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Número 3
2015
Fecha: 04 a 10 de Febrero
SINOPSIS
Para esta semana, la actividad legislativa nacional se debatió entre el avance de una nueva Ley dirigida a la prohibición de
las corridas de toro en el territorio nacional, iniciativa del Defensor del Pueblo William Saab, y la denuncia avanzada por el
Dip. Freddy Paz por el abandono del proyecto de Ley de Creación del Instituto Venezolano de la Lucha Contra el Cáncer, a
pesar de la grave crisis de sanidad que afecta a la Nación. La Asamblea Nacional celebró su segunda Sesión Plenaria del
año el martes 10 de febrero, jornada dedicada casi con exclusividad a la discusión de acuerdos políticos y protocolarios.
Aun así, vale la pena traer a colación los argumentos presentados en el marco del debate: La segunda respuesta de la
Asamblea a las sanciones adelantadas por el Senado estadounidense en contra de algunos venezolanos, y el debate que
se suscitó en torno a la legalidad del crédito adicional aprobado al M.P.P. Para la Juventud y el Deporte.
ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Durante esta semana, la Defensoría del Pueblo
anunció la preparación de un nuevo proyecto de Ley a
ser introducido a la Asamblea Nacional, con el expreso
objetivo de establecer la prohibición de las corridas de
toro en el territorio nacional. El Defensor del Pueblo,
Tarek William Saab, expresó con motivo de esta
iniciativa que aunque puede considerarse deporte
“matar a mansalva seres vivos […] aclamar la muerte
de un ser vivo desde las gradas de los estadios es
apología al crimen”. Esta iniciativa es resultado de la
labor impulsada por la ONG ecologista Naturalis, cuyo
director Roger Pacheco introdujera a finales de 2014 un
recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia
en contra de las corridas de toro en el noroeste del país
(fuente).
Por loable que sea siempre la protección de los
derechos de los animales, no debe dejar de notarse el
contraste que existe entre esta iniciativa en
contraposición con el abandono que desde las altas
entidades estatales se presta hacia proyectos de
importancia en favor de la salud de los ciudadanos. Por
ejemplo, días antes de que el defensor del pueblo se
manifestara en favor de los toros, el diputado zuliano
por el partido Un Nuevo Tiempo, Freddy Paz, llamó la
atención sobre un proyecto de Ley que se encuentra
“engavetado” en la Asamblea Nacional desde hace dos
años: El Proyecto de Ley de Creación del Instituto
Venezolano de la Lucha Contra el Cáncer.
El abandono de este proyecto, dice Paz, se da en el
contexto de la crisis sanitaria actual en la que la escasez
y el deterioro de la infraestructura nacional ha
devenido en que Venezuela sea el país con la mayor
tasa de mortalidad por cáncer en América Latina. Ante
esta situación, la creación de un ente rector que
unifique los esfuerzos dispersos en el control de esta
enfermedad, avance programas de investigación,
prevención y detección temprana, ofrezca tratamiento
oportuno y rehabilitación, debiera ser una iniciativa de
alta prioridad. Sin embargo, avanza sin problemas la
protección de los derechos de los toros, y la Ley de
creación del Instituto Venezolano de la Lucha Contra el
Cáncer no se prevé que sea prontamente integrada en
algún orden del día de la Asamblea Nacional (fuente).
Consecuentemente, el máximo ente legislativo de la
nación celebró el martes 10 de febrero la segunda sesión
ordinaria del presente año administrativo, siete semanas
adentrados en este 2015. El orden del día estuvo
compuesto de cinco puntos, de los cuales cuatro fueron
acuerdos de pronunciamientos políticos y protocolarios,
dedicando el quinto punto a la discusión y aprobación de
un crédito adicional al presupuesto de gastos vigente del
M.P.P. para la Juventud y el Deporte, por la cantidad de
BsF. 31.423.885,43.
Es necesario destacar que la dedicación de la asamblea
nacional a temas de poco interés en medio de una
coyuntura tan abultada no es por la inexistencia de temas
que demanden su atención. Sin entrar en la amplia lista de
proyectos legales abandonados, durante la misma
discusión previa aprobación del Orden del Día de la sesión
en cuestión, el Diputado de Avanzada Progresista, Miguel
Pizarro, solicitó la introducción de un importante punto de
orden, significativo para la nación: abordar la Resolución
8610 del Ministerio de Defensa en tanto violatoria de la
reserva legal de la nación. Como suele ser costumbre, su
petición fue rechazada bajo el argumento de William
Fariñas que sostiene que tal propuesta está dedicada a
desviar la atención de la República, y que este tema será
abordado por la Comisión Permanente correspondiente,
sin que se haya sabido nada más del tema.
“El poder tiende a corromper, y el poder
absoluto corrompe absolutamente ”
Lord Acton
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2015
Fecha: 04 a 10 de Febrero
ENTORNO LEGISLATIVO ECONÓMICO
Respecto al desarrollo específico de los temas
contenidos en el orden del día de la segunda sesión
plenaria del año 2015, la mayor parte de las
intervenciones de los diputados se dieron en torno al
debate surgido ante el Proyecto de Acuerdo por la
Defensa Soberana de la República Bolivariana de
Venezuela ante la actuación injerencista, abusiva y
criminal del Gobierno de los Estados Unidos contra
nuestras Instituciones Democráticas.
Es necesaria la aclaración que es la segunda ocasión
en la que se discute y aprueba en el Palacio Federal
Legislativo un proyecto de pronunciamiento político de
este estilo, en el que se rechazan las acciones que
emanan del Senado estadounidense en respuesta a los
abusos de poder y violaciones de los Derechos Humanos
en Venezuela por los eventos ocurridos en la primera
mitad del año pasado. La primera iniciativa de este estilo
se dio el pasado 16 de diciembre, resultando en la
aprobación del Acuerdo en conmemoración de los 15
años de la aprobación de la República Bolivariana de
Venezuela y en Rechazo por la Intromisión en asuntos
internos por parte del Senado Estadounidense.
En este nuevo debate intervinieron por parte del
bando oficialista los diputados Saul Ortega, Yul Jabour,
Blanca Eekhout, Fernando Soto Rojas y Tania Díaz;
quienes desde sus curules intentaron convencer al país
de que la decisión de Estados Unidos de emprender
acciones administrativas, cuyo alcance no escapa a las
fronteras de su propio territorio1, es una violación
flagrante a la soberanía nacional, perjudicando
directamente a toda la nación. Prueba de esto puede
apreciarse en las afirmaciones del Dip. Ortega, quien
dijera que “La Ley que intentan sacar puede extenderse
sobre todo el Estado venezolano, y perfectamente
pueden promover un bloqueo contra nuestro país. Es un
mecanismo contra nuestro país”, declaraciones
complementadas por lo afirmado por el Dip. Soto Rojas,
quien declaró que el Partido Republicano, el Demócrata,
el Pentágono y la CIA, en coordinación con la oposición
del país, quieren “caotizar a Venezuela con vistas de
1
La iniciativa legal estadounidense impone la suspensión de visas y el
congelamiento de bienes y recursos ubicados en el territorio estadounidense
a funcionarios venezolanos involucrados en la violación de Derechos
Humanos durante las protestas de febrero. Esta medida expiraría en un año.
Actualmente se contempla una expansión en la cantidad los funcionarios a
ser sancionados. Las sanciones en su idioma original pueden leerse aquí
atacar a la revolución Bolivariana y apropiarse de los
recursos de la nación”.
Por parte de los diputados de la oposición (en medio de
interminables acusaciones de traición a la patria y sumisión
al “yanquismo”) levantaron sus voces al argumento de la
bancada los Dip. Ismael García y Cesar Rincones. La línea
argumentativa de la oposición se basó, en primer lugar, en
aclarar que ir en contra del este pronunciamiento oficialista
no implica ser “complacientes con la intervención de ningún
país sobre otro”, más bien es oponerse a un “chantaje
moral” orientado a “defender a corruptos y
narcotraficantes” que guardan lo extraído de la nación en
Estados Unidos, teniendo especial consideración de que las
medidas asumidas por aquél país no afectan en lo más
mínimo al país ni a su población como lo quieren hacer ver.
La extensión de este debate repetido y completamente
desvinculada de los verdaderos problemas políticoeconómicos de la nación, muestra de manera elocuente el
deterioro de la máxima entidad legislativa de la nación,
devorada su institucionalidad por la política impositiva y
faccionaria que emana desde el gobierno que ignora la
compleja realidad pluralista de la nación. El uso del
parlamento como base propagandista del Gobierno
pareciera imponerse sobre su labor de legislación y control,
como contrapeso y balanceador del Poder en Venezuela, y
en traición de su más excelente capacidad de
representación del país.
Pero a pesar de tales trágicas distorsiones, aun aparecen
argumentos y debates que valen la pena traer a colación, si
bien para dejar constancia del deterioro del que es víctima
esta institución. Tal es el caso del punto del orden del día
dedicado a la aprobación de un Crédito Adicional para
Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte por
un monto de BsF. 31.423.885,43, cuyo fin es el de cancelar
los gastos incurridos con motivo de la quincuagésima
edición del famoso evento deportivo regional “La Vuelta al
Táchira en Bicicleta”, que tuvo lugar entre el 9 y el 18 de
enero.
Esta petición de crédito, segunda del año y por una suma
comparativamente baja al tener en cuenta las peticiones de
crédito que usualmente pasan por el Hemiciclo, estuvo
rodeada de irregularidades que fueron denunciadas en las
intervenciones de los diputados Homero Ruiz, Vestalia San
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Pedro y Carlos Prosperi, en tanto implican una clara
ruptura de la Ley venezolana.
Dejando de lado que este evento no se vio
representado en la planificación presupuestaria del
Ministerio, lo que deja “en evidencia la inexistencia de las
mínima planificación presupuestaria” según el Dip. Ruiz,
la solicitud en sí constituye un delito pues solicitar un
crédito adicional para que se otorguen recursos
destinados a cancelar los gastos de un evento luego de
que este ya fuera realizado es una violación varias leyes
el país. El artículo 21 de la Ley de la Administración
Financiera del Sector Público establece que “no podrán
adquirir compromisos para los cuales no existan
asignaciones presupuestarias”, mientras que lo
establecido en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley de
Contraloría General de la República lee que “antes de
adquirir bienes o contraer compromisos debe haber
recursos”. Estas normativas están complementadas con
la estipulación de sanciones penales y administrativas
consagradas en la Ley de la Administración Financiera y
la Ley contra la Corrupción, las cuales articulan el
mandato constitucional consagrado en el artículo 314 de
la Carta Magna, que lee “No se hará ningún tipo de gasto
de gasto que no haya sido previsto en la ley de
Presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos
adicionales al presupuesto para gastos necesarios no
previstos o cuyas partidas resulten insuficientes”.
Ante los argumentos que la bancada opositora
otorgó previo a salvar su voto ante esta petición de
crédito adicional, los diputados oficialistas Ramón lobo,
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Hugbel Roa y José Ávila tomaron la palabra para
hacerles frente. El argumento recurrente en las tres
intervenciones fue la acusación a los diputados de la
bancada opositora de actuar de mala fe, de “distorsionar la
realidad dado que estamos en año electoral” y de oponerse
“porque esta gloriosa Vuelta al Táchira la intentaron
sabotear como parte de ese guión (…) que incluye el
saboteo al gobierno del Presidente Maduro y la Revolución
con las colas y la escasez”, según el Dip. Hugbel Roa. Fuera
de los ataques ad hominem tan usuales en la retórica de esta
bancada, la mejor excusa que lograron sacar a la
arbitrariedad que rodea siempre la constante aprobación de
créditos adicionales fue que, como los recursos a ser
aprobados están dirigidos al Instituto Nacional de Deporte y
no al Ministerio como tal, aparentemente el mandato
constitucional y la ley dejan de aplicar de la misma manera.
Cabe destacar que esta es sólo una iteración más de la
extendida tendencia del oficialismo de aprobar
indiscriminadamente créditos adicionales. Dado que la
mayor parte de las oportunidades en que se aprueban se
dirigen a cubrir gastos que debieran estar contemplados en
la Ley de Presupuesto Nacional, se sigue que la naturaleza
de este documento rector del gasto público ha sido también
distorsionada para presentar una serie de datos que
muestren a un gobierno fiscalmente responsable, mientras
que en paralelo la ignora por completo. El efecto nocivo de
asumir que el Presupuesto es una herramienta publicitaria
se aprecia en el descontrol del gasto del gobierno, y el
precio que por ello pagamos todos.
PUBLICACIONES EN GACETA
Gaceta Oficial 40595 del 4 febrero 2015
Gaceta Oficial Extraordinaria 6.171 del 10 Febrero 2015
Decreto Nº 1.595, mediante el cual se nombra al ciudadano Homar Farahon Viera Convenio Cambiario Nº 33, mediante el cual se dicta las normas que regirán las
Rodríguez, como Superintendente Nacional de Gestión Agroalimentaria
Operaciones de Divisas en el Sistema Financiero Nacional.
(SUNAGRO).- (Véase N° 6.170 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA Aviso Oficial conjunto mediante el cual este Ministerio y el Banco Central de
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).
Venezuela, de conformidad con lo previsto en el Artículo 3 y en el parágrafo
Decreto Nº 1.596, mediante el cual se crea el Despacho del Viceministro para la
único del Artículo 13 del Convenio Cambiario N° 33 del 10 de febrero de 2015,
Comunicación Internacional, integrado a la estructura del Ministerio del
informa a los operadores cambiarios y al público en general los acuerdos
Poder Popular para Relaciones Exteriores.
que en él se señalan.
Aviso Oficial conjunto mediante el cual se informa a las Instituciones Operadoras
Gaceta Oficial 40597 del 6 Febrero 2015
autorizadas para actuar a través del Sistema Cambiario Alternativo de
Decreto N° 1.599. mediante el cual se fija un aumento del quince por ciento (15%) del
Divisas (SICAD II), conforme a lo dispuesto en el Convenio Cambiario Nº 27
salario mínimo nacional mensual, obligatorio en todo el territorio de la
del 10 de marzo de 2014 y demás normativas que lo desarrolla, así como al
República Bolivariana de Venezuela para los trabajadores y las trabajadoras
público en general, que a partir del 12 de febrero de 2015 no se procesarán
que presten servicios en los sectores público y privado.
cotizaciones de compra y venta de divisas en efectivo o de títulos valores en
Decreto N° 1.600, mediante el cual se establece el sistema de remuneraciones de los
moneda extranjera a través del antes dicho sistema.
funcionarios y funcionarias de la administración pública nacional.
Decreto N° 1.601, mediante el cual se establece el ajuste al sistema de remuneraciones
de los obreros y obreras de la administración pública nacional.
Elaborado por:
Lic. Leonardo Rey, Investigador del
Observatorio Económico
Legislativo.