revista de la academia puertorriqueña de jurisprudencia y

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REVISTA DE LA
ACADEMIA
PUERTORRIQUEÑA
DE JURISPRUDENCIA
Y LEGISLACIÓN
SAN JUAN, 2010
VOLUMEN X
ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN
Correspondiente de la
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Académicos de número
2010
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Lcdo. Carlos E. Ramos González
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Lcdo. Lino J. Saldaña (†)
Lcdo. Marcos A. Ramírez Irizarry (†)
Lcdo. Eugenio S. Belaval (†)
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REVISTA
de la
ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE
JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN
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VOL. X
2010
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ÍNDICE
DISCURSOS DE RECEPCIÓN
Página
La inviolabilidad de la dignidad humana: lo indigno de la
búsqueda de expectativas razonables de intimidad en el
derecho constitucional puertorriqueño.
Carlos E. Ramos González ...................................................................... 1
Contestación al discurso del profesor Carlos E. Ramos González.
José Julián Álvarez González ................................................................ 31
ARTÍCULOS
Deja Vu: A Federal Judge Revisits the War on Drugs
or life in a balloon.
Juan R. Torruella .................................................................................... 47
Dictamen de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y
Legislación en torno al P. del S. 1634
Ana Cristina Gómez Pérez ................................................................... 101
LA INVIOLABILIDAD DE LA DIGNIDAD HUMANA: LO
INDIGNO DE LA BÚSQUEDA DE EXPECTATIVAS
RAZONABLES DE INTIMIDAD EN EL DERECHO
CONSTITUCIONAL PUERTORRIQUEÑO*
Lcdo. Carlos E. Ramos González**
Me propongo reflexionar sobre la inviolabilidad de la dignidad
humana. Una vez establecido el alcance y significación de este
derecho, discutiré su vinculación con el derecho de intimidad que
también reconoce la Constitución de Puerto Rico. Así lo haré a
través de un análisis crítico de algunas cuestiones metodológicas
que se desprenden de decisiones del Tribunal Supremo de Puerto
Rico relacionado con ambos derechos.
"La dignidad del ser humano es inviolable". Así comienza la
Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico.1 Su origen
ha sido expresado de forma reiterada por el Tribunal Supremo de
Puerto Rico: la influencia que tuvo en la elaboración de este
documento la Declaración Universal de Derechos Humanos y la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
ambas de 1948. Estas declaraciones a su vez, son esencialmente
consecuencia de los estragos que dejó en la conciencia de la
*Discurso pronunciado en el Teatro de la Facultad de Derecho de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico en el acto de la incorporación
como Académico de Número de la Academia Puertorriqueña de
Jurisprudencia y Legislación de Puerto Rico, el 28 de octubre de 2010.
** Catedrático y Ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico. Agradezco la colaboración en la
investigación y edición de la estudiante Alexandra Rivera Ríos de la
Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Cualquier error u omisión es solo del autor.
1
CONST. P.R. art. II, § 1.
1
2
Rev. Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación
humanidad la Segunda Guerra Mundial en general y el
"Holocausto", en particular.2
La etimología de la palabra "dignidad" sin embargo, nos obliga a
recurrir a tiempos más antiguos para comprender su alcance y significado aun en nuestros tiempos. Su origen está asociado al latín
"dignitas" que algunos entienden vinculado al término "mérito intrínseco".3 Para otros, "dignitas", en su verdadero origen etimológico, estaba asociada a cierto "status" social de la persona e incluso
de ciertas cosas e instituciones.4 Solo los nobles estaban "dignificados" o tenían un valor intrínseco; también ciertas instituciones o
cosas tenían su "dignitas". En cierto sentido, el status de "dignitas"
conllevaba un reconocimiento al "honor" de esas personas e instituciones. De hecho, al día de hoy perdura una noción de la dignidad atada a cosas e instituciones como lo son, por ejemplo, "la
dignidad del tribunal" o "la dignidad de la profesión legal".
Ahora bien, ¿cómo explicar el desarrollo de un concepto cuyo
origen puede interpretarse que descansa en un reconocimiento de
la "dignitas" de unos pocos a un entendido contemporáneo de la
"dignidad humana" mucho más amplio? No nos hemos de detener
en este largo camino. Sí deseo resaltar que si bien en su origen la
"dignitas" contenía unos elementos fundamentados en la desigualdad y el privilegio, el status de "dignitas" también imponía a los
2
Véase, e. g., López Vives v. Policía de P.R. 118 DPR 219, 226-227
(1987). También, Carlos Gorrín Peralta, La Declaración Universal de
Derechos Humanos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de
Puerto Rico, 44 Rev. Jurídica U. Inter. P.R.1 (2010) y Esther Vicente
Rivera, Una mirada a la interpretación de los derechos económicos,
sociales y culturales en las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto
Rico, 44 Rev. Jurídica U. Inter. P.R. 17 (2010).
3
Luis Aníbal Avilés Pagán, Human Dignity, Privacy and Personality
Rights in the Constitutional Jurisprudence of Germany, United States
and the Commonwealth of Puerto Rico, 67 Rev. Jur. U.P.R. 343, 344, n.3
(1998).
4
Christopher McCrudden, Human Rights and Judicial Interpretation of
Human Rights, 19 EJIL 655, 665-663 (2008).
Carlos E. Ramos González
3
"dignos" unas obligaciones hacia uno mismo y obligaciones hacia
los otros.5
La noción contemporánea de la dignidad humana también reconoce el valor personal, el mérito, la virtud y la estima de aquella
"dignitas" original pero acentúa el carácter dual de las obligaciones
que impone. Más importante aún: esta dignidad es ahora
inalienable en todos los seres humanos y existe en idéntica magnitud en cada uno de ellos. Es el imperativo fundamental contra la
discriminación.
Este entendimiento moderno ha de culminar con la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948 (en
adelante, Declaración Americana) y seis meses después, en la
Declaración de los Derechos del Hombre (en adelante, Declaración
Universal). Debemos recordar, sin embargo, que desde mucho
antes, en tiempos del Renacimiento, con el auge del racionalismo,
Pico della Mirandola resaltaba la dignidad humana en su conocida
"Oración acerca de la dignidad del Hombre". Aunque con un
acercamiento y propósito religioso cristiano, della Mirandola no
cesaba de reconocer, en el uso de la razón, la grandeza que
implicaba la igualdad esencial de todos los seres humanos. Fue
este el preámbulo para la noción contemporánea de la dignidad
humana que recoge la máxima o imperativo kantiano que ordena y
cito: "obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona
como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al
mismo tiempo y nunca solamente como un medio"6
De esta manera, como imperativo, la dignidad humana no es un
mero valor intercambiable.7 Su existencia no depende de nada ni
nadie: por ello es incluso irrenunciable. Ésta pertenece al género
humano: a su "status" o condición humana. Una pérdida de la
5
Stéphanie Hennette-Vauchez, A Human Dignitas? The Contemporary
Principle of Human Dignity as a Mere Reappraisal of an Ancient Legal
Concept, EUI Working Paper LAW, No. 2008/18, 1, 4-6, en
http://www.eui.eu/ (accedido 15 de agosto de 2010).
6
Immanuel Kant, FUNDAMENTOS DE LA METAFÍSICA DE LAS
COSTUMBRES, 67 (trad. Manuel García Morente ,1973).
7
Maxine D. Goodman, Human Dignity in Supreme Court Constitutional
Jurisprudence, 89 Neb. L. Rev. 740, 749 (2005).
4
dignidad humana de una persona es una pérdida para toda la
especie humana. En consecuencia, la dignidad humana pertenece a
una misma especie donde cada uno de nosotros la sostiene sin que
pueda entregarse, renunciarse o negociarse sin afectar a los demás.
Las declaraciones de derechos humanos de 1948 reflejan un entendido de la "dignidad humana" en función del respeto a la "autonomía personal", al derecho a la "autodeterminación personal":
cada ser humano, por su valía, debe ser tratado como un fin en sí
mismo. Pero estas declaraciones también trascienden esta "individualidad", es decir, le dan un significado más abarcador. El
Preámbulo de la Declaración Americana establece que si bien todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad, éstos "deben
conducirse fraternalmente los unos con los otros". Más adelante
indica que "[si] los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad". El Artículo 1 de la Declaración Universal establece que "[t]odos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos
con los otros"
La exigencia de comportarse o conducirse "fraternalmente" también puede entenderse como una exigencia de solidaridad con los
otros. Así pues la "libertad" tiene una concepción dual: igual libertad para todos e igualdad para ejercer la libertad todo ello enmarcado en el reconocimiento de la dignidad humana.8 Por eso
resulta natural que estas declaraciones animan el llamado "estado
social y democrático de derecho" el cual reconoce los límites del
Estado al ordenar que se respeten los derechos y libertades individuales pero a su vez impone a éste la obligación de crear las condiciones para que las personas tengan las mismas oportunidades de
ejercer su libertad. A las personas, a su vez, les impone un deber de
solidaridad y respeto hacia los demás. En cuanto al Estado, esta
concepción cobra concreción no solo en el reconocimiento de los
derechos individuales sino también en reconocer los derechos económicos, sociales y culturales incluyendo las obligaciones que
ellos conllevan.
8
Gregorio Peces- Barba, ÉTICA, PODER Y DERECHO, 74 (1995).
5
Una última reflexión teórica sobre la "dignidad humana": ¿qué
rol desempeña la cultura en su reconocimiento y entendimiento?
¿Es la inviolabilidad del ser humano un principio inalienable pero
que en última instancia depende de la cultura de cada pueblo o
grupo humano? Si así fuera, interpretar el significado la dignidad
humana se convierte en un reto extraordinario para el jurista. Después de todo, ¿no ha sido una concepción relativa de la dignidad
humana la que ha nutrido los autoritarismos, fundamentalismos y
las más variadas formas de despotismo que ha experimentado la
humanidad?
Frente a estas dudas, ¿podemos reflexionar sobre una dignidad
humana puertorriqueña, o sería un contrasentido que niega la esencia misma de la universalidad del principio reconocido y declarado
en 1948? Es obvio que es mucho más fácil continuar la reflexión
axiológica de la dignidad humana que exponer su utilidad "instrumental".9 Este proceso, sin embargo, nos permite identificar los
elementos para la elaborar una teoría de adjudicación a ser empleada en controversias donde esté involucrada la dignidad humana, invocada como un derecho independiente o como un principio o "complemento" que debe acompañar la valoración de todos
los derechos fundamentales.
Volvamos a la inclusión de la inviolabilidad de la dignidad humana en la Constitución de Puerto Rico. Recordemos que está
contenida en una Carta de Derechos, en una enumeración que antecede los artículos correspondientes a la estructura del gobierno.10
Esta Carta de Derechos no aparece como enmienda a la Constitución. De sus propios términos se enuncia como un derecho, es decir, no se articula como un valor o principio. Está expresada en
términos absolutos. No admite excepciones. No es posible que se
tolere una violación temporal de la misma. No admite valores superiores. No solo está dirigida al Estado únicamente como límite al
ejercicio de sus poderes; está dirigida también a la sociedad: nadie
puede violar la dignidad humana.
9
Stéphanie Hennette-Vauchez, supra nota 5 a la pág. 11.
CONST. P.R. art. II, §1.
10
6
Su diferencia textual con la Constitución de Estados Unidos es
diáfana: no existe en dicho texto constitucional referencia a la dignidad humana. Más allá del texto, una verdad histórica me parece
evidente: la Carta de Derechos ("Bill of Rights") de 1791 de la
Constitución de los Estados Unidos refleja el pensamiento liberal e
individualista que solo buscaba limitar los poderes del Estado o
gobierno frente al individuo. El propósito principal de la Carta de
Derechos de la Constitución de Puerto Rico es diferente; su norte
es vindicar la dignidad humana, y como parte de este objetivo, persigue limitar los poderes del gobierno, e imponerle obligaciones a
ese Estado. Aún más: les impone límites y obligaciones a personas
naturales y jurídicas no gubernamentales. Estas diferencias no
pueden ser inconsecuentes.
Ya he expresado que la conceptualización y elaboración de esta
Carta de Derechos estuvo inspirada en las declaraciones universales de 1948. Hay que reconocer también que la Convención Constituyente estuvo influenciada por las leyes orgánicas federales previas, las constituciones de varios estados de los Estados Unidos y
por supuesto, por la Constitución de los Estados Unidos.11 Es
igualmente cierto que en la Convención Constituyente de 1951-52
estaban reflejados una variedad de intereses políticos, económicos
y sociales. De igual forma, a mi juicio, es irrefutable que el
resultado final no reflejó la voluntad original y por ende soberana
del pueblo de Puerto Rico ya que estaba sujeta a los límites e imposiciones de una voluntad política superior. Aun así, de la Carta
de Derechos finalmente aprobada, -con toda la amalgama de contradicciones que lo anterior supone- en su centralidad sobre la dignidad humana y las consecuencias antes discutidas, aflora una vocación de crear un estado social y democrático.12 Es decir, el reconocimiento de la "dignidad humana" como "inviolable", como precepto que nos sirve de escudo protector frente al gobierno y frente
11
García v. Aljoma, 162 DPR 572, 581-582 (2004).
Carlos E. Ramos González, La libertad de expresión en el Derecho
Constitucional Comparado, 44 REV., JURÍDICA U. INTER. P.R. 431
(2010). Véase también, Ricardo Alegría Pons, La sección 20 de la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: germen de un
Estado Democrático de Derecho, 63 REV. COL. ABOG. PR 156 (2002).
12
7
a los demás componentes de nuestra sociedad, la obligación que
impone al gobierno de actuar positivamente para su pleno reconocimiento y la obligación que nos impone a todos y todas de actuar
solidariamente con los demás, todo ello apunta hacia esta vocación
inconclusa. Lo he de repetir: el norte principal de nuestra Carta de
Derechos, a diferencia de la Constitución de los Estados Unidos, es
la inviolabilidad de la dignidad humana entendida con todos sus
componentes de igualdad, libertad y solidaridad. Esta realidad no
está sujeta a rectificación histórica o jurídica alguna salvo el día
que de forma soberana podamos convocar la voluntad original de
nuestro Pueblo para redactar otra constitución y decidamos eliminar este principio, eliminación que yo espero que nunca ocurra.
Calificar la dignidad humana como una "inviolable" y como el
principio rector que inicia el articulado de nuestra Carta de
Derechos no tiene paralelo en las declaraciones de 1948 y mucho
menos en las constituciones de los estados ni la de los Estados
Unidos. Solo tiene paralelo con la Constitución alemana aprobada
en 1949 la cual de forma idéntica a la nuestra establece en su
artículo I que la "dignidad del Hombre es inviolable" la cual debe
ser "respetada y protegida" como "deber" del estado.13
Resalto también que por lo menos en dos ocasiones hay una
mención genérica de la constitución alemana en la Convención
Constituyente: una por el delegado Miguel Ángel García Méndez
para reconocer su existencia en el voto explicativo aprobando la
13
Una alusión a esta disposición alemana aparece en Arroyo v. Rattan
Specialties, 117 DPR 35, n. 15 (1986); véase también a Luis Aníbal
Avilés Pagán, supra nota 3. En los trabajos preparatorios de la Escuela
de Administración Pública de la UPR hay una recomendación expresa de
utilizar este lenguaje sin que haya mención de que el mismo proceda de
esta constitución alemana. Escuela de Administración Pública, LA
NUEVA CONSTITUCIÓN DE PUERTO RICO, 218 (1954). Sin
embargo, lo cierto es que en otras instancias estos trabajos preparatorios
aluden expresamente a disposiciones fundamentales de esta constitución.
Véase, por ejemplo, págs. 330, 337-338 (partidos políticos), 298
(sufragio universal).
8
totalidad de la propuesta constitucional14. En otra ocasión el delegado Eugenio Fernández Méndez hace referencia genérica a esta
constitución al defender su propuesta fallida de crear un derecho
constitucional a la réplica en los periódicos para aquellos que fueran "injuriados".15 Es tarea por realizar entre los documentos legados por Don Jaime Benítez, Presidente de la Comisión sobre la
Carta de Derechos de la Convención Constituyente, la existencia
de alguna información ulterior sobre este tema.
La anterior reflexión, sin embargo, no contesta porqué tuvo eco
en el conjunto de los constituyentes la necesidad de declarar la inviolabilidad de la dignidad humana. Me refiero a la resonancia que
tuvo incluso en el llamado sector "estadoísta" de la constituyente,
que prefería analizar las propuestas constitucionales bajo el crisol
político de si éstas nos acercaban o nos alejaban de los preceptos y
valores de la nación norteamericana. Aun esos delegados aceptaron
los derechos fundamentales de la Carta de Derechos con la vocación de estado social y democrático antes discutido. Cualquier
metodología que intente instrumentar la inviolabilidad de la dignidad humana como un derecho independiente o, como complemento de cualquier otro derecho, tiene que reconocer esta realidad.
Retomemos la pregunta antes lanzada: ¿por qué tuvo eco en el
conjunto de los constituyentes la necesidad de declarar la inviolabilidad de la dignidad humana? El Derecho resulta insuficiente
para encontrar una respuesta cabal. Inevitablemente los juristas,
incluyendo los jueces y juezas, estamos obligados a recurrir a otras
experiencias humanas y a otras ciencias del saber. Me refiero, por
ejemplo, a la antropología cultural y a la sociología. Así pues, estudios realizados en Puerto Rico en la década de los 60 y 70 por el
antropólogo Antonio Lauria nos permiten concluir que hay un sentir particular de la "dignidad puertorriqueña" en la forma como los
puertorriqueños aludimos o hacemos referencia a la "dignidad", al
14
4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico,
2487 (1951-1952).
15
1 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico,
123-124 (1951-1952).
9
"honor", al "respeto", y al "relajo".16 De esta manera, escuchamos
con frecuencia la frase “no te están cogiendo en serio", "me lo
pueden quitar todo menos mi dignidad", "pobre pero decente", "serio y cumplidor", "todo lo consiento menos una falta de respeto",
entre otras.
Estas frases, sin desmerecer en lo absoluto que las mismas, particularmente en la relación de pareja, malentendidas y aplicadas,
reflejan el elemento "machista" de nuestro entorno, apuntan hacia
una realidad antropológica puertorriqueña. Lauria concluye que el
"respeto" va dirigido a un aspecto moral de la actividad humana
puertorriqueña: a ninguna persona se le considera miembro de
nuestra comunidad si no se comporta frente a sí mismo y a los demás "con respeto". Este sentir trasciende la estratificación social
así como las diferencias políticas o religiosas. Por ello, cuando
usamos estas expresiones idiomáticas, Lauria nos dice que "todos
los puertorriqueños [y puertorriqueñas]…expresan su valía ceremonial y moral como personas sociales. Aunque, muchas veces
hay órdenes que chocan, el conflicto se resuelve por todos los participantes en los mismos términos, es decir, usando el idioma o
terminología del "respeto". Pueden sintonizarse usando una red
común. Los diversos segmentos de la sociedad pueden converger
unos con otros, con independencia de las diferencias cognoscitivas
o emocionales que su segmento social pueda tener".17 El "respeto"
hacia uno mismo y los demás, cito a Lauria, "pone de manifiesto
una sociedad que es culturalmente homogénea".18 A mi juicio, esta
homogeneidad constituye un elemento fundamental que nos permite entender por qué tuvo eco en los constituyentes la incorporación de la disposición sobre la "dignidad humana" que contiene
nuestra Carta de Derechos. Sin duda, todos entendían y apoyaban
lo que la dignidad humana implicaba en cuanto al respeto hacia sí
mismo y hacia los demás.
Nótese que al proponer esta explicación he recurrido a las Ciencias Sociales. En materia de derechos constitucionales fundamen16
Antonio Lauria, Jr., "Respeto", "Relajo" and Interpersonal Relations in
Puerto Rico, 37 ANTHROPOLOGICAL QUARTERLY 53 (1964).
17
Id. en la pág. 64 (Traducción nuestra).
18
Id, en la pág. 65.
10
tales, particularmente los que aludo en este discurso, es útil recordar que el Derecho no puede concebirse como una ciencia autónoma separada de otras áreas del saber. Como han señalado otros,
esta concepción resulta muy conveniente para que los abogados
perpetúen el monopolio del poder a través de cierto monopolio del
saber.19 Ahora bien, al recurrir, en este caso por ejemplo, a la
antropología cultural, no promuevo un "antiformalismo" que degrada la necesidad de elaborar teorías necesarias en un País como
el nuestro tan carente, muchas veces, de los elementos mínimos del
buen "pensar".20 Aunque resulta necesario alertar en contra del
"empirismo" tradicional de ciertos enfoques de las ciencias sociales, en el ejercicio de los poderes públicos en Puerto Rico abunda
la carencia de un "empirismo" mínimo. Muchas veces, el poco que
existe en los poderes políticos, por ejemplo, en el acopio de estadísticas macroeconómicas esenciales, prefieren exterminar al mensajero que las produce en vez aceptar la realidad e importancia del
mensaje que trae.
Regresemos formalmente a nuestro tema ¿Cómo se ha enfrentado el Tribunal Supremo de Puerto Rico a los reclamos vinculados
a la dignidad humana que reconoce nuestra Carta de Derechos?
¿Cuán fiel ha sido si tomamos en cuenta el trasfondo sobre el cual
hemos reflexionado? Lo cierto es que la dignidad humana no ha
sido dilucidada como derecho independiente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Los trabajos hechos por el profesor Hiram
Meléndez Juarbe analizando el uso de la dignidad humana como
un derecho que puede invocarse de forma independiente sin duda
constituyen los más importantes y lúcidos publicados hasta el momento por lo cual los refiero a ellos.21
19
Véanse los trabajos citados en David A. Hollander, Interdisciplinary
Legal- Scholarship: What Can We Learn from Princeton's Long
Standing Tradition? 99 LAW LIBR, J. 771, 774 (2007).
20
Sobre el buen pensar, véase, Francisco José Ramos, editor, HACER:
PENSAR, (1994).
21
Hiram Meléndez Juarbe, Privacy in Puerto Rico and the Madman's
Plight: Decisions, 9 Geo. J. Gender & L.1 (2008) y, del mismo autor, La
Constitución en ceros y unos: un acercamiento digital al derecho a la
intimidad y la seguridad pública, 77 REV. JUR. U.P.R. 45 (2008).
11
Para el Tribunal Supremo de Puerto Rico la inviolabilidad de la
dignidad humana es un principio o valor consustancial con otros
derechos fundamentales, como lo es el derecho de intimidad contenido en la sección 8, Artículo II de la Constitución. La protección a la intimidad también se ha reconocido que existe a través de
la sección 10 de misma Carta, la cual prohíbe los registros y allanamientos irrazonables así como las interceptaciones telefónicas.
Como he anticipado, examinaré algunas cuestiones metodológicas utilizadas en decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico
relacionadas con el derecho de intimidad reconocido en la sección
8 de la Carta de Derechos. Mi interés es analizar cómo éstas nos
acercan o nos desvían de las antes discutidas consideraciones esenciales sobre la dignidad humana. Reitero que mi foco estará en
analizar la metodología que en ocasiones se utiliza para resolver,
repito, el derecho de intimidad que recoge la Sección 8 y su interrelación con la Sección 1. No pretendo concentrarme en las protecciones a la intimidad que se derivan de las cláusulas relativas a
los registros y allanamientos que reconoce la Sección 10 aunque
inevitablemente comentaré sobre cuestiones metodológicas que de
esta última se derivan.
El derecho de intimidad puede manifestarse en múltiples escenarios. Puede estar presente en el ámbito de ciertas decisiones personales, como son las relacionadas a nuestro cuerpo o nuestra familia, o estar presente en la necesidad de mantener confidencial información personal que hemos depositado en terceros o que mantenemos en nuestro poder o sobre nuestra persona.22 Este derecho
está más vigente que nunca antes en el mundo laboral, así como
incluso en espacios abiertos y públicos, como puede ser en mi deseo de permanecer sentado sin que ninguna persona invada mi
espacio con su mirada cercana. Es decir, el derecho de intimidad
22
Véanse la esquematización que se hace en José Julián Álvarez
González, DERECHO CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO Y
RELACIONES CONSTITUCIONALES CON ESTADOS UNIDOS,
694-808, (2009); Javier Boix Reig & Ángeles Jareño Leal, LA
PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA INTIMIDAD, (2010); Lucrecio
Rebollo Delgado, EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA
INTIMIDAD, (2000).
12
forma parte de la autonomía de nuestro ser. Por tal razón es considerado como un derecho consustancial con la dignidad humana. Al
decir del Tribunal Constitucional de España, se trata de "un valor
espiritual moral inherente a la persona que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la vida
propia y que lleva consigo la pretensión al respeto a los demás".23
Al analizar decisiones del Tribunal Supremo en materia de derecho constitucional es de umbral hacer alusión a la llamada "factura
más ancha" de nuestra Carta de Derechos y al rol de Puerto Rico
en el federalismo norteamericano. Recordemos que tanto la Constitución de Puerto Rico como la de los estados de la Unión, aunque
por una fundamentación del poder muy distintas entre sí en el orden democrático-constitucional, pueden ampliar la esfera de protección que ofrece la Carta de Derechos de la Constitución de los
Estados Unidos.
La "factura más ancha" se vislumbra a través de los derechos
autóctonos, aquellos que no tienen contraparte en la Constitución
federal o, allí donde sí exista esta contraparte, a través de interpretaciones que amplían el grado de protección que sobre ésta haya
ofrecido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Este asunto
ha sido objeto de debate y exposición en esta Academia, en la literatura jurídica puertorriqueña y fuera del País así como en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.24 Es evidente, por lo expuesto al
inicio de mi alocución, que respaldo la tesis que sugiere que donde
se presente un problema de "factura más ancha" el Tribunal Supremo debe hacer una "interpretación independiente" del derecho
constitucional en controversia. Con ello quiero decir que la interpretación de los derechos de nuestra Constitución no debe estar
atada ab initio al derecho constitucional dispuesto en la Constitución federal o las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos, sea éste uno que tiene contraparte federal y, por razones
que deberían ser obvias, si se tratara de un derecho "autóctono".
23
Lucrecio Rebollo Delgado, Ibíd. pág. 72.
Ernesto L. Chiesa Aponte, Los derechos de los acusados y la factura
más ancha; y Lino J. Saldaña, Contestación al discurso del Lcdo.
Ernesto L. Chiesa Aponte, ambos en V REV. ACAD. P.R. JUR. Y LEG. 61154 (1998).
24
13
Aunque hay variadas teorías que pueden justificar esta metodología, basta para los propósitos de la ocasión mencionar una de
ellas. La interpretación independiente aumenta las posibilidades de
desarrollar un derecho constitucional puertorriqueño y, a su vez,
permite hacer una aportación fundamental al desarrollo del federalismo norteamericano. Dicho de otro modo: lejos de ser contradictorio, esta interpretación independiente logra superar la aparente
antinomia. La interpretación independiente de los tribunales supremos estatales, particularmente cuando culmina en una mayor
protección a los derechos constitucionales, puede dar lugar al desarrollo de doctrinas que eventualmente arrojen luz sobre la interpretación que hace el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
sobre los derechos constitucionales federales.25
Examinemos por fin, a la luz de las anteriores premisas, algunas
decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico donde no se ha
protegido adecuadamente el derecho de intimidad en toda su
consubstancialidad con la dignidad humana.
Pensemos en la siguiente situación de hechos recogida en muy
apretada síntesis de una opinión del Tribunal Supremo. Una persona reclama un derecho de intimidad sobre una videocinta, tomada por su pareja sin su consentimiento en el interior de su hogar,
la cual contenía imágenes suyas al desnudo. La grabación tenía el
propósito de ser utilizada eventualmente por su pareja para probar
una imputación de conducta adúltera.26 El video fue consignado en
la bóveda del tribunal por acuerdo transaccional suscritos por la
partes en un pleito independiente vinculada al presunto adulterio.
Posteriormente, la demandante solicita la devolución del video, a
25
Ese acercamiento fue propuesto en 1977 por el entonces Juez Asociado
William J. Brennan en su ya clásico artículo State Constitutions and the
Protections of Individual Rights, 90 Harv. L. Rev. 489 (1977). Sobre su
vigencia véanse, e.g.,Daniel Gordon, Brennan's State Constitutional Era
Twenty-Five Years later- The History, the Present, and the State
Constitutional Wall, 72 Temp. L. Rev. 1031 (2000); Hiram Meléndez
Juarbe, Privacy in Puerto Rico…, supra nota 21 a las págs. 70-74.
Consúltese también la opinión disidente del Juez Presidente Federico
Hernández Denton en Pueblo v. Medina, 2009 TSPR 138.
26
López Tristani v. Maldonado, 186 DPR 838 (2006).
14
pesar del acuerdo transaccional en el otro pleito, por entender que
su permanencia en una bóveda del tribunal, pensado en retrospectiva, violaba su derecho de intimidad por la gran ansiedad e incertidumbre que creaba este depósito.
Al resolver la controversia relativa a este reclamo, el Tribunal,
de forma precisa y adecuada, define este derecho de intimidad
como un componente de la personalidad lo cual impone a toda persona el deber de no inmiscuirse en la vida privada o familiar de los
demás seres humanos. A su vez, el Tribunal discute que la "imagen
propia constituye un atributo fundamental con el cual se individualiza socialmente a la persona, es decir es parte de la identidad
personal" y por tanto vinculado a la intimidad y honor de la persona. Creo que estas afirmaciones reconocen la dimensión adecuada y el valor que postula el derecho de intimidad y la inviolabilidad de la dignidad humana. Ahora bien, al exponer la metodología de adjudicación que ha de resolver la controversia el Tribunal
señala que como cuestión de umbral existe la necesidad de determinar si la persona que reclama la violación a su intimidad tenía
derecho a abrigar una "expectativa razonable de intimidad" sobre
la videocinta. Sin mayor dificultad encuentra que esa expectativa
era a "todas luces razonable" pues se anteponía a cualquier interés
articulado por la parte que se oponía a la devolución del video. Sin
embargo, el Tribunal concluye con gran facilidad que esta "expectativa" fue objeto de renuncia de manera patente, inequívoca y de
forma específica por virtud del acuerdo de transacción entre las
partes en el otro pleito. En dicho acuerdo la ahora reclamante había
accedido a depositar en bóveda el video en controversia.
Me parece que al conceptualizar la violación a la intimidad con
el prisma de las "expectativas" el Tribunal, de forma inevitable,
cambió el foco, otorgó demasiada importancia a la renuncia de la
"expectativa" y oscureció con ella la esencia de la alegación. Es
decir, la permanencia del video en bóveda tendría un impacto extraordinario en el desarrollo de la personalidad y vida de la reclamante ante la incertidumbre que ello representaba. Esta ansiedad
no desaparecería aun cuando se ordenara que el video fuera destruido un año después de su depósito conforme a la reglamentación
15
vigente. El Tribunal falló en apreciar la "paz mental", "la injuria a
sus sentimientos" que implicaba este depósito inútil en bóveda. 27
El Tribunal falló en analizar una violación a la intimidad a través
de una metodología cónsona con la inviolabilidad de la dignidad
humana. Permítanme explicar con mayor detenimiento esta dura
afirmación.
Obsérvese que para todos los efectos el Tribunal trata el derecho
a la intimidad como un bien cuasi-tangible que puede depositarse y
renunciarse a ella si se observan ciertos requisitos. Aún más: téngase en consideración que fuera de los elementos técnicos constitutivos del contrato de transacción, el opositor a la devolución solo
pudo articular como interés único castigar a la reclamante con la
incertidumbre de mantener indefinidamente depositada su violación a su intimidad en una bóveda del tribunal. Como veremos,
este enfoque puede ser ajeno a la dignidad humana en tanto
conlleva concebir la intimidad como si fuese una "cosa" o
"propiedad" fácilmente renunciable; una especie de "entitlement" o
derecho adquirido aislado de los sentimientos de la persona
humana lesionada. Pienso que en el fondo de la única concurrencia
y disidencia del caso, de la Jueza Fiol Matta, se encuentra, en
términos metodológicos, una preocupación con la valoración
impropia de la dignidad e intimidad de la reclamante ocasionada
por la ofuscada "búsqueda de expectativas".
Voy a exponerles también en apretada síntesis otra interesante
jurisprudencia de nuestro más Alto foro en torno a lo anterior. Se
trata del caso de Castro Cotto v. Tiendas Pitusa (2003).28La
controversia versaba sobre la práctica de algunas empresas de
27
La terminología que he empleado fue la que utilizaron Brandeis &
Warren en su clásico artículo The Right to Privacy, 4 HARV. L. REV. 193
(1890). Este conocido artículo realmente fundamenta el llamado "right of
privacy" en consideraciones sobre la dignidad humana. Esta
interpretación fue propuesta en 1964 por el profesor Edward J. Bloustein
en su artículo Privacy as Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean
Prosser, 39 N.Y.U. L. REV. 962. Sobre el tema, véase Larry O Nat Gantt,
II, An Affront to Human Dignity: Electronic Mail Monitoring in the
Private Sector Workplace, 8 HARD. J. L. & TECH. 345 (1995).
28
Castro Cotto v. Pitusa, 159 DPR 650 (2003).
16
exigir a través de un oficial de seguridad, el recibo de compra a la
salida de la tienda como medida de protección para evitar la
apropiación ilegal de mercancías. El reclamante alegaba que al ser
contra su voluntad la detención para mostrar el recibo, ello de por
sí afectaba su honra y reputación protegidas por la Sección 8 de la
Carta de Derechos a la cual he aludido repetidas veces. La
detención se había extendido entre 10 y 15 minutos tomando en
cuenta el tiempo que duró todo el incidente que culminó con la
intervención de un supervisor y el reclamante viéndose obligado a
mostrar el recibo de compra. La detención del reclamante nunca
dio lugar a invocar un posible registro irrazonable ya que la
demandada era un comercio privado. No fue posible recurrir a esta
garantía constitucional porque solo nos protege frente a
actuaciones del Estado. Destaco que la persona intervenida fue
muy precisa y articulada al alegar que el sistema establecía una
presunción de que el cliente no ha pagado su mercancía por lo cual
le imponía "la obligación de probar su honestidad enseñando el
recibo de compra al salir del negocio."29 Por tal intervención
indebida reclamaba el resarcimiento en daños por violación a su
derecho a la intimidad. De hecho, tanto el tribunal de primera
instancia como el Tribunal de Apelaciones le habían dado la razón.
El Tribunal Supremo enfoca la controversia sobre el derecho de
intimidad que cobija la Sección 8 del Artículo II de nuestra Carta
de Derechos, afirmando que "la cuestión central es si la persona
tiene derecho a abrigar, dentro de las circunstancias del caso
específico, la expectativa de que su intimidad se respete". El
Tribunal centra su análisis en el interés "genuino" de la demandada
de cotejar, en ánimo de proteger su interés comercial, solo el
recibo de compra sin indagar ni mirar los bienes comprados.
Añade que la hora y fecha del recibo era lo único que cotejaba el
oficial de seguridad asignado a este rol. Por tal razón, la
expectativa de intimidad reclamada no era "real" por ser la
intervención legítima y razonable. Debo decir que la opinión
señala que el reclamante padecía de presión arterial alta. Sin
embargo, concluye que la ausencia de prueba de que la
29
Id. en la pág. 658.
17
intervención causara alguna subida en la presión evidenciaba que
la expectativa de intimidad era "irreal". La decisión fue muy
dividida: 4-3. Los tres disidentes optaron por no fundamentar o
expresar las razones de su disenso, las cuales especulo estaría
fundamentado en consideraciones de esencial dignidad humana.
Una vez más me parecen evidentes las consecuencias negativas
sobre la intimidad y dignidad humana en la metodología empleada.
El Tribunal no pudo apreciar lo que evidentemente sí detectaron
los tribunales inferiores. Esos quince minutos de la detención no
elevaron la presión del intervenido más, sin embargo, causaron un
daño intangible peor: proclamaron al reclamante como si fuera una
persona deshonesta. El Tribunal no le dio peso adecuado a la falta
de respeto reclamada, a la limitación del movimiento en contra de
su voluntad. No se pudo apreciar la magnitud del daño porque el
análisis de la expectativa de intimidad fue arropado por el peso
otorgado a los intereses comerciales de la demandada. La falta de
respeto no podrá recuperarse por no poderse evidenciar su
"tangibilidad". La tienda demandada nunca tuvo que alegar ni
probar si existían otras alternativas menos lesivas a la intimidad
reclamada. El examen judicial utilizado no requería tanto.
Para entender su flaqueza, es necesario analizar con mayor detenimiento el origen y desarrollo de este método que se afana en
"buscar expectativas de intimidad razonables" cuando lo alegado
es una violación a la dignidad humana y al derecho de intimidad
que protegen las secciones 1 y 8 de nuestra Carta de Derechos.
La metodología que entroniza este enfoque pertenece y es original del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La misma fue
elaborada en una opinión concurrente para interpretar la protección
constitucional contra registros y allanamientos irrazonables que
establece la Enmienda Cuarta de la Constitución de los Estados
Unidos.30 No hay duda de que las consideraciones en torno al derecho de intimidad son centrales al resolver controversias relacionadas con esta cláusula. Esta centralidad es aun más importante al
resolver controversias sobre este mismo asunto bajo la Constitu30
Katz v. United States 389 U.S. 347, 361 (1967) (Harlan, op.
concurrente).
18
ción de Puerto Rico por la "factura más ancha" y por la diferencia
textual de la disposición constitucional que nos protege frente a
registros y allanamientos irrazonables.31 Ahora bien, la metodología de adjudicación que se desarrolle bajo esta cláusula no es
central para interpretar o para desarrollar un método de adjudicación bajo el derecho de intimidad de carácter independiente que
contiene la Sección 8 de la Constitución de Puerto Rico.32
Fue en el año 1983, en el caso ELA v. P.R. Tel. Co, que se introdujo este acercamiento de "búsqueda de expectativas razonables de
intimidad" en un pleito de naturaleza civil sobre una posible violación al derecho de intimidad.33 En este caso la demandada PRTC,
que para entonces pertenecía al Estado, invocó el derecho de intimidad de sus usuarios para no dar a conocer nombres y ciertos datos personales de estos usuarios frente a los reclamos de la Oficina
de Asuntos Antimonopolios del Departamento de Justicia de
Puerto Rico. La PRTC estaba enfocada en un reclamo de protección de información personal y privada a través de la Sección 8 de
la Carta de Derechos. Sin embargo, el Tribunal finalmente adjudica y resuelve la controversia enfocado en el "registro administrativo" sobre información personal en manos de otra dependencia del
gobierno que solicitaba el Departamento de Justicia. Así entendido,
recurre a la metodología diseñada para resolver los registros y
allanamientos irrazonables bajo el derecho penal, a tenor con lo
resuelto en 1979 en Pueblo v, Lebrón, y de esta manera aquilatar la
"expectativa razonable de intimidad" que se tenía sobre esta información frente al interés que perseguía el Estado.34 Un año más
tarde, en ELA v. Coca Cola, (1984) el Tribunal resolvería que esta
31
Ernesto Chiesa Aponte, DERECHO PROCESAL PENAL: ETAPA
INVESTIGATIVA, págs.98-100 (2006).
32
De hecho, la opinión mayoritaria de Katz enfatiza que la Enmienda
Cuarta no crea un derecho general a la intimidad sino que solo puede
proteger determinadas formas de invasión a la intimidad. Katz v.U.S. 389
U.S. 350-351 (1967). Christopher Slogobin, PRIVACY AT RISK: THE
NEW GOVERNMNET SURVEILLANCE AND THE FOURTH
AMENDMENT (2007).
33
ELA v P.R. Tel. Co., 114 DPR 394 (1983).
34
Pueblo v. Lebrón, 108 DPR 324 (1979)
19
protección constitucional concebida para el campo penal, y algunas
de las doctrinas que de ella se derivan, también podrían ser invocadas frente a registros de carácter administrativo.35
¿Cuán útil o protectora de los derechos intimidad ha sido esta
metodología de búsqueda de intereses de intimidad cuando el
escudo protector que se invoca es la cláusula contra registros y
allanamientos irrazonables de la Sección 10 tanto en el ámbito
penal como en los registros o investigaciones administrativas?
Como he mencionado, no pretendo analizar estas cuestiones en
esta alocución.36
Mi interés es otro. He reseñado decisiones del Tribunal
Supremo que operan sobre contextos civiles donde no aplica ni
puede aplicar la disposición constitucional sobre registros y
allanamientos (por tratarse de demandados privados, por ejemplo).
Aun así, en diversas ocasiones el Tribunal hace uso de la
metodología en "búsqueda de intereses razonables de intimidad"
35
ELA v. Coca Cola, 115 DPR 117 (1984)
Sí conviene repetir que al menos desde el ya mencionado caso de
Pueblo v. Lebrón (1982), supra nota 34, el Tribunal afirmaba que aun al
interpretar esta cláusula había que reconocer los "valores centrales….de
la intimidad del ser humano y su dignidad innata". Pueblo v. Lebrón, a la
pág. 331. Véase la interrogante que sobre el asunto hace el profesor Raúl
Serrano Geyls en II DERECHO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS
UNIDOS Y PUERTO RICO, 1038 (1988). En ocasiones, el uso de esta
metodología ha favorecido reclamos de intimidad en situaciones donde
claramente estaba implicada la disposición constitucional sobre registros
y allanamientos irrazonables. Así sucede en casos de investigaciones
administrativas y registros donde el Estado solicita información personal
en manos de terceros que pueden estar en posesión de otras dependencias
del mismo Estado, o de personas o entidades particulares. A mi juicio,
este resultado se obtiene cuando el Tribunal se centra en el reclamo del
interés de intimidad, es decir se centra en los valores de la "dignidad
humana innata" y coloca en un segundo nivel los intereses de la parte
cuya acción interfiere con la intimidad. Véanse, e.g. Aponte v. Sánchez,
2008 TSPR 53, Rullán v. Fas Alzamora, 166 DPR 742 (2006), RDT
Const. Corp. V. Contralor, 141 DPR 424 (1996), H.M.C.A.(P.R.) Inc., v.
Contralor, 133 DPR 945 (1993) y Nieves v. AM Contractors, 166 DPR
399 (2005).
36
20
aun cuando se trata de reclamos de intimidad fundamentados en la
protección independiente que reconoce la Sección 8 de la Carta de
Derechos. En estas decisiones se sigue citando el caso de ELA v.
P.R. Tel. Co para resolver alegaciones sobre violación a un
derecho de intimidad que emana de la sección antes citada.
Es común que las decisiones inicien la discusión sobre el derecho aplicable afirmando que la cuestión central y de umbral es si la
persona tiene derecho a abrigar, donde sea, dentro de las circunstancias del caso específico, la expectativa de que su intimidad se
respete. Esto fue lo que precisamente sucedió en López v. Tristani,
cuyos hechos ya relaté y donde no aparece ni remotamente podía
aparecer alegación alguna que sugiera un reclamo bajo las protecciones contra registros administrativos que también cobija la Sección 10. Dicha controversia era entre partes privadas.37 Eso fue lo
que también sucedió en Castro v. Pitusa cuyos hechos también
relaté. De hecho, esta metodología afloraba ya desde el 2002 en
una controversia relacionada con el uso de cámaras electrónicas en
el lugar del trabajo. Me refiero al caso de Vega v. Telefónica
(2002) en momento en que la parte demandada, la PRTC, ya había
sido privatizada.38 Al resolver en contra de los obreros que sentían
una violación a su intimidad en la vigilancia electrónica, el Tribunal, seducido por la nueva tecnología emergente, rechaza la alegación pero para todos los efectos "legisla" unos parámetros para
salvar la intimidad que nunca reconoció como violentada. Este
caso, de hecho, posiblemente es el único donde el Tribunal ha reconocido de forma explícita que la metodología empleada proviene
del campo penal vinculada a las protecciones contra registros y
allanamientos irrazonables. Añade, sin explicación o justificación
alguna, que "esto no obsta para la aplicación de este análisis constitucional sobre el derecho a la intimidad en otros contextos".39
Repito una vez más: ni la Constitución de Puerto Rico ni la de
los Estados Unidos prohíben los registros y allanamientos en los
ámbitos penal y administrativo. Solo se prohíben si son irrazona37
También se aprecia en Castro v. Tiendas Pitusa, 159 DPR 659 (2003)
Vega v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002).
39
Id. a las págs. 602-603.
38
21
bles. Se trata de una metodología fundamentada en un trasfondo de
razonabilidad que goza de gran "flexibilidad" y cimentada en un
"balance de intereses" lo cual implica que se sopesan intereses
igualmente equilibrados.40 Según ha expuesto el propio Tribunal
Supremo de los Estados Unidos, y según ha sido adoptado por el
Tribunal Supremo de Puerto Rico, este método, que repito proviene del campo penal, tiene dos elementos: identificar la "expectativa subjetiva" y de esta existir, analizar la posible "expectativa
objetiva". El primero obliga a examinar si la persona agraviada, en
su subjetividad y en las circunstancias en que se encuentra, puede
reclamar un derecho de intimidad. Si convence al Tribunal, ello no
es suficiente para que el derecho de intimidad opere como muro de
contención frente a los que pretenden invadirlo. Si establece la
violación a su intimidad, es determinante proceder, en segunda
instancia, a analizar si la sociedad está dispuesta a reconocer si
este reclamo de intimidad debe estar protegido. Obsérvese que aun
cuando el impacto sobre la intimidad de la persona reclamante
fuese considerable, aun así hay que recurrir a la búsqueda de una
expectativa de intimidad objetiva, es decir, a la que "otro", la sociedad esté dispuesta a reconocer.
Esa aparente sensibilidad hacia el entendido de la sociedad está
pensada y condicionada por las estructuras del derecho penal
donde nace esta metodología. Es decir, cuando se acuñó se hizo
bajo el trasfondo de una consecuencia fatal para el Estado si la
expectativa de intimidad resulta "razonable": la evidencia obtenida
podría no ser admisible y por ende quedaba eliminada del proceso
penal. En tiempos de criminalidad rampante tenemos una idea de
las presiones que puedan sentir los jueces y juezas cuando intentan
tomar una decisión sobre la existencia o no de una "expectativa
objetiva". Peor aún: esta metodología creada por una decisión del
Tribunal Supremo de los Estados Unidos no cesa de ser
fuertemente criticada por amplios sectores de la academia y de la
práctica penal en los Estados Unidos.41
40
Véase opinión concurrente de la Jueza Miriam Naviera en López Vives
v. Policía de P.R., 118 DPR 219, 252 (1987).
41
Véanse, e.g., Orin S. Kerr, Four Models of Fourth Amendment
Protection, 60 Stan. L. Rev. 503 (2007), Marc Jonathan Blitz, Video
22
Es necesario acentuar el segundo elemento de la metodología: lo
que la sociedad esté dispuesta a reconocer como "expectativa de
intimidad", la llamada "expectativa objetiva". Como he mencionado, este elemento ordena una segunda "búsqueda" de expectativas con independencia del primero, es decir, sin que sea determinante en esa etapa la valoración de la magnitud de la intervención
que tenga sobre la persona la actuación del Estado o de una persona privada, es decir de quién sea el causante de la violación
imputada. Dicho de otro modo: el juez o la jueza aquilatará la percepción que tiene la sociedad del derecho de intimidad reclamado
separado de los sentimientos del reclamante para después sopesarlos, en igualdad de condiciones, con el mismo peso de la prueba en
una misma balanza equilibrada. Todavía más injusto: aun cuando
se haya violentado el derecho de intimidad, la búsqueda de la "expectativa objetiva" puede hacer desvanecer el peso de la violación
cuando llegue a la "balanza". Al menos en su aplicación bajo la
sección 10 sobre registros y allanamientos considérese la siguiente
afirmación hecha por nuestro más conocido y respetado estudioso
del tema: "[N]o basta con que la persona efectivamente tuviere una
expectativa de intimidad; se requiere además, y sobre todo, que tal
expectativa sea razonable, esto es, socialmente legítima".42
Véase el peligro y dificultad de aplicar este segundo elemento.
¿Cómo han de hacerlo los jueces y juezas? ¿Cuál percepción o
reconocimiento de la sociedad? ¿La del juez o jueza rodeado de
cámaras en su casa y acostumbrado a las cámaras de los bancos? Si
quien causa la presunta violación del derecho de intimidad es una
persona o entidad privada, ¿no se convierte la percepción o
reconocimiento de la sociedad en uno análogo a los objetivos e
Surveillance and the Constitution of Public Space: Fitting the Fourth
Amendment to a World That Tracks Image and Identity, 82 Tex. L. Rev.
1349 (2004), y William LaFave, I SEARCH AND SEIZURE: A
TREATISE ON THE FOURTH AMENDMENT, 2.1-2.2 (2004). La
inconformidad con Katz llega al grado que algunos afirman que le hace
daño a los intereses de intimidad que protege la Enmienda
Cuarta.Véase,e.g.,John Castiglione, Human Dignity and the Fourth
Amendment, 2008 Wis. L. Rev.655 (2008).
42
Ernesto Chiesa Aponte, supra nota 31 a la pág. 106.
23
intereses del causante del daño? ¿De qué depende en última
instancia la valoración del reclamo a la intimidad y dignidad? Si se
fijan depende de si otros, no presentes en el tribunal como
reclamantes, han aceptado como "normal" la intromisión a la
intimidad y por ende han cedido en su dignidad innata.43 Esta
metodología, al menos en el contexto de la sección 8 de nuestra
Constitución, no reconoce ni valora la diversidad de sentimientos.
Por el contrario, los normaliza. Así se aleja de la esencia de cada
persona humana; de su dignidad inviolable. Permite que otros
renuncien a la intimidad de su persona, es decir, facilita que el
individuo pierda poder sobre su propia personalidad.44 Olvida que
un daño a la intimidad, por minúsculo que sea, se convierte en un
daño irreparable. Nadie puede recuperar la dignidad ni la intimidad
perdida.
Una reclamación sobre violación al derecho de intimidad al
amparo de la Sección 8 de la Carta de Derechos debe ser analizada
mediante un examen judicial que trascienda la aplicación del
flexible "balance de intereses" que implica la metodología que
discuto. La única variante posiblemente sería cuando este derecho
se enfrenta a un reclamo judicial, por parte de un demandado no
gubernamental, de otro derecho constitucional de orden
fundamental como los son la libertad de palabra y la libertad de
culto.45 Aun en este contexto, el Tribunal está obligado a tener una
sensibilidad especial hacia el derecho de intimidad y la dignidad
humana.46 Solo ello es cónsono con la valorativa que postula que
43
Ese "otro" tampoco es necesariamente el resultado del uso de las
Ciencias Sociales aludidas al principio de este discurso.
44
Véanse, e.g., Eulalia Pascual Lagunas, CONFIGURACIÓN JURÍDICA DE LA DIGNIDAD HUMANA EN LA JURISPRUDENCIA
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, (2009); Lucrecio Rebollo
Delgado, EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD, 70-73
(2000).
45
Véanse, e.g., ELA v. Hermandad de Empleados, 104 DPR 436 (1975),
Colón v. Romero, 112 DPR 573 (1982), Bonilla v. PNP, 140 DPR 294
(1996) y Vigoreaux v. Quizno's, 2008 TSPR 38.
46
Examínese por ejemplo, el conflicto entre reclamos de intimidad y
dignidad humana en Asoc. Ctr.Acc. C. Maracaibo v. Cardona, 144 DPR
24
la dignidad del ser humano es inviolable. Cuando pensamos en la
dignidad humana como un derecho inviolable posiblemente
estamos frente al terreno más cercano posible de una auténtica
rareza: un derecho "absoluto". ¿Puede existir una actuación del
estado o de una persona contra otra persona que solo sea media
indigna o atente contra la dignidad humana solo parcialmente?
¿Puede alguien aceptar una intervención sobre su persona donde la
lesión a su dignidad sea mínima? Creo que no.
Por lo tanto, en la medida que el derecho de intimidad es complementario o consustancial a la dignidad humana, en esa misma
extensión la metodología sobre "búsqueda de expectativas razonables de intimidad" es insuficiente para valorar una violación al derecho de intimidad de la Sección 8 del Artículo II de la Carta de
Derechos. En la etapa de la evaluación inicial de lo alegado, la
metodología no puede aumentar el peso de la prueba del demandante y disminuir la del demandado dado la dimensión que tiene el
derecho de intimidad sobre la dignidad humana. Si así se hace, se
corre el riesgo de entender el derecho de intimidad puertorriqueño
como uno que garantiza u honra meras expectativas cuando más
bien debe interpretarse que este derecho garantiza la intimidad y
obliga a promover su desarrollo. Es decir, la metodología de "expectativas razonables" evita que aflore la función dual de nuestra
Carta de Derechos y nuestra vocación inconclusa de estado social y
democrático: vindicar la dignidad humana y, como parte de este
norte, limitar los poderes del gobierno e imponerle obligaciones a
ese estado.
Quede claro: no estoy postulando que el derecho de intimidad
sea absoluto. Solo reflexiono que en la medida que este es consustancial con la dignidad humana, y posiblemente más consustancial
que con cualquier otro derecho fundamental, en esa misma medida
la metodología que se adopte no puede estar fundamentada en criterios de razonabilidad en ninguna etapa del litigio en que se dilucide su alegada transgresión.47
1 (1997). También véase como se aplicó la metodología en Nieves v AM
Contractors, 166 DPR 399 (2005).
47
Una sugerencia para conciliar lo que denomina como "ambivalencia
metodológica" en el desarrollo del derecho de intimidad en Puerto Rico
25
Para determinar si una actuación incide sobre el derecho de intimidad de modo que se convierta en una violación constitucionalmente reconocible, sea ésta causada por el Estado o por un ente
privado, el análisis tiene que centrarse esencialmente en el impacto
que la violación tiene sobre la persona. Ello suele plantear un
asunto que necesariamente conlleve la presentación de prueba,
aunque es evidente que hay actuaciones que de por sí deben considerarse como violaciones a la intimidad de la persona. Esto significa, a su vez, que difícilmente pueda archivarse por desestimación
una demanda fundamentada en la violación a la dignidad humana y
el derecho de intimidad. Me refiero a que como regla general difícilmente proceda una moción de desestimación temprano en el
litigio. Este es un asunto donde, una vez más, los litigantes, los
jueces y las juezas pueden recurrir también a las aportaciones de la
Ciencias Sociales puertorriqueñas, particularmente la psicología, la
sociología, las ciencias políticas, la antropología cultural, el derecho comparado y al derecho transnacional. La centralidad del análisis, sin embargo, estará siempre sobre el reclamante del derecho
quebrantado en el contexto de cada caso particular. Corresponderá
al demandado, sea éste el Estado o una entidad privada, levantar
como defensa afirmativa la inexistencia de la violación o, aceptar
que violenta la intimidad en la consecución de sus intereses de alta
jerarquía y alegar que utiliza el mecanismo menos invasivo a la
intimidad para lograr sus propósitos. En ambos casos tiene el peso
de la prueba. En ambos casos tendrá que escucharse al reclamante.
En síntesis: la metodología "en busca de expectativas razonables
de intimidad", utilizada aun en la etapa inicial de la evaluación de
la propone el profesor José Julián Álvarez González, en supra nota 22 a
la pág. 806. La salida ofrecida permite que la metodología que critico
pueda ser utilizada en la etapa inicial de la valoración de la intimidad que
se alega transgredida. Se sugiere que ello ayudaría a determinar si la
violación es significativa en cuyo caso, hecho este balance de intereses,
podría dar lugar a la activación del escrutinio estricto. Creo que esto
podría resolver la "ambivalencia" pero la solución propuesta permite que
en esa etapa inicial se "active" la consideración del criterio objetivo, es
decir, el "balance de intereses en igual equilibrio", aun cuando el
elemento subjetivo demostrare una "violación crasa" a la intimidad.
26
la magnitud de la violación alegada, constituye un balance
intereses que resulta ser desbalanceado a favor del demandado.
Para evaluar de forma inicial la alegada violación a la intimidad, si
ha de usarse una balanza, ésta debe estar desde un primer momento
en desequilibrio a favor del reclamante.
De paso, esta alegación de un demandado de que sus derechos
fundamentales también están en controversia, podrían ser
invocados por algún demandado privado solo en determinadas
circunstancias. Recordemos que los derechos civiles pertenecen a
la persona y no pueden ser reclamados por el Estado para
protegerse de los ciudadanos o de otras dependencias o criaturas
del mismo Estado. Si el causante de la violación es el Estado o
algunos de sus testaferros, la balanza debe estar desequilibrada a
favor del reclamante de la violación.
Creo que este acercamiento centrado en la intimidad como elemento consustancial de la dignidad humana ha estado presente en
el desarrollo de la jurisprudencia más importante sobre el derecho
de intimidad puertorriqueño: Figueroa Ferrer v. ELA48 y Arroyo v.
Rattan Specialties.49 En ninguna de estas decisiones se aplica
expresamente la metodología de "expectativas". Al evaluar la alegación inicial de la violación a la intimidad y dignidad humana, el
Tribunal usó una balanza que, al comenzar a sopesar los intereses,
no estaba ni podía estar en equilibrio. Por el contrario: los derechos
fundamentales invocados llegaban a la balanza con más peso que
los intereses de quien causaba la violación imputada.
En Rattan, por ejemplo, la valoración de los derechos constitucionales fundamentales del obrero, a quien un patrono privado quería someter a una prueba de polígrafo, es considerada de forma
independiente de la legitimidad del interés perseguido por el patrono demandado o incluso de lo que la sociedad pueda pensar sobre esta nueva tecnología. Por el contrario, el Tribunal advierte del
peligro que conlleva el desarrollo de nueva tecnología por su potencial impacto sobre la dignidad, integridad e intimidad de las
personas. En este caso en particular, se trataba del uso del polí48
49
Figueroa Ferrer v. ELA, 107 DPR 250 (1978).
Arroyo v. Rattan Specialties, 117 DPR 35 (1986).
27
grafo en el lugar de trabajo para detectar posibles irregularidades
cometidas por los empleados. Si se hubiese utilizado la metodología de "expectativas razonables" posiblemente hubiese bastado que
el patrono publicara, con antelación suficiente, que se utilizaría el
polígrafo en el empleo o que incluso se advirtiera que como condición de empleo los empleados se tendrían que someter a estas
pruebas. Con ello el patrono hubiese derrotado la "expectativa
subjetiva" reclamada por los empleados, como sucedió con el consumidor que voluntariamente entró a la Tienda Pitusa.
Lo anterior también implica que la metodología que se afana en
buscar expectativas explícitas va en contra de la "factura más
ancha" que se presupone tiene el derecho de intimidad
puertorriqueño. Si en efecto esta metodología protege menos el
derecho a la dignidad humana y el derecho de intimidad, si su aplicación fue un calco de la jurisprudencia de la Cuarta Enmienda de
la Constitución Federal, hoy día muy criticada, entonces "la factura
más ancha" de este derecho queda una vez más en entredicho.
Como he mencionado, lo cierto es que una adjudicación
independiente de la dignidad e intimidad humana bajo el derecho
constitucional puertorriqueño, es decir bajo la Sección 1 y 8 de la
Carta de derechos, constituiría una importante contribución al
Derecho que trascendería nuestras fronteras nacionales. Aunque el
rol que ocupa Puerto Rico en ese federalismo es mucho más lógico
entenderlo, a mi juicio, bajo la óptica del colonialismo, hemos
hecho contribuciones al federalismo que se pasan por alto o que
desconocemos. Por ejemplo, precisamente la inviolabilidad de la
dignidad humana que contiene la Sección 1 de nuestra constitución
fue incorporada en la revisión de la Constitución del Estado de
Montana efectuada en 1971. Forma parte indubitada del historial
de esta acción que la Constitución de Puerto Rico inspiró a los
ciudadanos del estado de Montana a adoptar una disposición
idéntica a la nuestra. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo
de ese Estado y lo ha reconocido la academia jurídica
norteamericana. Incluso se ha señalado que al interpretar los
contornos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Montana
en torno a la dignidad humana es necesario recurrir a las decisiones
28
del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre este tema pues de
nuestro país procede la disposición incorporada.50
Aunque lo antes narrado se produjo en el contexto de un derecho
constitucional autóctono como lo es la dignidad humana, nada
impide que podamos inspirar al propio Tribunal Supremo de los
Estados Unidos a resolver controversias constitucionales sobre
derechos fundamentales o ayudar a otros Estados y países a
resolver controversias constitucionales que tengan afinidad con los
derechos autóctonos de nuestra Carta de Derechos. Permítanme
una breve digresión: es justo y apropiado reconocer obras jurídicas
de varios profesores de Derecho de nuestro País que tienen y han
tenido impacto sobre el desarrollo del derecho en países de
América Latina y España, particularmente en materia de derecho
procesal penal y derecho probatorio.
Debo concluir y sintetizar. Un reclamo de violación a su intimidad, principalmente si se fundamenta en las Secciones 1 y 8 de
nuestra constitución, exige una metodología que se centra y concentra en la persona humana con su dignidad irrenunciable. Dado
que esta violación es atinente al desarrollo de nuestra personalidad,
de lo que nos es privado e íntimo, aquello relativo a nuestra libertad; su vindicación no puede depender de débiles expectativas y
mucho menos si éstas son determinadas por otros. Después de
todo, el Diccionario de la Real Academia Española define "expectativa" como " la esperanza de conseguir una cosa". 51 La protección de un derecho consustancial con la dignidad humana no puede
depender de una "esperanza".
Cuando la nueva tecnología supere incluso el mundo "Orwelliano" que creíamos lejano e imaginario, cuando nos acostumbremos a su impacto en nuestras vidas, cuando la falta de intimidad
sea normal, solo nos quedará como resguardo la dignidad inalienable. Si no comenzamos a cultivar esta dignidad en todos los ámbi-
50
Vicki Jackson, Constitutional Dialogue and Human Dignity: States
and Transnational Constitutional Discourse, 65 Mont. L. Rev. 15, 22-27
(2004).
51
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 21ra. Ed.,
pág. 934 (1992).
29
tos no va aflorar como valor ni como derecho independiente que
pueda invocarse en los tribunales.
El derecho de intimidad y la dignidad humana solo deben estar
en función de nuestra condición como miembros de la especie
humana que es una sola. A ella pertenecemos y solo a ella nos
debemos. Lo demás sería indigno.
Gracias por su atención y paciencia.
CONTESTACIÓN AL DISCURSO DEL PROFESOR
CARLOS E. RAMOS GONZÁLEZ*
José Julián Álvarez González**
Como es costumbre en estos actos, un miembro de esta
Academia pronuncia unas palabras en reacción al discurso del
nuevo académico. Es para mí un verdadero placer realizar esta
función, por cuanto el nuevo académico es una persona con quien
me unen lazos de amistad desde que nos conocimos como
estudiantes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto
Rico. Como igualmente es costumbre en estos actos, mi
intervención procurará ser breve. La noche corresponde al nuevo
académico.
En su magnífica ponencia,1 el profesor Ramos nos invita a que
reflexionemos sobre la cláusula que da comienzo a la Carta de
Derechos de la Constitución de Puerto Rico, aquella que proclama
que “La dignidad del ser humano es inviolable”.2 Tras un análisis
de su origen, historia, significado y utilización (o falta de ella),
hace varios señalamientos metodológicos sobre cómo nuestros
tribunales han aplicado el derecho a la intimidad. Como bien
señala el nuevo académico, nuestro poder judicial ha derivado ese
*
Sesión Solemne celebrada el 28 de octubre de 2010 en el Teatro de la
Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
** Académico de Número de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. Catedrático, Escuela de Derecho de la Universidad de
Puerto Rico.
Agradezco los comentarios atinados de mi colega Hiram Meléndez
Juarbe y la labor de investigación y edición de Alba G. Reyes Santos,
estudiante de tercer año de la Escuela de Derecho de la Universidad de
Puerto Rico. Los errores, por supuesto, son míos.
1
Carlos E. Ramos González, La inviolabilidad de la dignidad humana:
lo indigno de la búsqueda de expectativas razonables de intimidad en el
derecho constitucional puertorriqueño.
2
CONST. P.R. art. II, ' 1.
31
32 Rev. Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación
derecho de la interrelación entre la cláusula que nos ocupa, aquella
que proclama que “Toda persona tiene derecho a protección de ley
contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida
privada o familiar”,3 y aquella otra que prohíbe los “registros,
incautaciones y allanamientos irrazonables”.4
La razón por la que el profesor Ramos prácticamente se ve
obligado a tornar su atención hacia el derecho a la intimidad en una
ponencia cuyo título principal alude a la inviolabilidad de la
dignidad humana es tristemente sencilla. Como él reconoce, el
valor de la dignidad humana en nuestra Constitución puede
desempeñar dos funciones: “como un derecho independiente o
como un principio o >complemento= que debe acompañar la
valoración de todos los derechos fundamentales”.5 No obstante,
como igualmente reconoce, nuestro poder judicial, salvo algunas
expresiones individuales de sus jueces, sólo ha utilizado este valor
constitucional en esta segunda función. En las certeras palabras del
profesor Ramos: “Lo cierto es que la dignidad humana no ha sido
dilucidada como derecho independiente por el Tribunal Supremo
de Puerto Rico”.6 Como él también reconoce, esa culpa no se
limita a nuestros tribunales, sino que también abarca a la academia
y a la profesión, con contadas excepciones, como son los casos de
mis colegas Hiram Meléndez Juarbe7 y Luis Aníbal Avilés Pagán,8
a quienes hoy se une el profesor Ramos. Quisiera dedicar mi
atención en esta ocasión a este aspecto y con ello reconocer mi
propia culpa y procurar comenzar a expiarla.
Pero antes, creo necesario resaltar un aspecto en el que puedo
tener alguna discrepancia o, cuando menos, diferencias de matices
con el profesor Ramos. En la segunda parte de su ponencia, el
Id. art. II, ' 8.
Id. art. II, ' 10.
5
Ramos González, supra nota 1, en la pág. 5.
6
Id. en la pág. 10.
7
Hiram Meléndez Juarbe, Privacy in Puerto Rico and the Madman=s
Plight: Decisions, 9 GEO. J. GENDER & L. 1 (2008).
8
Luis Aníbal Avilés Pagán, Human Dignity, Privacy and Personality
Rights in the Constitutional Jurisprudence of Germany, the United States
and the Commonwealth of Puerto Rico, 67 REV. JUR. U.P.R. 343 (1998).
3
4
José Julián Álvarez González
33
nuevo académico critica que nuestro poder judicial haya
transportado al plano de lo civil, bajo el derecho a la intimidad, el
análisis de razonabilidad que en la esfera penal se aplica para
enjuiciar los registros y allanamientos. El profesor Ramos quiebra
una lanza contra la metodología usual que, como cuestión de
umbral, se enfrenta a planteamientos de intimidad en lo civil
preguntando si el reclamante tenía una expectativa razonable de
intimidad, tanto desde una perspectiva subjetiva como objetiva.
Según el nuevo académico, ante cualquier alegación de “violación
a la intimidad, si ha de usarse una balanza, ésta debe estar desde un
primer momento en desequilibrio a favor del reclamante”.9
Como el profesor Ramos reconoce y critica,10 he sostenido que
una alegación de intimidad requiere resolver, en primer lugar, si el
reclamo de infracción a la intimidad es significativo.11 Antes de esa
etapa, no creo apropiado colocar el peso de la prueba en el demandado, llámesele “escrutinio estricto” o úsese cualquier otro término. La mera invocación de cualquier derecho constitucional no
debe ser suficiente para alterar el peso de la prueba. Por “preferido” que nos guste decir que es el derecho a la intimidad, no
adoptamos esa actitud con otros derechos que también nos gusta
llamar “preferidos”, como son la libertad de expresión o la libertad
de culto. En cuanto a estos dos últimos derechos, sabemos que la
actitud judicial ante su invocación es examinar primero si realmente se trata de un problema de “expresión”12 o si quien invoca la
9
Id. en la pág. 25 n. 47.
11
JOSÉ JULIÁN ÁLVAREZ GONZÁLEZ, DERECHO CONSTITUCIONAL DE
PUERTO RICO Y RELACIONES CONSTITUCIONALES CON LOS ESTADOS
UNIDOS 806 (2009). En abono a la postura del profesor Ramos, también
he denotado preocupación frente al frecuente uso por parte del Tribunal
Supremo de Puerto Rico de lenguaje de intimidad en casos que tratan
sobre registros y allanamientos irrazonables, por cuanto Aexiste el
peligro de que el continuado tratamiento de esos problemas mediante el
derecho general de intimidad termine rebajando la cobertura de ese
derecho fuera del contexto penal@. Id. en la pág. 790.
12
Aunque muy abusada en situaciones en las que no debía invocarse, la
dicotomía “expresión” v.”conducta” tiene algunas aplicaciones muy
justificadas, cuando el impacto comunicativo de la “conducta” es cero o
10
libertad de culto lo hace por razón de una creencia religiosa bona
fide13 o lo hace en circunstancias en las que esa creencia religiosa
realmente está en juego.14
El profesor Ramos parece especialmente preocupado de que en
esa etapa de umbral se procure analizar si el reclamante de intimidad satisface el llamado criterio objetivo, esto es, “si la sociedad
está dispuesta a reconocer si este reclamo de intimidad deber estar
protegido”.15 Nos pregunta cómo juezas y jueces han de aplicar ese
criterio sin irremediablemente utilizar sus preferencias personales.16 Ese problema, sin embargo, no es privativo de este asunto,
sino que se extiende a todo el Derecho. La búsqueda, probablemente ilusoria, de la objetividad en el Derecho es empresa que nos
ha llevado a talar bosques.17 Sin embargo, diariamente participamos en ella, como cuando invocamos la figura de la “persona prudente y razonable”, que nuestro Tribunal Supremo certeramente
tildó de “mítica” hace cinco décadas,18 o la del “buen padre o madre de familia”. Perdóneseme la herejía, pero siempre he sospechado que a los jueces y juezas les cuesta mucho, si es que alguna
vez lo han logrado, hallar diferencias significativas entre estas dos
figuras objetivas y su propia realidad.
se acerca a serlo. Véase, e .g., Pueblo v. Hernández Colón, 118 DPR 891
(1987) (consumir bebidas alcohólicas en una vía pública no es
“expresión”).
13
Véase, e. g., Lozada Tirado v. Tirado Flecha, 2010 TSPR 9 (el rechazo
a una transfusión de sangre bajo cualquier circunstancia es una doctrina
fundamental de las creencias religiosas de los Testigos de Jehová).
14
Véase, e.g., Amador v. Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 571
(2000) (disputa sobre la titularidad de un inmueble).
15
16
Id. en la pág. 22.
17
Uno de los mejores argumentos que conozco By a fin de cuentas no
compartoB en favor de tal objetividad es Owen M. Fiss, Objectivy and
Interpretation, 34 STAN. L. REV. 738 (1982). El debate al respecto, como
sabemos, es feroz. Para mi humilde participación en ese debate, véase
José Julián Álvarez González, Another Look at the ADiscretionary
Constitution@, 71 REV. JUR. U.P.R. 1 (2002).
18
Hernández v. La Capital, 81 DPR 1031 (1960).
35
Considero que la crítica más importante del profesor Ramos al
uso del criterio objetivo en esta primera etapa es que ese criterio
puede ir eliminando algunas expectativas de intimidad, según los
avances tecnológicos o sociales popularicen una práctica o una
idea.19 Frente a ese peligro, como argumentaré más adelante, la
cláusula de dignidad puede ser una barrera más poderosa.
Tal vez –reitero- tal vez, podría coincidir con el profesor Ramos
en que en esa primera etapa no deba usarse el criterio objetivo y
posponer su uso para una segunda etapa. Pero, prescindir asimismo
del criterio subjetivo en esa primera etapa, como él también parece
sugerir, no me parece justificado. No creo que la mera invocación
de algún derecho constitucional requiera o siquiera permita que el
peso de la prueba se traslade inmediatamente al adversario, que no
pueda ser objeto de una moción de desestimación y que, aparentemente, siempre requiera presentar prueba, como el profesor Ramos
sugiere.20
Paso a lo que anuncié que dedicaría atención principal: el hecho
de que la cláusula de dignidad permanezca como una especie de
dodo constitucional sin elucidación y aplicación serias por nuestros
tribunales. En la inmensa mayoría de los casos, nuestro Tribunal
Supremo cita esta cláusula pero inmediatamente abandona su
consideración y, dependiendo del asunto ante sí, recala en la
19
Ramos González, supra nota 1, en la pág. 22. Por ejemplo, si la ciencia
desarrollare un útero mecánico que pueda acoger a un cigoto y llevarlo a
término, la explicación para el derecho a la intimidad de la mujer tendría
que evolucionar. La explicación no podría ser, como algunos han
sugerido, el control sobre el propio cuerpo. La explicación tendría que
ser que se trata del derecho a no reproducirse.
Para un breve tratamiento sobre los efectos de los desarrollos
tecnológicos sobre el derecho a la intimidad, véase ÁLVAREZ
GONZÁLEZ, supra nota 11, en las págs. 788-789. Una decisión del
Tribunal Supremo federal que se enfrenta a este tipo de problema es
Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001). En ese caso el Tribunal
resolvió 5-4 que el uso de un equipo para detectar imágenes termales
desde fuera de una residencia constituyó un registro irrazonable,
especialmente por cuanto se trataba de un equipo cuyo uso no era
generalizado.
20
Ramos González, supra nota 1, en las págs. 25-26.
cláusula antidiscriminación o en el derecho a la intimidad.21 Sólo
algunas opiniones individuales muestran mayor interés en dar
21
Ejemplos de meras menciones de la cláusula de dignidad en opiniones
mayoritarias, sin mayor elucidación, son: S.L.G. Semidey Vázquez v.
ASIFAL, 2009 TSPR 184; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., Inc.,
2009 TSPR 55; Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457 (2007);
Nieves v. AM Contractors, 166 DPR 399 (2005); López v. E.L.A., 165
DPR 280 (2005); Castro v. Tiendas Pitusa, 159 DPR 650 (2003); Valle v.
E.L.A., 157 DPR 1 (2002); Meléndez v. Asoc. Hosp. del Maestro, 156
DPR 828 (2002); S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., 156 DPR
651, 662, 665 (2002); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364
(2001); Aponte Burgos v. Aponte Silva, 154 DPR 117 (2001); In re
Robles Sanabria, 151 DPR 483 (2000); Pueblo v. Bonilla, 149 DPR 318
(1999); Pres. del Senado, 148 DPR 737 (1999); Pérez, Román v. Proc.
Esp. Rel. de Fam., 148 DPR 201 (1999); Soc. de Gananciales v. Royal
Bank de P.R., 145 DPR 178 (1998); Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145
DPR 142 (1998); Soc. de Gananciales v. Centro Gráfico, 144 DPR 952
(1998); Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144 DPR 673 (1998);
Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 DPR 141 (1997); Sánchez v.
A.E.E., 142 DPR 880 (1997); Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386
(1997); Díaz v. Alcalá, 140 DPR 959 (1996); García v. Mun. de Arroyo,
140 D.P.R. 750 (1996); García Ortiz v. Policía de P.R., 140 DPR 247
(1996); Fulana de Tal v. Demandado A, 138 DPR 610 (1995); El Vocero
de P.R. v. Nogueras I, 138 DPR 103 (1995); Delgado Zayas v. Hosp. Int.
Med. Avanzada, 137 DPR 643 (1994); Santini Rivera v. Serv. Air, Inc.,
137 DPR 1 (1994); Rodríguez v. Depto. Servicios Sociales, 132 DPR
617 (1993); El Vocero de P.R. v. E.L.A., 131 DPR 356 (1992); Noriega
v. Gobernador, 130 DPR 919 (1992); Berberena v. Echegoyen, 128 DPR
864 (1991); Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 DPR 117
(1990); Almodóvar v. Méndez Román, 125 DPR 218 (1990); García
Pagán v. Shiley Caribbean, 122 DPR 193 (1988); P.I.P. v. C.E.E., 120
DPR 580 (1988); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35 (1986);
Pueblo v. Falú Martínez, 116 DPR 828 (1986); Clemente v. Depto. de la
Vivienda, 114 DPR 763 (1983); P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR 328
(1983); Colón v. Romero Barceló, 112 DPR 573 (1982); In re Álvarez
Crespo, 110 DPR 624 (1981); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 DPR 250
(1978); Pierson Muller I v. Feijoó, 106 DPR 838 (1978); Ossorio Ruiz v.
Srio. de la Vivienda, 106 DPR 49 (1977); Pueblo v. Domínguez
Fraguada, 105 DPR 537 (1977); García Santiago v. Acosta, 104 DPR
321 (1975); Zachry International v. Tribunal Superior, 104 DPR 267
37
tratamiento independiente y más detenido a la cláusula de
dignidad.22
Respaldo la afirmación de mi colega Hiram Meléndez Juarbe23
de que este estado de cosas es insatisfactorio; que la cláusula de
dignidad debe recibir atención independiente y que puede ser la
base para resolver asuntos que se han considerado con mayor
detenimiento bajo el derecho a la intimidad, tales como uno que él
señala especialmente: los problemas jurídicos suscitados por el
cambio quirúrgico de sexo.24 Otro tanto puede decirse de la
negativa del Tribunal a interpretar que la Ley de Violencia
Doméstica25 sea aplicable a una relación de pareja entre personas
del mismo sexo.26 Añado un asunto posterior a la aparición del
artículo del profesor Meléndez: el tema del derecho a rehusar
(1975); López Rivera v. Matos, 101 DPR 740 (1973); Arcelay Rivera v.
Superintendente Policía, 95 DPR 211 (1967); Ocasio v. Díaz, 88 DPR
676 (1963); Pérez v. Bauzá, 83 DPR 220 (1961).
22
Ejemplos de éstas son: Lozada Tirado v. Tirado Flecha, 2010 TSPR 9
(Rodríguez Rodríguez, op. concurrente); Aponte Hernández v. Sánchez
Ramos I, 2008 TSPR 53 (Rivera Pérez, op. concurrente); Umpierre
Biascoechea v. Banco Popular, 170 DPR 205, 212 n. 4 (2007)
(Rodríguez Rodríguez, op. concurrente); id. en la pág. 234 (Fiol Matta,
op. disidente); Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803, 837
(2006) (Rodríguez Rodríguez, op. disidente); Delgado, ex parte, 165
DPR 170 (2005) (Fiol Matta, op. disidente); Serrano, Vélez v. E.L.A.,
154 DPR 418 (2001) (Fuster Berlingeri, op. disidente) (curiosamente, el
juez disidente no reiteró este planteamiento, según aplicado a los
confinados, en Rosario v. Toyota, 166 DPR 1 (2005)); Andino Torres, ex
parte, 151 DPR 794, 806-807 (2000) (Negrón García, op. concurrente);
Pres. del Senado, 148 DPR 737 (1999) (Hernández Denton, op.
concurrente y disidente); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35
(1986) (Hernández Denton, op. concurrente y disidente); Green Giant
Co. v. Tribunal Superior, 104 DPR 489 (1975) (Trías Monge, op.
disidente); Figueroa v. Díaz, 75 DPR 163 (1953) (Negrón Fernández, op.
particular).
23
Op. cit. supra, nota 7, en las págs. 69-70.
24
Andino Torres, ex parte, 151 DPR 794 (2000); Delgado, ex parte, 165
DPR 170 (2005).
25
Ley núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 8 LPRA ' 601 y ss.
26
Pueblo v. Ruiz, 159 DPR 194 (2003).
tratamiento médico, que el Tribunal atendió en Lozada Tirado v.
Tirado Flecha.27 En ese caso, aunque la opinión mayoritaria hizo
algunas referencias, más frecuentes que las habituales, a la cláusula
de dignidad, la decisión se basó principalmente en el derecho a la
intimidad y, ante sus hechos particulares, en la libertad de culto.
Estos casos, a mi juicio, demuestran las consecuencias negativas
de invocar o usar como vehículo el derecho a la intimidad en circunstancias en que resulta complicado y problemático enmarcar
esos asuntos bajo ese vehículo. Eso conlleva no sólo continuar
manteniendo a la cláusula de dignidad sin contenido propio, sino
también privar al derecho de intimidad de contornos manejables y
coherentes. El derecho a la intimidad puertorriqueño padece de un
serio problema de obesidad o inflación. El régimen terapéutico
recomendable muy bien puede ser considerar bajo la cláusula de
dignidad algunos de los problemas que se han analizado bajo ese
derecho. Esa prescripción podría extenderse a algunos de los otros
ejemplos que el profesor Ramos considera y critica en su ponencia:
el vídeo sexual en la bóveda del Tribunal28 y el requisito de mostrar el recibo de compras antes de abandonar un comercio.29 Los
resultados en ambos casos no necesariamente hubieran variado,
pero el razonamiento hubiera sido más comprensible y más cónsono con el respeto a la dignidad de los promoventes. En particular, en el segundo de ellos, la queja del consumidor demandante
era particularmente difícil de visualizar como un atentado contra su
intimidad. Por ello, precisamente, resultó relativamente sencillo
para el Tribunal rechazar ese reclamo. Tomado como un atentado
contra la dignidad, una especie de presunción de conducta ilegal y
moralmente censurable, el asunto se tornaba más complicado.
27
2010 TSPR 9. Carente de una cláusula de dignidad en la Constitución
federal, y renuente a invocar el derecho a la intimidad en los últimos
años, el Tribunal Supremo federal ha atendido asuntos similares bajo el
análisis menos acucioso que aplica al impacto sobre intereses de libertad
bajo la cláusula de debido proceso de ley de la Enmienda 14. Véanse
Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, 497 US 261 (1990);
Washington v. Glucksberg, 521 US 702 (1997).
28
López Tristani v. Maldonado, 168 DPR 838 (2006).
29
Castro v. Tiendas Pitusa, 159 DPR 650 (2003).
39
Existe considerable debate en la literatura jurídica sobre el significado jurídico que puede darse al concepto de dignidad. Algún
autor ha sostenido que, por mucho que se aluda a la dignidad en
constituciones, tratados y otros documentos jurídicos, éste no es
sino un recipiente relativamente vacío para los más diversos temas,
que produce resultados divergentes en distintas culturas.30 Por supuesto, son muchas las posturas divergentes a ésa, que ilustran el
cada vez mayor interés en este concepto en la academia jurídica.31
Que el concepto de dignidad sea difícil de definir y de aplicar no
debe significar que rehusemos intentarlo y desterremos esta disposición constitucional al limbo al que Robert Bork hubiera enviado
a la Novena Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.32
Tampoco olvidemos que algunos han hecho expresiones similares
sobre el concepto de igualdad, tildándolo de “idea vacía”.33 No por
30
Christopher McCrudden, Human Dignity and Judicial Interpretation of
Human Rights, 19 EUR. J. INT'L L. 655, 698 (2008).
31
Véanse, e.g., Jeremy Waldron, Dignity And Defamation: The Visibility
of Hate, 123 HARV. L. REV. 1596 (2010); Matthias Mahlmann, The Basic
Law At 60 - Human Dignity and The Culture of Republicanism, 11
GERMAN L.J. 9 (2010); Susanne Baer, Dignity, Liberty, Equality: A
Fundamental Rights Triangle of Constitutionalism, 59 U. TORONTO L.J.
417 (2009); Carol Sanger, Decisional Dignity: Teenage Abortion, Bypass
Hearings, and the Misuse of Law, 18 COLUM. J. GENDER & L. 409
(2009); Paolo G. Carozza, Human Dignity and Judicial Interpretation of
Human Rights: A Reply, 19 EUR. J. INT'L L. 931 (2008); Reva B. Siegel,
Dignity and the Politics of Protection: Abortion Restrictions under
Casey/Carhart, 117 YALE L.J. 1694 (2008); Mariann Arany Tóth, The
Right to Dignity at Work: Reflections on Article 26 of the Revised
European Social Charter, 29 COMP. LAB. L. & POL'Y J. 275 (2008); John
D. Castiglione, Human Dignity under the Fourth Amendment, 2008 WIS.
L. REV. 655.
32
ROBERT H. BORK, THE TEMPTING OF AMERICA: THE POLITICAL
SEDUCTION OF THE LAW 166 (1990) (comparó esa enmienda con una
indescifrable mancha de tinta o “ink blot”).
33
Peter Westen, The Empty Idea of Equality, 95 HARV. L. REV. 537
(1982). Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar. Véanse, e.g.,
Steven J. Burton, Comment on “Empty Ideas”: Logical Positivist
Analyses of Equality and Rules, 91 YALE L.J. 1136 (1982); Erwin
ello nuestros tribunales han abandonado la tarea de dar contenido
concreto a ese concepto. Y no hablemos de otros dos conceptos
jurídicos a los que los tribunales han dado contenidos, a pesar de la
parquedad del texto constitucional o, peor aún, en aparente contravención a ese texto. Me refiero al literalmente redundante concepto
del debido proceso procesal y a su primo hermano (algunos dirían,
bastardo), el literalmente contradictorio concepto del debido proceso sustantivo.
Como bien señala el profesor Ramos, el texto exacto de nuestra
cláusula de dignidad y su lugar preferente dentro de la Carta de
Derechos proviene de la Constitución alemana de 1949.34 Convendría, por tanto, dar un vistazo a la jurisprudencia alemana que la
interpreta, para poner en perspectiva los argumentos de quienes
critican esta cláusula.35 El principio rector que la jurisprudencia
alemana ha derivado de su cláusula de dignidad es que el ser humano es un fin en sí mismo y nunca puede convertirse en un objeto
del poder del Estado.36 Partiendo de ese concepto central la jurisprudencia alemana ha derivado consecuencias concretas, tanto
sustantivas como procesales.37
Chemerinsky, In Defense of Equality: A Reply to Professor Westen, 81
MICH. L. REV. 575 (1983); Kent Greenawalt, How Empty Is the Idea of
Equality? 83 COLUM. L. REV. 1167 (1983); Kenneth L. Karst, Why
Equality Matters, 17 GA. L. REV. 245 (1983).
34
35
Para lo que sigue, consúltese a Mahlmann, supra nota 31, en las págs.
26 y ss.
36
Id. en la pág. 26, citando el concepto de “Objektformel”, en el que
descansa mucha jurisprudencia constitucional alemana.
37
Id. en las págs. 26-29. Claro está, como implícitamente reconoce el
profesor Ramos, supra nota 1, en las págs. 6, 12-13, el desarrollo de la
cláusula de dignidad puertorriqueña tiene límites exógenos, que no
afectan a Alemania o a otros países soberanos. La jurisprudencia
alemana denota una tendencia a preferir los derechos a la dignidad y a la
personalidad por sobre el derecho a expresión, cuando éstos entran en
conflicto. Véase NORMAN DORSEN, MICHEL ROSENFELD, ANDRÁS SAJÓ
Y SUSANNE BAER, COMPARATIVE CONSTITUTIONALISM 909-912 (20 ed.
2010) (p. 910: AAccording to the prevailing tenet in Germany, the
founders of the Basic Law deliberately gave preference to dignity and
41
Quisiera sugerir una aplicación muy concreta de la cláusula de
dignidad a una situación en la que la invocación de otras disposiciones constitucionales puertorriqueñas aún no ha tenido éxito y
para la que el derecho a la intimidad, con toda su glotonería, no
podría invocarse seriamente. Para introducir el ejemplo, sugiero
que una de las manifestaciones más concretas en que una persona
infringe la dignidad de otra es el acoso. No me refiero específicamente al acoso sexual, situación a la que algunos de nuestros
jueces expresamente han encontrado aplicable la cláusula de dignipersonality rights, to the detriment of free speech”). Ejemplos de
acciones por difamación en las que los tribunales alemanes, incluyendo a
su Corte Constitucional, han invocado expresamente la cláusula de
dignidad y han preferido su protección por encima de los intereses de
expresión que estaban en juego al otro lado del litigio, son El caso
Mefisto, 30 BverfGE 173 (Corte Constitucional, 1971), y El caso de la
princesa Soraya, 34 BverfGE 34, 269 (Corte Constitucional, 1973). En
ambos casos la jurisprudencia norteamericana sobre libertad de expresión
probablemente hubiera impedido resultados similares. Aunque el
Tribunal Supremo de Puerto Rico en Colón v. Romero Barceló, 112 DPR
573 (1982), pareció ignorar esa jurisprudencia y prefirió el derecho
puertorriqueño a la intimidad por sobre el derecho federal a libre
expresión, ese cálculo fue final porque no fue apelado, no
necesariamente porque hubiera sido el balance al que hubiera llegado el
árbitro final del asunto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Véase
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, supra nota 11, en las págs. 1042-1043.
Curiosamente, Colón es otro caso en el que el concepto de dignidad era
más apropiado que el de intimidad.
Para la reacción inicial de dos jueces de nuestro Tribunal Supremo,
quienes consideraron inaplicable a nuestro medio la jurisprudencia
constitucional federal sobre difamación, por estimarla contraria Aa
nuestra cultura y . . . a preceptos terminantes de nuestra Constitución y
leyes@, entre los cuales destacaron en primer lugar la cláusula de
dignidad, véase Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 DPR 415, 428
(1977) (Díaz Cruz, J., con Irizarry Yunqué, J., op. concurrente). Ante la
división de votos en ese caso, no hubo mayoría absoluta para declarar
inconstitucional cierto aspecto de la ley local de difamación, 32 LPRA ''
3141-3149, por contravenir esa jurisprudencia federal. La resignación
jurídica pronto hizo su aparición. García Cruz v. El Mundo, Inc., 108
DPR 174 (1978).
dad.38 Me refiero al acoso más general de una persona más fuerte o
más violenta hacia otra, aquello que en inglés se llama “bullying” y
que tan seriamente aflige a nuestra sociedad y a tantas otras. Tan
difundido es ese problema, que en España se alude expresamente
al “bully”, a veces sin siquiera procurar una traducción al castellano.39
Que el hostigamiento sexual “[e]s una práctica ilegal e indeseable que
atenta contra la dignidad del ser humano” lo afirma la Juez Rodríguez
Rodríguez en Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, 170 DPR 205,
212 n. 4 (2007). Algo similar sostiene en ese mismo caso la opinión
disidente de la Jueza Fiol Matta. Id. en la pág. 234. Otro tanto sostiene la
opinión disidente de la Juez Rodríguez Rodríguez en Hernández Vélez v.
Televicentro, 168 DPR 803, 837 (2006). Así lo había dicho, sin mayor
precisión, la opinión mayoritaria en S.L.G. Afanador v. Roger Electric
Co., Inc., 156 DPR 651, 662, 665 (2002).
39
En España, véanse: Acoso escolar o Bullying - El acoso escolar
amenaza a casi un 2% de los niños españoles, en
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/index.htm
(visitado el 17 de octubre de 2010); Identificado el perfil de las víctimas
de
'bullying'
en
Europa,
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/02/09/psiquiatriainfantil/123
4204721.html (visitado en la misma fecha). Una búsqueda en Westlaw el
17 de octubre de 2010 produjo 42 documentos que satisfacen la siguiente
solicitud: “bullying bully /s dignity dignitas dignidad”. A continuación
algunos títulos representativos: GARY NAMIE & RUTH NAMIE, THE
BULLY AT WORK: WHAT YOU CAN DO TO STOP THE HURT AND
RECLAIM YOUR DIGNITY ON THE JOB 3 (2003); Jordan F. Kaplan, Help
Is on the Way: A Recent Case Sheds Light on Workplace Bullying, 47
HOUS. L. REV. 141 (2010); Briana L. Seagriff, Keep Your Lunch Money:
Alleviating Workplace Bullying with Mediation, 25 OHIO ST. J. ON DISP.
RESOL. 575 (2010); Kerri Lynn Stone, From Queen Bees and Wannabes
to Worker Bees: Why Gender Considerations Should Inform the
Emerging Law of Workplace Bullying, 65 N.Y.U. ANN. SURV. AM. L. 35
(2009); Brady Coleman, Shame, Rage and Freedom of Speech: Should
the United States Adopt European “Mobbing” Laws? 35 GA. J. INT'L &
COMP. L. 53 (2006); Sharon E. Rush, Lessons from and for “Disabled”
Students, 8 J. GENDER RACE & JUST. 75 (2004) (“Homophobic bullies
who bash gays violate the basic value of respecting the inherent dignity
of others”.
38
43
En el contexto escolar o juvenil, uno de los bullies más conocidos es quien le arrebata la merienda o algún objeto de valor a
algún compañero y se niega a restituirlo o a pagar su justo valor.
Pues bien, uno de los bullies más temibles en Puerto Rico queda
ilustrado por el siguiente ejemplo, que se compone de dos escenarios:
Primera Escena: Un ómnibus escolar público, conducido por
un empleado público ebrio, arrolla en un cruce de peatones a un
peatón, una estudiante de 16 años. Le causa una fractura de su
pierna izquierda, además de que destruye un teléfono celular que
ella portaba, mas no estaba usando. Tras un juicio, un juez puertorriqueño concede a la peatón un total de $50,000 por todas sus causas de acción, así como $10,000 a cada uno de sus padres, por los
daños morales de éstos. El Estado paga la sentencia completa.
Segunda Escena: Minutos después del incidente antes narrado,
el autobús se despeña por un barranco y cae al mar. Treinta niños
perecen; veinte sufren lesiones serias. Tras un juicio, una juez
puertorriqueña determina que los daños reales de cada uno de los
veinte niños sobrevivientes ascienden a $500,000, que los daños
morales de cada padre de cada uno de los niños sobrevivientes
ascienden a $100,000 y que los daños morales de cada padre de
cada uno de los niños que pereció ascienden a $200,000. La suma
total de estas partidas de daños reales asciende a $26 millones. La
sentencia, en estricto acatamiento de la ley, ordena al Estado pagar
a cada uno de los niños sobrevivientes $2,884.60; $576.91 a cada
padre de cada niño sobreviviente y $1,153.85 a cada padre de cada
niño fenecido, para un gran total de $150,000.00.40 El Estado satisface la sentencia, con un gran sentido de alivio.
¿A qué se debe ese obvio fracaso de la justicia? En su infinita
sabiduría, la Asamblea Legislativa del país ha dispuesto que, para
ahorrar, el Estado sólo pagará por completo por las consecuencias
económicas y morales de las pequeñas tragedias que cause, mas no
40
La ecuación es: [(500,000 /26, 000,000) x 150,000] +
[(100,000/26000,000) x 150,000] + [(200,000 /26000,000) x 150,000].
así por las tragedias de mayor monta que igualmente ocasione. Los
límites, como sabemos, son de $75,000 por causa de acción por
Aincidente@, hasta un total de $150,000 por todas las causas de
acción surgidas del mismo incidente. El accidente con la menor
viandante, en el mejor de los casos, es un incidente separado del
segundo y mucho más trágico accidente.41
Como he escrito en otro lugar,42 esta situación clama por una
consideración judicial más seria, particularmente bajo la cláusula
de justa compensación.43 No repetiré aquí lo allí consignado.44
Véase 32 LPRA ' 3077. Digo Aen el mejor de los casos@ porque no
dudo que el Estado intentará plantear, confío que sin éxito, que se trata
de un solo incidente.
Este estatuto se basó en la Federal Tort Claims Act, 28 USC ' 2674. Esa
ley federal, sin embargo, no establece límites monetarios a las
indemnizaciones. Los límites puertorriqueños eran aun menores antes de
1981 ($15,000 por causa de acción; $30,000 por todas las causas de
acción surgidas del mismo incidente), pero el Tribunal Supremo de
Puerto Rico invalidó esos límites en Torres v. Castillo Alicea, 111 DPR
792 (1981), bajo un análisis de debido proceso sustantivo e igual
protección de las leyes. Cuando el legislador aumentó los límites a los
niveles actuales, el Tribunal, con el disenso vehemente y muy digno del
Juez Alonso, no encontró violación constitucional alguna, aunque no se
enfrentó al problema bajo la cláusula de justa compensación ni bajo la de
dignidad. Defendini Collazo v. E.L.A., Cotto, 134 DPR 28 (1993).
Hay otros esquemas similares bajo el derecho puertorriqueño. Por
ejemplo, un médico que trabaje para el Estado es absolutamente inmune
frente a pleitos de impericia surgidos de su labor para el Estado. El
Estado es la única parte apropiada, pero sujeto a los límites en cuestión.
Véase 26 LPRA ' 4105. Otros esquemas protegen a los médicos del
sector privado. Id. '' 4101-4111.
42
Véase
http://www.ialsnet.org/meetings/constit/papers/
AlvarezGonzalezJose(Puerto Rico).pdf: José Julián Álvarez González,
The Oldest Property: Why Statutory Caps on Damages for the Benefit of
Government or of Third Parties Deserve Rigorous Analysis under the
ATakings@ Clause (2009).
43
CONST. P.R. art. II, 9; CONST. E.U. enmienda V.
44
Para una síntesis de ese argumento véase ÁLVAREZ GONZÁLEZ, supra
nota 11, en las págs. 670-671.
41
45
Lo que aquí me interesa recalcar es que el examen de la validez
de los límites de la ley en cuestión también requiere un análisis
serio bajo la cláusula de dignidad, a la cual, tampoco olvidemos,
sigue una cláusula que declara que “Todos los [seres humanos] son
iguales ante la Ley”.45 Lo que la cláusula de dignidad proclama,
por ende, es que cada ser humano tiene igual dignidad que su prójimo. Por ello, debemos contestarle a esa persona a quien el bully
le arrebata su emparedado y sólo le devuelve una hoja de lechuga,
con qué autoridad lo hace. Debemos explicarle de forma persuasiva por qué su reclamo de reparación completa es menos digno de
protección que la de quien sufrió mucho menos. Debemos explicarle qué justifica que le inmolemos, supuestamente en pro del
bien común, y así lo convirtamos en un objeto del poder del Estado, en los términos que utiliza la jurisprudencia alemana. Si,
como con precisión apunta el profesor Ramos, el concepto de dignidad entronca con el de solidaridad,46 cabe preguntar cómo el Estado, es decir, todos nosotros, podemos desentendernos de la tragedia de nuestro prójimo cuando esa tragedia, que nosotros mismos hemos causado, alcanza cierto nivel superior. )Con qué autoridad le exigimos a ese prójimo que sufra sin chistar, con el propósito de que nosotros suframos lo menos posible? Parafraseando la
última oración de la ponencia del profesor Ramos, “eso es indigno”.
CONST. P.R. art. II, ' 1. Producto de su época, la cláusula en cuestión
utiliza la palabra Ahombres@ en el lugar en el que coloqué corchetes.
46
Ramos González, supra nota 1, en la pág. 4. En este aspecto, tiene
absoluta razón el profesor Ramos cuando señala, id., que existe una
fuerte relación entre la cláusula de dignidad y aquellas cláusulas de
nuestra Constitución que reconocen derechos económicos y sociales.
Esas disposiciones, que hubieran incluido a la malograda sección 20 de
la Carta de Derechos, significan que el Estado tiene la obligación de
procurar que los componentes de la sociedad vivan una vida digna. Sobre
el particular, véase Esther Vicente Rivera, Una mirada a la
interpretación de los derechos económicos, sociales y culturales en las
decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 44 REV. JUR. U. INTER.
P.R. 17 (2010).
45
DEJA VU: A FEDERAL JUDGE REVISITS
THE “WAR ON DRUGS”,
or life in a balloon.1
Juan R. Torruella2
The so-called “War on Drugs” is a perfect example to which one
can apply the semi-humorous play on words, “we have met the
enemy and it is us.”3 Not much more is humorous about this war.
Fourteen years ago, I first made public my private views
regarding this subject. While presenting a paper at Colby College
in Maine, it was already clear to me that we as a society were our
own worst enemy in dealing with this overpowering social problem. I also suspected, although not to the extent that I perceive today, that nothing I was doing in support of this war, which was
mostly enforcing our laws and putting people behind bars, would
likely change the situation in any measurable degree. My
presentation later developed into a law review article published by
several academic journals.4 After a detailed analysis of the statistics related to the consumption in the United States of both legal
and illegal drugs, I proposed that an “objective multi-disciplinary
study” be carried out by a bipartisan commission appointed by the
Executive Branch and Congress, to “independently assess the facts
and recommend courses of conduct” to confront the issues raised
See closing remarks in Juan R. Torruella, One Judge‟s Attempt at a
Rational Discussion of the So-Called “War on Drugs”, 6 B. U. PUB. INT.
L. J. 1(1996); 14 YALE J. ON REG. 235 (1997); 66 REV. JUR. U. P. R. 1
(1996).
2
Judge, U. S. Court of Appeals for the First Circuit. The author wishes to
acknowledge the support and encouragment of the Academia
Puertorriquena de Jurisprudencia y Legislacion in this undertaking, as
well as the help of Margarita Mercado, Dr. Ana Cristina Gomez and
Guillermo Rebollo Gil in updating and editing this article.
3
The original quote, “[w]e have met the enemy and they are ours,” is a
message attributed to Commodore Perry after the Battle of Lake Erie
during the War of 1812.
4
See supra note 1.
1
47
48
by the illegal drug problem 5 . I further suggested that in the
meantime pilot programs decriminalizing some drugs, such as
marihuana, should be considered. 6 Of course, not much has
happened as far as the suggested commission or study are
concerned, but some progress has been made in some states as far
as decriminalizing marihuana possession for personal or medical
reasons.
The Colby lecture and my article received a modicum of notoriety, not so much because of their content, which was hardly radical in its ultimate moderate proposals and which were certainly not
new, but because I was then the chief judge of the U. S. Court of
Appeals for the First Circuit. Undoubtedly, certain segments of the
public were taken aback, perhaps disapproving that someone in my
position was speaking out on what was obviously a controversial
subject, and further, in which I criticized, however mildly, a
government policy and course of action, which at first glance was
enshrined in virtuosity. This reaction was not unexpected on my
5
Torruella, 66 REV. JUR. U. P. R. AT 38-39.
To my knowledge the closest undertaking in this regard, has been the
“National Criminal Justice Commission Act of 2010”, proposed by
Senator Jim Webb on March 26, 2009. S. 714 111th Cong (as reported to
the Senate, May 6th, 2010). The bill would:
“[C]reate a blue-ribbon commission charged with undertaking
an 18-month, top-to bottom review of the entire criminal
justice system. Its task [would] be to propose concrete, wide
ranging reforms designed to responsibly reduce the overall
incarceration rate; improve federal and local responses to
international and domestic gang violence; restructure our
approach to drug policy; improve the treatment of mental
illness; improve prison administration; and establish a system
for reintegrating ex-offenders.”
Summary, Press Release, March 2009, (emphasis in the original). A
companion bill was passed by the House of Representatives on July 27,
2010. Press Release, Jim Webb, U.S. Senator for Virginia, “Webb‟s
National Criminal Justice Commission Act Wins Approval in House of
Representatives” (July 28, 2010). Senator Webb's cogent remarks upon
the introduction of this bill in the Senate can be found at
http://webb.senate.gov/issuesandlegislation/Senator-Webbs-floor-speechintroducing-the-criminal-justice-legislation.cfm.
6
Juan R. Torruella
49
part, for I must confess, that when I chose to speak out on this matter I was hoping to jump-start much needed public discussion, even
at the risk of some disapproval for my views. I believed then, and
still do, that the citizenry can benefit from receiving the perspective of one whose duty it is to enforce the laws that provide the
framework for this war.
Sufficient time has passed since my last incursion into this
subject to allow me to take stock of where we stand today on this
“War on Drugs”, update my viewpoint as to its success or failure,
and express a more definite and less timid course of action than the
one I adopted in my previous article on this question. Although I
will be principally discussing the subject as it affects the United
States, it is obvious that in this shrinking planet such a myopic
view of a problem of international dimensions can hardly be
geographically contained in such a manner.7
The world of illegal drugs
I initiate the discussion by referencing two United Nations
statistics: (1) it is estimated that 3.5 to 5.7% of the World‟s adult
population uses illegal drugs, 8 and (2) that this illegal industry
generates $320 billion in annual revenues.9 To put these figures in
context, this means that approximately 250 million persons10 use
illicit drugs worldwide, and that the annual revenue generated by
7
See generally, EUROPEAN COMMISSION, A REPORT ON GLOBAL ILLICIT
DRUG MARKETS 1998-2007 24 (Peter Reuter and Franz Trautman eds.)
(See Table 2, United Nations and United States estimates of cocaine and
opium production 1998-2007) [hereinafter EUROPEAN COMMISSION,
REPORT 1998-2007]. See also, “Failed States and Failed Policies: How
to Stop the Drug Wars,” THE ECONOMIST, March 5, 2009,
http://www.economist.com/node/13237193.
8
UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, WORLD DRUG
REPORT 12; 123 (2010).
9
REPORT 170 (2007) [hereinafter 2007 WORLD DRUG REPORT].
10
The world population is estimated at 6.86 billion persons. International
Program
Center,
U.
S.
Census
Bureau,
at
http://www.census.gov/main/www/popclock.html.
50
the sale of this illegal contraband is higher than the annual public
budgets of Colombia, the Dominican Republic, India, Switzerland,
or Venezuela to mention just a few examples.11 Perhaps it is worth
remembering that even a small part of the economic power generated by these unlawful enterprises allowed the Escobar drug cartel
in Colombia in 1986 to offer to pay that country‟s $10 billion
national debt in exchange for being given a free hand to engage in
its nefarious,12 but extremely profitable activities.13 It is estimated
that the Mexican and Colombian drug cartels alone generate
between $18 and $39 billion from the wholesale distribution of
illicit drugs.14
11
CENTRAL INTELLIGENCY AGENCY WORLD FACTBOOK Country Profiles:
Budget
(2010),
http://cia.gov/library/publications/theworldfactbook/fields/w256.html?countryName-world-fact
book/fields/2056.html?countryName. [Hereinafter WORLD FACTBOOK].
12
See Adam Dunn, Reporter pursues Escobar story in „Killing Pablo‟,
CNN,
May
31,
2001,
http://articles.cnn.com/201-0531/entertainment/killing.pablo_1_killing-pablo-colombian-governmentpablo-escobar?s=PM:SHOWBIZ.
13
The profit margin in the markup of the raw materials from production
to retail sale ($650/kilogram for cocaine leaf in Colombia to $120,000
for 100 mg. for pure retail cocaine powder in Chicago; and $500/
kilogram for opium in Afghanistan to $135,000 for 100 mg., of pure
retail heroin powder in London [circa 2000]) is probably only surpassed
by items such as gold, uranium and diamonds. See EUROPEAN
COMMISSION, REPORT 1998-2007, supra note 8, 23 Table 1 (Prices of
cocaine and heroine through the distribution system ca. 2000 (per pure
kilogram equivalent). However, it is worth noting that most of the
domestic distribution revenues go to the lowest levels of the system to
compensate for the higher risks of penal sanctions and violence from
competing organizations, although those at the higher echelons make the
great individual fortunes generated by the illegal drug trade. Id.
14
NATIONAL DRUG INTELLIGENCE CENTER, NATIONAL DRUG THREAT
ASSESSMENT 49 (2009).
Juan R. Torruella
51
What is the goal that we hope to achieve by pursuing the “War
on Drugs”?
Analysis of the dual factors brought to light by the cited U. N.
statistics, namely, (1) the huge number of persons using illegal
drugs (which in turn creates the market forces that generate the
large-scale unlawful commerce), and (2) the tremendous profits
rewarding the risk takers/entetrepreneurs 15 that engage in this
illegal trafficking, 16 holds the key to understanding and dealing
with (notice I do not use the word “resolving”) the issue before us.
This analysis must commence by inquiring as to the goal or goals
pursued by those who promote the present strategy.
In 1998, in what I believe was an overly optimistic and unrealistic goal, the UN declared that its stated purpose in promoting and
backing the “War on Drugs” at an international level, was the
achievement of “a world free of drugs.” The UN pledged to “eliminate or significantly reduce the manufacture, marketing and
trafficking of psychotropic substances.” by the year 2008.17 As we
now know, and surely suspected at the time if one was at all
knowledgeable in this field, this was a euphoric vision that was
quickly tempered by the realities of the international illegal drug
trade. Although in 1998 when the UN made its aspirational
announcement, the total world production of opium was approximately 430 metric tons, and that of cocaine approximately 825
metric tons,18 by 2008 this production had increased to 880 metric
tons for opium, and 994 metric tons for cocaine. 19 Even though
marihuana is produced in 170 countries, the fact that it is grown in
small plots and in hydroponic operations, made it difficult to
15
See Feds net more than $3.5 million in cash smuggling operation,
PUERTO RICO DAILY SUN, Nov. 7, 2009, at 6.
16
See supra note 8.
17
UNITED NATIONS NON-GOVERNMENTAL LIASON SERVICE, NGLS
Roundup, Countering the World Drug Problem Together, July 1998, at
http://www.un-ngls.org/orf/documents/text/roundup/27drugs.tx.
18
EUROPEAN COMMISSION, REPORT 1998-2007, supra note 8, at 26, (See
Table 2).
19
Id. The C. I. A. World FactBook estimated 865 metric tons for cocaine
and 1,000 metric tons for heroin in 2007. See note 12.
52
quantify with any degree of certainty whether production increased
or decreased during the 1998-2007 period.20
A brief survey of the drug scenario in several leading countries,
whereas hardly comprehensive, is worthwhile to give some idea of
the global nature and scope of this intractable problem: 21
Afghanistan. It is the world‟s largest producer of opium, even
after a 22% decrease in the acreage of poppies under cultivation in
2008, which reduction was mainly caused by reason of the “other
War”. In 2007, Afghanistan produced 648 metric tons of heroin.
The Taliban, notwithstanding its allegedly Islamic fundamentalist
composition, as well as other antigovernment groups, participates
in and profits from the opiate trade, which is a key source of
funding for the Taliban, at least inside Afghanistan. Widespread
corruption and political instability impede counter-drug efforts.
Burma (Myanar). Next to Afghanistan, Burma is the world‟s
second largest producer of illicit opium. In 2008, it produced 340
metric tons, an increase of 26% over the prior year. The illicit drug
trade is a major source of funding in the area controlled by the
United Wa State Army, located in the northeaster semiindependent part of the country bordering on the P. R. China.
Burma is a major source of heroin for S. E. Asia and Europe.
Colombia. It is the world‟s leading coca leaf producer with
167,000 hectares under cultivation in 2007, a 6% increase over
2006 notwithstanding an aggressive aerial eradication program
funded by the United States, which, in 2005 alone targeted close to
130,000 hectares. Colombian sources produce 535 metric tons of
cocaine and supply nearly all of the U. S. market as well as much
of the European consumption. Colombia has also become an
important producer of opium with most of the heroin extracted
going to the United States.
20
EUROPEAN COMMISSION, REPORT 1998-2007, supra note 8, at 13.
The following information was obtained from the CIA World
Factbook. See, WORLD FACTBOOK, supra note 12. The CIA's listing is
hardly comprehensive. A brief perusal of the Factbook reveals that
practically all countries are somehow involved in some facet of the
illegal drug trade, be it producing, acting as a transit point, or money
laundering the illicit gains, or any combination of these activities.
21
Juan R. Torruella
53
Dominican Republic. It is an important transshipment point for
drugs from South American destined for the U. S. and European
markets. It has replaced Puerto Rico as a transshipment point because of aggressive law enforcement efforts there.22 The Dominican Republic is also used for the transfer of ecstasy shipments
from Belgium and the Netherlands headed for the U. S. and Canadian markets. The country is also a major money-laundering situs
for Colombian drug cartels.
India. It is the world‟s largest producer of licit opium, a
reminiscence of the 19th Century Opium Wars. An undetermined
quantity of legally produced opium is believed to be diverted to
illicit international markets. India is also a major illicit producer of
methaqualone.
Iran. Despite vigorous enforcement and interdiction on the
Afghan border, is an important transshipment point for heroin to
South East Asia. Iran also suffers one of the highest opiate
addiction rates in the world.
Mexico. It is a major drug-producing nation and transshipment
point into the United States as 90% of the cocaine imported into
this country comes from South American sources. In 2007, Mexico
produced 19 metric tons of heroin for importation mostly into the
western U. S. and about 15,800 metric tons of marihuana, also for
U. S. consumption. Mexican drug cartels are reportedly operating
widely throughout the United States with varied intensity. They are
the largest suppliers of cocaine, marihuana and methamphetamine
to the U. S. market. Mexico is also an important money laundering,
situs for the illicit drug industry.
Netherlands. It is a major source of U. S. bound ecstasy and a
significant money-laundering center.
Panama. It is a major cocaine transshipment point and a preeminent money-laundering center for narcotics revenue, particularly
22
See Lorraine Blasor, Drug Czar Chief: Cocaine transit via P.R. down,
threat reduced, THE SAN JUAN STAR, May 27, 1998 (Drug Czar Bary
McCaffey, said “the $92 million the federal government has pumped into
Puerto Rico to fight drug smuggling, plus an additional $8 million for the
Drug Trafficking High Intensity Zone office here, is 'beginning to pay
off'.”).
54
within the Colón Free Zone with its concentration of international
banks.
Peru. Until 1996 was the world‟s largest producer of coca leaf, it
is now second behind Colombia, with about 210 metric tons of
cocaine produced in 2007. Although some of the cocaine ends up
in the U. S. markets, increasingly it is being shipped to Brazil,
Chile, Argentina, and Bolivia or transshipped to Europe and
Africa.
South Africa. Is the world‟s largest market for illicit methacholine (a pharmaceutical depressant, referred to as “madrax” in South
East Asia and Africa), which is imported from India through
various East-African countries.
Spain. Despite vigorous law enforcement efforts, it is a major
transshipment point for cocaine and hashish (the resinous exudates
of the cannabis or hemp plant) destined for the European market. It
is also a leading money-laundering site for Colombian drug cartels
and organized crime.
Switzerland. Despite U. S. pressure, because of its banking laws,
Switzerland remains an important repository of illegal drug
proceeds and the situs of layered money-laundering schemes.
United States. It is the world‟s largest consumer of cocaine
(shipped from Colombia through Mexico and the Caribbean). It is
also a major consumer of Colombian and Mexican heroin,
marihuana, ecstasy, and methamphetamine. It is an illicit producer
of marihuana, depressants, stimulants, hallucinogens, and
methamphetamine, mostly for local consumption. Despite strict
banking controls, there is a tremendous amount of money-laundering activity taking place by the various illicit drug organizations
and organized crime.
The European Commission noted this general increase in
production of illicit drugs in 2008 in its Report on Global Illicit
Drug Markets. Covering the period from 1998-2007, the European
Commission categorically stated that its study “found no evidence
that the global drug problem was reduced”.23 This conclusion was
not of uniform applicability throughout the world or throughout
this period, as in fact the drug problem generally improved in the
23
EUROPEAN COMMISSION REPORT, supra note 8, at 57.
Juan R. Torruella
55
rich countries while worsening in a few large, developing or transitional countries.24 Perhaps because the U. N. realized that its stated
goal of a “drug free world” was unattainable, in 2009 it did an
about face, and embraced drug decriminalization as an alternative
to the penal model previously supported. 25 In this report, the
United Nations lavished praise on Portugal‟s innovative drug strategy, which since 2001 had removed criminal sanctions for personal
drug possession, emphasizing treatment over incarceration.26
The agenda of the United States, the originator of the “War on
Drugs” and the prime exponent of this strategy since then, has remained substantially unaltered since its commencement in the
early 1970‟s. In 1988, Congress stated, “that legalization of illegal
drugs on the Federal or State level, is an unconscionable surrender
in a war in which, for the future of our country there can be no
substitute for total victory.” 27 This rhetoric was followed by a
proclamation stating that, “[i]t is the declared policy of the United
States to create a Drug-Free America by 1998.”28 In support of its
prohibitionist model, the United States became a party to several
treaties 29 and multi-national covenants, 30 and enacted numerous
24
Id.
REPORT 164 (2009).
26
Id. at 168; See also, UN BACKS DECRIMINALIZATION IN WORLD DRUG
REPORT, http://www.huffingtonpost.com/2009/06/24/un-backs-drug-dccr
http:///www.huffingtonpost.com/209/06/24/un-backs-drug
decriminali_n_220013.html.
27
Anti-Drug Abuse Act of 1988, 21 U. S. C. §1501 (1994).
28
Id. §1502 note.
29
See e. g.,Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by
the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs,
March 25, 1972, March 30, 1961, 18 U.S.T. 1407, 520 U.N.T.S. 204;
Convention on Psychotropic Substances, 1971, Feb. 21, 1971, 32 U.S.T.
543, 1019 U.N.T.S. 175; United Nations Convention Against Illicit
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, December 20,
1988, 1582 U.N.T.S. 165.
30
By 1998, the United States was a party to 19 maritime drug interdiction
agreements. The White House, International Crime Control Strategy
(1988), http://www.fas.org/irp/offdocs/iccsv.html. See also George K.
Walker, Self-defense, The Law of Armed Conflict and Port Security, 5
25
56
domestic statutes,31 clearly aimed at promoting a drug-free society,
intolerant to certain selectively designated drugs32 that were earmarked as subject to criminal proscription. Although this is the
policy promoted and followed by the Federal Government 33 and
most of the States, as will be presently discussed, fifteen US
jurisdictions have experimented with various schemes aimed at the
decriminalization/medicalization of marihuana.34 The legitimacy of
S.C. J. INT'L L. & BUS. 347, (2009 (“The United States has negotiated
over 20 bilateral treaties dealing with drug traffic interdiction. These
variously allow boarding, pursuit, entry to investigate, overflight and
orders to land aircraft, seaward of the territorial sea of a state party, with
western hemisphere countries and States with Western Hemisphere
dependencies.)
31
See e. g., Comprehensive Drug Abuse and Control Act, Public Law
No. 91-513 84 Stat. 1236 (1970) (codified in 21 U. S. C.§§801-971).
32
Alcohol and tobacco were, of course, controlled but not proscribed
except for minors.
33
As a point of historical fact, under the Marijuana Tax Act of 1937, Pub
.L. No. 238, 50 Stat.551, ch.553, transfers of marijuana by physicians
and dentists to their patients were legal if the doctor or dentist had paid a
tax on the marijuana of $1 a year. Id. §2(a). Transfers by a marijuana
dealer directly to a patient were also legal if done pursuant to a prescription by a doctor or dentist who was registered under the Act. Id. §6(b).
For a cogent history of drug legislation in the United States, seeMargarita
Mercado Echegaray, Drug Prohibition in America: Federal Drug Policy
and Its Consequences, 75 REV. JUR. U.P.R. 1216 (2006).
34
Alaska (Medical Uses of Marijuana for Persons Suffering from
Debilitating Medical Conditions Act, A.S. §§17.37.010-17.37.080
(2005)), Arizona (Drug Medicalization, Prevention and Control Act,
A.R.S.§§13-3412(A)(8)-13-3412.01 (2005)), California ( Compassionate
Use Act, Cal. Health & Safety Code §11362.5 (2005)), Colorado (Const.
Col. art. XVIII, §14; CSRA §18-18-406.3 (2006)), Hawaii ( Medical
Use of Marijuana Act, HRS §329-121-329-128 (2005)),Maine (Maine
Medical Marijuana Act, 22MRSA §2383-B(5)(2005)), Massachusetts,
Massachusetts Medical Marijuana Act; Michigan, Michigan Medical
Marijuana Act, Mich. Comp. Laws §§33.26421-333.26430 (2008);
Montana (Montana Medical Marihuana Act, MCA §§50-46-101-50-46210(2005)), Nevada (Medical Use of Marijuana Act, NRS §§453A.010453A.810(2005); New Jersey, New Jersey Compassionate Use Medical
Marijuana Act, N.J. Stat. Ann. §24:61-1-Pub. L. (2010);New Mexico,
Juan R. Torruella
57
these state laws in light of the federal government‟s constitutional
supremacy in this field seems to place these experiments in legal
doubt, albeit the present Administration‟s announcement in
October 2009 that federal prosecutors would no longer prosecute
medical users in those states.35 Nevertheless, these programs bear
close scrutiny in light of the other issues (other than the legality of
these programs) that they raise, and perhaps, solve.36
Have we accomplished our goal?
In my view, the one proposition that seems to be beyond ken is
that if the “War on Drugs” purported to eradicate or to
substantially reduce illegal drug production and consumption, this
war has utterly failed to accomplish or to even come close to
achieving this goal. I do not see how we can avoid the conclusion
that the “War on Drugs” has not only long been lost, but that our
defeat for some time has been at high human37 and material costs.
Lynn and Erin Compassionate Use Act, N.M. Stat. Ann. §§26-2B-1-262B-7; Oregonain ( Oregon Medical Marijuana Act, O.R.S. §§ 475.300475.346 (2005)), Rhode Island, The Edward O. Hawkins and Thomas C.
Slater Medical Marijuana Act, 2005 R.I. Pub. Laws Ch. 05-442,
Vermont, Marijuana Use by Persons with Severe Illness Act, 18 VSA §§
4472-4474d(2005)), and Washington (Washington Medical Use of
Marijuana Act, RCWA§§69.51A.005-69.51A.092(2005), as well as the
District of Columbia (Legalization of Marijuana for Medical Treatment
Initiative Amendment Act of 2010, D.C. Bill 18-622.
35
United States Department of Justice, Memorandum for Selected United
State Attorneys on Investigations and Prosecutions in States Authorizing
the
Medical
Use
of
Marijuana,
October
19,
2009,
http://blogs.usdoj.gov/blog/archives/192.
36
See Zachary Malinowoski, Growing pains: R.I. marijuana growers,
patients double in a year, THE PROVIDENCE JOURNAL, Sept. 17, 2010 at
http://www.projo.com/news/content/RI_MARIJUANA_09-1710_IHJNRAM_V53.2536cc.; Christopher J. Girard, Thousands attend
marijuana rally, BOSTON SUNDAY GLOBE, Sept.19, 2010,
http://www.boston.com/news/local/massachusetts/articles/2010/09/19/th
ousands_attend_marijuana_rally/.
37
The Associated Press, “Mexico: 28,000 killed in drug violence since
2008,” Puerto Rico Daily Sun, Aug. 4, 2010, at 7; E. Eduardo Castillo,
58
This conclusion neither a new nor a starting proposition, nor is it
defeatist as claimed by some. It is rather, standing up and facing
the unforgiving facts.38
In this respect, it is essential to be mindful that the basic underlying law that permeates and dictates the entire illegal drug conundrum is the economic law of supply and demand, not the laws that
I help to enforce. To this end, it is the huge American consumer
pool, 39 most of whose members are never held accountable for
creating the demand for the product, “the fuel that feeds” the
motor” generating this entire dilemma. As has been aptly stated,
“[t] he United States remains the source of the appetite that sets the
industry in motion.”40
Family of hero of drug war in Mexico slain, THE BOSTON GLOBE, Dec.
23, 2009, at A3 (“Cartel's message is loud and clear to troops
involved.”). In large part, this blood bath in Mexico has been the result of
the success of the Drug Enforcement Administration's successes in
squeezing off the Caribbean drug conduit into the United States, and by
default, rerouting it from South America into the United States through
Mexico. See Keving Hartnett, From Small Corners to Big Carterls, the
Drug War‟s Unintended Consequences, THE PENNSYLVANIA GAZEITTE,
Nov/Dec 2009, at 9.
38
See Robert W. Sweet, The “War on Drugs” is Lost, NAT'L REV., Feb.
12, 1996. The author, a distinguish U.S. District judge in the Southern
District of New York, was one of the pioneer voices in denouncing the
floundering of our drug policies. See also Kurt Schmoke, The “War on
Drugs” Is Lost, NAT'L REV. Feb. 12, 1996; Nichols D. Kristop, Drugs
Won the War, NEW YORK TIMES, June 13, 2009. See also, STEVEN B.
DUKE & ALBERT G. GROSS, AMERICA'S LONGEST WAR: RETHINKING
OUR TRAGIC CRUSADE AGAINST DRUGS (1993).
39
Although my present observation is directed at the U.S. scenario alone,
this is obviously a tunnel vision of the problem, for we also have a very
substantial European market, as well as elsewhere throughout the World.
See generally EUROPEAN COMMISSION, REPORT 1998-2007, supra note
8, at 11-12.
40
Hartnett, supra note 37. In 2008, 16% of Americans had used cocaine,
a rate four times higher than any country in the world. Id. Furthermore,
apart from New Zealand, whose inhabitant‟s match Americans puff for
puff of marijuana at a 42% rate, no other country comes close to us in
marihuana usage, not even the liberal Dutch at 20%, or the Italians,
where fewer than one in ten has ever used it. Id. See also SAMHSA
Juan R. Torruella
59
One, perhaps not entirely satisfactory way of measuring the
success or failure of the conduct of this war in the intervening
years since I last expressed myself on this issue, is to look at the
available comparative statistics between the two time periods,
bearing in mind, the fact that in the shadowy world of illegal drugs
and their use, statistics are particularly suspect. 41 There are,
however, certain hard facts which cannot be easily disputed. We
start with an accounting of the material costs of the war.
What have been the costs to the American taxpayer of the
“War on Drugs”?
In 1973, when the war commenced, the total federal expenditures on enforcement of the illegal drug laws of the United States
were less than $100 million. 42 By 1994, this figure had risen to
$12.184 billion annually, more than 121 times the 1973 number.43
This amount increased to $14 billion only two years later in 1996
News Release, National Survey reveals increase in substance use from
2008-2009,
Sept.
16
2010,
at
http://www.samhsa.gov/newsroom/advisaries/1009152021.aspx.
I am again reminded of the riposté of the lawyer in El Salvador,
which I refer to in my earlier article on this subject, when he said to me
on occasion of my lecturing in his country during the mid-1980's, and in
answer to my statement that the United States was providing his country
with all kinds of material help in fighting the “War on Drugs”:
Excuse me your Honor that is not the help that we are in need
of. What we need is for your country to stop consuming these
drugs. If your people were not buying drugs, we would not be
growing and selling them. We would rather sell you coffee, or
oranges, or bananas, if you would only stop buying and
consuming drugs.
Torruella, supra note 1, at 5.
41
EUROPEAN COMMISION, REPORT 1998-2007, supra note 8, at 13-14.
42
Bureau of Census, U.S. Dept of Commerce, Statistical Abstract of the
United States, 1995, (115th ed. 1995) [hereinafter Statistical Abstract];
Steven B. Duke, Drug Prohibition: An Unnatural Disaster, 27 CONN. L.
REV. 571, 574 (1995).
43
DRUGS & CRIME DATA CENTER & CLEARINGHOUSE, FACT SHEET:
DRUG DATA SUMMARY 5 (June 1995).
60
when I wrote my original article on this subject.44 I will not detail
the step by dreary step upward of this sum since 1996 to the
present. Suffice it to say that the law enforcement expenditures of
the United States had risen to $44.1 billion yearly by 2009, with a
total of approximately $1 trillion having been spent since the commencement of the War in 1973 to the present.45 Furthermore, State
expenditures related to illegal drug enforcement were estimated in
a 1987 study at $5 billion annually, a figure that most certainly has
increased considerably since then to the present.46 In the meantime,
the US Coast Guard estimates that it is able to seize "at best 8 to
10% of drugs smuggled by sea."47
The obvious question to be posed is, what results and benefits
have we as a society received from this huge investment of public
funds?
44
Id. See also Schmoke, supra note 39 at 40- 41.
See Andre Gaud, War on Drug Rages On, NEWS-PRESS NOW.COM,
http://www.newspressnow.com/news/2010/aug/08/war-drugs/. A recent
study released by the National Center on Addiction and Substance Abuse
at Columbia University found that federal, state and local governments
spent $467 billion in 2005 on substance abuse and addiction. THE
NATIONAL CENTER ON ADDICTION AND SUBSTANCE ABUSE AT
COLUMBIA UNIVERSITY, SHOVELING UP II: THE IMPACT OF SUBSTANCE
ABUSE ON FEDERAL, STATE AND LOCAL BUDGETS 1 (2005) [hereinafter,
SHOVELING UP II].
46
Ethean A. Nadelman, Drug Prohibition in the United States: Costs
Consequences, and Alternatives, 245 Sci. 939, 940 (1989). Recent
estimates show that federal, state and local governments spend $44.1
billion annually enforcing drug prohibitions. Nicholas D. Kristof, Drugs
won the War, THE NEW YORK TIMES, June 13, 2009. A recent study by
the Cato Institute places this figure at $25.7 billion. See JEFFREY A.
MIRON AND KATHERINE WALDOCK, THE BUDGETARY IMPACT OF
ENDING DRUG PROHIBBITION, Cato Institute, Wash.,D.C. (2010), at 5
(hereinafter "The Budgetary Impact"). In 2005, state governments spent
$135.8 billion on substance abuse and addiction. Shoveling Up II, supra
note 42 at 2. It is worth mentioning that between 1981 and 1986 state
and local drug arrests grew by 59%, see Bureau of Justice Statistics,
U.S. Dept. of Justice, Drug and Crime Facts, 8 (1991) (hereinafter
“Facts”), and thereafter increased an additional 23% from 1986 to 1991.
47
H.R. Rep. No. 96-323 at 4 (1974).
45
Juan R. Torruella
61
The human costs of the “War on Drugs”
The most critical ramifications and consequences of the “War on
Drugs”, are the human costs of this course of action. After almost
forty years of doggedly presenting the same order of battle and
strategy to the enemy, in which we have made tremendous investments in both public rhetoric and treasure, to say nothing of outand-out law enforcement emphasis at all levels, I believe that the
public has a right to expect and demand that some mayor progress
be shown in solving, or at least ameliorating, what is probably the
single-most recurring internal social problem in the United States,
with the possible exception of our economy, a not totally unrelated
problem if we consider the useless drain that the “War on Drugs”
has been on our national treasure.
We commence our scrutiny by stating the undeniable fact that
the United States has the highest prison population in the world,
with approximately 2.3 million inmates incarcerated in federal and
state institutions. 48 This represents more persons in prison than
even the People's Republic of China, whose population is six and a
half times that of the United States. 49 Furthermore, and of relevance in evaluating the efficacy of the present policies regarding
illegal drugs, it is worth taking note of the fact that the prison
population in the United States rose from a total of about 200,000
state and federal prisoners in 1970, to 1,540,805 in 2008, to which
must be added the 785,556 inmates confined in local detention
centers for a total of over 2.3 million persons under confinement.50
48
THE SENTENCING PROJECT: RESEARCH AND ADVOCACY FOR REFORM,
Facts
About
Prisons
and
Prisoners,
at
http://www.sentencingproyect.org/doc/publications/publicationsinc_factsAboutPrisons_Jul2010.pdf [hereinafter Facts About Prisons
and Prisoners].
49
THE NEW YORK, PUBLIC LIBRARY DESK REFERENCE BOOK 887; 900
(4th ed. 2002). China's population is 1,261 billion); United States'
population, 275.5 million.
50
Facts About Prisons and Prisoners, supra note 48. In 1980, only 7% of
those admitted to state prisons were convicted of drug-related offenses,
while by 1990 this figure had increased to 32%. Bureau of Statistics,
Prisoners in 1992 (1993) at 10.
62
This was at a cost of $20-30,000 per year per inmate for keeping
prisoners in federal prisons in 1994, and with $50,000 to $100,000
per prisoner for building new facilities, depending on the level of
security and climate.51 The Federal Bureau of Prisons estimated in
1994 that it cost $58.50 per day, or $21, 352 each year, to keep a
federal inmate in prison.52 State and local costs for incarceration
are difficult to establish with certitude.
If we count the number of persons under the various probation or
supervised release programs, the total number of persons under
penal supervision in the United States exceeds 7 million persons.53
In fact, in 2008, more than one in every 100 Americans resided in
a prison or jail.54 Moreover, the number of drug related crimes in
the United States which resulted in imprisonment rose from 41,000
in 1980, to over 500,000 in 2008,55 an exponential increase which
although attributable in part to more vigorous and effective law
enforcement efforts, also speaks legions of the failure to achieve
the war's goal of eliminating or substantially reducing illegal drug
activities in this country. In 2006, 53% of all federal prisoners
were incarcerated for drug-related violations.56 In fact, by 2007 the
number of arrests for crimes related to illegal drugs exceeded
Michael Torney, Race and the “War on Drugs”, 1994 U.CHI. LEGAL F.
25, 26, 27.
52
FEDERAL BUREAU OF PRISONS, U.S. DEPT. OF JUSTICE, A JUDICIAL
GUIDE TO THE FEDERAL BUREAU OF PRISONS 5 (1995) [hereinafter
“Judicial Guide”].
53
Id.
54
THE PEW CENTER ON THE STATES, ONE IN 100: BEHIND BARS IN
AMERICA 2008 3 (2008).
55
MARC MAUER & RYAN S. KING, THE SENTENCING PROJECT, A 25YEAR QUAGMIRE: THE “WAR ON DRUGS” AND ITS IMPACT ON
AMERICAN
SOCIETY
2
(2007),
available
at
http://www.sentencingproject.org/doc
/publications/dp_25yearquagmire.pdf.
56
U.S.DEPARTMENT OF JUSTICE, BUREAU OF JUSTICE STATISTICS
BULLETIN, PRISONERS IN 2006 (2007).
51
Juan R. Torruella
63
arrests for all other crimes, with arrests for illegal drugs topping
12.5% of the arrests for all crimes.57
The statistics for drug use, although at times encouraging, have
on the whole and in the long run, been discouraging and certainly
confirm the conclusion that our present prohibitionist model has
been a failure and has not achieved any substantial progress in
achieving its stated goal. This is particularly apparent when we
compare the overall results in the illegal drug arena with that of
alcohol and tobacco. In 1996, when I first spoke out on this
subject, there were approximately 40.3 million tobacco users, 58
103 million alcohol users, 59 and almost 12.2 million illicit drug
users in the United States.60 The present61 estimates for these items
are 69.7 million for tobacco users, 62 130.6 million for alcohol,63
and approximately 21.8 million persons use illicit drugs.64
57
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATIONS, CRIME IN THE UNITED STATES
2004,
UNIFORM
CRIME
REPORTS,
PERSONS
ARRESTED,
http://www.fbi.gov/ucr/cius_04/persons_arrested/index.html.
58
Joan Beck, Smokers, Chill out, Think of Your Poor Hearts, NEWS
TRIB., April 18, 1994, at A-6.
59
U. S. Drug Abuse Level Unchanged, Report Says, 109 Pub. Health
Rep. 839 (1994), available at LEXIS, New Library, ASAPII File.
60
DRUG & CRIME DATA CENTER & CLEARINGHOUSE, FACT SHEET:
DRUG USE TRENDS 1 (1996).
61
The best available data is the 2009 National Survey on Drug Use and
Health. See , U. S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES,
SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH SERVICES ADMINISTRATION,
OFFICE OF APPLIED STUDIES, RESULTS FROM THE 2009 NATIONAL
SURVEY ON DRUGE USE AND HEALTH: VOLUME 1, SUMMARY OF
NATIONAL FINDINGS (2009) [hereinafter 2009 NATIONAL SURVEY ON
DRUG USE AND HEALTH].
62
Id. at 4. This figure is for Americans 12 years or older, which is 27.7%
of the population. Id. Cigarette smoking among young adults 18 to 25
decreased significantly between 2002 to 2009, but was still the highest of
all age groups. Id. There was also a moderate decline in cigarette
smoking during that period among youths aged 12 to 17. Id.
63
Id. at 3. This figure is for persons over the age of 12, and is the
equivalent of over half of the U. S. population over 12 years old.
64
Id. at 1. This figure is for persons over the age of 12. Approximately
22.2 million Americans over the age of 12 reported having had a
64
Translating this information to practical terms:
(1) Tobacco has approximately 69.7 million users in the United
States65 and causes more fatalities in the United States than those
caused by alcohol, HIV, automobile accidents, illicit drugs,
homicides and suicides.66 The annual death toll of tobacco-related
deaths rose from 188,000 in 1965 to 434,000 in the late 1980's,67 to
about 435,000 at present68 This notwithstanding that the average
cost of a pack of cigarettes is $5.51, of which state taxes average
$1.45 per pack plus the federal cigarette tax of $1.01 per pack, all
of which is paid by the consumer.69 Of course, the costs to society
are not limited to just the outright deaths, with the obvious
emotional and sentimental costs to family and friends, but also
involves the intangible loss to the community of a person's multifaceted contributions to society. A more accountable cost is the
fact that in the United States close to 8.6 million persons suffer
from tobacco-related illnesses, 70with an annual direct cost to the
dependency on drugs or abuse in their use, which represents about 8.9%
of the U. S. population, which is almost twice the reported figure of 5%
for the world as a whole. Id. at 2.
65
Id. at 4.
66
Ali H. Mokdad, et al. Actual Causes of Death in the United States,
2000, J. AM. MED. ASS‟N NO. 1238-45 (2004).
67
Smoking-Attributable Mortality and Years of Potential Life
Lost_United States. 1999, 40 MORTALITY WKLY. REP. 62 (1991),
available at LEXIS, News Library, ASAPII, File. To these should be
added about 40,000 nonsmokers who died of inhalation from passive
smoke. Death Toll from Smoking Worsening, N.Y. TIMES, Feb.1, 1991,
at A14.
68
Mokdad, supra note 66. To this must be added an estimated 50,000
nonsmoking adults who died from second hand smoke. American Lung
Association, Health effects, http://www.lungusa.org/stop-smoking/aboutsmoking/health-effects/.
69
State
Cigarette
Excise
Tax
Rates
&
Rankings,
http://www.tobaccofreekinds.org/research/factsheets/pdf/0097.pdf
70
American Cancer Society, Study: 8.6 Million Americans Sick with
Tobacco-related Illnesses: few Quitters Get the Help Needed to Succeed,
http://www5.cancer.org/docroot/NWS/content/NWS_2_1x_Study_86_M
illion_Ameri-
Juan R. Torruella
65
federal and state governments of $96 billion, 71 including $30.9
billion in healthcare and disability benefits paid for the treatment
of diseases and illnesses associated with this drug.72
(2) Alcohol is the most commonly used drug in the United
States, with almost twice the number of users as those using
tobacco in its various modalities, and six times more than the case
of illegal drugs. In 1991, it was estimated that there were 10
million alcoholics in the United States, with about 73 million
adults suffering from this condition. 73 That year there were an
estimated 45,000 alcohol-related traffic fatalities 74 in the United
States,75 a figure that is only part of the total number of alcohollinked deaths, which reached over 100,000 that year.76
cans_Sick_With_Tobaccorelated_Illnesses.asppNWS_21X_sTUDY_86_
Million_Americans_Sick_With_Tobaccorelated_Illness.asp
71
Eric Lindblom, Campaign for Tobacco-Free Kids, Toll of Tobacco in
the
United
States
of
America,
http://www.tobaccofreekids.org/research/factsheets/pdf/0072.pdf.
72
Id.
73
James A. Inciardi, Against Legalization of Drugs, in Arnold S. Trebach
& James A., LEGALIZE IT? DEBATING AMERICAN DRUG POLICY, 139,
160 (1994).
74
In a 2008 study, the National Highway Traffic Safety Administration
(NHSTA) estimates that 8% of all drivers in the United States, or 17
million people, have driven at least once over the course of a year, even
though they though they were drunk. See Associated Press, U.S.
estimates millions drive drunk, THE BOSTON GLOBE, Aug. 26, 2010, at
A1.
75
Inciardi, supra note at 160. Puerto Rico is among the ten highest U.S.
jurisdictions in traffic fatalities due to the consumption of alcohol.
Justice: Youth alcohol consumption costs P.R. hundreds of millions a
year, PUERTO RICO DAILY SUN, October 28, 2009, at 6 (youth alcohol
consumption is costing the local economy between $250million and $1
billion a year). Of the 430 people who died in traffic accidents in P.R. in
2007, 40% of those killed were 29 years old or younger. Id.
76
SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH SERVICES
ADMINISTRATION, U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN
SERVICES, NATIONAL EXPENDITURES FOR MENTAL HEALTH SERVICES
AND SUBSTANCE ABUSE TREATMENT 1991-2001, Ch. 5 (2001),
http://www.samhsa.gov/spendingestimates/chapter5.aspx
[hereinafter
SAMSHA, National Expenditures].
66
The total annual cost of alcohol abuse in the United States for
1998 alone, including direct governmental spending and private
spending, as well as lost productivity, was estimated at over $184.6
billion.77 In 1998, public and private entities spent $9.8 billion on
health care and disability costs related to alcohol abuse. 78 An
additional monetary and human cost to American society related to
alcohol abuse is the fact that two fifths of all crimes leading to
state prison sentences are committed under the influence of alcohol
(and, of course, in many cases also combined with the use of
illegal drugs).
In 2008, slightly more than half of Americans aged 12 or older
reported using alcohol, which is 130.6 million persons, or 51.9% of
our population.79 Today, the alcohol-related deaths are calculated
at about 75,000,80 with the life expectancy of alcohol abusers being
reduced by an average of 30 years.81 In fact, alcoholism is the third
77
Inciardi, supra note, at 160.
SAMSHA, National Expenditures, supra note 77. In 1994 the federal
government alone spent $12 billion on health care and disability related
to alcohol abuse. Bureau of Census, U.S. Dep't of Commerce, Statistical
Abstract of the United States, 1995, (115th ed. 1995) [hereinafter
Statistical Abstract]. Of a total of $66 billion spent annually by the
federal government on health care and disability costs associated with
alcohol, tobacco, and illegal drug use, 18% ($11.8 billion) were destined
for the alcohol programs. 16% ($10.56 billion) for drug abuse agendas
and 66% ($ 43.56 billion) for tobacco related care and disability
programs. Id. A study by the National Center on Addiction and
Substance Abuse at Columbia University found that in 2005 government
spending related to smoking, alcohol abuse and illegal drugs reached
$468 billion, accounting for one-tenth of combined federal, state and
local expenditures for all purposes, of which expenditures only 2% went
to prevention, treatment and addiction. Eril Eckholm, Governments'
Drug-Abuse Costs hit $468 Billion, Study Says, NEW YORK TIMES, May
28, 2009, at 1 http://www.nytimes.com/2009/05/
79
See 2009 NATIONAL SURVEY ON DRUG USE AND HEALTH, supra note,
62 at 3.
80
Centers for Disease Control and Prevention, Alcohol-Attributable
Deaths and Years of Potential Life Lost, United States, 2001 (2004),
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5337a2.htm.
81
Id.
78
Juan R. Torruella
67
major cause of death in the United States, after tobacco-related
causes and illnesses related to bad eating habits.82 Traffic accident
fatalities in which alcohol plays a factor reaches approximately 38,
000 annually.83 The federal government alone spends $45.5 billion
on health care and disability costs associated with alcohol abuse.84
(3) Illegal drugs85 were used by 11.7 million Americans 1996, a
decrease from 24.8 million in 1979. 86 In 1996, there were
approximately 5,000 deaths directly attributed to the use of illegal
drugs by reason of overdoses. A significant decline in illicit drug
use was noted throughout the 1980's, with illegal drug use for all
persons over 12 going down from 13.7% in that age group, to 5.6%
by 1993.87 In fact, there was a general decrease in the use of all
illegal drugs of about 59.1% during that period88.
82
Id. See also, Mokdad, supra note 67.
Alcohol
Alert,
2008
Drunk
Driving
Statistics,
http://www.alcoholalert.com/drunk-driving-statistics.html.
84
The George Washington University Medical Center, The Alcohol Cost
Calculator, Treatment of Alcohol Medical Consequences/related
Insurance
Administration
Costs,
December
2007,
http://www.alcoholcostcalculator.org/business/about/?page=note.
85
This term includes marihuana, cocaine, heroin, amphetamine,
hallucinogens, inhalants and nonmedical use of sedatives, tranquilizers,
stimulants or analgesics.
86
OFFICE OF NATIONAL DRUG CONTROL STRATEGY, EXECUTIVE OFFICE
OF THE PRESIDENT, THE NATIONAL DRUG CONTROL STRATEGY: 1996, at
77, (Figure. 5-1).
87
Drug & Crime Data Center & Clearinghouse, supra note 61, at 1
(Table 11) (past thirty days use); Id. at 2 (Figure 2), 5 (Figure 1).
88
Id. 1 (Table 11) (past thirty-day use). Marihuana use went from 18.5%
in 1974 for those in ages 12-17, to 10.1% by 1993, after a peak of 20 %
during the 1977-82 period. Id. at 2 (Figure 2), 2 (Figure 5). For ages 1825, this figure decreased from 34.2% in 1974 to 22.9 % in 1993, with
peak years of 40% in the 1979-82 period. Id. In the over 26 age group
there was an increase from 3.8% in 1974 to 6.3% in 1993, with increases
in 1982 and 1985 up to 10%. Id. Cocaine usage declined from 2.7% for
the 12-17 age groups in 1974 to 0/8% in 1993, after a peak in the 197982 period of over 4%. Id. at 2 (Figure 1), 5 (Figure 1). For ages 18-25
there was an overall decline of from 8.1% in 1974 to 5.0% in 1993 to a
peak of close to 20% in the 1979-82 period. Id. The over 26-age group
generally increased from 0.6% in 1974 to 1.9 % in 1993. Reaching a
83
68
This situation has turned upwards since the 1990's. It was
reported in 2009 that 21.8 million Americans over 12 years of age
were using illegal drugs, which represents 8.7% of the U.S.
population in that age group.89 This is almost twice the percentage
of illegal drug usage rate that is estimated by the UN surveys as the
world's population of illegal drug users. 90 The 2008 ADAM II
Report (Arrestee Drug Abuse Monitoring Program of the Office of
National Drug Control Policy), indicated that as many as 87% of
all arrestees for all crimes, tested positive for illegal drug use.91 In
the year 2000, approximately 17,000 Americans died of druginduced causes, over 90% of which were from overdoses, a figure
that rose to 39,000 by 2006.92
peak of around 4% in the 1982-85 period. Id. Heroin usage generally
declined in its usage by all age groups in the period from 1974 to 1993,
with the 12 to 17 year group going from 1.0% in 1974 to only .2% in
1993, Id., at 142 (Table 2), those in the 18-25 years bracket going from
4.5% to 0.7% in the same period, and those 26 years and older going
from 0.5% to a base too small to be statistically significant. Id.
89
See 2009 NATIONAL SURVEY ON DRUG USE AND HEALTH supra note,
62 at 13. By comparison, Puerto Rico has approximately 60,000 persons
who are addicted to illegal drugs, which is approximately 2.34% of its
population. ASSMCA: "Trastornos de Sustancias y Uso de Servicios:
Encuesta de Hogares, 2008. It is estimated that they consume approximately $3 million worth of illegal drugs each day, Id. Puerto Rico has the
fourth highest rate in both drug arrests and incarceration in the world.
See World Bank, 2000.
90
Id. at 73.
91
Press Release, Office of National Drug Control Policy, New Study
Reveals Scope of Drug and Crime Connection: As Many as 87% of People Arrested for Any Crime Test Positive for Drug Use,
http://www.ondcp.gov/news/press09/052809.html; Marijuana was the
most commonly detected drug, with cocaine second and heroin a distant
third. Id.
92
Mokdad, supra note 67. That year there were 435,000 deaths due to
tobacco, 400,000 deaths attributable to poor diet and inactivity, and
85,000 fatalities due to alcohol. According to investigators for the Center
for Prevention and Control of Disease, in 2006 the deaths attributed to
the consumption of drugs reached 39,000 persons in the United States.
Phillip Smith, Overdose and Other Drug-related Deaths Now Closing In
on Car Wrecks as Leading Accidental Killer in US, StoptheDrugWar.org,
Juan R. Torruella
69
Marihuana is the illegal drug of preference, with approximately
16.7 million Americans users at present. 93 The potency of
marihuana has increased in recent years, with marihuana grown
and imported from Canada reportedly being the most potent in the
underground market.94 Marihuana is also claimed to be the biggest
cash crop in the United States, being grown in every state and
territory of the nation. 95 The consumption of cocaine by
Americans remained stable between 1997 and 2006 at about 2.4
million persons, or 1% of the population over 12, and then
decreased in 2008-2009 to 1.6 million or 0.7% of that age group.96
The same flat user curve was reported for this period and age
group, at 0.1% of the population, in the case of heroin.97 In 2008,
September
30,
2009,
http://stopthedrugwar.org/speakeasy/2009/sep/30/overdose_and_other_dr
ugrelated_d.
They also claim that the mortality rate for analgesic
opiates, such as methadon, sedatives, and medicines taken to ease pain,
such as Vicodin, caused seven times more fatalities in 2006 than in 1999.
Margaret Warner, Li Hui Chen, M.S., Ph.D. & Diane M. Makic, Dr.
P.H., Increase in fatal Poisonings Involving Opioid Analgesics in the
United
States,
1999-2006
(2009),
http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db22.pdf.
93
2009 NATIONAL SURVEY ON DRUG USE AND HEALTH supra note, 62
at 16. A recent phenomena was revealed by a government survey which
shows an increase in the marihuana users in the age group 50-59 of from
5.1% in 2002 to almost 10% in 2007. Steve Hendrix, Baby Boomers find
growing acceptance of marijuana use, BOSTON SUNDAY GLOBE,
November 22, 2009, at A9. See also, Jennifer Mann, Baby boomers
going to pot, PATRIOT LEDGER, August 23, 2010, at 1.
94
According to Mahmoud El Sohly of the University of Mississippi's
Potency Project, the average THC content of marihuana samples has
gone from an average of 4% in 1983, to 4.8% in 2003, to 7.3% in 2007,
to
10.1%
in
2007.
See,
CNNhealth.com,
at
http://www.cnn.com/2009/HEALTGH/05/14/marijuana.potency/index.ht
ml (last visited 5/14/2009).
95
See Katherine Bishop, New Front in Marijuana War: Business
Records, THE NEW YORK TIMES, May 24, 1991, at 44.
96
2009 NATIONAL SURVEY ON DRUG USE AND HEALTH supra note 62.
97
Id.
70
1.9 million persons aged 12 and older were current users of heroin,
comprising 0.7 % of the population.98
One major change in the illegal drug scenario since I last wrote
on the subject has been the appearance of the so-called "designer
drugs" such as methamphetamine (met).99 They are referred to as
"designer drugs"100 because they can be produced through a series
of fairly simple chemical procedures in home labs or in more
sophisticated mass production clandestine facilities. 101 Even
though met has been around for many years, and its popularity has
waxed and waned over this period, it seems to be on the rise
among several population subgroups.102 The current increase (since
the early 1990's) of met use began in the western United States.
However, by the mid-2000's, its use had become of nationwide
concern, with clandestine lab seizures increasing in almost all
states during the 2000-2005 period. 103 SAMHSA estimated that
from 1993 through 2003, the rate of admissions for treatment of
98
Id.
This is a central nervous system stimulant, categorized by the U.S.
Food and Drug Administration as a Schedule II amphetamine, which
means is has a high potential for abuse and for psychological or physical
dependence. Methamphetamine Use and Risk for HIV/Aids. Center for
Disease
Control
and
Prevention,
January
2007,
at
http://www.cdc.gov/hiv/resources/factsheets/meth.htm. Met, as it is
popularly known, is smoked, injected, snorted, swallowed, or injected
into the anus. Id.
100
Also included are LSD, and Ecstacy(MDMA). A pound of
methamphetamine worth $20-30,000 can easily be produced with $500
worth of chemicals, laboratory glassware and minimal knowledge of
chemistry. HOWARD ABADINSKY, DRUGS: AN INTRODUCTION 127
(2004). See also, Smoke shop rebufs police request to pull hallucinogenic incense, PATRIOT LEDGER, Sept. 11-12, 2010, at 1.
101
Id. Although most of the met consumed in the U.S. is manufactured
outside the United States, roughly one third of U.S. consumption is from
domestic sources. See INTERAGEB\NCY WORKING GROUP ON SYNTHETIC
DRUGS,
"INTERIM
REPORT
2
(2005),
available
at
http://www.nejr.gov/ondcppubs/public-ations/pdf/intrim-rpt.pdf.
102
See Office of National Drug Control Policy, Fact Sheet, 2008 ADAM
II Report, WhiteHouseDrugPolicy. gov, at 4
103
See supra note, 83, at 2.
99
Juan R. Torruella
71
methamphetamine or amphetamine abuse increased from 13 to 56
admissions per 100,000 for people aged 12 or older, which is a
rough indicator of the general increase of drug use in the
population at large. 104 In 2004, SAMHSA further estimated that
600,000 persons (or 0.2% of the US population) had used met in
the prior month. 105 Also in that year, an estimated 12 million
persons aged 12 and older (4.9% of this age group) had used met at
least once in their lifetime, and 1.4 million 12 and older (0.6% of
the age group) had used this illegal drug during the year previous
to the study.106 The 2009 NSDUH reported an increase to 731,000,
or 0.3% of the US population.107 Although there is no typical met
user, the trend is that many are young (the average age at first use
was 18.9 in 2002, 20.4 in 2003 and 22.1 in 2004), because it is
cheaper and longer lasting than cocaine, with the highest rate of
use during 2006 being among young adults aged 18 to 25, followed
by youth aged 12 to 17, with the lowest use for those over 26.
104
Id.
Id.
106
Id.
107
Id.
105
72
FIG. 1 THE ILLEGAL DRUG LANDSCAPE IN THE U.S.
SAMHSA's latest National Survey on Drug Use and Health for
2009, released on September 16, 2010, indicating that illicit drug
use in the United States increased from 8% of the population over
age 12 in 2008, to 8.7% in 2009, a change driven in large part by
increases in marijuana use.108 There is particular relevance to the
finding that 21.2% of young adults (those 18-25), experimented
with illegal drugs in 2009, an increase from 19.6% in 2008.109
What have been the institutional costs of the “War on Drugs”?
As it happens with all wars, the first casualties of this war have
been objectivity, truth, and ultimately, the law itself. As stated long
ago by Cicero, Inter arma enim silent leges ("In time of war the
108
2009 NATIONAL SURVEY ON DRUG USE AND HEALTH supra note, 62
at 1.
109
Id. at 2.
Juan R. Torruella
73
laws are silent."). Such has been the case with this conflict. The
rule of law, as relates to our civil and constitutional rights, 110 has
been mangled at the hands of an Executive branch that has pushed
enforcement to the limits on what amounts to a theory that the ends
justify the means, a Congress that has stretched the borders of its
legislative powers under Article I of the Constitution 111 in an
attempt to do what it believes is politically expedient, and a
judiciary which has generally been compliant and has stretched
even those limits to the breaking point, failing to contain the other
branches within the fence that is established by the Constitution.
As sardonically stated by Justice Stevens in a case involving
warrantless searches, "no impartial observer could criticize [the]
Court for hindering the “War on Drugs”,112 rather, the Court had
become a"loyal foot soldier in the Executive's fight against
crime."113
110
See generally, Paul Finkelman, The Second Casualty of War: Civil
Liberties and the “War on Drugs”, 66 S. CAL L. REV. 1389 (May,
1993); Randy E. Barnett, Bas Trip: Drug Prohibition and The
Weaknesses of Public Policy,"103 YALE L .J 2593 (June, 1994)(Book
review of "America's Longest War: Rethinking Our Tragic Crusade
Against Drugs" by Steven B. Duke & Albert Gross); Randy E. Barnett,
The Harmful Side Effects of Drug Prohibition", 2009 UTAH L.REV. 11
(2009); Robert W. Sweet, Will Money Talk: The Case For
Comprehensive Cost-Benefit Analysis of the “War on Drugs”, 20 STAN.
L. & POL'Y REV. 229 (2009); Jaime Fellner, Race Drugs, and Law
Enforcement In The United States, 20 STAN. L. & POL'Y REV. 257
(2009); Gabriel J. Chin, Race, The “War on Drugs”, and The Collateral
Consequences Of Criminal Conviction," 6 J. GENDER RACE & JUST. 253
(Fall 2004).
111
See Eugene Kontorovich, Beyond the Article I Horizon: Congress's
Enumerated Powers and Universal Jurisdiction Over Drug Crimes, 93
MINN. L. REV. 1191 (2009).
112
California v. Acevedo, 111 S.Ct. 1982, 2002 (1991) (Stevens,
dissenting)
113
Id. In Gonzalez v. Raich, 545 U.S. 1 (2005), the provisions of the
Controlled Substances Act criminalizing the intrastate growing,
possession, and use of marijuana for medical purposes was upheld
against a challenge under the Interstate Commerce clause.
74
Although there is no legal basis for carving out a "drug
exception" 114 to the application of the Constitution, and its
existence has been rejected at the highest levels 115, de facto and
sub silencio it is honored by the actions of all three branches of
government. 116 Law enforcement activities, government policies,
drug-related legislation and court decisions have all subtly, and
sometimes not so subtly, coalesced to diminish and undermine the
philosophy and text of the Bill of Rights.
The embattled Fourth Amendment 117 is probably the leading
example of a “War on Drugs” casualty.118 As has been erstwhile
noted in an apropos reference to George Orwell's, 1984, a date that
114
A term first used by Judge James Lawrence King in United States v.
Miranda, 442 F.Supp.786, 795 (S.D. Fla. 1977).
115
"The impairment of individual liberties cannot be the means of
making a point, that symbolism, even symbolism for so worthy a cause
as abolition of unlawful drugs, cannot validate an otherwise unreasonable
search." National Treasury Employees Union v. Von Raah, 489 U.S. 687
(1989) (Scalia, J., dissenting); "[T] here is no drug exception to the
Constitution, any more than there is a communism exception or an
exception for other real or imagined sources of domestic unrest." Skinner
v. Ry. Labor Execs. Ass'n, 489 U.S. 602, 641 (1989) (Marshall, J.,
dissenting).
116
See Steven Wisotsky, Crackdown: The Emerging "Drug Exception" to
the Bill of Rights, 38 HASTINGS L. J. 889, (1987).
117
"The right of the people to be secure in their persons, houses, papers,
and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be
violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported
by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be
searched, and the persons or things to be seized." U.S. CONST. amend
IV.
118
Silas J. Wasserstrom, The Incredibly Shrinking Fourth Amendment,
21 AM.CRIM. L. REV. 257 (1984); see also, Stephen Saltzburg, Another
Victim of Illegal Narcotics: The Fourth Amendment, 48 U. PITT. L. REV.
1 (1986). See United States v. Pineda-Moreno, 2010 WL 3169573 (C.A.
9-2010- Ore.)(Kazenski, C.J. dissenting from denial of en banc)
(unwarranted entry into curtilage to attach GPS device to car); see also,
Dugold McConnell, Court agents secretly put GPS tracker on cars, CNN
Justice,
Aug.
27,
2010
http://www.com/2010/CRIME/08/23oregon.gps.surveillance/iden.ntml?h
pt=71
Juan R. Torruella
75
we have passed in more than one sense, the “War on Drugs” has
led to "[a] gradual but perceptive rise in Big Brotherism against the
public at large in the form of eavesdropping, surveillance, monitoring, informing, and other intrusive enforcement methods.” 119
Among the inroads that have been sanctioned are those that have
permitted intrusions into our homes by the use of aerial surveillance, 120 a practice that has led to the practical abandonment in
other drug-related contexts of the privacy test announced in Katz v.
United States.121 These relaxations of the restrictions of the Fourth
Amendment have allowed the expansion of police authority to
carry out warrantless searches for drugs on individuals and
automobiles under circumstances beyond the original intention of
Terry‟s rationale,122 which was based on police officer safety, not
as a subterfuge, for a search for criminal evidence without meeting
the requirements of the Fourth Amendment. The creation of the socalled "good faith" exception to the Fourth Amendment requirement of probable cause established in United States v. León, 123
Steve Wisotsky, BREAKING THE IMPASSE IN THE “WAR ON DRUGS”,
118 (1986). See also Justice Brennan's dissent in Riley, 488 U.S. at 466
(Brennan, J. dissenting).
120
California v. Ciraolo, 474 U.S. 207 (1986) (the information used as
basis for search warrant received through overflight not a search despite
the fact that the marihuana observed was growing inside the curtilage,
which was surrounded by six foot and a ten foot high fences which
blocked the view from the street); Florida v. Riley, 488 U.S. 445 (1989) (
same, in helicopter overflight with use of telephoto lense in camera to
photograph through open skylight in greenhouse).
121
Katz v. United States, 389 U.S.347 (1947). See Harmelin v.
Michigan, 111 S. Ct. 2680 (1991) (search expanded beyond weapons to
drugs, for which defendant, a first time offender, was sentenced to life in
prison).
122
Terry v. Ohio, 393 U.S. 1 (1968) (a brief stop for questioning and a
pat-down for weapons on a public street, based on a reasonable fear of
imminent violence, is permitted without a warrant). Cf. United States v,
Fornia-Castillo, 408 F. 3d 52, 64 (1st Cir. 2005.) (interrogation of
defendant by police with drawn weapons and while Defendant was
handcuffed does not convert Terry stop into a de facto arrest and is not
coercive).
123
United States v. León, 468 U.S. 897 (1984).
119
76
which in practice we see stretched beyond "good faith," is another
example of the courts' permissive attitude towards the government
in drug cases. Equally troubling is the upholding of the validity of
a warrant issued on the basis of a partially uncorroborated anonymous tip,124 leading to cases in which it was allowed to corroborate
the anonymous tip by the post facto discovery of illegal evidence.125
The U.S, Court of Appeals for the Sixth Circuit stated it well in a
drug-related case involving the Fourth Amendment:
Presently, our nation is plagued with the destructive
effects of the illegal importation and distribution of drugs.
At this critical time, our Constitution remains a lodestar
for the protections that shall endure the most pernicious
affronts to our society. The warrant requirements of the
fourth amendment govern zealous law enforcement. The
drug crisis does not licence the aggrandizement of
governmental power in lieu of civil liberties. Despite the
devastation wrought by drug trafficking in communities
nationwide, we cannot suspend the precious rights
guaranteed by the Constitution in an effort to fight the
“War on Drugs”.126
The use of "drug-courier" profiling, a technique tacitly sanctioned by the Supreme Court in United States v. Sokolow,127 and
which is often based on racial characteristics, is a common police
practice that has further led to the impingement of citizen rights
under the Constitution.128 In Soklow the Supreme Court majority
decision, which effectively white washed the dubious actions of
the police, led Justice Marshall to state in his dissent that the Court
124
See Illinois v. Gates, 462 U.S. 213, 230 (1983).
United States v. Johnson, 64 F. 3d 1120, 1125 (8th Cir. 1995).
126
United States v. Radka, 904 F. 2d 357, 361 (6th Cir. 1990). (emphasis
supplied).
127
United States v. Sokolow, 490 U.S. 1 (1989).
128
See Sheryl McCarthy, Off Target Targets of Drug War, N.Y.
NEWSDAY, Oct. 22, 1990, at 6.
125
Juan R. Torruella
77
had shown its "willingness, when drug crimes or anti-drug policies
are at issue, to give short shrift to constitutional rights."129
Credible complaints have been filed in New York and New
Jersey regarding the police targeting of African-American and
Hispanics with the use of stop and frisk tactics that are not justified
except by the use of preconceived drug-courier profiles. Some of
these traits include being of color, driving a fancy car, or being in a
particular neighborhood, characteristics which could very well fit a
large percentage of the population in minority neighborhoods. This
police technique has led to considerable harassment and to civil
rights violations of minorities. Statistical evidence suggests, for
example, that in the New Jersey Turnpike, African-Americans are
stopped by the state police at a rate that is considerably higher than
it is for Caucasians.130 This police bias is widespread, with similar
claims being made throughout the country in such geographically
disperse locations as Washington,131 Los Angeles132and Boston,133
to say nothing of the jurisdictions bordering Mexico. Of course, the
use and abuse of the drug-courier profiles affects not only citizens
of color, but the citizenship in general.134
129
Sokolow, 490 U.S. at 17 (Marshall, J., dissenting).
Joseph F. Sullivan, New Jersey Police Are Accused of Minority Arrests
Campaign, N.Y. TIMES, Feb. 19, 1990, at B3.; Frances Ann Burns,
Officials Drop Off Panel on Alleged Harassment of Black Drivers,
UNITED PRESS INT'L., Jan16, 1990, available at Lexis, Nexis Library,
UPI File.
131
Susan Beck, et. al. The Cocaine War in America's Fruitbowl, AM.
LAW., Mar. 1990, at 82,83.(Hispanics in Spokane targeted);
132
Victor Merina, Joe Morgan's Suit Protests Drug Profile, L.A. TIMES,
Aug. 7, 1990, at B1.
133
See McCarthy, supra note 129.
134
See Florida v. Johnson, 561 So. 2d 1139 (Fla. 1990); United States v.
Miller, 821 F.2d 546, 550 (11th Cir. 1987) ("common sense suggests" that
innocent travelers will be harassed by profiles); United States v. Smith,
799 F. 2d 704 (11th Cir. 1986); United States v. Montilla, 733 F.Supp.
579, 581, 583 (W. D. N.Y. 1990) (decision to stop the two defendants
"was based upon" their "nervous reactions, the use of the express bus
from New York City [to Buffalo], and their pace through the terminal",
and the fact that the two defendants, a man and a woman, were carrying
130
78
As we continue down the Bill of Rights, we come upon
legislation and court decisions that directly impact the Fifth 135 and
Sixth Amendments' due process and right to counsel provisions.136
The cases show a definite trend in the lowering of the bar in
allowing the government to establish guilt by proof beyond a
reasonable doubt in drug-related cases with unusual laxity, in many
cases by the piling of inference upon inference. Cf. United States v.
Azubike, 564 F.3d 59 (Azubike II)(1st Cir. 2009) and United States
v. Mangual-Corchado, 139 F.3d 34 (1st Cir. 1998), as well as in
overlooking what would otherwise be considered outrageous
government conduct in the prosecution of drug-related charges.
See, United States v. Alvarez Machin, 504 US 653 (1992) (the
abduction of a Mexican citizen in Mexico by D.E.A. agents for the
purposes of bringing him to US territory for prosecution for the
murder of a D.E.A. agent in Mexico, does not violate the
Constitution or laws of the United States). In Calero-Toledo v.
Pearson Yachts, 416 US 663 (1974), no lesser defender of civil
rights than Justice Brennan allowed the confiscation of Pearson
Yacht's chartered vessel pursuant to Puerto Rico's controlled
substance statute, notwithstanding that Pearson was not only
innocent of any wrong doing, but had in fact included a clause in
the charter agreement prohibiting the presence of drugs aboard the
boat. The Fifth Amendment's guarantee against deprivation of
property without due process was held to be no bar to confiscating
the innocent property owner‟s vessel.
When we come to the Sixth Amendment, the enactment of the
Comprehensive Forfeiture Act of 1984, 137 and the rulings of the
dufflebags, talking to each other in a "confidential tone" and they "turned
abruptly away" from one of the arresting agents.).
135
The Fifth Amendment provides, in relevant part, that no person shall
be "be deprived of life, liberty, or property, without due process of law;
nor shall private property be taken for public use, without just
compensation." U.S. CONST. amend V.
136
The Sixth Amendment provides, in relevant part: "In all criminal
prosecutions, the accused shall enjoy the right…to have the Assistance of
Counsel for his defence." U.S. CONST. amend VI.
137
See 18 U.S.C. §1963(c) (1982); 21 U.S.C. §853 (c) (Supp.IV 1985),
and 21 U.S.C. §853 (Supp.V 1988), which are all part of the
Juan R. Torruella
79
Supreme Court in the cases of Caplin & Drysdale v. United
States,138 and United States v. Monsanto,139 sustaining the validity
of this statute as applied to attorneys' fees of defendants charged in
drug cases, represent a truly alarming degradation of the right to
counsel of one accused of a crime.140 This statute and these two
cases combine to tip the scales of justice against criminal defendants in drug cases clearly in favor of the government, and seriously, affect the fair play that we take for granted exists in American courts both against the accused and those that would represent
them in those courts. Thus, the government is allowed to engage in
the pre-trial freezing of assets of drug defendants as well as in the
post-trial seizure of defendant‟s property, thereby preventing the
acussed of posting bail and using personal assets to provide an adequate defense.
It is hard to argue against the contention that the forfeiture statute undermines the presumption of innocence and the Sixth
Amendment right to counsel, for this statute allows the sequestration of private property solely on the basis of suspicion (even if
called "probable cause") or the issuance of an indictment. Before
trial, a defendant is deprived of access to the funds and property
necessary for bail, living expenses, and of course, the seizure of
assets severely impinges his/her ability to defend him/herself from
the merits of the accusations against him/her. The accused can
literally be ejected from his/her home with nothing more than the
Comprehensive Crime Control Act of 1984, Pub. L. 98 473, 98 Stat.
1837, 2170.
138
Caplin & Drysdale v. United States, 491 U.S. 637 (1989).
139
United States v. Monsanto, 491 U.S. 600 (1989).
140
See Kevin B. Zeese, Supreme Court Upholds Forfeiture of Legal Fees,
2 DRUG L. REP 109 (1989); Melinda Hardy, Sixth AmendmentApplicability of Right to Counsel of Choice to Forfeiture of Attorney
Fees, 80 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 1154 (1990); Roderick D. Vereen,
Attorneys's Rights to Fees Under the Comprehensive Forfeiture Act of
1984: The 'Bona Fide Purchaser, 16 S.U.L.REV. 407 (1989); John
Dombrink et. al, Fighting For Fees-Drug Trafficking and the Forfeiture
of Attorney's Fees, 18 J. Drug Issues 421 (1988); Danton Asher Berube,
Drug Proceeds Forfeiture and the Right to Counsel of Choice, 43 VAND.
L. REV. 1377 (1990); Joe Margulies, Resource Deprivation and the Right
to Counsel, 80 J.CIM. L. & CRIMINOLOGY 673 (1989).
80
clothes on their back, not even a toothbrush! This type of draconian legislation seems excessive in a democratic country, even if
marginally declared to be constitutional.
Along these grounds, some of the most egregious actions of the
government are exemplified by its actions against defense lawyers,
in which the government has received the support of the courts.
The government has thus sought attorney's fees information from a
lawyer regarding representation of a client in drug cases, with the
court rejecting an argument that this information was privileged
and violated the client's right to counsel.141 The courts have also
allowed the deposition of counsel by the government requiring the
production of documents in his/her possession for the purpose of
determining the amount, form, and source of payments made to
counsel in connection that lawyer's legal representation of a client
in a drug case.142
The inherent conflict of interests created by this oppresive statute, and by the courts' support of the government's actions, promotes even further abuse. Justice Blackmun cogently stated this in
his dissent in Caplin & Drysdale:
Perhaps [the] most troubling [aspect of the case] is the
fact that forfeiture statutes place the Government in the
position to exercise an intolerable degree of power over
any private attorney who takes on the task of representing
a defendant in a forfeiture case. The decision whether to
seek a restraining order [on the property of defendant]
rests with the prosecution, as does the decision whether to
waive forfeiture upon a plea of guilty or a conviction at
trial. The Government will be ever tempted to use the
forfeiture weapon against a defense attorney who is
particularly talented or aggressive on the client's behalfthe attorney who is better than what, in the Government's
view, the defendant deserves. The specter of the
Government's selectively excluding only the most talented
defense counsel is a very serious threat to the equality of
141
142
In re Grand Jury Subpoena, 906 F.2d 1485, 1498 (10th Cir. 1990).
United States v. Saccoccia, 898 F.Supp 53, 63 (R.I. 1995).
Juan R. Torruella
81
forces necessary for the adversarial system to perform at
its best. An attorney, whose fees are potentially subject to
forfeiture, will be forced to operate in an environment in
which the Government is not only the defendant's
adversary but also his own.143
Refuting the government's contention that this law was not enacted
to raise revenue for the government, Justice Blackmun further
pointed to the additional potential for abuse by the prosecution:
The mentality of police officials and district attorneys
suggests otherwise. Many such officers, particularly at the
local level, are funding an increasing amount of their
operations from the proceeds of drug seizures and
constantly bragging to the public that various programs
are not funded from tax dollars. Such programs of course
create an enormous incentive for police and prosecutors to
seek forfeitures in questionable circumstances or even to
manufacture crimes that will lead to the forfeiture of
valuable property.144
Race and the “War on Drugs”
One of the most problematic, even if, probably unintended,
consequences of the “War on Drugs”, has been its disparate impact
on minorities in this country.145 A statistic that speaks legions in
143
Caplin & Drysdale, 491 U.S. at 650-51 (Blackmun, J., dissenting).
Id. at 640 n.6 (1989) (Blackmun, J., dissenting).
145
These are problems that raise equal protection issues under both the
Fifth (federal government) and Fourteenth (state action) Amendments.
David Sklansky, Cocaine, Race, and Equal Protection, 47 STAN. L. REV
1283 (1995). However, the courts have not been receptive to equal
protection challenges because the typical drug-related statute is race
neutral on its face, and disparate impact, challenges based on
discriminatory intent are difficult to prove in this area. See e.g. United
States v. Watts, 553 F.3d 603 (8th Cir. 2009); United States v. Ayala, 290
Fed. App. 366, 367-89 (1st Cir. 2008); cf., McCleskey v. Kemp, 481 U.S.
279, 298 (1987) ("A facially neutral statute receives heightened scrutiny
144
82
support of this point is the fact that in 2008, although AfricanAmericans and Hispanics constituted only 12.7% and 11.1%,
respectively, of the general population in the United States, they
made up 48.2% and 18.6 %, of those imprisoned in this country. 146
These results are undoubtedly intertwined with drug-related law
enforcement, which in turn is greatly influenced by public
perceptions and response to the drug problem.147
Although, as previously intimated,148 this is in part due to biased
law enforcement, the skewed outcome is not totally attributable to
out and out prejudice. In fact, supporters of the “War on Drugs”
argue that, if anything, drug law enforcement protects minority
communities from addiction, harassment, and violence by the
predatory tactics of drug lords and their gangs, an allegation that
only if it was enacted or maintained...because of an anticipated racially
discriminatory effect."). In 2006, 48.2 % of the prison populations were
blacks, versus 12.7 % of blacks in the general population.
146
U. S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States, tbl. 6
(2008).
147
See generally, Jaime Fellner, Race, Drugs, and Law Enforcement in
the United States, 20 STAN.L. & POL'Y REV. 247 (2009); see also,
Katherine Beckett, Kris Nyrop, & Lori Pfingst, Race, Drugs, and
Policing : Understanding Disparities in Drug Delivery Arrests, 44
CRIMINOLOGY1, 105 (2006); Katherine Beckett, Race and Drug Law
Enforcement in Seattle, Defender Ass'n's Racial Disparity Project,
(2004),"
available
at
http://www.defender.org/files/Race%20and%20Drug%20Law%20Enfor
cement%20in%Seattle%20%282004%29.pdf. For example the later
study, conducted in Seattle, revealed that although 70 % of its population
is white, 64.8% of those arrested for drug-related crimes were black, a
result that is driven by the fact that the police's emphasis is on crack
cocaine enforcement, which predominates in the black community. Id. at
110. It was estimated that only one third of the city's drug transactions
involved crack cocaine, as compared to powder cocaine, estimated at
22%. However, transactions involving powder cocaine accounted for
only 3.83% arrests, methamphetamine with 10.7% of the transactions
and only 1.1% arrests, and heroin at 33% of the illegal drug sales but
16.4 % arrests record, most of these involving white offenders, while 79
% of those arrested for crack cocaine were black. Id. at 118.
148
Id. at 20-21.
Juan R. Torruella
83
has some validity. Be that as it may, however, good intentions are
irrelevant because the irrefutable facts establish the overwhelming
negative impact of the “War on Drugs” on minorities. The adage,
"the road to hell is paved with good intentions" is clearly
applicable to this situation.
Moreover, such an outcome, irrespective of the lack of
discriminatory intent, is a violation of our international commitments under the International Convention on the Elimination of All
Forms of Racial Discrimination (ICERD), which the United States
ratified in 1994149 and is therefore the Law of Our Land.150 Under
ICERD, prohibited discrimination occurs where there is an
unjustifiable disparate impact on a racial or ethnic group, regardless of whether there is any intent to discriminate against that
group. Furthermore, where official policies or practices are racially
discriminatory, the State party to ICERD must act affirmatively to
prevent or end the situation. There is little evidence that the United
States has acted to meet these obligations.
In the public's mind, race shapes the public perception of the
drug problem, ergo, its response to the drug problem, and in turn,
the actions of the law enforcement community and the courts to
meet the public's concerns, irrespective of their factual basis. 151
149
International Convention on Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (ICERD), G.A. Res.20/21o6 Annex, U.N. GAOR Supp.
No. at 47, U.N. Doc. A/6014 (Dec. 21, 1965), 660 U.N.T.S. 195, ratified
by the United States November 20, 1994
150
U.S. CONST. art. VI, cl. 2 ("This Constitution, and the Laws of the
United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties
made, or which shall be made, under the Authority of the United States,
shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall
be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to
the Contrary notwithstanding.")
151
Kenneth B. Nunn, Crime and the Pool of Surplus Criminality, Or Why
the 'War on Drugs‟ Was a „War on Blacks,' 6 J. GENDER, RACE &
JUSTICE 381,390 (2002) ("In the minds of the criminal justice system's
managers, planners, and workers, drugs are frequently associated with
African-American citizens and their communities. The criminal justice
system shapes its policies and practices according to this perception.")
84
The clearest example of this chain of thought and reaction is the
situation with cocaine and crack cocaine.152
The federal drug war initiatives significantly increasing the
penalties for drug offenses153 (resulting in the huge incarceration
increase in America, previously alluded too), reflected the popular
perception that "getting tough" on crime with harsh punishments
was the way to "win" the “War on Drugs”. The use of cocaine in
America, primarily in its powder form, had substantially increased
in the United States in the 1970's and early 1980's, particularly
among white middle-class Americans. However, smokable crack
cocaine appeared in the mid-1980's, which the public, ergo, law
enforcement entities, associated with black Americans. 154 These
biases were grounded on two major erroneous underpinnings.
152
All forms of cocaine (e.g., powder, freebase, crack) are powerful
stimulants. Powder cocaine is the most commonly used form, and is
usually snorted, injected, or ingested. Crack cocaine, is made by
dissolving powder cocaine in a solution of sodium bicarbonate and
water, is smoked. Crack cocaine is potentially more addictive to the
typical user, and produces quicker onset of , shorter-lasting, more intense
effects than snorting powder cocaine, making it more likely that the user
will administer the drug more frequently and develop an addiction. U.S.
SENT'G COMM'N. REPORT TO THE CONGRESS: COCAINE AND FEDERAL
SENTENCING POLICY 19 (2002) [hereinafter Sent. Comm.Rep. (2002)],
available at http://www.ussc.gov/r_congress/02crack/2002crackrpt.pdf
http://www.ussc.gov/r_congress/02crockrpt.pdf.. Crack can be sold in
single dose "rocks", which makes it more accessible to lower income
people, while powder cocaine is sold in larger, more expensive quantities
and is thus more commonly used among middle classes and
professionals. In 2006, 44.4% of all federal cases involved cocaine
(crack and powder).
153
And establishing the sentencing straight jacket known as the
"Sentencing Guidelines” pursuant to the Sentencing Reform Act of 1984,
Pub.L. No. 98-473, tit. II, ch. II, 98 Stat.1987 (effective Nov. 1, 1987).
See José Cabranes, To Fear Judging No More: Recommendations for the
Federal Sentencing Commission, 11 FED. SENT. R. 187 (1999); and Fear
of Judging: Sentencing Guidelines in the Federal Courts (1998).
154
MARC MAUER, THE SENTENCING PROJECT: RACE TO
INCARCERATE (1995).
Juan R. Torruella
85
First of all, despite the fact that crack cocaine became the prime
target of law enforcement efforts 155 this was a misdirection of
priorities, for powder cocaine has always been a far more prevalent
illicit drug among American drug users. For example, the 1993
federal National Household Survey on Drug Abuse (NHSDA)
found that although 11.3% of the US population had used cocaine
in their lifetime, only 1.8% had used crack cocaine.156 The 2008
national survey observed that while an estimated 8,554,000
persons, 12 years and older, had used crack cocaine at least once in
their lifetime, as many as 35,298,000 in this category had used
powder cocaine. 157 Second, and more on point with the issue of
racial bias, is the fact that the number of whites that use “crack” far
exceeds those of color, with it being reported that 62% of users are
white, 26% black, and 9% Hispanics.158 In fact, in the year 2006,
5,553,000 whites reported using crack in their lifetime, compared
to 1,537, 000 blacks.159
Another related misconception deals with the racial composition
of the drug user population. The statistics clearly show a higher
rate of illegal drug use by white youths than of black youths. The
proportion of white youths who reported using powder cocaine the
year prior to the survey (5.4) was five times higher than that of
blacks (1.0); and for crack cocaine, the white proportion (2.2) was
nearly double that of blacks (1.2). For marihuana (37.9 for
whites), it was also significantly higher than for blacks (26.3).160
155
In 2006, 44.4% of all federal drug cases involved cocaine. 2006
Sourcebook, at Fig. K
156
NAT'L INST. ON DRUG ABUSE AMONG RACIAL/ETHNIC MINORITIES
13-14
(1995),
available
at:
http://archives.durgabuse.gov/pdf/minorities03.pdf.
157
SAMHSA, 2006 National Drug Survey on Use and Abuse on Drug
and Health: National Findings, Table G.1 (2007) [hereinafter 2006
National
Survey]
available
at
http://www.oas.samhsa.gov/NSDUH/2k6NSDUH/AppG.htm.
158
Sent. Comm. Rep. (2002) at 35.
159
2006 National Survey, at Tables. 1.34 A & B.
160
HOWARD N. SNYDER & MELISSA SICKMUND, JUVENILE OFFENDERS
AND VICTIMS: 2006 NATIONAL REPORT (2006). (U.S. Dept. of Justice,
Office of Juvenile Justice & Delinquency Prevention).
86
Notwithstanding these hard facts, politicians and the sensationalist media focused on the effects of crack in the inner-city
communities, particularly public housing projects in which there
are traditionally large proportions of African-American residents.
161
These areas became the principal focus of law enforcement
efforts, thus resulting in a large proportion of blacks being the target of arrests, convictions, and imprisonment for drug offenses as
compared to the total population of crack cocaine users.162
The Congressional response to these misconceptions was to
provide additional ammunition for sending more people to jail, and
for longer periods. The Controlled Substances Import and Export
Act Penalties Enhancement Act of 1986 163 and the Anti-Drug
Abuse Act of 1988, 164 imposed even higher penalties for
possession and sale of “crack” cocaine than existed up to then.
“Crack” became the only drug in which a five-year mandatory
sentence was imposed for simple possession. Possession of only 5
grams of “crack” garnered a sentence equivalent to that which the
accused had possession of 500 grams of powder cocaine.165 On a
similar note, it took 5,000 grams (5 kilos) of powder cocaine to
equal the sentence imposed for only 50 grams of crack, a 10-year
161
51.5 % of blacks in the United States live in metropolitan areas, as
compared to 21.1 % for whites. U.S. Census, The Black Population in
the United States: March 2002, 2 Figure 2 (2003), available at
http://www.census.gov/prod/2003pubs/p20-541.pdf. Cites, of course,
have more law enforcement resources per capita, and higher arrests rates,
which increases the likelihood of arrests for drug offending behavior. In
2007, 77% of drug arrests occurred in cities. See FBI, Crime in the
United States 2007, Arrest by Race, Tables 43 and 47 (2008), available
at http://www.fbi.gov/ucr/cius2007/data/table_43.htmland _47.html.
This emphasis on urban drug enforcement is reflected in the fact that
although urban blacks represent only 6% of the national population, they
constituted 29.8% of all those arrested for drugs in the United States in
2007.
162
See Beckett, Drug Enforcement in Seattle, supra note 148.
163
Pub. L. No. 99-570, 21 U.S.C. § 960 (1996).
164
Pub. L. No. 100-690, §§ 1002-9310, 102 Stat. 4312 (1988).
165
U.S. Sent. Comm., 2006 Sourcebook of Federal Sentencing Statistics,
(2006 Sourcebook) Figure J (2006), available at
http://www.ussc.gov/ANNRPT/2006/figj.pdf.
Juan R. Torruella
87
mandatory sentence.166 Because, as previously outlined, blacks are
arrested in disproportionate numbers to whites, and convicted on
“crack” charges as compared to white drug users, and “crack”
cocaine sentences are on average 43.5% longer than those imposed
for equivalent amounts of powder cocaine, 167 the population of
incarcerated African-Americans outdistances that of whites by
48.2% (blacks) to 33.2% (white). This is so notwithstanding the
fact that they are a fairly small minority in the general population
as compared to whites, with only 12.9% (blacks)168 of the population as compared to 77.1% (white).169 Moreover, the rate at which
blacks were incarcerated by the states in 2007 was ten times
greater (256.3 per 100,000 black adults versus 25.3 per white
adult), than for whites.170 That year, African-Americans constituted
33.2 % of those entering federal prisons for drug offenses.171
A sequel to the previous dismal statistics is the fact that after
much harm was caused, by the present drug scheme, mostly to
minority drug users, the Sentencing Commission in 2007 eliminated the 100:1 ratio in powder to crack cocaine, except in the
mandatory minimum cases, and recommended reform in this area
to Congress. It took three years for Congress to act on this
recommendation. It finally enacted the Fair Sentencing Act of
2010,172 signed into law by President Obama on August 3, 2010.
Pursuant to this statute, the 5-year mandatory minimum sentence
for simple possession is eliminated and the amounts that trigger the
five and ten year minimums for crack and cocaine are increased to
28 grams of crack and 280 grams of crack and cocaine,
166
21 U.S.C. § 841(b)(1)(A).
U.S. Sent. Comm., 2006 Sourcebook of Federal Sentencing Statistics,
(2006
Sourcebook)
Figure
J
(2006),
available
at
http://www.ussc.gov/ANNRPT/2006/figj.pdf.
168
U.S.Census Bureau, The Black Population: 2000 (August 2001),
http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-5.pdf.
169
U.S.Census Bureau, The White Population: 2000, (August 2001),
http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-4.pdf.
170
See Human Rights Watch, Targeting Blacks,"at 16
171
See Bureau of Justice Statistics, Federal Statistics Program, at
http://fjrc.urban.org.
172
Pub.L. No. 111-220, 124 Stat. 2372 (2010).
167
88
respectively. In the meantime, the Supreme Court's Booker173 and
Kimbrough174 decisions signaled an official softening of the stance
on sentencing, rendering the once-mandatory Sentencing Commission's Guidelines merely advisory, and allowing federal trial judges
to exercise the discretion contemplated by the Constitution to
impose sentences for crack and cocaine below the range
recommended by the Guidelines.
To be or not to be
We can continue to cite expert opinions, statistics and cases ad
infinitum, but sooner or later we have to take a stand on what we,
as a nation, will do about this intractable muti-faceted social,
penal, medical and cultural problem. One thing I do know is that I
have spent the last thirty-six years of my life incarcerating people
for violating the illicit drug laws of the United States, yet I see
nothing that would lead me to remotely conclude that anything that
I, or for that matter, the entire “War on Drugs” machinery of the
United States, has done in this interim, has had any perceptible
import in curbing Americans' insatiable appetite for drugs, 175
illegal or otherwise.
Putting people in jail is not a pleasant endeavor, as it is not
meant to be even when dealing with people that are "not nice." But
I have done it without hesitation, at first, because it was my duty as
a federal judge to enforce our laws, and further, because I thought I
was contributing to making our nation a better place. Since those
halcyon days, however, although I have continued to do my duty,
and have continued to incarcerate people in considerable numbers
for violation of our drug laws, I do so because I have taken an oath
to enforce the laws in question irrespective of my personal views
about them, not because I believe that what I am doing is making
our country one iota a better place. In fact, I am now certain that is
173
United States v. Booker, 543 U.S. 220 (2000).
United States v. Kimborough, 128 S.Ct. 558 (2007).
175
Matthew Lee, Acepta el vicio "insaciable' de E.E.U.U, El Nuevo Día,
March 26, 2009, at 48 (Secretary of State Hillary Clinton, states in
Mexico,"Our [e.g.U.S.'s] insatiable demand for illegal drugs feeds drug
trafficking...Clearly, what we have been doing does not work...").
174
Juan R. Torruella
89
not the case, but rather that it is creating a considerable amount of
private and public havoc to our society.
First of all, the massive incarceration of our population for drug
law violations has not stemmed the tide of drug use in this country.
Just to remind you, in 1991-1993, approximately 13.9 million
Americans (5.8% of our population over 12 years of age) , were
using illicit drugs, a figure that increased to 20.1 million (8.3%) by
2006. This increase took place in the face of an expenditure of
almost one trillion dollars as part of our government's goal of
having a "drug-free America" by 2008, and after the incarceration
of more than 500,000 men and women for drug-related offenses
during the 2006 period alone.
Our present approach, "The „War on Drugs‟,” makes no sense.
Undoubtedly, the facts demonstrate that it is a bankrupt way of
dealing with the drug problem. As stated by David Dimston,
"[t]hat the “War on Drugs” has been a complete failure is not even
a question anymore." 176 What we have managed to do with this
“War on Drugs” is exactly what we did with Prohibition in the
1920's: we have created a powerful criminal sub-culture with
economic power of incredible proportions, allowing it to subvert
our economic, social and political systems; while failing to control,
much less "prohibit," the use and abuse of the proscribed drug(s).
The Mafia then, and the drug cartels and the Mafia now, have been
allowed to infiltrate our entire social structure, even unto our
smallest towns,177 engaging in their extremely profitable nefarious
business, without any effective governmental control, and tax-free
to boot. As far back as 1989, the Office of National Drug Control
Strategy Policy stated:
Gary Fields, Whitehouse Czar Calls for End to "“War on Drugs””,
August
24,
2009,
http://online.wsj.com/article/58124225891527617397.html.
David
Dimston is a well-known Texas marketing executive
177
Constance Linder, Abington arrest nets $1m in marijuana, BOSTON
GLOBE, Aug. 18 2010, at B5. The population of Abington, Massachusetts
is approximately16, 582 (2002).
176
90
[H]ere in the United States, in every state, in our cities,
in our suburbs, in our rural communities ...drugs are
available to almost everyone who wants them.178
Yet we continue to blindly throw our tax dollars down this black
hole called the “War on Drugs”.
Legalization,179 "the least bad solution"
Like most complex social issues, there is no absolute or perfect
answer or solution to the problem. The course of conduct to be
followed depends on an objective balancing of many competing
interests and factors, with the answer being the least harmful of the
several alternatives that may be available. Such is the case with the
drug conundrum.
The only realistic alternative to the present policy is to experiment with the legalization of at least some of these substances,
marijuana to begin with. Whatever the moral arguments against
legalization, arguments that have recognizable merit, they are in
my opinion, overcome by the social and economic costs that the
irrefutable facts have demonstrated the present policy has imposed
upon our nation.
The most important component of the moral argument against
legalization of drugs seems to me to be the potential harm that a
drug may cause the public. In 2007, a report was issued in Great
Britain entitled, "Development of a rational scale to assess the
Office of the National Drug Control Strategy Policy, Nat‟l. Drug
Control Strategy (1989) at 2.
179
It is important to understand the differences between the terms
"legalization", medicalization" and decriminalization". By "legalization"
is meant removing all criminal sanctions from the production, sale,
distribution or possesion of a drug. By "medicalization" is meant the
authorized production, sale and use by individuals upon prescription by
medical practitioners, Under a "decriminalization" regime possession of
a drug for personal use is allowed, either formally by law or informally
in that possession for personal use is not prosecuted by the authorities.
178
Juan R. Torruella
91
harm of drugs of potential misuse."180 This study was prepared by
the government's Advisory Council on the Misuse of Drugs at the
request of the House of Commons‟ Select Committee on Science
and Technology. It was conducted by a committee chaired by Dr.
David Nutt, a professor of psychopharmacology at London's Imperial College, together with Dr. Leslie. A. King, of the Forensic Science Service, William Salisbury, MA, of the Police Foundation,
and Prof. Colin Blakemore FRS, of the Medical Research Council
and the Department of Physiology, Anatomy and Genetics at
Oxford University.
Drugs were ranked by two separate groups of experts in order of
potential harm by reason of misuse, and evaluated against a ninecategory matrix of harm caused, within the general parameters of
physical harm, dependence, and social harm. 181 Twenty drugs
including the five legal ones (alcohol, tobacco, khat, solvents,
andalkyl nitrates), were included in the study, 182 as well as the
usual illegal ones.
The results of the study are not startling but confirm the general
knowledge and experience of anyone with some degree of
objective expertise in this field. 183 Ranked first and second in
180
See 369 THE LANCET 1047 (2007). I would not be so pretentious as to
think that my suggestions from 1996 somehow crossed the Gulf Stream,
but I am happy to See that more knowledgeable persons reached a
similar approach as I did, even if 3,000 miles distant. I cannot say my
views have experienced equivalent success in this country.
181
Id. at 1051.
182
Id.
183
In fact, the conclusions regarding marijuana by this 2007 study are not
greatly different from the seven-volume (3,281 page) report of Indian
Hemp Commission of 1894, also commissioned the British Parliament,
in which the physical, mental and moral effects of marijuana were
inventoried with the conclusions being that: (1) moderate use of cannabis
drugs had no appreciable effects on the body, (2) moderate use of
cannabis had no adverse effects on the brain, and (3) moderate use of
cannabis had no adverse effects on morality. See Report of the Indian
Hemp Drugs Commission, 1893-1894), 7 vols. Government Central
Printing Office, Simla, India (1894). A summary of this report by Dr. H.
Mikuriya, can be found in an article entitled, Physical, Mental, and
92
terms of harmfulness, were heroin and cocaine with alcohol fifth
and tobacco ninth, both of which were ranked as substantially
more damaging than marijuana, which was ranked eleventh on the
list. 184 To anyone at all familiar with this subject, and as
substantiated by the statistics and data in the present article which
we need not reproduce, there is nothing new about these
conclusions except that they come from knowledgeable experts in
their fields of expertise: (1) we know that both heroin and cocaine
can be highly addictive, (2) although the annual deaths attributed
to heroin and cocaine, caused principally by overdoes are 39,000,
as compared to 400,000 deaths caused by tobacco and 75,000 by
alcohol, (3) there are no known reported deaths attributed to
marijuana overdose. There are, of course, several other reports and
studies that confirm the conclusions of the British Advisory
report.185
At best, it seems anomalous that legalizing the use of marijuana
is so persistently rejected, considering that the controlled use of
alcohol and tobacco is already an accepted practice in the United
States, notwithstanding their highly deleterious health and social
costs. If we accept a harm minimization approach, which I believe
is the sensible way to proceed, in which we take into account the
dangers of each drug, both legal and illegal, in order to determine
the correct drug policy for America to follow, it makes little sense
to prohibit the use of marijuana when its prejudicial effects on our
Moral Effects of Marijuana: The Indian Hemp Drugs Commission
Report, http://www.druglibrary.org/schaffer/library/effects.htm.
184
Id. See also, Mark Pothier, You Can't Handle The Truth, BOSTON
SUNDAY GLOBE, Dec. 13. 2009, at K1-2.
185
See Phillip J. Hilts, Is Nicotine Addictive? It Depends on Whose
Criteria You Use, THE N.Y. TIMES, Aug. 2, 1994, aat C3, available at
http://querywww.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9FOOE6DA1531F
931A355BCOA962858260&sq=1994/08/02/science/is+nicoyine+nicotine-addictive.
(-it-depends-on-whose-criteria-youuse.html.(comparing the addictive qualities of nicotine, heroin, cocaine,
alcohol, caffeine, and marijuana, in terms of dependence, withdrawal,
tolerance, reinforcement, dependence and intoxication, while alcohol,
nicotine, heroin are at a higher end than marijuana).
Juan R. Torruella
93
health are minimal when compared to those unquestionably caused
by alcohol and tobacco.
There are various additional factors that support the legalization
of marijuana use at present. Marijuana is already semi-legal in 15
US jurisdictions under the label of medicalization, 186 that as previously stated, the Federal government is allowing.187 There is thus
some experience within the United States with decriminalizing
marijuana possession, without any substantiated social drawbacks
or increases in its use, although this is not a totally reliable
observation considering that general use of marijuana is still illegal. It is also likely that if there is full legalization of marijuana
usage, there will be an increase in its general usage, as happened
with alcohol consumption after Prohibition was repealed. 188 This
will happen partly due to the fact that people who have not used
marijuana because of its illegality will not be so inhibited, and thus
there will be a tendency for more people to use it. Furthermore,
because once marijuana can be freely cultivated, particularly in the
United States, production costs will decrease and supply will increase, and thus, there will be a reduction of the retail cost of the
product, with a consequential increase in its accessibility to the
public, particularly the younger groups. 189 This is an obvious
186
See Id. at N.30.
Cf., Jesse McKineley, Push to Legalize Marijuana Gains Ground in
California, THE NEW YORK TIMES, October 28, 2009,
http://www.nytimes.com/2009/10/28/us/28pot.html?ref=globalhome&pagewanted=print (in 1996 California was the first state to
legalize marijuana for medical purposes); José Varela, Medicalización,
la alternativa, EL NUEVO DÍA, October 21, 2010, at 67. See also supra
note 177.
188
Alcohol consumption during Prohibition was .9 gals. per capita as
compared to 2.58 gals. by 1986. See ARNOLD TREBACH & JAMES A.
INCIARDI, LEGALIZE IT? DEBATING AMERICAN DRUG POLICY 109-10
(1993).
189
See Associated Press, Study shows cannabis popular with teens,
BOSTON
GLOBE,
(Dec.15,
2009)
(http://www.boston.com/news/nation/articles/2009/12/15/study_shows_c
annabis popular_with_teens/ (A study by the University of Michigan's
National Institute for Drug Abuse of 47,097 12th grade students showed
187
94
downside to legalization, which will have to be addressed in a
similar fashion as has been done with alcohol and tobacco.
As is well known, the legalization or discriminalization of drugs,
generally, for personal consumption is already an irreversible trend
worldwide.190
that 20.6% said they used marijuana in the past month, as compared to
19.4% in 2008 in 2008 and 18.3% in 2007.).
190
See Susana Ferreira, Europe Eyes Portugal's Decade of Legalization,
WALL STREET JOURNAL, July 20, 2010, at A13 ("In July 2000, Portugal
moved beyond previous liberalization regimes in places like the
Netherlands by passing a law that transformed drug possession from a
matter for the courts to one of public and community health. Trafficking
remained a criminal offense, but the government did away with arrests,
courts and jail time for people carrying a personal supply of anything
from marihuana to cocaine to heroin." See also, Brian Vestag, 5 Years
After: Portugal's Drug Decriminalization Policy Shows Positive Results,
SCIENTIFIC
AMERICAN,
April
7,
2009,
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=portugal-drugdecriminalization (overdose deaths dropped from 400 annually in 2000
to 290 in 2006, and HIV incidence dropped from 1400 to 400 annually
during that same period), at annually during that same period); Mala
Szalavitz, Drugs in Portugal: Did Decriminalization Work?, TIME, April
26,
2009,
at
2,
http://www.time.com/time/printout/0,8816,1893946,00.html. (Portugal
has the lowest rate of lifetime marijuana use in the European Union in
people over 15 years of age, at 10%, as compared to U.S. at 39.8% for
those over 12).
See also, GLENN GREENWALD, DRUG
DECRIMINALIZATION IN PORTUGAL 1, (2009) (Cato Institute), Wasn., D.
C. (1009) at 1 (“The date show that, judged by virtually every metric,
the Portuguese decriminalization framework has been a resounding
success.); The Associated Press, "Mexico Legalizes Drug Possession,
THE
NEW
YORK
TIMES,
Aug.
21,
2009
(Mexico
decriminalizespossession of small amounts of marijuana, cocaine,
heroin,
LSD,
and
methamphetamine),
http://www.nytimes.com/2009/08/21/world/americasd/21/mexico.
See
also, Stephen Kinzer, German Court Allows Possession of Small
Amounts of Marijuana, THE NEW YORK TIMES, May 3, 1994, at A12
(The German courts have held unconstitutional on equal protection and
privacy grounds, for the government to allow the use of some intoxicants
such as alcohol, while criminalizing others, such as marijuana and ha-
Juan R. Torruella
95
A comparison of the statistics for marijuana use between the
United States, where the prohibitionist model is still generally the
law, and the Netherlands, where the decriminalization of personal
marijuana use has been in effect since its Opium Act of 1976, is
instructive and self–explanatory.191
Consumption
Marijana used during lifetime
(12 yrs. or older)
Marijuana used during
past month
(12 yrs. or older)
Rate of incarceration per
100,000 inhabitants
Rate of homicide per
100,000 inhabitants
Year
US
Netherlands
2001
36.9%
17.0%
2001
5.4%
3.0%
2002
701
100
5.56
1.51
Average for
1992-2001
Apart from the obvious health benefits to its population resulting
from its enlightened drug policies, the Dutch approach is more
cost-effective and places its resources where they do the most
good: education, prevention and rehabilitation.192 The Netherlands
shish.); Christian Moraff, Latin American Legalization Push,THE
AMERICAN
PROSPECT,
(July
6,
2009),
http://www.prospect.org/cs/articles?article=latina_legalization_push. The
multidisciplinary Latin American Commission on Drugs and Democracy
(co-chaired by former Presidents Fernando Enrique Cordero of Brazil,
Cesar Gaviria of Colombia and Ernesto Zedillo of Mexico), called the
drug war a "failure" and issued a groundbreaking report urging other
governments in the region_ including the United States_ to rethink
prohibition policy.") But see Pedro Mendoza Latin Leaders question
move to legalize marijuana, PUERTO RICO DAILY SUN, October 27,
2010, at p-7, available at Latin America, news@prdailysun.net .
191
See Drug Facts, The Netherlands and the United States: A
Comparison, available at, http://www.drugwarfacts.org/thenethe.htm.
192
See Henk Rigter, What drug policies cost. Drug policy spending in the
Netherlands in 2003. 101-3 ADDICTION, at 323-329 (2006).
96
invests relatively more money on these public health items than the
United States, which has twelve times more population and spends
a relatively higher part of its drug-related budget on drugenforcement. The above-chart spells out the results of these
divergent strategies.
The three most important benefits to society of a progressive
change in our drug strategy, apart from allowing for a scientific,
gradual approach to the possibility of general legalization of drug
usage in the United States, would be the fact that legalization
would permit the government to engage in quality control for the
consumer and would allow the government to fund most, if not all,
of the drug-related expenses by taxation of producers and
consumers, as in the case of the alcohol and tobacco industries.193
Assuming that drugs would be taxed at a similar rate as alchoholic
beverages and tobacco products, it is estimated that tax revenues
on the legal production and sale of drugs would annually generate
$30.36 billion, were all drugs legalized, and $5.67 if only
marijuana was legalized. In addition to this, the public treasuries
would receive further amounts from the payment of income taxes
generated, which amounts I am presently unable to accurately
calculate.
Perhaps the most important benefit, in terms of the mayhem that
our present strategy is causing, is that legalization will eliminate
the criminal element from the production and distribution of
marijuana and its attendant underground acquisition of wealth with
its accompanying violence. As far back as 1991, Nobel Laureate
193
In 1994, $144.4 billion were collected in alcohol taxes and
approximately $8.4 billion for tobacco taxes. Testimony of John W.
Magaw, Director of the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms,
before the U.S. Senate Subcommittee on Treasury, Postal Service and
General Government Appropriations, (March,23, 1995). The Alcohol
and Tobacco Tax and Trade Bureau collected nearly $15 billion in tax
revenue from alcohol, tobacco and ammunition sales. In 2007, alcohol
and tobacco tax revenues accounted for 98% of taxes collected. See
http://www.ustreas.gov/offices/management/budget/budgetinbrief/fy200
9/ttb.pdf at 41-42. See MIRON & WALDOCK, supra note 47, at 8 (see
Table 8). The Cato Institute estimates this figure at $17.1 billion for
2010. See MIRON & WALDOCK supra, note 47, at 7.
Juan R. Torruella
97
Milton Friedman, an advocate of drug legalization, estimated that
in the United States alone, as many as 10,000 homicides a year,
unrelated to overdosing issues, were plausibly attributed to the
drug market wars between the cartels.194 This, of course, does not
even begin to account for the blood baths in Colombia and Mexico
for which, at a minimum, we are morally responsible in causing
with our massive consumption of illegal drugs.
A fourth point, although difficult to establish with exactitude, are
the savings that would result in public funds by legalizing
marijuana consumption. This is a valid consideration when
submitting this issue to an appropriate balancing test, particularly
at a crucial time in our history when our national deficit is sky
rocketing beyond control. A recent study by the Cato Institute
documents an annual reduction in government spending of about
$41.3 billion fom the legalization of all presently illegal drugs, and
of approximately $8.7 billion if only marijuana is legalized. Not
only will the direct costs of law enforcement and incarcerations be
substantially reduced,195 but also those resources can be shifted to
where they are needed, not only in focusing on the drug problem as
the public health issue that it is, but also in freeing our law
enforcement community to engage in the prevention and
apprehension of "normal" criminal activities. Additionally, our
over-loaded court systems would be relieved of their enormous
drug-related caseloads and allowed to go back to handling a more
socially productive caseload of criminal and civil cases. The total
annual budgetary impact on federal, state and local government
194
See Milton Friedman, The War We Are Losing in SEARCHING FOR
ALTERNATIVES: DRUG CONTROL POLICY IN THE UNITED STATES 67
(Melvin B.Krause & Edward P.Lazears eds., 1991).
195
Arrests for simple possession of marijuana, is the fourth largest
grounds for arrest in the United States. See Lester Grinspoon & James B.
Bakalar, The “War on Drugs”_: A Peace Proposal, 330 NEW ENG. J.
MED. 357, 357 n. 2 (1994). See MIRON & WALDOCK, supra note 47 at
1. State and local police spend approximately $2.15 billion annually on
arrests for simple possession of marijuana, and statejudiciaries about
$1.66 billion annually in the prosecution of these charges. See MIRON &
WALDOCK, supra note 47 at 1.
98
from the legalization of drugs would be approximately $88 billion
and $17.4 billion if only marijuana is legalized.196
The Government's response to the undeniable failure of the “War
on Drugs” has been stonewalling 197 and more slogans, and of
course, the spending of more taxpayer's money on a mainly useless
196
See MIRON & WALDOCK, supra, note 47 at 12.
As masterfully argued by Professor David M. Helfeld in his article
Narcotics, Puerto Rico, Public Policy: In Search of Truth and Wisdom,
75 REV.JUR.U.P.R. 1029 (2006), there has been a misuse of Federal
power the debate over the legalization of drugs, particularly regarding
marijuana and its use for medical purposes. Id. at 1059-1067. The Drug
Enforcement Administration (DEA) thus issued a report in 2006 entitled
Exposing
the
Myth
of
Smoked
Medical
Marijuana"
(http://www.usdoj.gov/dea/ongoing/marijuana.html), lambasting the idea
that marijuana could be used for medicinal purposes. The DEA report
was followed a few weeks later by one issued by the National Institute
for Drug Abuse, (NIDA), which is part of the Department of Health and
Human Services, providing more detailed data and supporting sources on
the harms caused by smoking marijuana. See “NIDA, InfoFacts: Marijuana, http://www.drugabuse.gov/InfpFacts/marijuana.html. On the same
day that the NIDA report was issued, the director of the Office National
Drug Control Policy (ONDCP) issued a release entitled New Study:
Bladder Cancer Tied to Marijuana Use. See http://www. Pushing
back.com/archives/032406. This conclusion was based on an extrapolation of the fact that cigarette smoking is a major risk factor for bladder
cancer.) As if this sequence of articles were not enough, the Food and
Drug Administration (FDA) followed three weeks laterwith a statement
entitled, InterAgency Advisory Regarding Claims That Smoked Marijuana
is
a
Medicine,
see
http://www.fda.gov/bbs/topics/News2006/NEW01362.html. These reports and asseverations border on scientific obscurantism, by totally
ignoring, if not outright suppressing, the abundant credible scientific
evidence worldwide, which is contrary to these reports and statements.
For criticisms of the FDA's statement, See The Politics of Pot, Editorial, THE N.Y. TIMES, April 22, 2006. For a list of contrary scientific
reports and opinions, see Helfeld, supra note 198 at 1064 n.'s 68-70,
1065. This governmental propaganda is, to say the least ironic, considering that under the Marijuana Tax Act of 1937. See supra note 34, doctors
and dentists were allowed to prescribe marijuana for medicinal purposes
provided they paid a $1 annual tax.
197
Juan R. Torruella
99
endeavor. Although there seemed to be ground for optimism for a
fresh approach being adopted when the new White House Drug
Czar, Gil Karlikwske, signaled his "openness to rethinking the
government's approach to fighting drug use,"198 there are signs that
this may not be a path supported at the highest levels of the
Administration.
This is yet another wasted opportunity for there are signs that a
change in our present policy is wanted by the public;199 National
support for the legalization of marijuana use has jumped to the
highest level in 40 years, with a Gallup poll reporting an increase
of from 31% in 2000 to 44% in 2009. 200 In its November, 2010
issue, National Geographic magazine cites a Pew Research Center
survey to the effect that three out of four Americans favor
legalizing medical marijuana, and confirms the findings of Gallup
surveys to the effect that 44% of Americans favor legalization of
marijuana. In a recent reversal the American Medical Association
has called for review of marijuana as a Schedule I hard drug
alongside LSD and PCP.
As stated in The Economist, "[b]y any sensible measure, this
100-year struggle [since the International Opium Commission was
established in 1909] has been illiberal, murderous and
See Gary Fields, White House Czar Calls for End to '“War on Drugs”,
http://online.wsj.com/article/SB124225891527617397.html.
199
See Eric Etheridge, The War on the “War on Drugs”,THE NEW
YORK
TIMES,
April
2,
2009,
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2009/04/02/the-war-on-the-war-ondrugs/?pagemode= (summarizing the change in public and official views
on legalization and commenting on support for Senator Webb's proposed
bill); Keila Lopez Alicea, Iglesia Metodista defiende la medicalizacion,
EL
NUEVO
DÍA,
Dic.
29,
2009,
http://www.elnuevodia.com/iglesiametodistadefiendolamedicalizacion_6
5366.html: Alba Y. Muñoz Gracia, Busca Medicar Drogas en la Isla, EL
NUEVO DÍA, Oct. 21, 2009, at 58.
200
Steven Hendrix, Baby boomers find growing acceptance of marijuana
use,
BOSTON
SUNDAY
GLOBE,
at
A9,
available
at
http://www.boston.com/news/nation/washington/articles/2009/1122/baby
_boomers_find_growing_acceptance_of_marijuana_use.
See
Alex
Dominguez, Reefer Referral, NATIONAL GEOGRAPHIC, November 2010.
198
100
pointless...Legalization is the least bad policy."201 "Least bad" does
not, of course, mean good. 202 It means that among the various
alternatives available, it will cause the least harm to the greatest
number of the people, which is after all, how democracy is
supposed to work.
Legalizing marijuana, as a first step, will not solve the drug
abuse problems, but "after a century of manifest failures [with the
prohibitive model] argues for trying it."203
201
THE ECONOMIST, How to stop the drug wars, March 9th 2009,
http://www.economist.com/printedition.PrinterFriendlt.efm?story_id=13
237193. See Nicholas D. Kristof, End the War on Pot, THE NEW YORK
TIMES,
October
27,
2010,
available
at
http://www.nytimes.com/2010/10/28/opinion/28kristof.html?ref=global8
pagewanted=print (“Our nearly century-long experiment in booring
marijuana has failed abysmally, as prohibition did…) See also, George
Soro: Why I support legal marijuana, THE WALL STREET JOURNAL,
October
26,
2010,
http://online,wsj.com/article/SB100014240527023003034670045755744
50703567656.html?.
202
Id.
203
Id.
DICTAMEN
DE LA ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE
EN TORNO AL P. DEL S. 1634.
Ante la consideración de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico
está el P. del S. 1634. Con el ánimo de corregir el serio atraso en el
trámite de los documentos presentados en el Registro de la
Propiedad de Puerto Rico, el P. del S. 1634 propone que, con tres
excepciones, “todos los documentos presentados al Registro de la
Propiedad al 30 de abril de 2010, queden inscritos”, sin
calificación previa.
El equipo de asesores del Presidente del Senado de Puerto Rico,
en reunión con miembros del equipo directivo de la Academia,
solicito el parecer de la Academia sobre la medida legislativa.
El pleno de numerarios tuvo ante su consideración el asunto en
su sesión de 22 de junio de 2010 y considerando que:
Primero, un registro de propiedad inmueble que sea confiable es esencial para el bienestar económico y para la generación, protección, y transferencia de riqueza en cualquier sociedad como la nuestra. Cf. Hernando de Soto et al., Realizing
Property Rights (2006);
Segundo, la rigurosa calificación de los documentos presentados para inscripción es la base de la confiabilidad y valor
socioeconómico de los registros. La importancia de la función
calificadora del Registrador está en consonancia con la importancia de los efectos mismos que la inscripción en el Registro implica. Roca Sastre. Derecho registral inmobiliario,
tomo I, p. 266 (1979).
Tercero, la saludable preocupación por la puesta al día de
los registros no debe canalizarse a costa de la esencial función
101
102
social el sistema registral, permitiéndose que títulos defectuosos entren al registro;
Cuarto, La estabilidad jurídica del sistema propietario peligra al permitir que con la inscripción automática entren al Registro títulos defectuosos.
Quinto, el eventual saneamiento de los registros una vez
contaminados por títulos defectuosos, requerirá un esfuerzo
mucho mayor que el ordenado manejo de los títulos pendientes de inscripción;
La Academia propone:
Primero, que no se apruebe el P. del S. 1634;
Segundo, que, en su lugar, la Asamblea Legislativa disponga
para la adopción de un plan afectivo dirigido a la puesta al día de
los registros en el tiempo más breve que sea prudente requerir.
En San Juan de Puerto Rico, a 22 de junio de 2010.
ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE
Dra. Ana Cristina Gómez Pérez
Directora Ejecutiva

revista de la academia puertorriqueña de jurisprudencia y

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