de la Ley 1273, con un
capítulo denominado “De la protección de la información y
de los datos” referido exclusivamente a atentados contra la
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos
de los sistemas informáticos. Esta ley penaliza con prisión y
multa el acceso sin autorización a un sistema informático, la
obstaculización ilegítima de sistemas informáticos, la interceptación de datos, el daño informático, el uso de software
malicioso, la violación de datos personales, la suplantación
de sitios web, el hurto por medios informáticos y la transferencia no consentida de activos.
No obstante, examinando la legislación colombiana no
existe ninguna norma jurídica, ni política pública que relacione directamente las violencias contra las mujeres y las
TIC, no hay conexidad entre una y otra. Se carece de una
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ruta de atención para abordar las violencias contra las mujeres en el marco de las nuevas tecnologías que permita articular el trabajo con instituciones, entidades e instrumentos
diseñados para denunciar hechos de violencias y que permitan a su vez, gestionar la formulación de una propuesta de
intervención interinstitucional, con fundamento en la integralidad para la atención y prevención de violencias dentro
del marco de las TIC.
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Capítulo 2
Análisis de los casos documentados
En tres de los cuatro casos documentados y que se presentan en esta investigación los agresores son ex parejas de las
mujeres víctimas y utilizaron medios informáticos para ejercer violencia sicológica. En uno de los casos, la violencia se
centró en la intimidación verbal a través de mensajes en el
teléfono celular y en redes sociales.
En gran medida la violencia se efectuó mediante la utilización de cuentas en redes sociales sin autorización, para
difundir información que perjudicara a las mujeres víctimas
y la creación de perfiles en la red social Facebook a nombre
de las mujeres para publicar fotografías de su cuerpo desnudo.
Las finalidades perseguidas por los agresores consistieron
en actos de venganza por haber sido dejados por sus parejas
o de presión para lograr su regreso.
En estos tres casos se utilizó la red social Facebook como
medio para difundir mensajes abusivos contra las mujeres en
la medida que es una de las redes sociales más difundidas en
el país, con un alto número de personas usuarias y por ello
sirve a los fines de los victimarios de dañar la imagen de las
mujeres llegando a todos sus contactos posibles.
En uno de los casos, la violencia consistió en amenazas
de muerte por parte de presuntas organizaciones paramilitares a través de sucesivos correos electrónicos dirigidos a
la directora de una organización defensora de los derechos
de las mujeres y a sus demás integrantes. En los mensajes se
conminaba a la directora a dejar de realizar su trabajo en
defensa de los derechos humanos de las mujeres.
En todos los casos, los medios informáticos fueron herramientas de fácil acceso que permitieron a los victimarios ocasionar gran daño a las mujeres víctimas.
PRINCIPALES EFECTOS DE LAS VIOLENCIAS
El derecho a una vida libre de violencias para las mujeres
fue principalmente el más afectado. Asociado a esta afectación, se violaron los derechos a la intimidad, a la autonomía,
a la honra y al buen nombre.
La publicación de fotografías íntimas trajo consecuencias
tales como la inestabilidad emocional de las mujeres víctimas y de su entorno familiar cercano, el rompimiento de relaciones actuales, así como serias dificultades en sus entornos
familiares y sociales. Una de las mujeres víctimas lo expresa
de la siguiente manera:
“[…] mi vida social se encuentra en declive por el señalamiento
y la vergüenza pública que estoy padeciendo, mis familiares y
amigos me han señalado, rechazado y mi integridad y respeto
por mi intimidad e integridad psicológica está vulnerada y se
encuentra en constante amenaza”.
Todas las mujeres experimentaron ansiedad, trastornos de
sueño, pesadillas, sentimientos de intrusión en su privacidad y
el sentimiento de estar siendo observadas y seguidas permanentemente.
Las mujeres víctimas también se vieron afectadas patrimonialmente en tanto todas ellas señalan haber experimentado
una baja sensible en su capacidad de trabajo y concentración.
En uno de los casos, la mujer perdió su trabajo luego de que
las fotos íntimas difundidas públicamente por su ex pareja
fueran conocidas en su entorno laboral.
En el caso de la directora de la organización de mujeres amenazada por grupos paramilitares el impacto se incrementó por su
responsabilidad respecto de las demás integrantes de la organización. Uno de los efectos quizá más delicados en este caso tuvo
que ver con las dudas que se empezaron a sentir frente al origen
de las amenazas, lo que creó un ambiente de desconfianza entre
las integrantes de la organización y las mujeres con las que trabajaban. De igual manera, en lo relativo al uso de medios electrónicos, el impacto se expresó en la duda sobre cómo usar el correo
electrónico y se incrementó la prudencia respecto de lo que se
escribía y lo que se hablaba a través del teléfono celular.
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ACTORES CLAVE Y SU RESPUESTA A LA VIOLENCIA
DIGITAL CONTRA LAS MUJERES
Los primeros recursos contemplados por las mujeres víctimas estuvieron asociados a la necesidad de protección, campo en el cual la Policía Nacional juega un papel protagónico;
y a la demanda de justicia, ámbito en el cual la primera institución responsable es la Fiscalía General de la Nación en su
condición de ente responsable de la investigación criminal en
el país.
En dos de los casos documentados, las oficinas de la mujer
de las alcaldías jugaron un importante papel en la asesoría y
acompañamiento sensible y acertado a las mujeres víctimas.
La actuación de la policía puede ser calificada como deficiente exceptuando uno de los casos, en el que por vínculos
del padre de la mujer víctima con la policía, su petición surtió
trámite y se consigue la captura del agresor, en este caso se
logró un compromiso del agresor en el sentido de suspender
sus conductas a través de medios electrónicos y de retirar las
fotos donde aparecía el cuerpo desnudo de la mujer víctima,
así como la promesa de no volver a ejercer violencia en su contra. En otro caso, la mujer se encontró con que las autoridades
policiales a las que acudió no tenían idea de cómo actuar.
En el caso relativo a amenazas por grupos paramilitares,
además de la solicitud de investigación de los hechos ante
la Fiscalía General de la Nación, la organización de mujeres
solicitó Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), este organismo internacional
solicitó al Estado colombiano tomar medidas para garantizar
la vida e integridad física de las integrantes de la organización e informar sobre las acciones adoptadas.
Las medidas cautelares solicitadas hicieron referencia a:
• Respaldo político a la actividad de las lideresas.
• Caracterización adecuada de los grupos responsables de
las amenazas.
• Medidas para el restablecimiento de derechos: justicia, salud, educación, trabajo.
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• Proyecto productivo para ganar independencia económica.
• Atención psicosocial.
• Acceso a formación académica en sistemas informáticos.
• Medidas materiales de protección.
En alguna oportunidad se solicitaron al gobierno recursos
para medidas informáticas de seguridad sin que se lograra
una respuesta positiva. Hasta el momento de la realización
de la investigación, las únicas medidas implementadas se
relacionaban con elementos materiales de protección tales
como teléfonos celulares y transporte seguro.
Por otra parte, en tres de los casos en los cuales la violencia fue denunciada ante la fiscalía, las denunciantes señalan
inacción por parte de esta institución. En cuanto a reparaciones, ninguna de las mujeres víctimas se consideró reparada.
En uno de los casos documentados, la mujer víctima solicitó al prestador de servicios de internet, que las fotos no
autorizadas por ella fueran eliminadas de la red sin obtener
respuesta alguna.
En términos generales, los intermediarios de internet que
operan en el país actúan conforme a una normatividad general que prohíbe al usuario, cliente y/o suscriptor el uso indebido de sus servicios (a través de su correo electrónico o
su dirección IP por ejemplo) o todo acto que atente contra
la intimidad de la persona, la inviolabilidad de las comunicaciones y/o que constituya una conducta ilegal, amenazadora,
extorsiva, acosadora, abusiva, hiriente, injuriosa, calumniosa,
vulgar, obscena o grosera, o cualquier actividad o acto que
transgreda un deber legal o que configure un hecho punible.
Aunque aún falta generar rutas de atención específicas para
denuncias relacionadas con violencias contra las mujeres,
hay cada vez más interés en incluir herramientas y servicios
donde las personas y en casos específicos las mujeres puedan
denunciar abusos (por ejemplo la difusión de imágenes intímas sin la autorización de las mujeres).
Las empresas proveedoras de servicios de internet no pueden realizar acciones dirigidas a intervenir la información de
sus usuarios/as sin que exista una orden judicial, instrumen-
21
to necesario para iniciar el protocolo de investigación, de lo
contrario violarían la ley porque estarían transgrediendo la
privacidad de las personas. Estas empresas pueden rastrear
la IP desde donde se envió el contenido abusivo, pero esto no
lo pueden hacer por iniciativa propia, la persona usuaria establece la queja o la denuncia ante la autoridad competente
y ésta solicita las pruebas a la empresa. Se trata de un tema
probatorio, tiene que existir una denuncia justificada y esto
tiene que ser con una orden judicial.
En el caso de las amenazas por parte de grupos paramilitares, la actuación de la empresa prestadora de servicios de
internet a través de la cual fueron remitidos los correos no
facilitó la ubicación de los remitentes de las amenazas y obstaculizó la investigación por dos razones: una, porque al ser
consultado sobre estos hechos responde negativamente y por
otra porque la respuesta es remitida de manera tardía para
los efectos de la investigación (dos años después de que dicha
información fue solicitada por la fiscalía).
DINÁMICA DE LA JUSTICIA
En dos de los casos documentados, un obstáculo inicial
para la efectividad de la justicia fue señalado por las mujeres
víctimas como el desconocimiento de la normatividad pertinente por las y los servidores/as públicos encargados de darle
aplicación, así como por parte de ellas mismas, quienes avocadas a actuar como consecuencia de las acciones en su contra, desconocían las autoridades responsables de atenderlas,
las normas de las que disponen para buscar la garantía de sus
derechos, las rutas de denuncia y las sanciones previstas para
sus agresores. Una de las mujeres afirma:
“[…] no sabía qué podía hacer […] en parte porque uno
está acostumbrado a que la gente le reste importancia,
se normaliza tanto que uno también tiende a restarle
importancia. Pero fue la gente la que me dijo que hiciera
algo, que entrara en contacto con las autoridades”.
En el caso de amenazas por grupos paramilitares, las mujeres de la organización amenazada tenían conocimiento de
22
sus derechos y sobre las acciones pertinentes tanto en el ámbito interno como en el internacional al que acudieron para
la solicitud de medidas cautelares tendientes a su protección.
En otro de los casos, la mujer víctima resalta los siguientes factores positivos: claridad de las leyes, las conoció y las
exigió, agilidad de los procesos jurídicos, apoyo de amigos,
familiares y otras personas entre las cuales se encuentran
funcionarias de la alcaldía que le ayudaron a tomar conciencia de la situación y a conocer sus derechos y las leyes que la
protegen como mujer.
Superado este primer obstáculo, las mujeres se encontraron con la impunidad generalizada en la administración de justicia en el país como marco en el cual se adelantaron las actuaciones en los cuatro casos documentados. A esta situación se
suman los criterios sexistas y discriminadores con los que tanto
la policía en su condición de garante de la protección de las
mujeres, como la fiscalía en su condición de ente investigador
asumieron en las actuaciones que les correspondieron.
La actuación de la fiscalía en los casos denunciados no ha
tenido ninguna efectividad. Al respecto una de las mujeres
afirma:
“Yo seré una víctima más porque no hay avance ni una
notificación por parte de las autoridades, irán a archivar el
caso y a garantizarme solamente impunidad”.
Otra de las mujeres señala:
“Encontré una cantidad de limitaciones […] me dijeron que
eso no era problema de ellos, que si no había justicia para
los colombianos menos para un ciudadano norteamericano1,
incluso me censuraron en el CAVIF2 sobre el porqué
me había dejado tomar ese tipo de fotos y quienes me
preguntaron eran hombres”.
1 El agresor es de nacionalidad estadounidense.
2 CAVIF: Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía
General de la Nación.
23
En cuanto al caso relacionado con amenazas por parte de
grupos paramilitares, hasta comienzos del año 2014, no existía algún avance significativo en la investigación adelantada
por la fiscalía pese a que entre el 2009 y el 2013 se habían
presentado 10 denuncias por las amenazas. La fiscalía solo
ha hecho indagaciones preliminares para acceder al remitente de las amenazas, sin éxito, porque después de realizar la
inspección judicial a los equipos de la organización, se afirmó
que no era posible llegar al remitente y la fiscalía paralizó su
actividad.
24
Capítulo 3
Casos documentados
ANTONIA ES VÍCTIMA DE LA DESPROTECCIÓN DE LAS
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Antonia3 es una mujer de 55 años de edad, divorciada, con
dos hijas, es abogada con estudios de postgrado, activista social en derechos de las mujeres, fundadora y actual directora
de la organización Mujeres Insumisas 4.
Mujeres Insumisas es una organización feminista colombiana, creada en 1998 para avanzar en la consolidación del
movimiento de mujeres y trabajar por los derechos de las víctimas de violencias y discriminación por el hecho de ser mujeres, en ámbitos privados, públicos y del conflicto armado,
para la ampliación de su ciudadanía y la plena vigencia de
sus derechos humanos, la transformación de su posición en la
sociedad y la consolidación de su participación política.
Cuando comenzaron a llegar amenazas a través de correos
electrónicos provenientes de grupos paramilitares, en las que
se declaraba objetivo militar a la organización de mujeres liderada por Antonia, su reacción fue reunir a todas las integrantes para conocer sus impresiones, temores y alternativas para
afrontar la situación. Las reacciones fueron de relativa calma
pese a la gravedad de los hechos, pues por el trabajo de la organización, todas eran muy conscientes de que las amenazas
podrían materializarse en hechos tales como violencia sexual
y asesinatos, entre otras agresiones en su contra.
Decidieron denunciar los hechos ante la fiscalía. También
solicitaron Medidas Cautelares5 ante la Comisión Interameri-
3, 4 Todos los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de
las personas y organizaciones implicadas.
5 Las Medidas Cautelares son un mecanismo de protección ordenado a
los Estados que hacen parte de la Organización de Estados Americanos
(OEA) por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
con el fin de que protejan a personas en riesgo o víctimas de violaciones
a sus derechos humanos.
cana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales fueron concedidas el 8 de abril de 2010, y en consecuencia, este organismo
internacional solicitó al Estado colombiano adoptar medidas
para garantizar la vida e integridad física de las integrantes
de la ONG6 e informar sobre las acciones adoptadas. Además
de esto se estableció un protocolo de autoprotección.
Si bien, ante cada amenaza nueva (entre el año 2009 y el
2012 continuaron llegando correos amenazantes) se presentó
la respectiva denuncia. Hasta la fecha las investigaciones no
arrojan ningún resultado y el caso permanece en la impunidad.
De acuerdo con el gobierno nacional7, para el año 2013,
las amenazas y ataques contra mujeres y organizaciones que
reivindican derechos y/o que ejercen liderazgo, continúan
siendo reportadas en espacios de trabajo como la Unidad
para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) y la Unidad Nacional de Protección (UNP), entre otras
entidades. Igualmente, hay un incremento de riesgos y amenazas contra mujeres que exigen sus derechos tanto a nivel
nacional como local, así como el uso de la violencia sexual en
contra de las mujeres lideresas y/o sus hijas8.
A su vez, la Corte Constitucional en el Auto 098 de 20139
reiteró su preocupación al respecto y describió hechos recientes que evidencian la gravedad de estas amenazas.
6 Junto con la solicitud de Medidas Cautelares para la ONG se solicitaron
también medidas para proteger a otras dos mujeres con las que la organización adelanta actividades. Estas medidas también fueron concedidas
pero no nos referiremos a ellas por tratarse de casos particulares que si
bien hacen parte del contexto han tenido un tratamiento específico.
7 Documento CONPES 3784 de 2013. Los documentos CONPES son emitidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social adscrito al
Departamento de Planeación Nacional y tienen por finalidad señalar la
política del gobierno sobre diversas temáticas y sectores.
8 Aunque este modus operandi contra mujeres líderes se documenta a
través de diversas fuentes las motivaciones no son claras. Para las organizaciones de mujeres, esta violencia se asocia con prácticas sexistas y
discriminatorias contra las mujeres, patrones que se ven agravados en
los conflictos armados.
9 Los Autos son pronunciamientos de la Corte Constitucional colombiana
emitidos en el marco del seguimiento a sentencias emitidas por ese
mismo tribunal
26
Violencias enfrentadas
En el año 2009, comenzaron a ser amenazadas la ONG
Mujeres Insumisas y su directora Antonia a través de mensajes de texto, correos electrónicos y panfletos distribuidos de
manera electrónica.
Entre los años 2009 y 2012 la ONG recibió 12 correos electrónicos amenazantes en los cuales se les conminaba a dejar
de realizar el trabajo de defensa de derechos humanos de
las mujeres. Esos panfletos llegaron vía electrónica, dirigidos
principalmente al correo institucional y al correo personal de
Antonia. Algunas de las amenazas fueron suscritas por “las
águilas negras” y otras por “los rastrojos”, autodenominación
de dos grupos paramilitares existentes en Colombia. (Ver recuadro)
Los correos fueron remitidos colectivamente a la ONG Mujeres Insumisas, a colectivos, personas y víctimas organizadas
vinculadas a la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. De manera simultánea con los correos se
presentaron actos de hostigamiento y ataques contra mujeres
con las cuales Mujeres Insumisas trabajaba. Se conoció de por
lo menos tres mujeres lideresas víctimas de violencia sexual
cometida por desconocidos, robo de información, seguimientos a lideresas regionales y nacionales, incluido el asesinato
del hijo de una de ellas, que presumiblemente se relaciona
con las actividades de la madre.
La ONG impulsa un Observatorio de Derechos Humanos
de Mujeres en Situación de Desplazamiento en coordinación
con otras organizaciones, entre ellas la Red de Empoderamiento de Mujeres en Cartagena, en el departamento de Bolívar, y el Colectivo de Mujeres del Valle del Cauca. Estas organizaciones también fueron víctimas de amenazas vía correo
electrónico.
A continuación se transcriben apartes del contenido de
uno de los correos recibidos:
“Debido a la reiterada desobediencia de parte de
las organizaciones descritas en el comunicado
Nº009 de 2011 donde se les advierte la campaña
27
de lavado de cerebro10 en que están comprometidas estas organizaciones por toda la geografía
de Colombia con más presencia en Nariño, norte
y centro del Valle, y eje cafetero, Tolima, Guajira,
costa Caribe, Bogotá, corrompiendo mentes con
sus ideologías que alteran el orden público.
Reiteramos no nos hacemos responsables por lo
que pueda pasarle a los líderes de estas organizaciones, sus directivas y sus colaboradores ya que
empezamos a exterminar a cada uno de ellos sin
piedad no permitiremos que dañen la política de
nuestro presidente haciendo exigencias sobre la
ley de víctimas y tierras será declarado objetivo
militar por más protegido que se encuentre […]
EN ALGÚN LUGAR DE COLOMBIA MAYO 05 DE 2012
NUESTRA LUCHA SERÁ DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL
FIN CONTRA NUESTROS ENEMIGOS LAS FARC Y EL ELN
COMO SUS ORGANIZACIONES AMIGAS
‘GRUPO ARMADO LOS RASTROJOS – COMANDOS URBANOS’”.
Afectaciones en la vida de Antonia y la organización
En el plano personal, Antonia al igual que las demás compañeras de trabajo, experimentó un impacto fuerte incrementado por la responsabilidad institucional que tenía como
directora de la organización. Tuvo pesadillas, trastornos de
sueño, sintió ansiedad, inseguridad angustia e irritabilidad y
un sentimiento de exposición y de intrusión en la privacidad,
como si ella y las integrantes de la organización estuvieran
siendo observadas permanentemente, desde que iban hacia
la oficina hasta que llegaban a sus casas.
Uno de los efectos quizá más delicados de lo que se vivió tuvo que ver con las dudas que se empezaron a percibir
frente al origen de las amenazas, que condujeron a examinar
cada uno de los procesos que llevaba la institución buscando
10 Lavado de cerebro se refiere a las posiciones críticas de las ONG contra
las políticas del gobierno
28
en cuál de ellos podían estar mujeres directa o indirectamente relacionadas con las amenazas. De otro lado, el incremento en las medidas de seguridad para el ingreso a la entidad
evidenció la desconfianza que antes no existía.
En cuanto al uso de medios electrónicos el impacto se
manifestó en la duda sobre cómo usar el correo electrónico,
incluso en algunas oportunidades se intentó encriptar la información, también se incrementó la prudencia respecto a lo que
se escribía y lo que se hablaba a través del teléfono celular.
Obstáculos para obtener justicia
El principal obstáculo detectado consistió en la impunidad
persistente en las investigaciones penales que indagan sobre
las causas, autores y móviles de las amenazas. Hasta comienzos del año 2014, el estado de las investigaciones muestra
una impunidad total por cuanto no existe ningún avance significativo en la investigación adelantada por la fiscalía.
Hasta el 2013 la ONG había presentado ante la Fiscalía 96
de la Unidad de Derechos Humanos encargada de la investigación, 10 denuncias por las amenazas en su contra, sin que
frente a la primera de ellas, existiera algún resultado investigativo importante.
Hasta la fecha, la única diligencia adelantada por la fiscalía tendiente a esclarecer los hechos denunciados, fue la
indagación sobre el origen de las direcciones IP de las cuales
fueron remitidos algunos de los panfletos amenazantes, la
cual fue adelantada por el equipo de delitos informáticos en
octubre de 2011, un año y medio después de haber solicitado
dicha prueba.
Con respecto a las medidas cautelares ordenadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo primero
que se notó fue la ausencia de un procedimiento establecido
en el Estado Colombiano para el cumplimiento de las mismas. Además, a pesar del hecho de que la CIDH determinó
la presencia de riesgo, el Estado llevó a cabo una nueva determinación del riesgo para establecer la necesidad de las
medidas de protección, lo cual era equivalente a establecer
las condiciones de la orden de la CIDH. Otro obstáculo que
29
contribuye a la impunidad ha sido la caracterización de los
grupos armados responsables de las amenazas como delincuentes comunes o relacionados con el narcotráfico, negando su carácter de grupos paramilitares organizados, que merecerían una investigación en su contexto.
Estrategias para la búsqueda de apoyo
La organización trabajó para diseñar y poner en práctica
medidas de autoprotección, así como una cadena de atención
entre todos los miembros del equipo de la ONG. Ellos crearon
un comité de protección que elaboró un “Protocolo de Prevención y Protección”, con recomendaciones generales sobre
el manejo de bases de datos, la movilización hacia y desde la
oficina, información de localización permanente para el equipo, instrucciones específicas para los viajes y recomendaciones sobre la confidencialidad de la información en las redes
sociales, entre otros.
Dada la naturaleza de la organización que está orientada a defender los derechos humanos de las mujeres con énfasis en el derecho a la justicia, se actuó tanto en el ámbito
penal interno a través de la interposición de una denuncia
penal ante la Fiscalía General de la Nación solicitando la investigación de los hechos y las sanciones correspondientes;
como a nivel internacional, ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) solicitando la expedición de
medidas cautelares para la protección de las personas integrantes del equipo de la ONG y de otras dos mujeres lideresas regionales que estaban siendo amenazadas.
Paralelamente a estos hechos, las organizaciones de mujeres estaban participando con el Estado en un proceso participativo de construcción de la política pública para mujeres
en el país, este espacio posibilitó la interlocución fluida con
diversas entidades estatales que hacían parte del proceso.
Además de una comunicación constante y permanente
al interior del equipo de coordinación, se sostuvo un intenso
contacto con otras organizaciones que ya habían sido amenazadas antes, con el fin de conocer sus estrategias. Se hicieron
varias reuniones que tuvieron como fruto una sesión conjunta
ante la CIDH.
30
Vacíos en las leyes nacionales
En el caso de la ONG Mujeres Insumisas, el hecho de que
las amenazas contra la organización fueran realizadas a través de medios electrónicos, ha sido asumido por la Fiscalía
General de la Nación como un elemento de contexto dentro
de la investigación penal. Es decir que esta circunstancia no
ha tenido relevancia para la caracterización misma de la conducta denunciada. Esto se explica por cuanto no existe en la
legislación penal colombiana previsión alguna en relación
con la utilización de las TIC para la realización de este tipo
de conductas ilícitas.
Tampoco la ONG en sus denuncias y peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni al gobierno
nacional, ha hecho énfasis específico en la utilización de las
TIC como medio para ejercer violencias contra las mujeres. Al
respecto, Antonia reflexiona:
“Una mayor atención a la problemática de las violencias
contra las mujeres a través de las tecnologías de las
comunicaciones, tanto por parte de las organizaciones de
mujeres, como del Estado, podría redundar en la inclusión
de medidas de protección específicas en el programa de
protección para mujeres víctimas y defensoras de derechos
humanos que se está diseñando actualmente por parte del
Ministerio de Interior con la participación de organizaciones
de mujeres”.
Ubicados en un plano hipotético según el cual, si en el
caso en estudio, la utilización de las TIC hubiera sido contemplada como un elemento determinante para el ejercicio de
la violencia contra defensoras de derechos humanos, a continuación se describe el estado del arte actual en cuanto a
legislación para el acceso a la justicia en tres ámbitos:
a. Legislación administrativa en cuanto a regulación y control
sobre la utilización de las TIC. La legislación más reciente
respecto de las TIC cuenta con un marco de referencia general (Ley 1341 de 2009 sobre sociedad de la información),
que contempla estas tecnologías desde el punto de vista
del derecho a su acceso y uso por parte de las personas
31
usuarias 11. En lo relativo a la protección de los derechos de
los usuarios, esta ley está orientada específicamente a garantizar los derechos derivados del Habeas Data, sin tomar
en consideración situaciones como las descritas en el caso
en estudio, en el cual las tecnologías de la información y
las comunicaciones fueron utilizadas como medios específicos para la comisión de hechos delictivos tales como la
realización de amenazas contra la vida e integridad de las
mujeres destinatarias.
b. Herramientas previstas por la legislación penal. Durante el
año 2009, el Código Penal Colombiano fue adicionado a través de la ley 1273, con un capítulo denominado “De la protección de la información y de los datos” referido exclusivamente a atentados contra la confidencialidad, la integridad
y la disponibilidad de los datos de los sistemas informáticos.
De acuerdo con esta normatividad penal, no existe legislación específica para proteger a las mujeres víctimas de
violencia a través de las TIC.
c. Legislación sobre violencia contra las mujeres relacionada con las TIC. Las amenazas y otros actos de violencia
contra las mujeres a través de las TIC podrían ser cubiertos por la Ley 1257 de 2008 sobre violencias contra las
mujeres, especialmente en lo relacionado con violencia
psicológica, sin embargo, esta regla se refiere específicamente a la violencia doméstica, en ese sentido se requiere
que la mujer víctima y su agresor pertenezcan a la misma
familia.
Específicamente en relación con la violencia contra las
mujeres en su calidad de defensoras de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado, el Documento
11 Artículo 4 ley 1341 de 2009: Protección de los derechos de los usuarios.
El Estado velará por la adecuada protección de los derechos de los
usuarios de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones,
así como por el cumplimiento de los derechos y deberes derivados del
Hábeas Data, asociados a la prestación del servicio. Para tal efecto, los
proveedores y/u operadores directos deberán prestar sus servicios a
precios de mercado y utilidad razonable, en los niveles de calidad establecidos en los títulos habilitantes o, en su defecto, dentro de los rangos
que certifiquen las entidades competentes e idóneas en la materia y con
información clara, transparente, necesaria, veraz y anterior, simultánea
y de todas maneras oportuna para que los usuarios tomen sus decisiones.
32
Conpes 3784 de 2013 “Directrices para las políticas públicas de prevención de riesgos, protección y garantía de los
derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado” tiene entre sus objetivos la creación y el fortalecimiento de
las estrategias de prevención de riesgos y violaciones, proteger los derechos de las mujeres, y garantizar la no repetición; la promoción de los derechos de ciudadanía de las
mujeres víctimas en diferentes entornos socioculturales; y
el fortalecimiento de las interacciones institucionales y el
apoyo disponible para las mujeres víctimas del conflicto
armado.
Deficiencias en los procedimientos por parte de las
autoridades
En cuanto a las actuaciones de la fiscalía tendientes a establecer el remitente de las amenazas circuladas a través de
los correos electrónicos, según se desprende de los informes
rendidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del seguimiento a las medidas cautelares,
la inspección judicial a los equipos de la ONG, no dio ningún
fruto. Según la ONG:
“Al momento de llevar a cabo la revisión de las cuentas
de correo electrónico y los equipos de la organización, ya
habían desaparecido insumos determinantes para lograr un
resultado relevante, debido entre otras razones, al retraso en
la práctica de la diligencia”.
Según señala Antonia:
“Después de que la fiscalía realizó la inspección judicial
afirmó que no era posible llegar al remitente de las
amenazas porque estas habían sido remitidas desde un
lugar público, un café internet, y además que no se podía
identificar al responsable porque la casa matriz era
internacional (esta dirección salió de Estados Unidos) y que
entonces no se podía hacer nada”.
33
En su momento, la fiscalía remitió comunicación a la casa matriz en Estados Unidos solicitando información sobre el remitente.
Dos años después de la solicitud, la casa matriz negó dicha información. En cuanto a las amenazas procedentes de una dirección
IP en la ciudad de Bogotá, la fiscalía informó a la ONG que no se
podía hacer nada porque se trataba de un café internet.
Cuestiones clave
Dado que el caso de las amenazas contra la ONG fue puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de
la Nación fueron atendidas con prontitud y diligencia aunque de
manera infructuosa porque aún no hay resultados. El hecho de
que las medidas cautelares obligaran la presencia de la fiscalía
en las reuniones de la cancillería en las que están también las
víctimas12, obligó a que la fiscalía rindiera cuentas. Al respecto,
Antonia señala como el punto máximo de avance, el pronunciamiento de la fiscalía en una reunión con diversas organizaciones
en la que afirmaron que la ONG Mujeres Insumisas, había sido
seleccionada como un caso prioritario, no obstante, este anuncio se considera una actitud meramente formal en tanto que a la
fecha no hay resultados de la investigación.
Antonia evidencia también la desarticulación entre las
entidades estatales: “A partir de la denuncia hubo múltiples
visitas a la ONG, nos quejamos ante la Cancillería13 por la
cantidad de visitas que tuvimos de diversas dependencias
de la Policía Nacional sin ninguna articulación entre ellos.
Tampoco vimos que hubiera articulación entre las demás dependencias estatales que tenían conocimiento de los hechos,
entre ellas: la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la
Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del
12 En estas reuniones de seguimiento a las Medidas Cautelares hacen presencia entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército, los ministerios de gobierno, incluida la Unidad Nacional
de Protección, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, entre otras.
También participan las personas beneficiadas por las medidas cautelares
o provisionales del caso.
13 La Cancillería interviene en estos casos cuando existen Medidas Cautelares ordenadas por la CIDH y hace reuniones a las que asisten representantes del gobierno, de las entidades responsables de protección entre
ellas la Fiscalía General de la Nación y de las víctimas.
34
Interior, el Programa de Derechos Humanos de la Presidencia
de la República y la Consejería para la Equidad de la Mujer”.
Otro de los problemas detectados por la organización
fue el trámite fragmentado del caso. Inicialmente, a cada
hecho de amenaza que fue informado a la fiscalía se le dio
trámite de manera independiente sin tener en cuenta que
se trataba de un caso que debía ser considerado de manera integral. Unas amenazas se encontraban en la Unidad de
Derechos Humanos y otras en la Unidad BACRIM14. Fue necesario que se solicitara de manera reiterada por parte de la
ONG la acumulación de las investigaciones en la Unidad de
Derechos Humanos para que se juntaran todos los procesos.
Tal era el nivel de descoordinación al interior de la fiscalía que quienes conocían de unas denuncias no sabían de la
existencia de las otras.
La ONG Mujeres Insumisas manifiesta que mientras se
realizaban estas investigaciones, el gobierno del entonces
presidente Álvaro Uribe Vélez hacía permanentes declaraciones estigmatizando y señalando a las víctimas y defensores de derechos humanos como aliados y aliadas de la guerrilla. De igual manera, el Poder Ejecutivo y otras entidades
de seguridad y control insistían en negar la existencia de
grupos paramilitares así como en minimizar las amenazas
de éstos, lo que, en opinión de la ONG, dificultó la investigación de los hechos.
Las amenazas contra la ONG Mujeres Insumisas y otras
organizaciones, así como contra mujeres víctimas de violaciones a los derechos humanos, generó acciones conjuntas
que posibilitaron un fortalecimiento de la articulación entre
organizaciones de mujeres víctimas y defensoras, quienes con
el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, han venido
realizando de manera sistemática, una acción de incidencia
conjunta a través de la cual se ha logrado que el gobierno
nacional, a través del Ministerio del Interior y con la participación de estas organizaciones, formule un programa de
protección específica para mujeres víctimas y defensoras que
14 Unidad creada al interior de la Fiscalía General de la Nación para investigar hechos cometidos por lo que desde el Estado se denominó Bandas
Criminales – BACRIM, nombre con el que comenzaron a ser llamados los
grupos paramilitares de manera posterior a un proceso de desmovilización de algunos de ellos.
35
está próximo a ser expedido. No obstante, dicho programa no
incorpora medidas de protección en relación con violencia
contra las mujeres a través de las TIC.
IRENE HACE VALER SU DERECHO A NO SER
CONFRONTADA CON SU AGRESOR
Irene 15 es una joven de 22 años de edad, soltera y sin hijos.
Estudia lenguas modernas y literatura, es profesora particular
de idiomas y realiza traducciones y correcciones de estilo.
Meses después de terminar su noviazgo con Felipe, Irene dio
inicio a una nueva relación sentimental. Un día camino a la universidad en la cual los tres adelantaban sus estudios profesionales, Irene y su novio se encontraron con Felipe quien los insultó
y amenazó. Ellos continuaron su camino y consultaron sobre las
acciones que podrían adelantar las autoridades universitarias al
respecto, sin obtener ningún resultado. Durante el transcurso del
día, Irene recibió nuevos insultos y amenazas de Felipe a través
de mensajes de texto en su celular y en su página de facebook.
Pensando que si denunciaba tendría que confrontar personalmente a su agresor, a quien temía, Irene había decidido
no adelantar ninguna acción judicial. No obstante, después
de ser asesorada sobre sus derechos, entre ellos, a no ser confrontada con su agresor, decidió acudir ante una Inspección
de Policía para que conminaran al agresor a que no se le acercara. Pese a que los trámites fueron muy lentos y engorrosos,
principalmente por el desconocimiento del inspector de policía sobre la normatividad legal pertinente, así como por no
darle la importancia a los hechos, lrene con su persistencia
logró que el agresor fuera citado y conminado a no acercarse.
Felipe ha permanecido alejado y cesó sus amenazas.
Felipe es un fisiculturista con el que Irene había terminado
su relación sentimental el año anterior. Al parecer él no se
15 Todos los nombres han sido cambiados para respetar la privacidad de
las personas implicadas
36
había enterado que ella tenía una nueva pareja. El día de la
agresión en un primer momento los observó sin hablar y ellos
siguieron caminando, luego reaccionó y dijo a Irene en inglés,
idioma en el que se relacionaban: “esto fue todo el tiempo
que te tardaste en olvidarme”. Ella, a pesar de su miedo le
contestó: “sí, lo siento, por favor vete”. En un primer momento
él hizo el ademán de marcharse pero se dio vuelta y comenzó
a insultarla a ella y a su novio, le dijo “maldita puta” y otras
palabras agresivas. Los adjetivos calificativos que empleó
para referirse a ella fueron “maldita perra” (fucking bitch) y
“maldita puta” (fucking whore).
Esto fue frente a unas 25 personas, estaba incluso uno de
los guardias de seguridad de la universidad. Irene comenzó a
temblar, su novio, quien trabaja con una organización social
de estudiantes de la universidad en la que hay psicólogas y
otros profesionales, la llevó donde una de ellas quien conversó con Irene durante aproximadamente una hora. Más tarde,
Irene, quien seguía en compañía de su novio y la psicóloga,
miró su celular y se encontró con varias llamadas perdidas
y un mensaje de voz de su ex novio. Como no se sintió en capacidad de escucharlo, lo hizo la psicóloga quien se mostró
serena y le pidió que no lo borrara. En el mensaje de unos 80
segundos, en términos generales la acusaba de haber conseguido una nueva pareja y se lamentaba pues consideraba que
eso era incorrecto. Se refería a la pareja actual de Irene como
un “imbécil” (dumbass) y un “gordo” (fat-ass), y se refería a ella
como una “maldita puta” (fucking whore).
Más tarde, a la hora del almuerzo, cuando Irene se encontró en compañía de su novio y una mujer de la organización social universitaria que la estaba asesorando, recibió un mensaje
en una red social leído desde su celular. Era un nuevo mensaje
ofensivo de su ex novio, que la puso más nerviosa,, en el mensaje
la acusa de haber conseguido una nueva pareja en un tiempo
que él consideraba demasiado corto y se refería a ella diciendo
que es “más que escoria” (You are beyond scum), que es “una
perra vestida de santa” (a bitch dressed as a saint); una “estúpida, sádica, abusiva, maldita puta” (stupid sadistic abusive fucking whore). Se refirió a su cuerpo como un “sucio burdel” (cheap brothel). En cuanto a su novio lo describió como “la primera
cosa que sacaste de un inodoro” (the first thing you pulled out of
a toilet). El mensaje finaliza en tono amenazante diciendo: “No
mereces bueno o malo, cualquier cosa es demasiado buena para
ti, tú mereces un vasto y eterno suministro de nada, de vacío y así
37
es a lo que deberá reducirse tu existencia” (You don’t get good
or bad, anything is too good for you, you deserve a vast and endless supply of nothing, emptiness and so should your existence
be reduce to).
En cuanto al agresor, Irene lo describe: “es enorme, pesa
110 kilos y está hecho de músculos”, “es ex militar de campo”.
Durante su relación con Felipe, éste le había contado que había tenido una situación de agresión con la nueva pareja de
su antigua novia. Este aspecto revela que Felipe, había presentado conductas similares a las manifestadas con Irene.
Afectaciones en la vida de Irene
Irene describe su reacción física a las agresiones así:
“Mi reacción fue temblar, no podía controlar mi cuerpo, lo
segundo fue que me puse muy pálida, luego he tenido que
volver a la universidad y me pasan varias cosas, primero
me empiezan a temblar las manos, me siento muy mareada
como si no hubiera comido durante todo el día, me siento
con gastritis, siento que quiero vomitar todo el día”.
En el plano emocional Irene se sentía vulnerada y dolida
porque este evento le partió la vida en dos, tenía paranoia, se
encontraba a sí misma pensando en la agresión en todo momento, sentía ansiedad al pensar que se podía encontrar con
el agresor y que él le hiciera algo a ella, a su novio, o a sus padres, aunque sabía que con el tiempo estaría menos nerviosa.
Su rendimiento académico bajó, pues dejó de asistir a clases y cuando regresó, estuvo muy dispersa, el trabajo como
correctora de estilo que realizaba en el momento de las agresiones también se vio afectado, dice: “mi concentración se fue
de vacaciones”.
Al principio Irene no tenía idea de cómo actuar en una situación como esta:
38
“Este fue un viaje de conocimiento en una semana, no
sabía que lo que él había hecho, fuera razón para poner
una caución. Pensaba que yo llamaba a la universidad,
lo amonestaban y se acabó. En parte, porque uno está
acostumbrado a restarle importancia a este tipo de cosas,
pero fue la gente la que me dijo que hiciera algo, que
entrara en contacto con las autoridades”.
Irene decidió hablar con Laura, su directora del programa
académico, que como mujer, pensó, podría entenderla mejor. Irene habló con Laura y descubrió que ella también había
sido víctima de una agresión similar; su empatía fue completa. Además, Laura conocía al agresor de Irene y se ofreció a
hablar con él y contarle acerca de las posibles sanciones que
podrían incluir una amonestación o expulsión de la universidad de acuerdo con la gravedad de la conducta. Laura también se ofreció para mediar con el decano de la universidad,
lo que representó un gran alivio para Irene.
Luego de hablar con el decano, Laura se reunió de nuevo
con Irene y le dijo “que la cosa no era tan fácil”. En palabras de
Irene la respuesta dada por el decano de la universidad, fue:
“Que cualquier agresión puede informarse, pero que el
estudiante debe estar dispuesto a presentar las pruebas, mediar
con el agresor y presentar una queja por escrito. El decano dijo
que muchas de estas quejas se resuelven por la fiscalía, lo que
implicaba que estos casos no eran problema de la universidad.
Él decía que debía sentarme a hablar con mi agresor, algo
así como una conciliación: sentarse y resolver los propios
problemas. Eso leí entre líneas y me hizo sentir muy insegura
porque no me sentí respaldada por la universidad”.
En cuanto a las acciones policiales y judiciales, además de
su propia falta de conocimiento acerca de las actuaciones y los
procedimientos prescritos, Irene encontró que las autoridades de
policía a las cuales se acercaba no tenían idea de cómo actuar:
“Creo que no tenían una idea clara de cuál es su papel. Lo
que ocurrió fue lo contrario, tuvimos que explicarles el papel
de la policía en estos casos”.
39
El mismo día de las agresiones, Irene y su novio se fueron a
una estación de policía para solicitar medidas de protección,
pero les informaron que la agresión se había presentado en
otro cuadrante16 (distrito de policía) y tuvieron que ir a otra
comisaría. En ese momento cambiaron de parecer y decidieron obtener más información.
Más tarde con sus padres, después de descubrir que la Ley
1257 contiene un artículo que da a las mujeres víctimas el
derecho a no encontrarse cara a cara con su agresor, en cualquier momento en los sistemas judiciales o administrativos,
Irene escribió una carta narrando los hechos y traduciendo
lo que su ex novio había dicho en Inglés en diferentes medios
de comunicación: verbal, por mensaje de texto y en facebook.
Con su padre y su novio, ella se dirigió con su carta al
Centro de Atención Inmediata (CAI), donde le habían indicado que era la instancia de atención. El policía les informó
que deben regresar al día siguiente porque el sistema informático estaba fuera servicio, sin embargo, Irene tenía con
ella la carta, dijo que en ésta se encuentra todo escrito y
por lo tanto el sistema no era necesario. Uno de los funcionarios del CAI tomó la carta y los direccionó a una oficina
donde le preguntaron a Irene si conocía al agresor y si sabía
su dirección, ella respondió que esa información estaba consignada en la carta. Finalizadas varias de las preguntas, le
entregaron un formulario oficial para convocar al ex novio y
fijar una fecha para una audiencia donde Irene y el agresor
estarían presentes.
Irene manifestó no tener intención de asistir a la audiencia,
haciendo uso de sus derechos contemplados en la Ley 1257. El
funcionario dijo que debía hablar con su lugarteniente y que el
agresor tiene derecho a una defensa. Después le dijeron que
por supuesto no debía estar presente en la audiencia. El policía estaba sorprendido, parecía como si nunca hubiera tenido
la experiencia de recibir este tipo de denuncias. Finalmente se
estableció la fecha de la audiencia para un mes más adelante.
El funcionario entregó a Irene un documento de citación
para el agresor, ella debía sacarle una copia y entregarlo en
16 El sistema por el cual la policía organiza la cobertura de los diferentes
distritos de la ciudad.
40
otro CAI al final de la tarde. Cuando ella llegó a este lugar lo
entregó al policía de turno y se fue.
“En mi casa mi único pensamiento era si él había recibido la
citación, pues comprendía que cuando se enterara habría un
punto de inflexión, un antes y un después”.
Al día siguiente Irene fue al CAI para recoger el papel firmado por el agresor, éste ya estaba firmado por la mamá de
su ex novio, le entregaron el documento firmado y ella debía
enviarlo de nuevo a la estación de policía.
Hasta el momento de la entrevista para la documentación
de los casos estas eran las acciones en las que había avanzado
Irene para la búsqueda de medidas de protección. Teniendo en
cuenta la fecha tan distante para realizar una primera acción
por parte de la policía (un mes), Irene señala: “si me ponen una
fecha tan distante, creo que debo protegerme yo misma”.
Después, Irene notificó a la universidad de la denuncia hecha ante la policía, sobre lo cual comenta:
“Tengo bajas expectativas de la universidad ya que no han
hecho nada y me han hecho sentir muy mal. Creo que el
decano no entiende la gravedad del asunto y me siento muy
desprotegida. Hay grupos de estudiantes de la universidad
que pueden cooperar con mi protección, por ejemplo, mi
novio es amigo del director de una de estas organizaciones
y ellos me podrían dar apoyo. El hecho de que yo esté
pensando en hablar con ellos y no con la universidad,
muestra que el sistema no está funcionando. Siento que esto
se ha tomado muy a la ligera”.
En principio Irene se acercó a la universidad con el argumento de que la agresión había tenido lugar dentro de la academia
y fue realizada por uno de los miembros de la institución en contra de otro. Pensó que a causa de los valores de la universidad
(católica), una respuesta por parte de la misma sería inminen-
41
te. Por otra parte, en virtud de los reglamentos universitarios, el
comportamiento de su ex novio se clasifica como falta grave que
puede conducir a sanciones e incluso a la expulsión.
En la universidad Irene buscó la ayuda de un psicólogo y
de la organización social de estudiantes, y luego se dirigió a
las autoridades universitarias y también llamó a sus padres.
Irene evaluó su propio riesgo, también a través de las conversaciones con su psicóloga quien a partir de la descripción de
los hechos, caracterizó al ex novio como una persona egosintónica17, es decir, no tiene conciencia de hacer el mal y por lo
tanto, no tiene sentido hablar con él. Como resultado, Irene
se entera que una persona egosintónica se comporta de una
manera tal que la gente siente lástima por él.
Irene recordó un incidente durante su relación con su
agresor, cuando encontró algunos correos electrónicos a su
ex novia diciéndole que la amaba, así que decidió poner fin a
su relación con él. Él respondió con un intento de suicidio. En
relación con este incidente, Irene dijo:
“Yo no quería admitir que lo hizo para manipularme, para
conseguir que volviera con él, y yo volví…”
La historia de su relación con el agresor y la falta de protección por parte de la Universidad hicieron que Irene decidiera ir a la policía.
“Esa fue una decisión bastante difícil porque no estaba
preparada para entender que tenía que sacar una orden
de restricción. Solicitamos asesoría jurídica y tomamos la
decisión, yo convencí a mis padres”.
Los padres de Irene eran muy escépticos sobre la denuncia
por temor a que ante la orden de restricción el ex novio pudiera reaccionar más violentamente.
17 Egosintónicos es un término psicológico que se refiere a los comportamientos, valores y sentimientos que están en armonía o sean aceptables
para las necesidades y objetivos del ego o yo, y sean compatibles con los
ideales de la propia imagen
42
Por consejo de las personas que la acompañaron en la universidad también pensó en acudir a autoridades policivas. Al
respecto señala que tenía mucho miedo pero luego pensó en
sentar un precedente:
“[…] pensé que si no ponía la caución18, él iba a seguir
creyendo que eso está bien, también para no quedar
desamparada, tenía miedo pero no iba a dejarme manipular
solo porque él es grande y fuerte”.
En Colombia, en términos generales, las dificultades para
que las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia puedan acceder a la justicia no están relacionadas con la ausencia de legislación. La Ley 1257 de 2008, provee un marco de
actuación que contiene normas de sensibilización, prevención, protección y sanción a las violencias contra las mujeres,
que de ser aplicado de manera adecuada podría significar un
importante avance en la lucha contra la impunidad.
En el caso estudiado, el ordinal k del Artículo 8 de la Ley
125719 jugó un papel fundamental, pues el principal obstáculo
considerado por Irene para no denunciar a su agresor consistió
en su negativa rotunda a estar con él frente a frente en cualquier
espacio. Cuando Irene conoció de la existencia de este derecho,
sintió plena confianza para solicitar la medida de protección.
Sin embargo, en lo que respecta a la delincuencia cibernética, la Ley 1257 que incluyó una serie de reformas al Código
Penal Colombiano, se queda corto. No existen disposiciones
específicas de ningún tipo sobre la delincuencia cibernética
en esta ley.
La Ley 1257 identifica la violencia psicológica como uno
de los tipos de violencia contra las mujeres. Esto incluye ame-
18 Medida de protección policial
19 Este derecho está consagrado en la ley en los siguientes términos: Mujeres víctimas tienen derecho a: (k) decidir voluntariamente si confrontar al
agresor en cualquiera de las opciones de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otra índole.
43
nazas, insultos y señalamientos que el agresor de Irene le
transmitió por medios electrónicos.
Si una denuncia penal se presentara, tendría que basarse
en los delitos de injurias y calumnias que puedan haber sido
cometidos a través de medios digitales u otros medios. En términos administrativos, la Ley 1341 de 2009 sobre la sociedad
de la información tiene por objeto proteger los derechos de
los usuarios de las TIC, pero no prevé medidas en contra de
su mal uso. Una herramienta importante que ofrece esta ley y
que podría contribuir en cierta medida, a abordar los problemas de la violencia contra las mujeres a través de las TIC, es
el poder otorgado al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para “supervisar el pleno ejercicio
de los derechos a la información y la comunicación, así como
el cumplimiento de la responsabilidad social de los medios”.
En la actualidad hay dos iniciativas relacionadas con el
uso seguro de las TIC. Una de ellas es la Política Nacional de
Uso Responsable de las TIC del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones y su plan Vive Digital
conocida como “en TIC Confío” www.enticconfio.gov.co. Esta
estrategia está dirigida a la generación de conocimiento y
a la sensibilización sobre las posibilidades de internet y los
riesgos derivados de su utilización y busca promover la confianza y la seguridad en el uso de las TIC, especialmente por
los niños y los jóvenes; sin embargo, no tiene un componente
relacionado con la violencia contra las mujeres.
La otra iniciativa, “Te Protejo” www.teprotejo.org se lleva
a cabo por el Ministerio de las TIC y otras entidades privadas
vinculadas al sector de las TIC, asi como por organizaciones
que trabajan en la defensa y promoción de los derechos de
los y las menores en Colombia. Esta es una iniciativa para proteger, a través de internet, a los niños, niñas y adolescentes
en el país.
En el marco de esta iniciativa, el acoso cibernético se define como la agresión que se produce entre los menores de 18
años por el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Cuando se habla de la agresión no se refiere a ninguna realización específica, en este sentido podría incluirse
la violencia de género y asalto sexual. Esto es comprensible
dado el grupo de edad, pero puede llevar a confusiones, ya
que si se produce la agresión entre personas mayores a 18
44
años, no puede ser clasificado como acoso cibernético, dejando a todas las mujeres por encima de ese rango de edad sin
protección.
Deficiencias en los procedimientos por parte de las
autoridades
Por las acciones de la policía en el caso de Irene, se da a
entender que la Ley 1257 de 2008 aún no ha sido entendida
por los encargados de hacerla cumplir. Esto también es cierto
para las autoridades judiciales, las unidades policiales de familia, jueces y personal de salud, entre otros.
Por un lado, la ley no es muy conocida, y por el otro, aun
cuando se conoce, no se aplica, se ve la violencia contra las
mujeres desde el punto de vista tradicional como un problema que se debe abordar a través de un enfoque que prioriza
la familia, o porque hay una negación de la existencia del
problema de violencias contra las mujeres. Esta situación se
reproduce en la medida en que no se aplican las sanciones
del caso por violar la ley. También hay una tendencia a minimizar la violencia psicológica y subestimarla en comparación con la violencia física o sexual, ya que las mujeres
víctimas no reciben la debida atención y no se garantiza el
acceso a la justicia.
El procedimiento de la policía en el caso de Irene fue completamente irregular y si ella no hubiese tenido la asesoría jurídica, habría tenido que renunciar a su solicitud de medidas
de protección en las primeras etapas. Es sorprendente que la
policía cuente con un protocolo para ayudar a las mujeres
víctimas de violencia donde se les informa sus derechos y se
indica lo que tienen que hacer en estos casos, y que los y las
agentes de policía no lo conozcan.
Acerca de esto, Irene dijo:
“Las deficiencias (en los procedimientos) se pueden ver
simplemente por el hecho de que una citación lleva seis
pasos, la mitad de ellos innecesarios. Si la calidad del
procedimiento se mejorara, se ahorraría tiempo y estrés.
Mucho de esto se debe a que la policía no tiene claridad
sobre los pasos específicos, lo que retrasa el proceso. Mis
45
padres previamente llamaron a una extensión telefónica de
la policía para consultas públicas, y la persona que contestó
no tenía idea de cómo responder y lo remitió a la Dirección
de Investigación Criminal (DIJIN). Esto contribuye a la fatiga,
y a que muchas personas no terminen los procedimientos”.
De la misma manera, las acciones del decano de la universidad muestran una mentalidad según la cual, estos asuntos
no son de la competencia de la universidad, así como una tendencia a minimizarlos y a evadir responsabilidades relacionadas con la convivencia en la academia.
Cuestiones clave
“Lo primero que aprendí es que nunca se conoce
plenamente a la gente. En segundo lugar, he aprendido
a confiar en mi fuerza interior. Pasé dos años con este
tipo y no podía ver a mis amigos, pero él podía coquetear
con otras mujeres. Mi autoestima estaba en el piso. Esta
experiencia me enseñó que todas mis penurias valieron
la pena, hoy tengo un mejor autoconocimiento que no
tendría de otro modo.
Descubrí los problemas del sistema en el país, he
aprendido a no subestimar cualquier tipo de agresión.
Creo que en parte, la razón por la cual las cosas no
funcionan correctamente, se debe a que las personas
no cuentan, que no ponen su granito de arena. Muchas
personas justifican la violencia verbal, porque no es física
y por lo tanto, no es tan grave, y es difícil hacer entender
a alguien que no la ha vivido. Siento que es importante
compartir estas cosas y desnaturalizarlas, hacer que dejen
de ser tan comunes y corrientes […] Es necesario discutir
abiertamente las agresiones que circulan por internet,
que se regulen, porque sin poner la cara se puede hacer
mucho daño, hay que buscar cómo generar algún tipo
de sanción. Claro, las TIC no son tomadas en serio por un
país que no sabe hablar por teléfono, se deben propiciar
espacios para que se ponga la debida atención, que se
entienda que no es un chiste”.
46
MARTHA SE ENFRENTA A LA CULTURA
DE LA IMPUNIDAD
Martha20 es una mujer que vive en la costa caribe colombiana, de 32 años de edad, es de profesión fisioterapeuta con
especializaciones, es divorciada y madre de dos hijas. Es una
mujer independiente y genera sus propios ingresos.
Martha es víctima de violencia digital por parte de su ex
esposo, un abogado norteamericano, quien por venganza
posterior al divorcio publicó fotografías de su cuerpo desnudo en diferentes poses eróticas e incluso manteniendo relaciones sexuales. El agresor ejerce acoso repetido a través
de mensajes y fotografías, también roba su identidad creando perfiles falsos de la mujer víctima a través de las redes
sociales como facebook y twitter. Estos hechos le han ocasionado a Martha graves afectaciones emocionales, físicas y
mentales, generándole constante ansiedad, angustia, miedo,
vergüenza y sentimientos de culpabilidad e inseguridad.
La investigación penal sigue su curso y Martha siente
que en su caso existe negación de justicia e impunidad. Su
experiencia con la abogada litigante que contrató tampoco le trajo satisfacciones y por lo tanto le retira el poder de
representarla y la denuncia ante el Consejo Superior de la
Judicatura.
El ex esposo de Martha usa el acoso cibernético contra
ella como venganza por su decisión de poner fin a la relación, él publica imágenes de Martha desnuda y participando
en relaciones sexuales con hombres, manipula fotos de otras
mujeres, haciendo creer que es Martha con el objetivo de intimidarla y degradarla.
Martha narra los hechos de los cuales fue víctima por parte de su ex esposo:
las personas implicadas.
47
“Todo comenzó cuando tomé la decisión de conseguir
el divorcio de mi esposo Marlon21, un ciudadano
norteamericano de 53 años de edad, abogado de profesión,
que está tomando ventaja por el hecho de ser abogado y de
que yo soy una mujer para causarme daño, porque se siente
seguro de que nada le puede suceder.
Estuve casada desde el 28 de marzo hasta el 04 de
octubre 2010, según está registrado en Colombia. Nuestro
matrimonio duró solo seis (6) meses a causa de la continua
violencia física, sicológica y sexual a la que me sometía. Esos
son meses que me gustaría olvidar por el resto de mi vida. Él
me dijo que nunca me olvidaría y que iba a pagar muy caro
por todo el sufrimiento que le causé por dejarlo.
“Durante el tiempo que estuvimos casados cada uno vivía
en su país, él en una zona de Canadá y yo en una ciudad de
la costa caribe colombiana, mientras que Marlon hacía los
trámites para conseguir la visa y que yo pudiera viajar a los
Estados Unidos como su esposa. Cuando él venía a visitarme
en Colombia, nos alojábamos en un hotel de la ciudad donde
vivo. Una vez que entrábamos en el hotel ya no me dejaba
salir y presentaba un comportamiento extraño y agresivo.
Ante esta situación, me vi en la obligación de pedirle la
separación y el divorcio porque lo consideraba una persona
muy agresiva y sexualmente enferma. A raíz de mi decisión,
Marlon decide iniciar una venganza en mi contra a través de
diferentes medios digitales”.
“Él abrió cuentas en las redes sociales facebook y twitter
a principios de noviembre del 2013 utilizando mi nombre.
Publica numerosas fotografías donde estoy desnuda, vestida
o en ropa interior. Comparte fotografías pornográficas de
otras mujeres y la gente piensa que son mías, ya que se
publican en las cuentas que él creó con mi nombre para
hacerme daño y humillarme. Muestra relaciones sexuales de
otros cuerpos desnudos que no son mías, y en los mensajes
hace creer a la gente que soy yo sosteniendo relaciones
íntimas con otros hombres. En las fotografías donde
aparecemos los dos, él corta el lado de su cuerpo y las sube
a la web mostrando solo mi cuerpo”.
48
Él era la única persona que tenía acceso a estas fotos ya que
fueron tomadas en nuestra luna de miel en los lugares que
visitamos, puedo probar esto por los sellos de pasaporte de
los países que visitamos. En algunas de estas fotografías hay
evidencia del abuso físico al que fui sometida, porque yo
creía ciegamente en su amor y en nuestro matrimonio”.
“Quiero aclarar que nunca he concedido al señor Marlon
mi consentimiento o autorización para publicar estas
fotografías íntimas. En otras palabras, estas acciones de mi
ex marido se cometen en contra de mi voluntad, mi dignidad
y mis derechos. Él me sigue causando daño, amenazó con
matarme y me dijo que nunca podría alejarme de él, porque
siempre estaría en mi vida. En algunas fotografías estoy
dormida. Hay otras fotografías que muestran la penetración
anal, una mujer que tiene relaciones sexuales con otros
hombres que no soy yo. Esto ha tenido graves consecuencias
en mi vida. Nunca me imaginé que iba a usar imágenes de
nuestra luna de miel para humillarme públicamente”.
Afectaciones en la vida de Martha
Estos incidentes han afectado a Martha emocional y físicamente, provocándole ansiedad constante, miedo, sensación
de inseguridad, dificultad para concentrarse, para recordar
los detalles exactos; sentimientos extremos de angustia, culpa, vergüenza y autocensura. Sentimientos de estar expuesta,
de daño en la reputación, de intromisión en su privacidad y de
ser violada (física, sexual y emocionalmente) al ver las imágenes de su cuerpo y partes íntimas expuestas en la web a la
mirada y el deseo masculino.
“Tengo problemas con mi actual esposo a causa de estos
actos de violencia digital, estamos en el trámite legal del
divorcio. Me angustia pensar que mis hijas algún día cuando
crezcan, vean esas fotografías y me reprochen. Yo no tengo
contacto con mi agresor porque bloqueé la cuenta para no
permitirle ningún contacto directo”.
Estos actos de violencia digital en contra de Martha le han
afectado su trabajo, disminuyendo su productividad, con graves consecuencias en su capacidad para mantener a su fami-
49
lia, debido a que el estrés generado la llevó a renunciar a su
trabajo, además para buscar una salida a su situación Martha
contrató los servicios de una abogada.
Las relaciones familiares de Martha se vieron afectadas
pues evitaba encuentros sociales, se encerraba en sus pensamientos y en su casa, su sentido de la libertad se vio restringido, se sentía desconfiada y se autocensuraba. Dudaba de usar
las TIC debido a la experiencia que había tenido.
“Sí, tenía dudas en utilizar las TIC por temor a nuevas
agresiones digitales. Me parece que las TIC no son seguras
ni confiables porque si permiten que una persona ejerza
violencia contra las mujeres, montando fotos de ese tipo y no
hay solución legal, queda la desconfianza de utilizarlas. Sé
que estos medios virtuales no están diseñados para perjudicar
a las mujeres sino para las comunicaciones, pero la mayoría
de los hombres sí las usan para hacernos daño. Actualmente
no las uso por temor de lo que me pueda volver a pasar”.
Para Martha, recordar los hechos de las agresiones de
las cuales fue víctima por parte de su ex pareja resulta muy
doloroso y como lo expone durante la entrevista, aunque ha
pasado un tiempo desde que éstos ocurrieron, ha sido difícil
comprender y asimilar teniendo en cuenta que estos ataques
vinieron de la persona con la cual tuvo una relación sentimental. Además, hablar de esta situación le ha significado un
enorme esfuerzo porque debe compartir con otros algo que
considera muy personal.
Martha presentó formalmente una denuncia penal de los
hechos ante la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, como consta en el formato de noticia criminal de enero
de 2014, sin que hasta el momento de cierre de esta investigación haya sido posible una respuesta efectiva que garantice un
recurso sencillo y ágil al que tiene derecho. Al momento de la
documentación de la historia, el caso estaba siendo atendido
judicialmente por una abogada privada contratada por la mujer víctima en su decisión voluntaria de denunciar los hechos
y buscar justicia para que su caso no quede en la impunidad.
50
La mujer víctima afirma que a pesar de la existencia de
leyes para proteger a las mujeres ella no las conoce, ni tiene
mucha confianza en las leyes porque los derechos no se hacen valer ni por la fiscalía que conoce su caso, ni por la abogada que le recomendaron en la alcaldía de su ciudad.
Resalta la ayuda suministrada en la atención primaria de
su caso por las funcionarias de la alcaldía municipal, a través
del Programa Mujer de la Secretaría de Gestión Social. Allí
le presentaron una abogada a la cual Martha contrató para
gestionar su caso. También la contactaron con una profesional en derecho, directora de una ONG local, quien trabaja en
derechos de las mujeres, ella la asesora gratuitamente en las
acciones a tomar.
En cuanto a la abogada dice:
“Ella no me da respuestas ni resultados del proceso, ni un
avance de la investigación, me dice que todo está bien, pero
yo no veo ningún resultado. Me dice que no debo hablar
del caso con nadie ya que podría ser perjudicial para la
investigación judicial y que no debería buscar cualquier
otra orientación legal fuera de la brindada por ella. Le he
cancelado varias sumas por concepto de honorarios y hasta
ahora no he visto resultados”.
Martha insiste, reclama y exige una garantía real de justicia, que se ordene y se logren borrar de las redes sociales las
fotos íntimas publicadas, que se castigue a su agresor. Martha
teme que él gane esta venganza y la violencia quede en medio de la impunidad.
Martha se enteró que sus fotografías íntimas estaban en la web:
“Mi amiga Patricia, por su propia iniciativa envió una solicitud
a facebook pidiendo la cancelación de la cuenta y las
imágenes porque estaban dañando el nombre de una persona
y se debían bloquear. Nunca tuve respuesta de esto. Luego me
enteré de que habían llegado a otras redes, mis amigas me
51
alertaron y me dijeron que él podía estar prostituyéndome
en internet, entonces acudí a la fiscalía de la ciudad y allí me
dijeron que ese caso no era de su competencia, que fuera
a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) a la cual me dirigí
y donde me informaron, que los hechos no “aplican”, o no
corresponden con los que ellos atienden y menos porque se
trata de un ciudadano extranjero”.
Después de los primeros intentos de Martha por buscar
justicia ante la policía y la URI, ella decide ponerse en contacto con la alcaldía de su municipio donde le brindan alguna
orientación sobre sus derechos y la contactan con algunas
profesionales que le indican los pasos a seguir. Al respecto de
este primer acercamiento Martha dice:
“A través de las funcionarias de la Oficina de Gestión Social
me dan una carta para que me atiendan en la SIJIN22, allí
denuncié a mi ex marido”.
De acuerdo con el relato de Martha, debido al estrés emocional generado por la publicación de su información personal en las redes sociales, ella le solicita a su amiga Patricia
pedir a la red social bajar la información. Patricia solicita a
las redes sociales bloquear la difusión de las fotografías ya
que denigran a una mujer como persona y que esa mujer no
es la dueña de las fotografías subidas a la red. Martha aclara:
“hasta ahora no he tenido ningún tipo de respuesta por parte
de estas empresas. No han bajado las fotografías. Quiero que
se haga justicia en este caso”.
Al momento de analizar con Martha los pasos para encontrar respuesta a su situación, manifestó:
“Encontré una cantidad de limitaciones, cuando me dirigí a la
fiscalía me dijeron que eso no era problema de ellos, que si no
22 SIJIN. Seccional de Investigación Judicial. Tienen funciones de policía
judicial
52
había justicia para los colombianos menos para un ciudadano
norteamericano, incluso me censuraron en el CAVIF23 sobre el
porqué me había dejado tomar ese tipo de fotos y quienes me
preguntaron eran hombres. Yo me deje tomar las fotos porque
era mi esposo y no creí que fuera a utilizarlas en mi contra”.
Además de la revictimización a Martha por parte de los
funcionarios que atienden la denuncia, otra de las limitaciones encontradas es que las leyes no mencionan explícitamente las violencias contra las mujeres relacionadas con las
tecnologías como una ofensa delictiva: “no ofrecen dispositivos de protección para las víctimas ni proporcionan procedimientos claros para la investigación y el procesamiento de
casos”. De otra parte, Martha no siente que la respuesta de las
empresas de internet sea satisfactoria para su caso específico
porque no le han dado un resultado efectivo:
“No he obtenido respuesta, el proceso legal no me ha
ayudado y no estoy satisfecha con el servicio de justicia
colombiano ni con el de internet. Para mí el resultado ideal
es que el agresor pague por lo que me hizo, las mujeres
siempre hemos sido violentadas y nunca se ha hecho caso
a estas violencias a las que se les debe imponer la misma
pena, igual si es fuera o dentro de internet”.
Las principales dificultades encontradas al llevar a cabo los
procedimientos legales han sido la deficiencia en los recursos,
los servicios, la falta de personal preparado en las instituciones
y los dispositivos públicos eficaces para atender a las mujeres.
ALEJANDRA TERMINA SU RELACIÓN PERO
LA VIOLENCIA CONTINÚA
Alejandra24 es una mujer colombiana de 23 años de edad.
Es tecnóloga en salud ocupacional y seguridad industrial y la
fuente de sus ingresos se deriva de su profesión, sin embargo,
23 Centros de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar.
53
al momento de documentar su caso ella no se encuentra laborando.
El ex novio de Alejandra la intimidó ejerciendo en su contra violencia digital. La acosó virtualmente, realizó comentarios ofensivos en línea, manipuló información personal no
autorizada que incluye imágenes y videos, accedió a su información privada, le realizó fotografías sin su consentimiento y
robó las contraseñas de sus cuentas en redes sociales y de sus
servicios de telefonía móvil.
La violencia digital ejercida contra Alejandra le ocasionó
afectaciones de tipo emocional y físico, provocando en ella
miedo, ansiedad, angustia, timidez y sentimientos de inseguridad.
Con ayuda de la Policía Nacional, Alejandra logró que su
agresor fuera capturado y luego de un acuerdo entre él, la
policía y ella, logró que las fotografías fueran retiradas de las
redes sociales, la investigación penal sigue su curso, Alejandra manifiesta sentirse tranquila y segura sobre la garantía
de justicia en su caso.
Alejandra fue víctima de violencia digital por parte de su
ex pareja, un ingeniero de 32 años, quien en venganza por la
decisión de Alejandra de dar por terminada la relación sentimental, inicia una serie de ataques en su contra a través de
mensajes de correo electrónico, teléfono celular y a través
de la red social facebook, donde publica fotos de Alejandra
desnuda, las cuales fueron tomadas sin autorización de ella y
en la intimidad de la relación sentimental.
Alejandra narra que cuando conoció a su agresor tenía
21 años de edad y se encontraba terminando su carrera universitaria, se enamoraron e iniciaron su relación sentimental,
incluso con una promesa de matrimonio. A medida que el noviazgo avanzaba, su novio fue evidenciando agresividad, se
convirtió en un ser muy posesivo que la obligaba a alejarse
de sus amistades y familiares e incluso llego a prohibirle el
uso de las TIC con el fin de alejarla de todo contacto con las
personas.
54
Durante el tiempo de relación con Enrique25, Alejandra
quedó embarazada y la violencia que él ejercía en su contra
empeoró, no se cumplió la promesa de matrimonio, decidieron irse a vivir juntos y la violencia física, sexual y psicológica se repitió y se acrecentó. Alejandra abortó de manera
involuntaria y decidió alejarse de su agresor. Sin embargo, él
continuó amenazándola por diferentes medios digitales, especialmente enviándole mensajes a su teléfono móvil.
A los tres meses de terminada la relación Alejandra recibió un correo electrónico amenazante de Enrique diciéndole
que si no regresaba con él, se arrepentiría y es entonces cuando creó un perfil falso en facebook donde publicó fotografías
de Alejandra desnuda que le había tomado en secreto y sin su
consentimiento.
Sobre la situación Alejandra dice:
“Me envía unas fotos donde yo aparecía desnuda y entré en
shock. No me esperaba esto, nunca me imaginé que podía
hacer algo como esto contra mí. Yo nunca le di autorización
para que me tomara fotos desnuda, me daba mucha
vergüenza que mis padres se enteraran y las vieran, así que
decidí volver con él por el temor de que publicara las fotos.
Sin embargo, cuando el maltrato y el control continuaron,
decidí denunciarlo y él empieza a publicar mi cuerpo por
partes, mi cara, mi torso, mi cuello y me amenaza que si no
volvía con él, iba a publicar mis partes privadas”.
Afectaciones en la vida de Alejandra
Como consecuencia de los hechos, Alejandra, que se caracterizaba por ser una mujer alegre, trabajadora y con muchas amigas y amigos, se aísla de sus conocidos y familiares y
reduce el uso de algunas herramientas tecnológicas, en especial el teléfono celular. Reconoce que por culpa de su agresor
se limitó a hacer las cosas que él autorizaba.
También se vio afectada en su trabajo, relaciones familiares y sociales; expresaba cotidianamente sentimientos de
55
desconfianza, miedo e incluso la pena que sentía con sus padres y amistades generaba en Alejandra reacciones violentas
e incomprensibles que le impedían buscar ayuda, imaginando
lo que pensarían cuando vieran sus fotos desnuda.
Alejandra sentía mucha desconfianza frente a todas las
agresiones cometidas por Enrique en su contra, por ejemplo
el envío de mensajes desde su cuenta de correo, ya que ella
nunca le había entregado la clave de su correo electrónico. Sin
embargo, ella concluye, que debido a los amplios conocimientos de él en informática había logrado acceder a su cuenta.
Viviendo esta difícil situación, Alejandra acude a su madre
y es ella quien la anima a buscar ayuda de tipo legal. El primer lugar donde Alejandra decide buscar ayuda es el Programa de la Mujer de la alcaldía local, donde recibe orientación
inicial y la relacionan con una abogada conocedora de las
violencias digitales quien le proporciona información sobre
la Ley 1257 200826. Esto la motiva a acudir al Gaula27 de la
Policía Nacional el 20 de enero de 2014 donde denuncia a su
ex pareja sentimental por violencia digital. Sin embargo, ella
había denunciado a Enrique en el 2013 por violencia física,
sin que hasta la fecha de la documentación del caso, hubiese
tenido una respuesta por estos hechos.
A pesar de las denuncias de Alejandra, ella sentía mucho
temor por la situación vivida con su agresor quien continuó
enviándole amenazas por el correo y publicando las fotos de
ella desnuda en facebook. Al notar que no había respuesta de
las autoridades frente a las denuncias a su agresor, Alejandra
decidió hacerle saber a las autoridades de policía quién era
su padre:
“Me toco decir quién era mi papá (militar) porque yo quería
que se hiciera justicia, porque aquí toca así, entonces ahí sí
empezó a funcionar la policía”.
26www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054
27 Grupo Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional de Colombia.
56
Luego de que Alejandra ejerciera presión explicando quien
era su papá, su ex pareja fue capturado en un operativo judicial
ordenado inmediatamente y permaneció dos (2) días en el calabozo de la SIJIN28 donde el fiscal que atendió el caso le hizo
firmar un acta de compromiso para que se alejara de Alejandra
y no volviera a ejercer en su contra ninguna clase de violencia
como ordena la Ley 1257 de 2008, comprometiéndolo también
a eliminar en facebook todos los perfiles creados con el nombre de Alejandra. De acuerdo con lo expresado por ella, lo ha
cumplido hasta la fecha de documentación del caso.
Alejandra no volvió a recibir llamadas amenazantes de su
agresor, el perfil con su nombre fue eliminado de facebook.
Siente que la solución a la violencia digital ejercida en su contra fue haber tomado la decisión de denunciarla y ha hecho
un gran esfuerzo para superar esta historia.
Cuestiones clave
La solución jurídica en el caso denunciado por Alejandra
se relaciona con el mandato legal de la Ley 1257 de 2008
referente al derecho de recibir una atención integral como
respuesta diligente del Estado en el acceso a la justicia por
parte de las mujeres. La decisión de denunciar los hechos fue
oportuna y aunque se presentaron demoras en la aplicación
de justicia y para lograrla tuvo gran influencia la relación del
padre de Alejandra con una institución armada, la respuesta a
su denuncia fue atendida con agilidad en el marco del nuevo
proceso penal acusatorio que existe en Colombia.
En el caso de Alejandra sí existe solución legal que satisface a la víctima, su agresor firmó un compromiso legal por
medio del cual se comprometió a cesar la violencia digital en
contra de ella. Pese a la evidencia del daño en la vida de la
mujer, ella se siente reparada por el hecho de la garantía de
no repetición.
Alejandra también siente que en su caso existen soluciones corporativas, ya que las fotografías fueron retiradas de las
redes sociales pese a que no presentó solicitud alguna ante
28 Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia.
57
facebook, sino que fue su agresor quien eliminó el perfil creado en su nombre y borró las fotografías donde ella aparecía
desnuda.
Para Alejandra, algunos factores fueron vitales para realizar las acciones judiciales que emprendió: claridad de las
leyes, las conoció y las exigió, el apoyo de amigos, familiares
y otras personas entre las cuales se encuentran las funcionarias de la alcaldía y las abogadas que le ayudaron a tomar
conciencia de la situación, a conocer sus derechos y las leyes que la protegen como mujer. Los resultados la dejaron
satisfecha porque respondieron a su reclamación de justicia,
ya que la policía investigó su caso, recibió protección y capturó a su agresor.
Alejandra cita específicamente la Ley 1257 de 2008 como
base legal para la denuncia penal que instauró, la reconoce
como ayuda para exigir medidas de protección y aunque le
enseñaron que esta ley no se relaciona directamente con
las tecnologías, siente que “al mencionar los derechos de las
mujeres, las violencias y los daños que nos hacen, ésta sirve,
aunque no diga textualmente TIC” porque como ella lo manifiesta: “La violencia de género se da en cualquier espacio,
incluyendo los digitales”.
En la práctica cotidiana los términos judiciales dependen
de muchos factores, aunque en Colombia existen los procesos
de juicio oral, lo sucedido con el caso jurídico de Alejandra es
que realmente no se termina por la culminación de todas las
etapas de la investigación judicial, sino por acuerdo entre las
partes al firmar el agresor un acta de compromiso.
En Colombia existe la figura jurídica de preacuerdos y negociaciones a los que puede llegar la fiscalía y la defensa en
el actual Sistema Penal Acusatorio. Aunque hacen efectivo el
principio generalizado basado en la descongestión y la celeridad, también privilegian la conciliación del hecho punible,
evidenciando efectos de revictimización, al enfrentar a las
mujeres con sus agresores, pese a estar prohibido en la Ley
1257 de 2008, y desconociendo disposiciones especiales que
amparan a las mujeres víctimas de violencias por condición
de género. En este sentido, el hecho de que las mujeres, en su
rol de sujeto pasivo de la conducta, deban comparecer en juicios orales y públicos a rendir sus declaraciones frente a sus
victimarios, debe ser evitado en la garantía del acceso efec58
tivo a la justicia por parte de las mujeres y en el restablecimiento de sus derechos como ciudadanas y actoras políticas
relevantes.
59
Capítulo 4
Recomendaciones
Teniendo en cuenta lo documentado hasta el momento en
el caso de Antonia, el aspecto más importante a desarrollar
en relación con las violencias contra las mujeres a través de
las TIC, es el relacionado con las medidas de protección que
pueden definirse a través de propuestas de legislación específica para la protección de mujeres víctimas y defensoras de
derechos humanos.
En relación con la investigación criminal, los casos documentados dan cuenta de la necesidad de proponer protocolos de actuación que permitan avanzar en la investigación sin
que en los casos de violencias contra las mujeres a través de
las TIC el resultado sea por regla general la impunidad.
En el caso de Irene, previa consulta al Ministerio de las
TIC29 sobre el estado del arte de las estadísticas en los índices de violencia contra las mujeres a través de los medios
digitales, no hay cifras, por lo que es necesario recomendar
que sean proporcionadas para recoger y sistematizar esta información.
De acuerdo con la experiencia de Irene, es evidente que
el Estado colombiano tiene que difundir la Ley 1257 de 2008
ampliamente entre las mujeres, así como, entre funcionarios
y funcionarias de la esfera pública, responsables de hacerla
cumplir. Además, se sugiere exigir el conocimiento de esta ley
29 Entrevista con María Fernanda Ardila, quien al momento de realizar la
investigación era la Subdirectora de Cultura Digital, de la Dirección de
Apropiación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
y la legislación vigente sobre la violencia contra las mujeres,
como acreditación previa para las personas nombradas en
cargos donde estarán en contacto con las mujeres que denuncian violencias en su contra.
Además del conocimiento de la Ley 1257 por parte de funcionarios y funcionarias del Estado y por parte de las mujeres,
es urgente mejorar los mecanismos que garanticen su implementación en todo el territorio nacional.
En relación con la legislación sobre delitos cibernéticos,
se recomienda una enmienda o, definir un nuevo delito en la
legislación vigente incluyendo el uso de la tecnología para
hacer frente a este tipo de violencias que corresponden con
la evolución de la tecnología y de los nuevos delitos posibles
a través de estos medios de comunicación, con el fin de evitar
la impunidad y no alentar aún más la comisión de estos actos.
Además de la necesaria legislación que proteja el derecho
a la intimidad, al secreto de la información personal y otras
vulneraciones por medios informáticos, se sugiere contemplar un nuevo delito denominado “hostigamiento o acoso informático” definido como todo contenido a través de medios
informáticos que se dirija de manera específica a una persona
o grupo con comentarios ofensivos o insultantes en referencia
a su sexo, religión, nacionalidad, orientación sexual, identidad
etnocultural o cualquier característica o condición particular.
En el caso de Martha la víctima agrega que tiene sugerencias para mejorar los procedimientos realizados por las
compañías de internet.
“Deberían tener más cuidado, ser más meticulosos cuando
reciban y publiquen fotos, tener en cuenta el daño que nos
causan, que se garantice justicia, que se capacite sobre estas
redes que nos violentan”.
Martha siente que su caso es una lección aprendida de manera difícil, acerca de la violencia perpetrada por su agresor
que es un hombre y también es abogado. Le gustaría compartir su experiencia con otras mujeres para que no les suceda lo
mismo, la recomendación al gobierno, las autoridades, los intermediarios de internet y los proveedores de servicios es que:
61
“Tomen conciencia de este tipo de violencia digital que
existe y daña las mujeres, nos causa un gran daño, viola
nuestros derechos y simplemente queda sin castigo”.
En el caso de Alejandra, ella aconseja a las mujeres acerca de la necesidad de denunciar todo hecho de violencias
incluyendo las digitales. De igual manera recomienda a las
autoridades judiciales ser más sensibles a las necesidades de
las mujeres, mejorar los procedimientos judiciales para que
sean más entendibles, sencillos y rápidos. A los intermediarios de internet les recomienda que sean más sensibles con
las violencias contra las mujeres y actúen más rápido ante
las solicitudes que se les piden. También les recomienda a las
madres y demás familiares que refuercen la educación en estos temas con sus hijas y les ofrezcan amor y comprensión.
En el ámbito social, político y a nivel normativo se recomienda considerar la posibilidad de incluir en el código penal
un delito específico consistente en el ejercicio de violencias
contra las mujeres a través de medios informáticos y la creación de una ruta de actuación para las diversas autoridades
que intervienen en estos casos.
A los intermediarios de internet se les recomienda una
mayor celeridad frente a las órdenes de la fiscalía así como
respecto de las solicitudes de las mujeres en el sentido de eliminar las publicaciones que atentan contra su derecho a la
intimidad y al buen nombre.
De igual manera se recomienda una mayor atención a la
problemática de las violencias contra las mujeres a través
de las TIC, tanto por parte de las organizaciones de mujeres
como del Estado a través de la inclusión de medidas de protección específicas en el programa de protección para mujeres víctimas y defensoras de derechos humanos.
Se recomienda que la Fiscalía General de la Nación avance en la definición de protocolos de actuación que permitan
mejorar en la investigación teniendo en cuenta entre otros
los siguientes aspectos:
• Celeridad en la investigación: como puede observarse la
lentitud en los procesos ha sido señalada como un factor
que ha contribuido de manera fundamental a la impunidad.
62
• Coordinación en las acciones de las distintas entidades involucradas (policiales, de justicia, de protección).
• Contextualización de las investigaciones relativas a amenazas por medios electrónicos a defensoras de derechos
humanos y mujeres víctimas de violencia sociopolítica en
el marco de la violencia contra las mujeres, acudiendo a
la conceptualización y herramientas contenidas en la Ley
1257 de 2008 sobre la no violencia contra las mujeres.
Se recomienda al Ministerio de las TIC que asuma con mayor interés su responsabilidad de “vigilar el pleno ejercicio de
los derechos de información y de la comunicación, así como
el cumplimiento de la responsabilidad social de los medios
de comunicación”.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones debe ejercer
efectivamente su facultad consistente en “Requerir para el cumplimiento de sus funciones información amplia, exacta, veraz y
oportuna a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones” y hacer uso de su facultad sancionatoria especialmente en
casos de violencia contra las mujeres a través de las TIC.
Es necesario aplicar lo previsto en el Documento Conpes
161 de 2013: “Equidad de Género para las Mujeres”, en el eje
temático: Construcción de paz y transformación cultural, en
el cual se ordena al Estado el desarrollo de procesos de formación orientados a la generación de competencias para el
uso y apropiación de las TIC por parte de las mujeres y el diseño y puesta en marcha de estrategias de información, comunicación y educación que contribuyan a superar la tolerancia
social frente a las violencias basadas en género.
También se recomienda a las empresas que prestan servicios de intermediación en internet, generar rutas o mecanismos para recibir y atender las denuncias sobre violencias
digitales contra las mujeres. Actualmente, algunas empresas
intermediarias de servicios de internet cuentan ya con centros de seguridad, además de herramientas para denunciar
contenido abusivo, sin embargo, es importante que estos espacios ofrezcan especial atención cuando se trata de casos
de violencias contra las mujeres.
En el ámbito privado (individual, familiar, comunitario),
es importante que las mujeres víctimas y sus familias tengan
63
previstas medidas de autoprotección tales como no suministrar claves para el acceso de otras personas, especialmente
su pareja, a sus correos y páginas en internet. En lo posible se
debe evitar ser filmadas o fotografiadas desnudas o en situaciones íntimas; si la mujer decide autorizar la grabación de
estas imágenes se recomienda solicitar a la ex pareja eliminarlas una vez terminada la relación.
En el ámbito internacional, el país debe avanzar en la propuesta y vinculación con otros países, para la suscripción de
tratados que obliguen a las empresas de prestación de servicios informáticos, a suministrar información oportuna sobre
remitentes de amenazas a personas u organizaciones en defensa del derecho humano fundamental a la vida y a la integridad personal.
Aunque hay algunos avances en cuanto a recursos para
aumentar la denuncia, lo cierto es que la revictimización
que sufren las mujeres por parte de las autoridades que las
atienden, sumado a la impunidad, desestimula a las mujeres
a denunciar. Como en el caso de otras violencias basadas en
género, la denuncia puede incluso aumentar la agresión por
parte de los victimarios y poner aún en más riesgo a las mujeres. Por estas razón, es necesario activar la denuncia a través de diversas instancias y que los casos denunciados tengan
una solución eficaz y garanticen los derechos y el bienestar
de las mujeres.
La denuncia social y la solidaridad gestionada por las mismas mujeres víctimas a través de las redes sociales, ha demostrado en algunos casos, ser un mecanismo eficaz para
eliminar y evitar la circulación de imágenes privadas de las
mujeres. Sin embargo, estas acciones dependen en buena medida de las mismas mujeres víctimas que muchas veces por
el grado de afectación no están en condiciones de emprenderlas.
64
Sobre esta investigación
ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO
DE LAS COMUNICACIONES (APC)
APC es una red y una organización con 68 miembros divididos en 46 organizaciones y 22 miembros individuales que
trabajan en diversos países, la mayoría del mundo en desarrollo.
La misión de APC es empoderar y apoyar a las organizaciones, movimientos sociales e individuos en el uso de las
TIC para crear comunidades e iniciativas estratégicas con el
propósito de realizar una contribución significativa al desarrollo humano, la justicia social, los procesos de participación política y la sustentabilidad ambiental.
El Programa de derechos de las mujeres de la Asociación
para el Progreso de las Comunicaciones (PDM de APC) fue
creado en 1993 para dar marco al trabajo de una red internacional de mujeres y de organizaciones de mujeres que
promueven la igualdad de género en el diseño, implementación, acceso y uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) y en las decisiones que abarcan sus políticas y
marcos regulatorios.
Programa de derechos de las mujeres de APC
COLNODO - USO ESTRATÉGICO DE
INTERNET PARA EL DESARROLLO
Colnodo es una organización sin ánimo de lucro fundada
en 1994. Tiene como objetivo facilitar y mejorar las comunicaciones y el intercambio de información entre las organizaciones colombianas en el ámbito local, nacional e internacional
a travésde redes electrónicas de bajo costo en temas como
derechos humanos, género, gobierno en línea, democracia y
participación ciudadana, desarrollo sostenible, democratiza-
ción del conocimiento, inclusión digital y uso estratégico de
TIC para el desarrollo.
Colnodo desarrolla su misión a través de los siguientes
programas estratégicos:
• Gobierno en línea y democracia electrónica
• Apropiación de TIC
• Políticas de TIC
• Gestión del conocimiento
Los ejes transversales son: género, software libre y desarrollo sostenible.
www.colnodo.apc.org
COORDINADORAS DE LA INVESTIGACIÓN
Olga P. Paz Martinez
Comunicadora social y periodista de la Universidad del
Valle en Cali, Colombia, con estudios en administración de
empresas. Especialista en comunicación y cultura con maestría en comunicación y sociedad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso. Es docente universitaria,
investigadora y autora de varios artículos relacionados con el
rol de las TIC en procesos de desarrollo, apropiación social y
género; es tallerista y facilitadora de procesos de comunicación y desarrollo.
Desde el 2003 está vinculada a Colnodo como Directora
Administrativa y de Proyectos desde donde coordina diversos proyectos sobre uso social de las TIC orientados al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Desde
el 2002 es parte del Programa de Derechos de las Mujeres
de APC; como parte del equipo de Colnodo ha estado a cargo de estrategias y acciones encaminadas a la promoción de
las TIC para ampliar las oportunidades de las mujeres y dis-
66
minuir la brecha digital de género. Promueve los derechos
de la comunicación y la defensa de internet como un lugar
seguro para las personas especialmente las mujeres, los/as
jóvenes y las niñas.
Beatriz Alarcón Alarcón
Comunicadora social y periodista, especialista en educación virtual. Está vinculada a Colnodo desde el 2007 en proyectos relacionados con acceso público a TIC, apropiación
de tecnologías entre diferentes poblaciones y procesos de
formación presencial y virtual. Hace parte del equipo coordinador de los proyectos sobre derechos digitales y seguridad
en línea para las mujeres. Representa a Colnodo en la Mesa
de mujeres que hace seguimiento a la Ley 1257 (Ley de no
violencias contra las mujeres). Es parte del Programa de Derechos de las Mujeres de APC.
AUTORAS DE LA INVESTIGACIÓN
Claudia Cecilia Ramírez Cardona
Abogada especializada en derecho público y derechos
humanos. Investigadora y docente en las áreas de derechos
humanos con énfasis en derechos de las mujeres, políticas
públicas para las mujeres, justicia de género y no violencias
contra las mujeres, mujer y conflicto armado, derecho internacional humanitario y formación para la participación política y social. Integrante del movimiento social de mujeres. Ha
sido servidora pública en el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, entre otras
entidades. Fue subdirectora de la Corporación Sisma Mujer,
organización no gubernamental dedicada a la defensa de los
derechos de las mujeres. Actualmente se desempeña como
consultora en género.
En el marco de la investigación sobre violencias digitales
contra las mujeres participó en la documentación y revisión
de dos casos (Antonia e Irene) y en el análisis del informe país.
67
Marina López Sepúlveda
Abogada, candidata a magíster en género, sociedad y políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Flacso. Diplomada superior en ciencias sociales con mención
en género y políticas públicas. Especialista en derecho constitucional y en derecho penal y criminología. Es docente universitaria, investigadora e integrante del grupo de Investigación Mujer, Género y Cultura de la Universidad del Atlántico.
Autora y coautora de libros e investigaciones publicadas
por diferentes editoriales. Integrante y coordinadora del comité académico de la Universidad Feminista Itinerante (UFI)
del CLADEM, espacio de formación jurídico político feminista.
Integrante del CLADEM Colombia y socia creadora de la Fundación Voces de Derechos en Barranquilla. Es coordinadora
de proyección social de la Corporación Universitaria Rafael
Núñez (CURN-Barranquilla).
Participó en la investigación sobre violencias digitales
contra las mujeres con la documentación y análisis de dos casos (Alejandra y Martha).
Ana María Acosta Millán
Es abogada y politóloga de la Universidad de los Andes,
con estudios en derecho y tecnología de la Universidad de
Tilburg (Holanda) y candidata a maestría en Derecho con especialización en propiedad intelectual en la Universidad de
California (UCLA) en Los Ángeles.
Ha sido Consultora para el organismo multilateral de la
Organización de Estados Americanos (OEA) en temas relacionados con la gobernanza de internet y derechos digitales:
ciberseguridad, vigilancia masiva, libertad de expresión en línea, propiedad intelectual y privacidad, entre otros.
Fue abogada asociada en el equipo de Tecnología y Telecomunicaciones de Brigard y Urrutia en Colombia.
En el marco de la investigación sobre violencias digitales
contra las mujeres realizó el análisis de las políticas corporativas de las empresas de telecomunicaciones y la revisión del
marco legal sobre seguridad y derechos digitales en el país.
68
C
olnodo ha trabajado desde hace más de dos décadas
promoviendo el uso y apropiación de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) para empoderar a las mujeres, favorecer el reconocimiento de sus
derechos, acceder a nuevas oportunidades educativas,
laborales y sociales y al final generar impactos positivos que
permitan mejorar las condiciones de vida de muchas mujeres
en entornos urbanos y rurales en Colombia. Estas experiencias de apropiación de TIC han demostrado que también es
urgente concientizar a las mujeres sobre la seguridad en
línea, el derecho a la privacidad y los riesgos digitales. Tal
como sucede en el mundo presencial, en los espacios virtuales las mujeres suelen ser víctimas de acoso, hostigamiento,
amenazas y otros tipos de violencias que vulneran sus derechos y provocan graves afectaciones en su vida.
"Muchas personas justifican la violencia verbal (en internet),
porque no es física y por lo tanto, no es tan grave, y es difícil
hacer entender a alguien que no la ha vivido. Siento que es
importante compartir estas cosas y desnaturalizarlas, hacer
que dejen de ser tan comunes y corrientes […] Es necesario
discutir abiertamente las agresiones que circulan por internet
[…] porque sin poner la cara se puede hacer mucho daño, hay
que buscar cómo generar algún tipo de sanción". Irene (una
de las mujeres que compartió su caso para ser documentado
en esta investigación).
La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC)
y Colnodo esperan que esta investigación aporte al reconocimiento del tema y permita involucrar a más sectores en la
defensa de los derechos de las mujeres en los espacios
digitales, en la lucha contra las violencias de género a través
de las TIC y en acciones para que internet sea un lugar donde
puedan comunicarse las voces de las mujeres, en toda su
amplia diversidad, con libertad, confianza y autonomía.

Lee el informe de investigación de Colombia aquí

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