Nº 26 (abril 2015)

Selección de artículos de opinión
Prensa boliviana
Abril, 2015 – Nº 26
CONTENIDO
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Una destitución correcta .......................................................................................... 2
No más despropósitos ............................................................................................. 3
Acertada decisión presidencial ................................................................................ 3
La transición incompleta de Chile, por Marcos Aguirre ............................................ 4
La demanda de Bolivia en La Haya no fue una fatalidad, por Gonzalo Mendieta
Romero .................................................................................................................... 6
Ramiro Prudencio: Charaña fue la más importante negociación con Chile ............... 7
La nueva diplomacia boliviana, por Víctor H. Morales Martínez .............................. 11
Chile dobla su apuesta, por Carlos D. Mesa Gisbert ............................................... 11
La Agenda de 13 puntos está vigente!, por Andrés Guzmán Escobari .................... 13
Bajó la marea, por Carmen Sandoval Landívar ....................................................... 14
Antonio Remiro: ‘Las notas diplomáticas también son tratados’ ............................ 15
Actos unilaterales como fuente de obligaciones internacionales, por Erich R. Kuhn
Poppe ..................................................................................................................... 18
Negociación directa, por Ramiro Prudencio Lizón .................................................. 19
Chile: del vacío político a la política del vacío, por Fernando Mires ........................ 20
Papa Francisco: “Edificar la paz y construir puentes”, por Saúl Paniagua Flores ... 22
El debate sobre el mar, por Carlos Antonio Carrasco ............................................. 23
Eduardo Rodríguez: Chile duda de competencia de la CIJ mientras pide acatar fallo24
Claroscuros de los legisladores en la reivindicación marítima, por Mónica Arrien del
Carpio .................................................................................................................... 26
No más: “entre Chile y Bolivia no hay asuntos pendientes”, por Carlos D. Mesa
Gisbert ................................................................................................................... 28
La obligación de negociar, por Agustín Saavedra Weise ........................................ 29
El mar escondido, en otra fase crucial, por Mario Castro........................................ 30
Demanda marítima y plan “B”, por Moira Sandoval ................................................ 31
Heraldo Muñoz, letanía y anacronismo, por Willy Waldo Alvarado Vásquez ........... 33
Diplomacia y moderación, necesarias en el juicio en La Haya, por Gustavo Murillo
Carrasco................................................................................................................. 33
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Selección de artículos de opinión
Prensa boliviana
Abril, 2015 – Nº 26
1. Una destitución correcta
El Presidente del Estado reaccionó como corresponde. Lo que pudo ser una acción que
afecte la estrategia marítima del país fue, felizmente, neutralizada por su oportuna y
drástica decisión
El Presidente del Estado ha actuado como corresponde y en función de los intereses del
país al destituir a su Ministro de Defensa que con absoluta falta de criterio viajó a Chile
encabezando una misión de solidaridad, con un chaleco que hace referencia a nuestra
demanda marítima.
Obviamente, diversas autoridades del vecino país aprovecharon este error para hacer una
dura crítica al país y nuestra política marítima. Y lo que pudo ser una acción que afecte la
estrategia marítima del país fue, felizmente, neutralizada por la oportuna y drástica decisión
del Primer Mandatario de destituir a ese dignatario, presentar disculpas al Gobierno de
Chile y pedir perdón a la población de ese país, particularmente a la que sufre los rigores de
una inundación sin precedentes, motivo del envío de agua a los damnificados, actitudes que
obligaron al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile a dar por superado el impasse.
Ahora, lo que corresponde es insistir en que una relación tan compleja como la que el país
mantiene con Chile, con un proceso de la envergadura del que se ha presentado ante La
Haya, exige adoptar todas las precauciones posibles para, sobre todo, evitar, primero, las
improvisaciones y, segundo, que intereses personales puedan afectar la estrategia adoptada
y que, más allá de acuerdos y desacuerdos, legítimos por lo demás, ha recibido el apoyo
generalizado de la ciudadanía.
En este sentido, no está demás reiterar, como lo hacemos desde Los Tiempos recogiendo
criterios especializados, que el Gobierno debe establecer con meridiana claridad qué
autoridades están relacionadas con el tema y qué roles deben cumplir.
Sólo de esa manera se evitará caer en errores como los que se comenta que, a diferencia de
lo que dijeron oficiosos voceros afines al Gobierno y al MAS, no es consecuencia de algún
sentimiento de patriotismo sino de un grosero desconocimiento de normas básicas de
convivencia y relacionamiento.
Si se hace una revisión de las posiciones sobre este tema se comprobará, a guisa de
ejemplo, que desde la oposición o, genéricamente, desde el llano, las impertinencias han
sido pocas. En cambio, en el lado gubernamental son varios los que, probablemente sin
malas intenciones aunque sí con deseos de figuración, han hecho declaraciones poco felices
que podrían obstaculizar la ejecución de la estrategia marítima.
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Desde otro enfoque, esta experiencia debe servir para que el Primer Mandatario sea más
cuidadoso con sus designaciones. No hay que olvidar que el destituido ministro fue
embajador en Perú y cometió una serie de errores que provocaron fricciones en nuestra
relación, pero que fueron justificados con el argumento de que se trataba de la “diplomacia
de los pueblos”. Luego, intentó nominarlo candidato a la Gobernación de Cochabamba y
como legalmente no era posible le otorgó la responsabilidad de dirigir el Ministerio de
Defensa, todas esas funciones sólo por su leal y antigua militancia partidaria.
Al margen, hay que insistir y destacar en que el Presidente del Estado reaccionó como
corresponde.
Fuente: Los Tiempos 02.04.2015 (Editorial)
2. No más despropósitos
De muy mal gusto resultó la actitud del que fuera ministro de Defensa, Jorge Ledezma, de
llevar puesta una chaqueta bordada con la frase “El mar es de Bolivia” al momento de hacer
entrega de la ayuda humanitaria de nuestro país a los damnificados por las inundaciones en
el norte de Chile. El presidente Morales destituyó a Ledezma de su cargo y dejó en claro
que se trató de un ‘error’ de su colaborador y no de una campaña comunicacional de su
propio Gobierno.
Aunque se hubiera tratado de una chiquillada personal del ahora exministro, no deja de
preocupar que el Gobierno nacional no haya sido del todo prolijo en el manejo de la
comunicación hacia Chile por el tema marítimo. Ha habido un exceso de palabras y señales
–canalizadas a través de los medios de comunicación– cuando bastaba con un discurso
oficial sereno y discreto a cargo de voceros autorizados, habida cuenta de la clara posición
establecida por Bolivia en su demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia en
La Haya.
No debe haber margen de error en materia de relaciones internacionales, menos cuando se
trata de ayudar desinteresadamente a los ciudadanos de un país vecino que han caído en
desgracia. En este campo los detalles son importantes, desde qué donar y hasta quién debe
ser el portador de la donación. En este caso, enviar agua y encargar al ministro de Defensa
que la entregue fueron decisiones que se pueden prestar para otras interpretaciones, si se
considera que las relaciones entre ambos países son bastante tensas.
Menos mal que el presidente Morales actuó con rapidez cuando destituyó al mensajero de
marras y pidió disculpas al pueblo chileno, al que se pretendió socorrer. El despropósito de
Ledezma generó airadas protestas en el vecino país y su Senado lo calificó como una
provocación. Más bien la intervención del canciller de Chile Heraldo Muñoz –que en otras
ocasiones también atizó el fuego del intercambio verbal mediático– puso las cosas en
perspectiva y dio por superado el impasse.
Ya lo decía un excanciller boliviano: “Si vamos a ayudar a otros países, hagámoslo sin
ningún aditamento político y sin ningún interés particular”. Corresponde que nuestra
Cancillería se haga cargo de elaborar una estrategia comunicacional, tomando en cuenta
que ya nos encontramos en la antesala de los alegatos que se escucharán en La Haya
Fuente: El Deber 02.04.2015 (Editorial)
3. Acertada decisión presidencial
El pasado 31 de marzo, el presidente Evo Morales destituyó al ministro de Defensa, Jorge
Ledezma, en lo que representa la segunda destitución ministerial desde que su gabinete
fuera posesionado el pasado 22 de enero (la primera se produjo en Carnaval, cuando
removió de su cargo al ministro de Culturas, Pablo Groux).
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Este último hecho se produjo después de que las autoridades chilenas reaccionaran con
molestia porque Ledezma llegó a ese país para llevar 13 toneladas de agua para las familias
damnificadas por las inundaciones vistiendo un chaleco con la leyenda "El mar es de
Bolivia”.
La presencia de Ledezma -lo desatinado de su vestimenta especialmente- generó una
polémica entre las autoridades chilenas. El canciller Heraldo Muñoz condenó el uso "para
propósitos políticos de la campaña comunicacional boliviana (del acto de solidaridad) en
medio del sufrimiento de la gente”; mientras que los presidentes de la Cámara de Diputados
y el Senado hablaron de "falta de prudencia”.
Aunque Chile no hizo llegar una nota de protesta oficial, el incidente tensionó las ya
delicadas relaciones de nuestro país con Chile, y de la forma menos atinada.
Ante ello y sin esperar mayores reacciones y repercusiones en Chile o en el contexto
internacional, el presidente Evo Morales destituyó a Ledezma y pidió disculpas a Chile por
la actitud de su ministro. Indicó, dirigiéndose a Chile, que "nunca manejamos con fines
electorales, políticos e intereses personales algo que es humanitario”; que "no podemos
cometer esa clases de errores” y, además, dirigiéndose a su gabinete, que los ministros no
son autónomos. Aunque antes de su destitución Jorge Ledezma pidió disculpas por el
mensaje que llevaba en su chaleco y descartó que se haya tratado de una provocación o un
intento de hacer propaganda, Evo Morales, aun demostrando su pesar por la determinación,
no dubitó en el cambio y ese mismo día posesionó al excandidato a la Alcaldía de Santa
Cruz por el MAS, Reymi Ferreira.
La rapidez y contundencia con que actuó el Presidente evitó cualquier otra reacción
adicional de parte de las autoridades chilenas y, lo que es más importante, representó una
señal de seriedad en el tratamiento de la demanda ante la Corte Internacional de La Haya ,
en un momento especialmente delicado.
Aunque en algunos casos -como las denuncias contra la ministra Nemesia Achacollo o las
declaraciones del exministro de Salud Juan Carlos Calvimontes- el Presidente se ha
resistido a criticar y mucho menos a remover a alguno de sus ministros, en este caso dio un
mensaje claro.
La rapidez y contundencia con que actuó el presidente Evo Morales evitó cualquier otra
reacción adicional de parte de las autoridades chilenas.
Fuente: Página Siete 04.04.2015 (Editorial)
4. La transición incompleta de Chile, por Marcos Aguirre
En 2013, Chile y la comunidad internacional se sorprenden con la noticia de la presentación
por Bolivia de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, pidiendo que este
tribunal declare la obligación que Chile tiene de negociar un acceso soberano al Océano
Pacífico.
Esta decisión política tiene su origen no sólo en el más que centenario reclamo boliviano
por su salida al mar, la consistencia de su reclamo en todos los foros y la voluntad del
presidente Morales de llevarla al ámbito judicial, sino también en la tendencia de
globalización de la justicia. La jurisdicción internacional cobra réditos en la solución de
importantes conflictos, como el que –y por el mismo origen– sostuvieron Perú y Chile.
La situación del conflicto entre Chile y Bolivia aún no está resuelta y abre interrogantes
sobre la ética, el Derecho Internacional y la política exterior.
Mientras el caso puede pasar desapercibido para el resto del mundo, el hecho ha provocado
en Chile fuertes tensiones políticas y ha dejado en evidencia una sociedad que permanece
hondamente dividida y polarizada en torno al legado de la guerra del Pacífico.
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15 años antes, en octubre de 1998, Chile y el mundo son tomados por sorpresa cuando
policías ingleses entran a una clínica en Londres para arrestar al exdictador chileno
Augusto Pinochet. Una acción que abre interrogantes sobre la ética, el Derecho
Internacional y la política exterior. El hecho ha provocado fuertes tensiones políticas y ha
dejado en evidencia una sociedad chilena que permanece hondamente dividida y polarizada
en torno al legado de la dictadura de Pinochet.
La justicia debe hacerse. ¿Pero en qué términos? ¿Quién tiene derecho a juzgar a y dónde?
La justicia debe hacerse preferentemente donde ocurren los hechos en cuestión. Sin
embargo como lo señaló el arzobispo de Santiago “esto sucedió porque los chilenos no han
sido capaces de hacer justicia en tantos casos de graves violaciones a los derechos humanos
en el momento oportuno”.
15 años después, cabe preguntarse, como lo hacía el arzobispo de Santiago, si los chilenos
han sido capaces de hacer justicia y asumir las consecuencias sobre los actos de sus
gobernantes más sangrientos, aquellos que invadieron a Bolivia y al Perú.
¿Cómo determina una nación un equilibrio adecuado entre la justicia y el perdón cuando
retorna a la democracia después de un período traumático de dictadura?
Todo un dilema moral por el que atraviesan tantas naciones y que encontró una vía, la del
perdón para salvaguardar valores como la justicia, la democracia o la estabilidad, pero
acompañado por medidas que repudien la dictadura y reparen a las víctimas.
En 1904 Bolivia y Chile acordaron la paz, nuevos límites y un conjunto de compensaciones
para superar la frágil tregua. Mas ese tratado no resolvió todas las diferencias: subsistía la
ocupación militar de territorios propios y ajenos, los límites no podían ser definitivos
mientras concurra la diferencia con el Perú y las compensaciones no podían reparar el
enclaustramiento. En suma, la salida con Bolivia consistió en un entendimiento precario
con la confianza de que otros cambios sustantivos serán introducidos más adelante y que
Chile alentó ocasionalmente con ofertas concretas.
Por ello, la situación chilena es más compleja. No se trata de cuánta justicia y cuánto
perdón lograr. A diferencia de otros países Chile no ha recobrado su soberanía popular
enteramente. Las fuerzas pro dictaduras y de intereses corporativos han sido capaces de
preservar los enclaves autoritarios.
Su transición a la democracia es incompleta porque aunque voten e incluso reelijan a la
Concertación, los fantasmas de su pasado están aún presentes. Por ende, el dilema en Chile
tiene que ver con cuánta soberanía popular puede recobrar, cómo consolidar y concluir su
proceso de transición democrática.
El caso de la demanda boliviana ha provocado una ventana de oportunidad para esa
transición, y la muestra se encuentra en la reacción conservadora que se ha desarrollado.
Los sectores tradicionalmente más autoritarios y aquellos vinculados con el tradicional
manejo de las empresas vinculadas a la expansión corporativa en las regiones del norte y
con fuertes inversiones en el Perú, o con consorcios binacionales (administrando puertos
peruanos y chilenos, bancos, almacenes, empresas pesqueras, minas, etc.) han encontrado
en el canciller chileno Heraldo Muñoz el mejor exponente de la recuperación de valores
ultraconservadores como la defensa a ultranza de las victorias logradas con la sangre
patriótica.
Pese a que Muñoz se considere a sí mismo un luchador inquebrantable de la dictadura, pese
a que se considere un adalid de los derechos humanos, no ha dejado de ser el portavoz de
una política dura, abusiva y con el sabor de las charreteras militares que defienden el
capital.
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En Chile, como en las mejores épocas de la dictadura, las fuerzas conservadoras mantienen
la obra de sus antepasados en materia de política exterior, aun sabiendo que fue expoliadora
e injusta. Es más importante que cualquier proceso de reflexión o diálogo, y por supuesto,
sigue favoreciendo a sus intereses con el aplauso nacionalista. ¿O el canciller Muñoz no se
ha dado cuenta de la íntima relación entre nacionalismo, chauvinismo y dictadura?
Irónicamente, si Chile es llevado a sostener un juicio ante la Corte Internacional de Justicia,
las fuerzas democráticas sentirán la urgencia de tener que generar las condiciones para
someterse a la justicia universal, quizás abriendo así una oportunidad para corregir algunos
defectos de su transición.
Es decir que una vez más, si Chile es llevado a un tribunal internacional es por la
incapacidad de sus mismos gobernantes de solucionar los errores que cometieron en el
pasado. Ya les pasó con Pinochet.
La demanda boliviana está demostrando a Chile que una transición a la democracia debe
enfrentar todos sus asuntos pendientes por penosos que ellos sean y no “barrerlos bajo la
alfombra”. Es responsabilidad de los chilenos recuperar plenamente su país y terminar su
transición con suficiente verdad y justicia. Un proceso largo pero ciertamente inevitable.
Fuente: Los Tiempos 04.04.2015
5.
La demanda de Bolivia en La Haya no fue una fatalidad, por Gonzalo
Mendieta Romero
En un artículo en El Mercurio ("Chile, Bolivia y la Corte rizan el rizo”), el intelectual
chileno José Rodríguez Elizondo pregunta ¿por qué Bolivia desestimó la negociación
directa? Su respuesta es que fue porque Bolivia no obtuvo un corredor soberano a través de
Arica, "sin contrapartidas”.
Rodríguez Elizondo ha sostenido que para resolver este entuerto debe seguirse una
negociación de dos etapas: primero entre los gobiernos de Chile y Perú, y luego, si hay
avances, con Bolivia. La trilateralidad que propone Rodríguez merece más que una
columna, pues es un nudo gordiano de esta trama. Aquí sólo me detendré en su afirmación
de que Bolivia desestimó la negociación con Chile porque, según él, no consiguió un
corredor por Arica, gratis.
Más que el apetito boliviano desbordado, la última negociación (en Chile no es
políticamente correcto llamarla así en medio litigio de La Haya) fracasó porque reprodujo
vicios repetidos en las tratativas entre ambos países.
Esos vicios deberían ser asumidos como desviaciones estructurales a evitar en la siguiente
ronda negociadora. Ambos países la sostendrán algún día, con o sin sentencia en La Haya.
Si Perú la consintiera, la instancia trilateral sería ideal, pero no es realista esperarla en el
mediano plazo.
El primero de esos vicios es que Chile (y a veces Perú, cuando las relaciones bolivianochilenas mejoran) vea a Bolivia como un subrogado de la diplomacia peruana (así como, a
su vez, Alan García pensó que las afrentas de Evo contra él eran fruto de su acercamiento a
Chile). Una negociación realista debe ser capaz de ocuparse más del corazón del problema
y menos de su periferia (las "maquinaciones peruanas” o el uso "para política interna” que
Chile suele acusar en las maniobras bolivianas).
Por otra parte, una negociación exitosa es improbable si, para ponerlo en palabras de un
historiador chileno, se concibe a Bolivia como fruto del "fracaso del proyecto boliviariano
de crear un Estado tapón” o se le asigna un fatal "papel periférico (…) en el sistema
internacional suramericano”.
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Una negociación veraz poco puede avanzar si depende de esos lentes analíticos. El realismo
y el estructuralismo, prudentes para sortear el idealismo y el formalismo, pueden decantar
en otro vicio: legitimar la propia -y cruda- voluntad o el desdén. En el caso chileno: pensar
que el interlocutor boliviano no existe o importa poco. Un segundo vicio es la dilación en
las negociaciones. En Bolivia usualmente se han percibido como una forma chilena de
marear la perdiz. La demora promueve la inseguridad de los negociadores bolivianos, para
festín de sus críticos locales.
El embajador boliviano durante la negociación de Charaña, Guillermo Gutiérrez, escribía:
"las fluctuaciones de política interna en Bolivia eran provocadas precisamente por la
sensación de fracaso de las negociaciones marítimas”.
También en 2010 Evo perdió la paciencia por la dilación (además del desliz chileno de no
informar -previamente- la detención del coronel Sanabria al Gobierno boliviano, lo que
desató el desengaño de éste). Morales no abandonó la negociación porque no tuviera el
resultado deseado. La negociación se interrumpió antes, por culpa de fantasmas (o
mutantes) conocidos y desatendidos.
Las dificultades de nuestros negociadores son problema boliviano, pero un acercamiento
bilateral realista no debería dejar de prevenir las trabas obvias. Es cierto que cualquiera
puede rentar de la precariedad de su interlocutor, pero no es sensato abstraerse de los
elementos subjetivos en una relación diplomática que busca resultados.
Además, la disposición chilena a negociar con Bolivia es mayor cuando enfrenta tensiones
con sus otros vecinos. Ocurrió así en 1895, en 1975 y también en esta última década,
cuando Perú demandó a Chile en La Haya. Por eso Bolivia duda si el ímpetu negociador de
Chile es genuino o sólo está condicionado por el propósito instrumental de equilibrar el
poder de sus vecinos, sin ánimo de llegar a un acuerdo.
La Haya no es una fatalidad del apetito boliviano de conseguir cesiones a cambio de nada.
No sabemos dónde habrían terminado las negociaciones con Chile de haberse silenciado los
ruidos de la desconfianza. Quién sabe Perú habría visto las (des)ventajas de sentarse a la
mesa, antes que quedar como un tercero en discordia.
Fuente: Página Siete 04.04.2015 (Gonzalo Mendieta Romero es abogado)
6. Ramiro Prudencio: Charaña fue la más importante negociación con Chile
En febrero se cumplieron 40 años del “Abrazo de Charaña” (8 de febrero de 1975), entre
los presidentes de facto de entonces, Hugo Banzer de Bolivia y Augusto Pinochet de Chile.
Con ese encuentro empezó la denominada “Negociación de Charaña”, que duró casi tres
años, hasta 1978. El diplomático e historiador Ramiro Prudencio Lizón por entonces fue
Primer Secretario en la Embajada de Bolivia en Chile y como tal siguió de cerca el tema; de
hecho en 2011, Plural publicó su Historia de la negociación de Charaña. Escribí esta
historia —dice Prudencio Lizón allí— “no solo para recordar una notable gestión efectuada
para reintegrarnos al océano Pacífico, sino porque ella se constituye en una prueba
fundamental de que con una negociación directa, seria, franca y leal, Bolivia puede alcanzar
el mar con plena soberanía”.
— ¿Por qué dice que la negociación de Charaña fue la más importante del siglo XX?
— Porque las anteriores, como la del año 20, se frustraron muy rápidamente. En 1920, vino
acá como ministro plenipotenciario Emilio Bello Codecido, y el 10 de febrero suscribió un
acta, que pudo haber sido un tratado; Bolivia no quiso, no se quería molestar al Perú. El
problema era de Tacna y Arica. Chile quería que Tacna y Arica fuesen divididas en tres,
Perú no quería, quería de uno solo para sí; tenía derechos jurídicos, pero el territorio estaba
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en manos de Chile ya por 40 años. Chile proponía: Tacna para Perú, Arica para Chile y un
corredor de unos 30 kilómetros de ancho para Bolivia.
— O sea, el corredor que se trató en Charaña en 1975 ya era una opción desde mucho
antes…
— Los chilenos ya tenían esa idea, pero esa época el corredor iba a ser de 30 kilómetros, no
de 8 en la costa como se propuso el 75. Con todo, se firmó esa acta reservada, pero pocos
meses después vino la revolución del partido republicano en Bolivia, y éste rechazó de
plano esa acta, porque tenía una relación muy estrecha con Perú. Luego, la nueva
negociación fue la del 50, cuando el embajador Alberto Ostria Gutiérrez llegó a convencer
a Chile que reconozca que existe un problema entre ambos países y que hay que solucionar.
Y la nota de Ignacio Walker, el canciller chileno de entonces, lo dice: ‘efectivamente toda
la tradición chilena, los cancilleres, han reconocido la existencia del problema y por eso
Chile está dispuesto a tratarlo’. No se dice dónde va a ser la zona (de cesión territorial a
Bolivia), pero se dice, ‘sin compensaciones territoriales’; es lo que Ostria más insistió; lo
que a mi juicio fue un error...
— ¿Pero se seguía con la idea del corredor?
— Luego vino el gobierno de (Salvador) Allende, que continúa esa política. Bolivia manda
a un nuevo cónsul general para negociar con el gobierno de Allende. Y su gobierno se
abrió completamente; se decidió lo mismo, un corredor al norte de Arica. La cuestión de la
compensación se la pospuso para después. Se habló de 10 kilómetros de ancho en la costa,
hasta que vino el golpe de Banzer acá y parecía que todo se había enfriado, lo que no es
cierto.
— Pero la relación ahora iba a ser entre dos regímenes de facto.
— Vino el gobierno de Pinochet y parecía que iba a ser más fría la cosa, pero había una
relación, se podría decir, militar; y precisamente fue el gobierno de Brasil (presidido por el
también militar Ernesto Geisel) el que reunió a Banzer y Pinochet en Brasilia. Pinochet
estaba dispuesto a solucionar el problema marítimo, tuvo ese compromiso, y a raíz de esto
es que hubo la reunión en Charaña.
— Después del abrazo, ¿cómo evolucionó la negociación?
— ¿Qué cosa se iba a negociar? Entonces, Chile dijo, ‘qué es lo que ustedes quieren;
ustedes propongan’, y así fue Bolivia la que propuso, en un memorándum del 26 de agosto:
un corredor al norte de Arica, pero también un enclave al sur del territorio de Tacna y
Arica, para que Perú no pudiera intervenir (fuera del territorio que antes fue suyo); que nos
entreguen el tren Arica-La Paz y autonomía (boliviana) en el puerto de Arica. El 19 de
diciembre del 75 Chile contestó: aceptaba el corredor al norte de Arica, además que lo
delimitaba, 8 kilómetros en la Costa, en la parte alta era mucho más ancha; segundo, el
ferrocarril Arica-La Paz (que pasaría a ser potestad de Bolivia); tercero, el aeropuerto de
Chacalluca, que quedaba dentro del corredor; pero no aceptaba el enclave.
— Pero no planteaba el canje…
— Ahí vino el problema. Chile quería demostrar a su pueblo que estaba haciendo una gran
negociación, que iba a sacar buena ventaja; pidió una compensación territorial, pero no
solamente por el corredor, sino por el mar territorial del corredor, que se consideraba 200
millas, aunque Chile no reconocía esto, decía que tiene 12 millas de mar territorial, y el
resto es zona económica exclusiva. El gran problema fue eso. Al día siguiente, en la prensa
boliviana salió un mapa que decía: ‘Bolivia va a recibir este corredor y va a tener que
entregar este territorio’; molestó mucho.
— ¿Cómo reaccionó Bolivia?
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— Lo primero que hizo nuestro embajador fue negociar eso (la pretendida compensación
territorial) ; ‘esto va a crear problemas muy serios’, decía. Además, (la propuesta
chilena) tenía otras dos condiciones: que se desmilitarice el corredor y el uso total de las
aguas del río Lauca (que Chile había desviado en 1962). Rápidamente nuestro embajador
arregló: en vez de desmilitarizar, el día en que Bolivia reciba el corredor, iba a indicar que
es un país pacífico y que no tiene la intención de tener grandes tropas en la zona; en cuanto
al mar territorial se decidió que sea el derecho internacional el que decida, o sea, la
Convención del Mar, 12 o 3 millas. Eso duró varios meses, hasta que el propio canciller
chileno comprendió que esto de 12 o 3 millas creaba grandes problemas en Bolivia; hasta
que, en una declaración pública dijo que Chile no va a pedir nada de mar territorial.
— ¿Y la situación en Bolivia sobre el canje territorial?
— El presidente Banzer en un principio aceptó el canje, pero después empezó a averiguar
en los cuarteles, en la opinión pública, en sus oficiales y militares, y vio que nadie en
Bolivia quería una compensación territorial, porque todo el mundo se basaba en la nota del
año 50, cuando Chile se había comprometido a solucionar el problema sin pedir una
compensación territorial.
— ¿Cuánto ayudó o perjudicó que hayan sido dos militares?
— El momento era el adecuado; eran dos gobiernos de militares dispuestos a negociar.
Menospreciaban a los civiles, ‘éstos no han hecho nada’, decían; era más rápido porque no
había ni siquiera parlamentos; la idea era dejar todo ‘cocinado’, para cuando haya
parlamento, y no que haya parlamentarios que desde un principio ataquen lo hecho.
— Pero luego se fueron debilitando, el 78 Banzer dejó el poder.
— Aquí sí, allá no, allí el gobierno fue aumentando su poder. Banzer se fue debilitando,
rompió con el MNR, con Mario Gutiérrez de Falange; ambos se fueron y se quedó con un
grupo de empresarios y oficiales. Como vio que era débil, y vio que había una gran
oposición en la prensa contra la compensación, fue reculando. Bolivia quería convencer a
Pinochet que deje de lado el tema de la compensación. Otro punto más: después de un año
de que Chile entregó la propuesta a Bolivia, vino la propuesta de Perú; porque Chile
consultó a Perú: ‘estamos negociando con Bolivia, y es necesario que ustedes opinen sobre
el asunto’. Y ¿qué dijo el Perú?; indicó: ‘aceptamos que exista ese corredor, pero en la zona
donde la carretera entre Tacna y Arica lo cruza, se determine que desde ahí hasta la costa
sea una zona trinacional; quería que el puerto de Arica se internacionalice, pero sí aceptaba
que Bolivia tenga puerto y que el mar territorial sea boliviano. Esto era complicar
enormemente las cosas, Chile rechazó esa posición. El 77, los tres presidentes de entonces
(Banzer, Pinochet y Francisco Morales Bermúdez) fueron a Washington por el asunto de la
entrega del Canal de Panamá. Ahí Banzer propuso a Pinochet y Morales Bermúdez, que
cada presidente nombre un representante personal y que se junten y estudien el problema y
levanten esta situación. Los tres aceptaron; tres semanas después se juntaron los cancilleres
y emitieron un comunicado conjunto: ‘vamos a elegir representantes especiales que van a
buscar la solución del problema’. Chile y Perú nombraron; pero Bolivia no y rompió
relaciones.
— ¿Cuál fue el argumento boliviano para romper relaciones?
— Que el asunto del canje territorial se iba a mantener, y que eso Bolivia no podía
aceptarlo.
— Hubo críticas también a la negociación. Una de ellas fue la de Wálter Guevara, que
decía que todo había sido para relanzar el gobierno de Banzer.
— Wálter Guevara estaba muy molesto con Banzer. Lo había nombrado embajador, luego
lo había sacado; y escribió un libro, Radiografía de una negociación y de mala fe, porque
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ahí cita el Acta de Charaña; y dice que ‘aquí el punto principal es que se restablecen
relaciones, pero no pone el argumento fundamental: por qué se restablecen, porque Chile se
compromete a negociar... Ataca, pero al final del libro dice que se debe mantener la
negociación.
— Otra crítica fue la de Marcelo Quiroga Santa Cruz (en su libro Hablemos de los que
mueren, Plural 2012); decía, por ejemplo, que el lugar del corredor en la costa era inútil,
una “zona carente de interés económico”, sin puerto y, además, con Arica tan cerca igual
se usará este último puerto.
— Hay que ver cómo es el asunto del puerto. Evidentemente, años atrás, los puertos tenían
que ser naturales, estar ya las condiciones; pero ahora es diferente. Ahora bien, estoy de
acuerdo que habiendo un puerto al lado podría haber competencia. Pero no. Lo que pasa es
que si hay dos puertos se convierte en un megapuerto, administrado por una misma entidad,
porque cada vez la carga de Bolivia es más grande, se va especificando qué carga pasaría
por acá y qué por allá, clasificando los almacenes y todo, como son los puertos grandes;
nosotros siempre pensamos con la mentalidad de un puerto pequeño, no; ya sería un
megapuerto, como Chile quería construir en Mejillones; acá los dos puertos se unirían.
— Quiroga también observa esto de la zona desmilitarizada.
— Bastaba esa declaración de Bolivia de que no es un país agresivo, pacífico y que nunca
va a tener tropas importantes en la zona.
— Se refería a que iba a ser una zona donde en los hechos no se iba a ejercer soberanía
plena, donde se “anula toda capacidad defensiva boliviana”…
— Fuerza armada iba a haber, pero para qué se necesitarían muchas tropas; además Chile
comprendió que esa exigencia era nomás una exageración.
— Ahora, Quiroga afirma que Chile iba a demandar territorio con riqueza minera (“frente a
la zona chilena Iquique-Pisagua, en lo que constituye la cabecera de los grandes salares —
Coipasa—, zona de excepcional riqueza minera”), todo a cambio de una zona poco útil
económicamente.
— Bolivia es la que iba a determinar. Ahora lo que pasa es que el país no sabe cómo es su
territorio; no conocemos si tiene o no tiene y Chile sí sabe cuál es la riqueza boliviana en la
frontera.
— Se hablaba cerca de los salares.
— Algo de eso había. Pero creo que lo que más hubiera insistido, y lo dijo (el canciller de
Chile, Patricio) Carvajal: era el Silala, quería por la zona del Silala; decía: ‘esa zona
nosotros la utilizamos y ustedes no’.
Datos
Nombre: Ramiro Prudencio Lizón
Profesión: Diplomático e historiador
Cargo: Fue Asesor General de la Cancillería y Director de la Academia Diplomática
Boliviana
Perfil
Prudencio Lizón fue catedrático de Historia de la Cultura, Historia Económica de Bolivia e
Historia Diplomática de Bolivia en la UMSA; profesor de Relaciones Públicas y de
Políticas de Desarrollo en el Colegio Militar de Ejército, entre otras cátedras.
Fuente: La Razón 05.04.2015 (Suplemento Animal Político)
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7. La nueva diplomacia boliviana, por Víctor H. Morales Martínez
Las últimas elecciones de alcaldes y gobernadores, los hechos políticos y los feriados de
Semana Santa recién pasados, opacaron un acontecimiento acaecido a fines del anterior
mes que, sin embargo, no puede dejarse de resaltar por su importancia.
El pasado 26 de marzo de 2015, en la Sede de la Asociación Latinoamericana de
Integración – Aladi (Montevideo – Uruguay), Bolivia y Chile sostuvieron una reunión
bilateral para acordar la correcta aplicación del Acuerdo sobre Transporte Internacional
Terrestre (ATIT).
El ATIT es un Acuerdo que fue suscrito en 1990 por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay, Perú y Uruguay, para regular la prestación de servicios de transporte terrestre por
carretera, tanto de carga como de pasajeros.
Bolivia se adscribió a dicho Acuerdo considerando que su Artículo 15 establece que el
mismo no restringe en ningún caso las facilidades que, sobre transporte y libre tránsito, se
hubiesen concedido los países signatarios. Ello en clara alusión al Tratado de 1904 que
dispone que Chile reconoce en favor de nuestro país, y a perpetuidad, el más amplio y libre
derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico.
No obstante, y pese a que las autoridades chilenas juren y perjuren que esta disposición del
Tratado fue respetada a cabalidad, sabemos que no siempre fue así (si es que alguna vez lo
fue); y quienes pueden atestiguarlo, por la actividad que desempeñan, son los transportistas
bolivianos de carga internacional.
De esta manera, pese a la posición contraria de Chile, Bolivia tuvo que recurrir a la Aladi
como una instancia neutral donde se dirima el problema que genera el comportamiento
abusivo de ese país, que en muchos casos hacia prevalecer su normativa interna por sobre el
Tratado de 1904, al no distinguir la carga que se comercia de manera bilateral, de aquella
que se encuentra en tránsito por territorio chileno, pero que proviene o se dirige a terceros
países (carga de ultramar).
En la mencionada oportunidad, bajo la conducción del vicecanciller Juan Carlos Alurralde
se logró que Chile reconozca oficialmente la diferencia entre carga bilateral y de ultramar,
quedando esta última sujeta a lo dispuesto por el Artículo 15 del ATIT, citado
precedentemente. Entre otros aspectos, se consiguió, además, que dicho país acepte el
tránsito de 24 horas por el punto fronterizo Chungará – Tambo Quemado; y no efectúe
control de carga rigurosa a camiones bolivianos que transportan mercancías de ultramar.
Un resultado totalmente positivo para Bolivia, que repercutirá en el ámbito económico al
facilitar el flujo de mercancías bolivianas por puertos chilenos, además que permitirá
garantizar el respeto al Tratado de 1904, que en este caso venía siendo distorsionado por las
autoridades chilenas ante la dejadez de nuestras exautoridades diplomáticas, que en el
pasado fueron muy laxas al momento de exigir su cumplimiento.
Una muestra más que Bolivia dejó de ser un país sumiso para convertirse en una nación que
exige respeto por sus derechos adquiridos.
Fuente: Los Tiempos 11.04.2015
8. Chile dobla su apuesta, por Carlos D. Mesa Gisbert
"Si se llegase a aprobar esa demanda, sería simplemente el caos internacional. Porque
cualquier país el día de mañana podría cuestionar los límites fronterizos con sus vecinos en
el Tribunal de La Haya y eso, simplemente, es la anarquía absoluta en materia de derecho
internacional”. "La demanda de Bolivia pone en riesgo la estabilidad de las fronteras a nivel
global”. Estos dramáticos conceptos fueron expresados, respectivamente, por el presidente
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del Senado de Chile, Patricio Walker, y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile,
Heraldo Muñoz.
La dimensión de estas afirmaciones está en estrecha relación con el tamaño de la apuesta
de Chile en su demanda preliminar de incompetencia ante la CIJ. Para nuestro vecino el
verdadero juicio está en la fase preliminar del proceso. Ésta es la razón que explica la
estrategia. A diferencia de quienes han hecho una lectura de que la política chilena sobre la
cuestión ha sido llevar a Bolivia al escenario de la confrontación, para forzarnos a dar una
innecesaria imagen de agresividad, la realidad es que las iniciativas de Santiago, cargadas
de un lenguaje duro, son reiterativas en un argumento -"Bolivia disfraza en su demanda la
intención real que es la de cuestionar el Tratado de 1904”- que tienen que ver con un
sustento, el único que han podido encontrar ante la coherencia jurídica boliviana.
Cuando Chile desarrolla una estrategia comunicacional tan intensa, en los días previos a la
presentación de los alegatos de mayo, lo hace porque sabe que a falta de razones jurídicas,
bien vale generar una sensación política de que lo que está en juego no es simplemente un
fallo que resuelva la controversia entre dos países, sino, por el contrario, un antecedente de
alto riesgo para el orden jurídico internacional.
El objetivo es doble: intentar que la Corte acepte su lógica argumental absolutamente ajena
a la naturaleza intrínseca de la demanda boliviana, y crear en la comunidad internacional el
temor de que, efectivamente, lo que está en juego no es un caso entre dos países, sino una
jurisprudencia que puede complicar al mundo en temas internacionales mucho más
volátiles y explosivos, que el de nuestra forzada mediterraneidad.
Pero ocurre que la apuesta doblada no hace sino poner en claro que su falta de solidez
jurídica les obliga a generar esta sensación.
El largo y sostenido trabajo que hemos desarrollado en nuestras visitas internacionales, no
ha hecho otra cosa que confirmar el acierto de la decisión del Presidente de pedirnos que
hagamos una explicación, en todos los escenarios, sobre nuestra demanda y sus
fundamentos jurídicos.
Hemos podido comprobar, en la mayoría de los casos, que nuestros interlocutores nos
preguntan sobre el Tratado de 1904 y la posición boliviana con relación a dicho Tratado.
Cuando les explicamos que Bolivia firmó un Tratado, que lo respetó y lo respeta, y
subrayamos con énfasis que Bolivia respeta la arquitectura jurídica internacional, cuya base
son precisamente los tratados de límites, la inquietud subsecuente es sobre nuestro
argumento ante La Haya.
La respuesta es clara y transparente, como la estructura misma de nuestra Memoria
Jurídica. Bolivia le pide a la CIJ que Chile cumpla lo que su política exterior prometió
hacer: "Chile está dispuesta a dialogar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al
mar”. No, no se trata de nada que hiciera Chile en 1904, ni tiene nada que ver con el
contenido del Tratado. Lo que hizo Chile fueron actos unilaterales como Estado
¿Cuándo? Después del Tratado de 1904, entre 1920 y 1983. ¿Quién se comprometió a
nombre de Chile? Presidentes, Ministros de Relaciones Exteriores y Embajadores. ¿Cómo?
A través de cartas, notas oficiales y memorandos. ¿Por qué es un tema pendiente? Porque
esos compromisos formales hechos después, y al margen del Tratado, no fueron cumplidos.
Esos actos unilaterales son jurídicamente exigibles y, por supuesto, no ponen en cuestión ni
una sola coma de los Tratados Internacionales, ni a nivel bilateral ni en ninguna parte de
este planeta en ninguna controversia existente o por venir.
La apuesta doblada por Chile en esta recta final es perfectamente comprensible, pero, con
todo respeto, absolutamente estéril. La causa boliviana tiene una base lógica que está a
muchos kilómetros del Tratado de 1904.
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Fuente: Página Siete 12.04.2015 (Carlos D. Mesa Gisbert fue presidente de Bolivia)
9. La Agenda de 13 puntos está vigente!, por Andrés Guzmán Escobari
En una de sus más recientes apariciones, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, aseguró: "La
Agenda de los 13 puntos sigue vigente, pero está paralizada. Y la razón no es otra que la
demanda boliviana contra Chile ante La Haya: si usted está conversando con el propósito
de construir acuerdos de largo plazo, y en medio de estas conversaciones su contraparte le
interpone una demanda en los tribunales por materias que están en esas conversaciones,
entonces no hay otro camino que detener las conversaciones y esperar que los Tribunales de
Justicia emitan una sentencia” (El Deber, 05/04/2015).
La Agenda de 13 puntos, cabe recordar, es un mecanismo de diálogo sobre 13 temas
específicos de la relación boliviano-chilena, adoptado en julio de 2006 durante las primeras
gestiones de Michelle Bachelet y Evo Morales, y que incluye, en su punto sexto, al tema
marítimo.
Según las palabras del canciller Muñoz, que, valga tener en cuenta, comprometen la fe del
Estado chileno, una vez que los Tribunales de Justicia emitan una sentencia, la Agenda de
13 puntos debería ser retomada para construir acuerdos de largo plazo. Lo cual, si
realmente Chile piensa cumplir, nos hace ver que en realidad todos los caminos que
tenemos por delante nos llevan al mismo destino, la negociación. Independientemente del
resultado que se obtenga en el proceso judicial, que fue iniciado por Bolivia precisamente
para negociar con Chile una salida soberana al mar bajo la égida de un fallo del más alto
Tribunal de las Naciones Unidas, la Agenda de 13 puntos, o cualquier otro mecanismo de
negociación sobre el tema marítimo, tendría que ser reactivado o iniciado.
En otras palabras, estamos en medio de un juicio desgastante y costoso para ambos países,
que claramente podría ser evitado, ya que al final de cuentas, cualquiera sea su resultado,
bolivianos y chilenos deberán sentarse en la mesa de las negociaciones para encontrar una
solución al problema que genera el enclaustramiento de Bolivia.
Y si bien las declaraciones de la autoridad chilena son muy alentadoras para quienes
creemos que la negociación es la única forma de resolver este largo y difícil problema,
existe una imprecisión en esas expresiones que creemos importante aclarar: la Agenda de
13 puntos no se detuvo cuando Bolivia presentó su demanda el 24 de abril de 2013, como
afirma Muñoz, sino que ya se encontraba paralizada hacia más de dos años.
En efecto, la última reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia - Chile,
encargado de negociar la Agenda de 13 puntos, se realizó en julio de 2010 en La Paz,
durante el gobierno de Piñera. En esa ocasión ambos países se comprometieron
formalmente a "presentar, así como alcanzar, soluciones concretas, factibles y útiles (para
el tema marítimo) en la siguiente y sucesivas reuniones del Mecanismo de Consultas
Políticas Chile - Bolivia…”, y acordaron proseguir las conversaciones en Arica en
noviembre de ese año. No obstante, antes de que llegue el momento de cumplir lo
acordado, Chile decidió cancelar el encuentro previsto para noviembre, sin dar ninguna
explicación y sin nunca convocar a una nueva reunión.
Después hubo dos encuentros de cancilleres en Santiago y La Paz, pero tampoco se
lograron avances, porque el ministro chileno Alfredo Moreno se rehusó a firmar lo que
Bolivia propuso, y tampoco presentó soluciones concretas, factibles y útiles, tal como se
había convenido.
En esas circunstancias, y tras el último intento por restablecer las conversaciones que hizo
el presidente Morales en febrero de 2011 cuando le pidió a Chile que presente una
propuesta formal y escrita antes del día del mar 132, el mismo Evo Morales anunció por
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primera vez su intención de demandar a Chile aquel 23 de marzo de 2011, lo cual, como
hemos dicho, se hizo realidad recién el 24 de abril de 2013.
Por otra parte, y esto debería saberlo bien el canciller Muñoz: no es posible presentar una
demanda sobre un asunto que se está negociando entre dos Estados, porque uno de los
requisitos para iniciar un proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia es agotar
previamente todos los mecanismos diplomáticos de negociación. Sólo cuando el Estado
demandante demuestra fehacientemente que el asunto llevado a la Corte no se ha podido
resolver mediante el diálogo, tal como Bolivia lo hizo, el caso es admitido por ese
prestigioso Tribunal, pues lo contrario significaría desvirtuar el principio de la buena fe,
que debería ser un elemento infaltable de toda negociación.
Pero en lugar de continuar la política dura del gobierno de Piñera que, sin explicaciones,
interrumpió la Agenda de 13 puntos en noviembre de 2010, el gobierno de Bachelet podría
retomar el diálogo iniciado durante su primer mandato. Porque si la Agenda de 13 puntos
está vigente, tal como lo reconoció Muñoz, lo más inteligente y racional sería que Chile
acepte reactivar las conversaciones, cumpla lo ofrecido en cuanto a presentar y alcanzar
soluciones concretas factibles y útiles, y obligue así al gobierno de Morales a retirar su
demanda. De esa manera se evitaría el largo y oneroso camino que plantea el juicio ante la
CIJ.
No obstante, si de todas maneras los ocupantes de La Moneda deciden seguir el camino
largo y oneroso, entonces no quedará más que esperar a que la Corte primero se declare
competente para conocer este caso, porque todas las promesas chilenas fueron hechas
independientemente del Tratado de 1904, tal como se puede evidenciar en los documentos
respectivos; y después, habrá que aguardar unos buenos años más para que ese mismo
Tribunal falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar, de buena fe, un acuerdo
que le permita a Bolivia acceder soberanamente al mar, porque los compromisos, ofertas y
reconocimientos chilenos de 1950, 1961, 1974, 1975, 1980, 1981, 1983 y 2010 (que fueron
antecedidos por los de 1895, 1920, 1921, 1923 y 1926) fueron adoptados formalmente por
las más altas autoridades del país del Mapocho y creemos que, también, de buena fe.
Fuente: Página Siete 12.04.2015
10. Bajó la marea, por Carmen Sandoval Landívar
Para los bolivianos el tema del mar es inherente a nuestra nacionalidad. Desde niños nos
enseñan la versión boliviana de la historia de la Guerra del Pacífico, versión que en Chile es
diferente y no tiene tanto impacto en la vida de los ciudadanos. En el caso nuestro es un
tema que se vuelve recurrente en épocas electorales.
En Bolivia estamos en elecciones desde el año pasado, por tanto, el mar estuvo presente
con mucha más fuerza en los medios de comunicación, ya que formaba parte de la agenda
electoral de los candidatos, pues saben que es un tema sensible que puede hacerlos bajar o
subir en las encuestas y, entonces, hay que mostrarse tan patriota como Eduardo Abaroa.
Ahora que pasaron las elecciones subnacionales, que ya bajó la marea electoral, el tema
debe volver a los cauces del derecho internacional, del sentido común; tenemos la
obligación de abordarlo con la seriedad que amerita nuestra mediterraneidad, que sirve para
excusarnos de muchas cosas, como la falta de desarrollo, una visión encajonada por las
montañas sin el amplio horizonte marítimo, y hasta para justificar nuestra baja autoestima
cuando el caso lo requiere.
En las últimas semanas las especulaciones han sido de todo tipo y no ha faltado la presencia
del Sumo Pontífice en ellas. Mucho se ha venido especulando del posible apoyo que
brindará el papa Francisco en su próxima visita, nada más falso. La Iglesia Católica sabe
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que es un tema muy delicado, sobre el que tiene la obligación de guardar una actitud
diplomática, buscando el entendimiento entre partes, como siempre lo han hecho cuando se
trata de diferendos que involucran a dos naciones. Si bien es cierto que existe cierto
nerviosismo entre las autoridades chilenas por la competencia de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya, también existe entre nuestras autoridades, porque saben que es la
primera vez que Bolivia encara el asunto de una manera integral ante el mundo. El
Gobierno boliviano, además de encargar la estrategia a expresidentes, también se está
haciendo asesorar con expertos internacionales, al igual que hizo Perú en el pasado litigio
que ganaron.
Nuestras autoridades saben que se están jugando algo más que lo meramente judicial, se
está jugando la posibilidad de definir una política de Estado respecto a nuestra salida al
mar. La aparente calma de nuestras autoridades se explica porque hemos tomado la
iniciativa, hemos pasado de la defensa al ataque, y en nuestra ofensiva estamos granjeando
simpatías en el mundo y eso lo saben en el Palacio de la Moneda. Ahora que bajó la marea,
nos toca enrumbar hacia La Haya, navegando el barco insignia que hemos elegido y que
está capitaneado por un presidente de origen indígena que ha entendido que el problema del
enclaustramiento nos debe unir por encima de los colores políticos.
Fuente: La Razón 15.04.2015
11. Antonio Remiro: ‘Las notas diplomáticas también son tratados’
El español Antonio Remiro Brotóns es uno de los seis abogados internacionalistas que
asisten al Gobierno boliviano en su demanda contra Chile ante la Corte Internacional de
Justicia de La Haya (Holanda). Tras la reunión de trabajo del lunes 13 en Santa Cruz, entre
cuatro de los seis especialistas y autoridades del Estado, Remiro Brotóns fue el único en
declarar a la prensa. Ante la insistente pregunta de los periodistas sobre si hay fundamento
en la demanda marítima boliviana, él, conciso, se puede decir que más bien cuestionó: “La
respuesta es obvia, sí”. Y es que si algo dejó en claro es que si está en el equipo
internacional boliviano, como sus colegas, es porque está convencido no solo de la justeza
sino de lo fundado de la demanda: “Si acepto ser abogado de una parte es porque creo en su
causa”; esta la única forma, dice, “de trabajar en profundidad y con convicción en un caso”.
Remiro Brotóns habló en exclusiva con Animal Político y dio pautas del derecho
internacional por demás orientadoras...
— ¿Cuál es su campo de especificidad académica?
— Dentro del Derecho Internacional pertenezco a lo que podemos llamar el sector
generalista, es decir el sector que toma al Derecho Internacional como protagonista de su
preparación y estudio y al hilo de eso se va encontrando en campos especializados como el
mar, los derechos humanos, elementos que todos tienen en común, principios
fundamentales como son las fuentes de la obligación, los tratados, la responsabilidad
internacional por la violación de esas obligaciones y los mecanismos de arreglo de
controversias para solventar las diferencias de criterio, sobre si esas obligaciones se han o
no violado.
— ¿Es la modalidad más conveniente?
— Hay otros internacionalistas que vienen a la inversa. Son gentes que se especializaron
desde el principio, por ejemplo, en derecho del mar o derechos humanos y que han llegado,
a partir de ahí, al orden internacional y han tenido que estudiar todas esas materias que son
las vertebrales y fundamentales del Derecho Internacional. Eso a veces ha producido, por
parte de estos últimos, cierta distorsión. Ocurre, por ejemplo, en el ámbito de los arbitrajes
e inversiones entre Estados y empresas que un internista tiende a ignorar la conducción del
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Estado soberano, los privilegios que como tal tiene en el orden internacional, o confunde el
tratado con el contrato. En muchos casos, se ha acudido a jueces estatales de Estados
Unidos para determinar la suerte de laudos o arreglos con inversionistas de un Estado.
— ¿Como en los Fondos Buitre?
— Algo de eso ha pasado en los Fondos Buitre, es decir que no puede ignorarse que se está
ante un Estado soberano. ¿Cómo es posible que un juez pueda decidir que un Estado como
tal deje de pagar a unos bonistas con los que ha llegado a un acuerdo, simplemente porque
tiene que pagar a otros que obtuvieron a precio de saldo la obligación correspondiente?
— Entonces, el camino sería ir desde el todo, en este caso del Derecho Internacional.
— Hay elementos fundamentales del Derecho Internacional que deben comprenderse.
Primero, que el Estado es el sujeto primario y fundamental y goza de un estatuto
determinado que no es comparable con los sujetos internos con que puede entrar en
relaciones. Además, entre Estados, para respetar la igualdad formal de los mismos, hay
inmunidades de jurisdicción y ejecución que no gozan los particulares. A partir de ahí
encuentras la formación de obligaciones internacionales que tienen como elemento más
característico el tratado internacional, pero hay otras formas, como normas generales de
orden consuetudinario, principios generales de derecho, es decir muchas fuentes de
obligación. De ahí está la idea de que un Estado o un sujeto internacional puede violar esas
obligaciones. Surge una responsabilidad que requiere restituir la situación anterior mediante
los mecanismos que están establecidos por el orden internacional con carácter general.
También están los mecanismos de arreglo de las controversias.
— ¿Cuánto vigor tiene el prin-cipio de que la fuerza no funda derechos?
— A un Estado no se lo puede llevar a un arreglo de controversias por la fuerza. Los
sujetos, y en particular los Estados, no pueden acudir a la fuerza para resolver sus
diferencias. Cualquier ventaja que se logre por un Estado mediante el uso de la fuerza, a
diferencia de lo que ocurría antes, no consigue un título. La conquista no da derecho.
Llegamos a un arreglo pacífico de las controversias y ahí un Estado solamente puede ir a un
medio de arreglo que elija libremente o que consienta. Hoy las controversias no se pueden
resolver por la fuerza, pero hay modos como la mediación, un arbitraje, un arreglo judicial.
Quien no comprenda ese tipo de elemento, mal va a poder aplicar el Derecho Internacional.
— Habló de la obligatoriedad de los Estados. ¿Cómo ve el principio de la buena fe en
esto?
— Es un principio fundamental, un parámetro de conducta. Por ejemplo, la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados nos dice que éstos deben ser observados y cumplidos
en buena fe. Es decir que este principio está siempre ahí. ¿Qué ocurre?, pues que se
presume la buena fe. Como la inocencia, hay que probar que no hay buena fe; esa prueba es
a menudo difícil porque puede confundirse con la mejor defensa de los intereses de un
sujeto y no necesariamente con una intención dolosa de violar obligaciones internacionales;
pero digamos que en términos tanto teóricos como prácticos, la buena fe puede ser
invocada. Otra cosa es que sea probada la mala fe. Por otra parte, no siempre es necesario,
porque si pruebas el hecho ilícito ya no hace falta probar la mala fe; la mala fe va a ser
necesaria para determinar por qué una determinada situación que en sí misma no se puede
calificar como ilícita, es ilícita por mala fe. Pero sí, es un principio presente continuamente,
porque además inspira muchas cosas.
— ¿Puede hablar de la jurisprudencia relativa a los actos unilaterales entre Estados?
— Por vía no convencional está el Estatuto de Groenlandia, que pertenece a la época de la
Corte Permanente de Arbitraje (durante la Liga de las Naciones, en la década de 1920). La
Corte Permanente no era, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, parte de la
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propia Sociedad de Naciones. La Corte Internacional de Justicia hereda la Corte
Permanente y su jurisprudencia es tenida en cuenta. También tenemos el caso de los
ensayos nucleares. Nueva Zelanda y Australia contra Francia.
— En el caso de Francia contra Nueva Zelanda y Australia llama la atención que se
sentenció por una declaración en los medios de comunicación.
— Aquí lo que se busca es la determinación de una voluntad de Estado que se puede
imputar; el soporte de esa voluntad da igual sea el que sea, sea un comunicado de prensa o
una declaración en un medio. Depende de que se llegue a la conclusión de que la persona
que está hablando tiene la capacidad para representar un Estado con la intención de
comprometerlo. Si se prueba eso, se asume la obligación, porque la buena fe obliga a sacar
esa conclusión y eso fue lo que sucedió con la famosa declaración Ilhen en el caso de
Groenlandia y con las declaraciones francesas sobre los ensayos nucleares que han sido los
más característicos al respecto (Su Ministro de Defensa dijo en la televisión que no haría
más pruebas nucleares en el archipiélago de Mururoa). Luego se ha creado una línea amplia
de aceptación de que no solo mediante tratados, sino mediante otro tipo de actuaciones, se
pueden crear obligaciones internacionales.
— En la doctrina de los actos unilaterales, un documento diplomático, sea nota u otro,
¿no debería tener más contundencia que una declaración en la televisión?
— Hay que tener en cuenta que si hay notas diplomáticas intercambiadas, eso ya es un
tratado, porque el tratado puede ser uno o más instrumentos, y no requiere ser llamado
“tratado” para serlo. En los términos que recoge el Derecho Internacional general, y lo
confirma la Convención de Viena, tratado es todo acuerdo, toda conjugación de voluntades
de sujetos de Derecho Internacional, con la voluntad de producir efectos jurídicos, sea cual
sea su denominación. Por tanto, un canje de notas es un acuerdo, es un tratado, y ahí se
aplica el derecho de los tratados.
— ¿Hay más peso que en el caso de Francia, que pierde por una declaración a la
prensa?
— Sí, sí. En el caso de Groenlandia igual. Por otra parte, los tratados pueden combinarse
con los actos unilaterales porque muchas veces, después de un tratado, hay una secuencia
de actos conformes a ese documento o ha habido una anticipación de lo que se convierte en
un tratado mediante promesas o actos unilaterales, es decir que se pueden combinar
perfectamente los actos unilaterales con los tratados.
— ¿La omisión, el silencio, también son actos unilaterales?
— El silencio puede entenderse como aquiescencia y, por tanto, compromete al sujeto
internacional en la medida en que por las circunstancias en las que se encuentra, tendría que
protestar, pero guarda silencio; ese silencio, cuando pasa el tiempo, se convierte en
aquiescencia.
— Tengo entendido que ustedes son abogados que no representan a quien les pague,
sino que deben creer lo que defienden.
— Hay de todo en la viña del Señor. Pero yo debo señalar que si acepto ser abogado de una
parte es porque creo en su causa, tengo que creer, porque es la única forma de trabajar en
profundidad y con convicción en un caso. Hay que tener en cuenta que el origen profesional
de la mayoría los abogados internacionalistas ha sido la academia porque antes no era un
ámbito que compensara a un bufete como para que tenga especialistas, eran casos muy
singulares. Por otra parte había pocos tribunales que se ocuparan de las diferencias entre
Estados.
— No ve con buenos ojos a los grandes bufetes.
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— En un abogado cuyo origen es la academia prima la independencia y un sentido ético de
las cosas superior. Por otro lado, había 150 posibles clientes, evidentemente había un
mercado muy reducido. Eso ha ido variando a medida de que la actuación del Estado se ha
ido ampliando y entrando en contacto con este raciocinio entre Estados. Ha ocurrido que
los grandes bufetes internacionales han visto que hay un sector para aprovechar. Yo no
formo parte de ningún bufete, trabajo de una forma artesanal. Hay otro elemento
interesante, la capacidad de un profesional es limitada, porque un día tiene 24 horas y no se
puede desdoblar. Ocurre que si empieza a asumir en su carrera más casos de los que puede
dar salida, la calidad de su trabajo baja o tendrá que subcontratar. Hay que tener cuidado
con eso. Yo me alegro de haber vivido la época de los abogados internacionalistas, a los
que se los iba a buscar en su despacho, que no tenían que ver con el ejercicio de la abogacía
en términos clásicos, como una especie de sector determinado dentro de un bufete. Pero
respeto también ese planteamiento, que no me concierne.
Datos Nombre: Antonio Remiro Brotóns
Nació: 17-IX-1945.
Profesión: Abogado Internacionalista
Cargo: Abogado de Bolivia en la CIJ
Perfil
Antonio Remiro Brotóns nació en Elche, España en 1945. Es asesor externo en temas
internacionales de España, representó a distintos países en litigios de la Corte Internacional
de Justicia. De una amplia trayectoria académica en la docencia y la escritura de textos.
Fuente: La Razón 15.04.2015 (Suplemento Animal Político)
12. Actos unilaterales como fuente de obligaciones internacionales, por Erich
R. Kuhn Poppe
El 24 de este mes se cumplen dos años de presentada la demanda boliviana ante la Corte
Internacional de Justicia de la Haya, la cual se respalda en actos unilaterales y
comportamientos de los Estados con efectos vinculantes, como ser "convenios, prácticas
diplomáticas y una serie de declaraciones” asumidos por altas autoridades chilenas que
fundan la obligatoriedad -para ese país- de negociar un acceso soberano al mar con Bolivia.
En este contexto, es importante explicar el significado de los actos unilaterales como fuente
de obligación internacional reconocida por el derecho internacional actual.
Antonio Remiro Brotons, en su libro Derecho internacional público, nos dice: "El
fundamento de los efectos jurídicos de los actos unilaterales de los Estados se encuentra en
los principios de soberanía –que sustenta su capacidad para asumir obligaciones
internacionales unilateralmente-, buena fe y confianza recíproca, esenciales en todos los
órdenes, pero en el internacional, dadas sus características indispensables”.
Aunque el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya (art. 38) no lo
menciona, desde 1933 la CIJH los consideró como fuente del Derecho Internacional (DI).
Como ejemplo de ello puede mencionarse el litigio entre Dinamarca y Noruega con el
Estatuto Jurídico de la Groenlandia Oriental; el caso entre Francia, Nueva Zelandia y
Australia en 1974, respecto a los Ensayos Nucleares en el que la CIJH, al analizar diversas
declaraciones de altas autoridades de Francia determinó que "las declaraciones que revisten
la forma de actos unilaterales y afectan a situaciones de derecho o de hecho pueden tener
como efecto crear obligaciones jurídicas”. Añadiendo, posteriormente, que "…cuando el
Estado autor de la declaración tiene la intención de obligarse de acuerdo con sus términos,
esta intención confiere a la declaración de carácter de un compromiso jurídico…”.
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Existen otros ejemplos que también podrían mencionarse, dentro de los cuales la CIJH
aplicó como fuente del Derecho Internacional los actos unilaterales, sentando
jurisprudencia sobre la obligatoriedad de los mismos, como son los casos del templo Preah
Vihear entre Camboya y Tailandia (1962), el de Libia contra Chad (1994) y el de Camerún
versus Nigeria (1994).
Las características de tales ejemplos pueden resumirse en: a) El reconocimiento, que es el
acto por el que un sujeto de DI verifica la existencia de un hecho, situación o pretensión
creada o sustentada por otro, aceptando los efectos que de ella se derivan; b) Renuncia,
donde un sujeto de DI abandona un derecho o pretensión o reclamación a futuro; c)
Promesa, que es el acto por el que un Estado se impone un cierto comportamiento de hacer
o no hacer respecto de otro.
Indudablemente, el régimen aplicable comprenderá: La imputación del Sujeto, declaración
efectuada por las altas autoridades del Estado (Presidente y/o canciller); que la voluntad no
sea viciada, sino libremente expresada de obligarse conforme al DI; que exista
discrecionalidad de su emisión, no producto de la aplicación de una norma o de una
obligación preexistente.
Asimismo, se debe establecer la precisión del objeto, llevar a cabo publicidad o notoriedad
de la declaración en forma de difusión general o puesta en conocimiento del beneficiario y,
finalmente, Estanqueidad respecto a otras voluntades.
Por otro lado, el estoppel, ligado a la teoría de los actos unilaterales, es una regla del
derecho anglosajón que desconoce la facultad de afirmar o negar la existencia de ciertos
derechos a quien anteriormente hubiera adoptado una conducta jurídica contraria a sus
manifestaciones respecto de tales derechos. En otras palabras: en el Derecho Internacional
significa que un Estado no puede negar o afirmar derechos que antes reconoció o negó.
La figura supone tres comportamientos: un Estado en ejercicio de sus derechos crea una
situación de confianza con otro Estado; luego, el segundo Estado basa su comportamiento
en la confianza derivada de la actitud del primer Estado; por último, el primer Estado
cambia de actitud, contradiciendo la situación que había creado y genera un perjuicio al
segundo Estado.
Por lo anteriormente explicado, es importante hacer notar que nuestro país ha utilizado la
fundamentación legal internacional correcta para presentar la demanda marítima basada en
actos unilaterales ante la CIJH, con respaldo en la jurisprudencia internacional, demanda
que Chile intenta desconocer con el recurso de excepción preliminar de falta de
competencia, ante su imposibilidad de demostrar jurídicamente la falta de solidez en la
argumentación boliviana.
Fuente: Página Siete 16.04.2015 (Erich R. Kuhn Poppe es diplomático y catedrático
universitario)
13. Negociación directa, por Ramiro Prudencio Lizón
Dentro de muy poco tiempo se efectuará la fase oral sobre la objeción incidental de la
competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que planteó Chile. Luego habrá que
esperar hasta fines de año para recibir el dictamen del tribunal internacional sobre dicha
objeción. Mientras tanto, ¿qué puede hacer nuestro país respecto a su problema marítimo?
Evidentemente continuarán los viajes de don Carlos Mesa al exterior, y eso es positivo, con
el fin de hacer conocer la posición jurídica nacional presentada en nuestra demanda ante la
Corte de La Haya.
Sin embargo, esa actividad no es suficiente. Es menester comprender que no podemos dejar
la cuestión marítima nacional hasta la finalización de la controversia presentada en la CIJ.
19
Eso puede durar unos tres o cuatro años, o más. En consecuencia, es indispensable buscar,
al margen de La Haya, un entendimiento directo con Chile. Sabemos que en estos
momentos no es fácil llegar a ello, ya que existe una fría y dura relación entre los dos
gobiernos, acompañada además de críticas muy acervas de la prensa y de la opinión pública
de ambos países.
Hubo épocas similares a la actual, sobre todo después del desvío del río Lauca, en las que
se consideraba que no había posibilidad de tratar el tema marítimo en forma bilateral. No
obstante, pese a ello, los gobiernos del presidente Frei Montalva y del presiente Allende
aceptaron conversar sobre el tema, porque comprendieron que en Bolivia se había
terminado el furor patriotero causado por el Lauca y había gran interés en buscar un
entendimiento con Chile.
Hoy debemos hacer otro tanto. Dejar de lado los alardes triunfalistas que a nada conducen,
y preparar una política de aproximación gradual, hasta llegar a un acercamiento entre los
dos gobiernos. Apenas se obtenga esa conexión, se debería enviar un agente confidencial a
Santiago, con el ánimo de hacer conocer al gobierno de la señora Bachelet la buena
disposición nacional para conversar amistosamente y en forma reservada.
En cuanto a la cuestión marítima, como se informó en otra oportunidad, en la reunión de
consultas política realizada en Iquique, en noviembre de 2005, se llegó a una base de
acuerdo que debería ser tomada muy en cuenta. Ésta consistía en la cesión de un corredor al
norte de Arica, semejante al que había sido propuesto durante el gobierno del general
Pinochet, en la llamada Negociación de Charaña. Es decir, una zona territorial desde
Bolivia hasta el mar, con plena soberanía. En ese corredor se incluía el ferrocarril de Arica
a La Paz, el aeropuerto de Chacalluta y la carretera Arica - Visviri -Charaña - La Paz.
Respecto a la compensación por la entrega de dicho corredor, la delegación chilena
argumentó que la única factible era la compensación territorial, es decir, un trueque de
territorios, ya que no habría un solo chileno que aceptase reducir la superficie de su país.
Sobre el llamado “veto peruano”, dicha delegación manifestó que era muy poco probable
que los actuales gobiernos peruanos se opusieran a tan importante solución, la cual sería
apoyada y festejada por todo el mundo. En la reunión también se trató el problema del libre
tránsito entre Tacna y Arica. Para no interferir en ese tráfico, una vez que Bolivia recibiese
el corredor, determinaría que la zona del mismo donde pasa la carretera y el ferrocarril de
Tacna a Arica, fuese considerada como una especie de “zona de nadie”, o sea que la gente y
la carga cruzarían por ese sector sin ninguna traba, sin ningún control aduanero ni policial;
y Bolivia mantendría una gendarmería en el lugar solo para proteger ese tránsito.
Si a esta base de arreglo se sumara la intención boliviana de vender gas a Chile, el cual es
muy necesario para ese país y lo debe adquirir en zonas muy lejanas, entonces es muy
posible que el actual gobierno chileno viese con buenos ojos un futuro entendimiento
bilateral. Y la misma Corte de La Haya seguramente estaría muy dispuesta a escuchar a
ambas partes para emitir un dictamen integrador que consolide plenamente la solución del
problema marítimo nacional.
Fuente: La Razón 19.04.2015 (Suplemento Animal Político)
14. Chile: del vacío político a la política del vacío, por Fernando Mires
Bachelet no ha trazado las líneas que separan a enemigos de adversarios y de opositores.
Los grandes problemas que recorren al mundo, pasan por su lado
Como hace tiempo vengo pensando sobre el tema relativo a los vacíos en la política, leí con
atención un artículo de Gabriel Boric y Carlos Ruiz titulado “El vacío político y el futuro de
las luchas sociales” (El Mercurio, 13.04.2015)
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Por supuesto, nadie está de acuerdo con todo lo que uno lee en un texto. No estuve de
acuerdo por ejemplo con esa muletilla teórica de los chilenos de izquierda cuando le echan
la culpa de todo al mercado, como si el mercado fuese una cosa y no un contexto de
relaciones múltiples. Menos con ese recurso fácil de buscar alternativas en “un nuevo sujeto
político” que nadie sabe donde está ni como puede aparecer. No basta decir tampoco que la
sociedad ha cambiado sin decir cómo ha cambiado. Pero no voy a insistir en los
desacuerdos. Me referiré en cambio a algo que parece ser fundamental, a saber: a que la
política chilena en este momento acusa un vacío político.
Boric/Ruiz no lo dicen pero se entiende así: un vacío político no es un vacío de poder. El
poder en Chile está ocupado e incluso, sobreocupado. Nueva Mayoría no es sólo una
coalición, es una macro coalición. Sin embargo, la representación gubernamental está muy
lastimada debido a los escándalos financieros del hijo de la Presidenta.
Pero aclaremos: Chile está lejos de ser uno de los países más corruptos del planeta. Aún
contando escándalos recientes, no supera –no hablemos de Venezuela– a los que han tenido
que vivir países europeos como Italia y España. El caso Dávalos aunque sería una gran
noticia, no sería como en Chile un problema de vida o muerte. Y la razón es simple: en
Chile la representación simbólica gubernamental es la única que permite sostener una
coalición tan heterogénea y contradictoria como NM. El régimen chileno no siendo
personalista está muy personalizado. Espero que se entienda esta diferencia.
Para ser más precisos, no estamos frente a un significante vacío, como designaba Ernesto
Laclau a las representaciones simbólicas populistas cuando éstas son tan opacas y difusas
que impiden establecer una relación lógica entre representantes y representados. Estamos sí
frente a una ausencia de significante o dicho en las palabras de Boric/Ruiz, frente a un
vacío político. Doña Bachelet es, o ha llegado a ser, la representación de ese vacío. Ella
misma es ese vacío.
En el sentido de Boric/Ruiz, Bachelet no cubre el espacio que le corresponde asumir
políticamente. En cierto modo ella ha sido condenada a ser sólo una eficiente
administradora del poder. Como tal, su tarea principal es dejar contentos a moros y a
cristianos. Ella, por lo mismo, no es una conductora; es una mediadora. Su poder político –
ahí reside su paradoja trágica– está basado en la despolitización del poder. No existe,
digámoslo drásticamente, la política de la señora Bachelet. Por eso su persona ha llegado a
ser su política. De ahí que cuando algo falla en la persona o en su entorno todas las críticas
se concentran ¡y con qué saña! en lo puramente personal.
El vacío político chileno no es sólo un problema particular de la Presidenta. Es también el
de una coalición que, teniendo un programa, carece de proyecto político. La transición
hacia la democracia fue un proyecto del pasado. Hoy nadie sabe hacia donde transita el
Gobierno. Es por eso que la lucha por el poder no aparece como un medio para lograr un
objetivo, sino como “un fin en sí”. Luego, no han sido los casos de corrupción los hechos
que han producido el vacío político, sino al revés, el vacío ha hecho posible que los casos
de corrupción ocupen la centralidad del espacio político.
Cuando no hay política, su espacio puede ser llenado con cualquier cosa: con los negocios,
con la farándula, y no por último, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos, con
liderazgos demagógicos y autoritarios. Ya lo decía Aristóteles: “de la corrupción de la
democracia, surgen los demagogos y los tiranos”
No se trata por supuesto de volver a los tiempos de los grandes mesianismos. “La
revolución en libertad”, “la revolución con vino tinto y empanadas”, “la revolución
restauradora” son, afortunadamente, capítulos del pasado. Pero tampoco se trata de
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convertir a la política en una práctica antipolítica, como hoy está sucediendo. De esa
práctica, la presidenta Bachelet no es por cierto la causante, pero sí su fiel reflejo.
Bachelet no ha trazado las líneas que separan a enemigos de adversarios y de opositores.
Los grandes problemas que recorren al mundo, pasan por su lado. Si en Panamá tiene lugar
una cumbre que consolidará los pilares del desarrollo político de la región en los próximos
años, ella se ausenta, refugiándose en inundaciones y temporales. Si se le exige
pronunciarse frente a violaciones a los derechos humanos en naciones con las cuales Chile
tiene fuertes vínculos históricos, guarda silencio. Frente al proyecto de la derecha destinado
a economizar a la política, no defiende con énfasis la propuesta de democracia social que
ella cree representar. Nunca un claro no; nunca un claro sí. Su único interés parece ser que
NM no se divida, olvidando que la política, para que exista, requiere, en determinados
momentos, de la división, y la división de la confrontación.
Bajo NM Chile parece estar volviendo a la condición prepolítica vivida por el país a
comienzos del siglo XX, cuando un presidente como Don Ramón Barros Luco (19101915), quien inmortalizó el sándwich chileno que lleva su nombre, decía con mucha
soltura: “En Chile hay dos tipos de problemas: los que se solucionan solos y los que no
tienen solución”. Ese también podría ser el lema de la presidenta Bachelet.
Fuente: Los Tiempos 19.04.2015
15. Papa Francisco: “Edificar la paz y construir puentes”, por Saúl Paniagua
Flores
El papa Francisco decidió visitar Ecuador, Bolivia y Paraguay, países clasificados por la
Asociación Latinoamericana de Integración como de “menor desarrollo económico de la
región” y, por ende, periféricos del continente. El impacto de su visita pastoral a Bolivia en
julio hizo que Chile se declare temeroso de su llegada y solicite adelantar su encuentro con
la presidenta Bachelet para junio, cuando esta estaba fijada para diciembre.
Si la alta diplomacia del Vaticano, gracias a sus atinadas gestiones, acaba de lograr el
acercamiento de EEUU y Cuba en la VII Cumbre de las Américas, ¿cómo no hacerlo entre
Bolivia y Chile? Mientras Bolivia justifica su demanda marítima en la “razón jurídica,
verdad legal y buen sentido”, y Chile protesta porque esta conlleva “un resultado
predeterminado de una negociación”, el papa Francisco afirma que, “para conseguir la paz,
se necesita valor mucho más que para hacer la guerra”, y propone a los Estados “edificar la
paz y construir puentes. Son los puntos de referencia de un camino al cual quisiera invitar a
participar a cada uno de los países que representan”. La movida de los alfiles de Bolivia al
Vaticano se gesta con el nuevo embajador designado en el Estado sui géneris de las 44
hectáreas de extensión, mientras que Chile prepara en los salones y pasillos de la Santa
Sede la llegada anticipada para junio de su jefe de Estado. Sin embargo, el papa Francisco,
argentino, conoce toda la temática porque desde 1958 y durante muchos años vivió y
estudió en Santiago de Chile y estuvo en Bolivia como provincial jesuita.
A dos años de asumir como el pontífice de casi dos mil millones de fieles católicos, los tres
países periféricos del continente “del fin del mundo” –Ecuador, Bolivia y Paraguay– tienen
la oportunidad única de, junto a Francisco, “edificar la paz y construir puentes” porque,
como él nos dice, “al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran los que
son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o
menos sin necesidades, no sabemos llorar”
Fuente: El Deber 21.04.2015
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16. El debate sobre el mar, por Carlos Antonio Carrasco
A medida que se acerca la confrontación oral que en la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
librarán los agentes de Bolivia y de Chile, en cuatro turnos a partir del 4 de mayo venidero,
arrecia también la polémica entre los actores principales de esa magna batalla jurídica. En
ese escenario me correspondió protagonizar en pocos días discusiones sobre las variadas
conjeturas que se tejen alrededor de la suerte que correrá la demanda boliviana ante la CIJ.
En el almuerzo de confraternidad ofrecido por el Círculo de la Unión, mi ponencia sobre El
estado del mundo, después de recorrer la veintena de conglomerados geopolíticos que
existen en el planeta (desde el Daesh o Estado Islámico, hasta el grupo de Shanghái), el
periodo de preguntas terminó indefectiblemente en la cuestión marítima.
Con mayor pertinacia comparecí ante el consejo del Instituto Prisma, para opinar sobre la
demanda nacional depositada en La Haya, alternando en aquel ameno conversatorio con
una treintena de auditores altamente calificados que repasaron con erudita prudencia los
probables traspiés del pleito que nos preocupa. En otra jornada, la Cámara Nacional de
Comercio me invitó a disertar acerca del Tribunal Internacional de La Haya, bajo el rubro
de “Análisis de sus fallos y la demanda marítima de Bolivia”, ocasión para alternar con una
nutrida audiencia de abogados junto a la masiva asistencia de entusiastas estudiantes
universitarios. Esa misma noche, el acucioso presentador John Arandia me recibió en su
popular programa televisivo A todo pulmón para conversar sobre el mismo tema.
En todas esas ocasiones recordamos que el primer juicio se trataba únicamente acerca de la
competencia de la CIJ para considerar el caso, y que podría culminar en una de las
siguientes tres opciones: la afirmativa, que complacería a Bolivia; la negativa, que
satisfacería a Chile; o una tercera vía: que la Corte de La Haya se pronuncie sobre su
competencia al cabo de examinar el fondo de la cuestión. Remarcamos la alta calidad del
alegato boliviano que sustentará la presentación del docto agente Eduardo Rodríguez
Veltzé, secundado por su equipo de juristas internacionales. Asimismo, valoramos los
desplazamientos del vocero de la causa, el expresidente Carlos Mesa, para desmitificar los
embustes chilenos. Sin embargo, se insistió en que esos esfuerzos no serán suficientes sin
una sagaz gestión diplomática que monitoree cautamente la ruta de los 15 jueces que, al
final de cuentas, son los únicos que decidirán el destino de impetración nacional. Para
comprender mejor los pasos que siguen, a puerta cerrada, los 15 magistrados provenientes
de otras tantas nacionalidades, culturas y lenguas disimiles, cuya información jurídica
obedece a escuelas de pensamiento distintas, les ofrecí mi trabajo llamado Cómo se
‘cocina’ un fallo en la CIJ, en el cual se describe la secuencia formal e informal del
conjunto de esos insignes togados para lograr elaborar el texto único que constituirá su
sentencia definitiva e inapelable: el procedimiento escrito, la fase oral de los litigantes, el
cuestionario con las dudas que producen los expedientes de las partes, las opiniones
curiosamente anónimas primero y manifiestas después, el afloramiento de las tendencias
mayoritarias y minoritarias, la tarea del comité de redacción, la primera versión del fallo, el
debate interno de los jueces, la segunda versión corregida, el texto de compromiso y
finalmente el voto oral y nominal sobre el veredicto, donde no se admiten abstenciones
pero sí reservas. Todo ese periplo toma meses y a veces años, para permitir un estudio
sereno de los legajos presentados por los querellantes, que contienen miles de páginas y
copiosos anexos.
El intercambio de opiniones con letrados y profanos sobre un tema que se ha convertido en
la razón de ser de la nación ha avivado en mí la llama de la bolivianidad que me
acompañará para observar, in situ (en La Haya), las históricas jornadas que se avecinan.
Fuente: La Razón 25.04.2015
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17. Eduardo Rodríguez: Chile duda de competencia de la CIJ mientras pide
acatar fallo
A una semana de la audiencia preliminar en que se tratará la objeción de incompetencia de
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya planteada por Chile, Animal Político
presenta la entrevista exclusiva con el agente de Bolivia en el máximo organismo de la
justicia del sistema de las Naciones Unidas, Eduardo Rodríguez Veltzé. El agente del país
en la CIJ remarca la paradoja que significa que expresidentes de Chile desafíen a Bolivia a
acatar el fallo de ese tribunal y al mismo tiempo el Estado chileno intente desconocer la
competencia de la Corte con una objeción preliminar... También habla de las nociones del
Derecho Internacional en torno a los actos unilaterales, como la obligatoriedad y la buena
fe.
— El 5 de mayo es feriado en Holanda (una de cuyas ciudades es La Haya, sede de la
CIJ). Lo que significa que Chile hará su primera ronda argumental el 4 y Bolivia
tendrá 24 horas más antes de plantear su contraargumento del 6, ¿en qué medida se
puede aprovechar esto?
— Es solo una coincidencia interesante, no hay una relación de causalidad entre una y otra
cosa; la Corte Internacional de Justicia es un órgano de las Naciones Unidas y tiene un
estatuto particular, absolutamente independiente de las condiciones del Estado anfitrión o
de quienes concurren a ella.
— Lo cierto es que si no hubiera este feriado, Bolivia contraargumentaría al día siguiente
del 4 y no el 6 de mayo.
— Es una coincidencia en el calendario de la Corte, nada más.
— ¿No se puede hablar de ventaja aún sea una coincidencia?
— No, es un calendario que está establecido hace meses; no tiene ninguna otra
connotación, menos una política.
— Ésta es la recta final hacia la audiencia preliminar. ¿Cómo se siente ante un
momento tan importante?
— Es importante destacar que las audiencias orales son un espacio más de un proceso más
complejo. Nosotros, el equipo boliviano, trabajamos desde hace más de un año en el curso
de la demanda, luego sobrevino la objeción preliminar de Chile, que tomó un tiempo
adicional para responder y preparar las observaciones escritas. El equipo de Bolivia cuenta
con una capacidad institucional organizada, compuesta por la Cancillería, el Consejo
Nacional de Reivindicación Marítima, la Procuraduría, Diremar (Dirección de
Reivindicación Marítima), abogados nacionales y los abogados internacionales
(presentados el lunes 14 en Santa Cruz). El equipo está preparado para las audiencias
orales, a las que se ingresa con plena confianza.
— La obligatoriedad de la negociación fue recientemente aludida en Nueva York
como fundamental para el Derecho Internacional, ¿cómo ve este principio en una
suerte de “estado de la cuestión”?
— La referencia a este tema fue realizada por el representante de la delegación francesa en
las Naciones Unidas, al conocer el informe anual de la Corte Internacional de Justicia, lo
que generó alguna susceptibilidad en Chile y mereció una aclaración por el Embajador de
Francia en ese país en un importante medio de Santiago. Bolivia ha invocado este concepto
(obligatoriedad de la negociación) en su demanda como una fuente del Derecho
Internacional, un desarrollo del Derecho Internacional expresado no solamente en los
lineamientos de la Comisión Sexta de las Naciones Unidas, sino también en precedentes
que han sido elaborados por la propia Corte Internacional de Justicia. Esta fuente del
Derecho, como otras, es relevante en estos casos.
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— ¿Cuán constitutivo de las relaciones internacionales es el citado principio de la
obligatoriedad de negociar?
— La obligación de negociar encuentra una virtud en el carácter pacífico que entraña que
las partes en disputa puedan conversar y llegar a determinados acuerdos; eso, por sí mismo,
vale más que la superada política de acudir a contenciones bélicas. Yo creo que está fuera
de toda duda que la negociación, el diálogo, es una de las herramientas más útiles que tiene
la humanidad para resolver los conflictos, por eso que se fue consagrando con mayor
sofisticación en el ámbito del Derecho Internacional.
— La razón de ser de la CIJ es evitar el conflicto bélico, dicho de modo prosaico;
entonces, de alguna manera, ¿la obligatoriedad de negociación sería otro de los
principios de la Corte?
— No podemos afirmar que es un principio o una obligación específica de la Corte. La
obligación de negociar es una fuente del Derecho Internacional, como son otras, y las partes
que acuden ante ella pueden invocarla; una demanda puede tener relación con ella y la
Corte puede resolver si los argumentos sobre esta obligación tienen el mérito suficiente
para atender y resolver una causa.
— ¿Podría dar una precisión conceptual de “acto unilateral”?
— El Derecho Internacional ha incorporado la noción de que determinadas actuaciones de
los Estados, cumplidas por funcionarios o personeros con determinado nivel de autoridad o
de representación pública y que se emiten de buena fe, comprometen los contenidos y la
conducta de ese Estado. Es decir que son una suerte de garantía de que las declaraciones o
promesas también pueden tener un efecto jurídico vinculante. Éste es un desarrollo que
procura que los Estados sean serios cuando tienen relaciones que comprometen su
disponibilidad sobre un asunto, es esa seriedad la que procura garantizar el Derecho
Internacional. El Derecho Internacional ha recuperado este concepto a través de los
precedentes y desarrollos de principios generales.
— ¿Cuál es la relación del estoppel (doctrina jurídica, impedimento de actuar contra
los propios actos hechos con anterioridad) y el acto unilateral?
— Tienen una relación próxima. El estoppel es una suerte de remedio judicial de tradición
iniciada en jurisdicciones domésticas para actuaciones unilaterales, aunque luego el
Derecho Internacional absorbe esta posibilidad. Tiene la característica de garantizar a la
parte agraviada que determinadas conductas que ofrecían ciertos derechos u ofrecimientos
realizados en su favor puedan ser reconocidos, atendidos y, en su caso, reparados por una
autoridad judicial.
— La buena fe es otro de los fundamentos del Derecho Internacional, más la
obligatoriedad de la negociación y los actos unilaterales; todo se vincula.
— La buena fe es un componente esencial en esta teoría de los actos unilaterales, que es
además consustancial con la obligación de negociar. Si dos partes tienen el propósito de
resolver una diferencia y que ésta llegue a término, deben estar imbuidos de la mejor buena
fe. Ésa es la mejor garantía de que sus compromisos llegarán a buen término.
— Algunas autoridades chilenas han desafiado a Bolivia a cumplir el fallo que emita
la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál su criterio?
— Bolivia ha acudido ante la Corte Internacional con el convencimiento de que ambos
países reconocen plenamente su jurisdicción en virtud del Pacto de Bogotá, pero el país que
tiene reparos sobre la competencia de la Corte es Chile, de manera que son las autoridades
chilenas las que deben ponerse de acuerdo primero si admiten esa jurisdicción antes de
especular sobre el contenido de una decisión o poner en duda su cumplimiento. Insisto en
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que Bolivia es respetuosa del tribunal y de sus decisiones, por ello los argumentos serán
presentados en ese espacio y no corresponde debatirlos a través de los medios.
Perfil
Nombre: Eduardo Rodríguez Veltzé
Nació: 12-III-1956
Profesión: Abogado
Cargo: Agente de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia
Carrera
Eduardo Rodríguez Veltzé estudió Derecho e hizo su máster en Harvard. Fue presidente de
la Corte Suprema de Justicia. Tras la renuncia de Carlos Mesa en 2005, asumió la
presidencia de Bolivia por una sucesión constitucional inédita, en su calidad de autoridad
máxima de la Corte que presidía. Su mandato debía abocarse a llamar a elecciones en los
plazos establecidos y así lo hizo. En 2013 fue nombrado agente de Bolivia en la Corte
Internacional de Justicia de La Haya (Holanda).
Fuente: La Razón 26.04.2015 (Suplemento Animal Político - Entrevista)
18. Claroscuros de los legisladores en la reivindicación marítima, por Mónica
Arrien del Carpio
Sin duda, las tareas que ha desempeñado el Poder Legislativo a lo largo de la historia han
influido en la situación en que se encuentra hoy la reivindicación marítima nacional. De
una posición dubitativa y fragmentada, asumida en los años de la Guerra del Pacífico, el
Poder Legislativo llegó a una posición de defensa férrea de los intereses marítimos
bolivianos, por encima incluso de las diferencias de signo político.
Oscuro 20 de octubre de 1904. En su libro Por la astucia o por la fuerza, Ramón Rocha
Monroy asevera que el Tratado de 1904 “fue impuesto por los liberales gobernantes en
Chile a los liberales gobernantes en Bolivia, a espaldas del pueblo boliviano”.
Quien fuera embajador chileno en La Paz, Abraham Kônig, presentó las bases de un tratado
de “paz y amistad” que establecían el dominio de Chile sobre los territorios ocupados
después de la invasión, algunas compensaciones económicas y la construcción de un
ferrocarril entre Arica y La Paz.
Hubo 30 sesiones en el Congreso para discutir el Tratado de Paz de 1904, el que finalmente
fue aprobado por 42 votos a favor y 30 en contra. “Eso era aplicar el rodillo parlamentario
sin consultar al pueblo boliviano”, dice Rocha Monroy. Quienes se opusieron a la firma,
fueron: Pastor Sainz, Miguel Ramírez, Primo Arrieta, Domingo L. Ramírez, Luis de
Argandoña, José Manuel Ramírez, Román Paz, Juan Manuel Sainz y Fernando Campero,
todos representantes del sur del país.
Asimismo, el escritor Roberto Querejazu Calvo afirmaba que “la proposición chilena que
acabó de convencer a los líderes liberales, en su mayoría paceños, a favor de un tratado de
paz sin puerto propio para Bolivia, fue un ferrocarril que uniese su ciudad natal, la más
populosa y próspera de la república, con Arica (…) todos quienes apoyaron el Tratado de
Paz y Amistad con Chile actuaron dominados por una mentalidad ferrocarrilera (…) El
Gobierno llegó al convencimiento de que una red de ferrocarriles era más importante que
un puerto y que bien valía la pena cambiar éste por aquélla”.
Se puede inferir de estas líneas que el Congreso boliviano de 1904 tenía una visión marcada
por consideraciones de tipo mercantil-económico, estando ausentes visiones más amplias
sobre geopolítica y viabilidad del país, e incluso de soberanía y autonomía nacional en un
nuevo escenario mundial que comenzaba a configurarse alrededor de la Revolución
Industrial.
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Soborno
El historiador y documentalista Pablo Michel Romero refiere, en base a estudios históricos
y arquitectónicos, que muchas de las mansiones que adornan actualmente la avenida 6 de
Agosto han sido producto de sobornos del Gobierno chileno a algunos legisladores, para
que éstos aprueben la firma del “acuerdo” que cerraba toda posibilidad de un acceso
soberano al mar para Bolivia.
“Es importante decirlo, en la avenida 6 de Agosto empiezan a crecer mansiones con
diputados y senadores que habían votado a favor del Tratado de 1904, un mudo testigo de
la corrupción. Es delicado, pero así se han dado los hechos. En la firma de 1904 hubo
corrupción de algunos malos legislativos”, afirma Michel.
Por su parte, el abogado e investigador Víctor Hugo Chávez afirma que “el Parlamento se
comportó en la línea del presidente Hilarión Daza, empero los intereses en pugna,
principalmente de los conservadores, que respondían a los intereses de la plata, viraron para
confabular la sucesión vía el golpe de Estado efectuado en Oruro en diciembre de 1879,
para deponer al presidente Daza por Eliodoro Camacho y luego entregar el mando al
conservador Narciso Campero. Tras el cambio de correlación de fuerzas y el empuje
económico de La Paz, el puerto de Arica fue predominante para la exportación de estaño,
actividad que correspondía a los liberales, por ello que en la firma del Tratado de 1904 el
tramo principal de vinculación es el ferrocarril Arica - La Paz”.
Con todos estos datos, se puede colegir que la visión de los congresistas de la época era
inmediatista; con intereses económicos (hasta personales) de por medio y bajo el
entendimiento de que solo un país extranjero podría brindarnos un elemento de desarrollo,
como el ferrocarril ofrecido por Chile.
Javier Murillo de la Rocha, abogado internacionalista, al respecto señala que a lo largo de
los años la gestión diplomática en torno al mar ha tropezado con una fiscalización
obstruccionista del Legislativo: “eso ha restado fuerza a muchas gestiones que se han
realizado en el pasado, porque ha mostrado fracturas en lo que piensa y plantea el Poder
Ejecutivo y lo que piensan los miembros del Parlamento, en muchas ocasiones no se ha
logrado una unidad de criterios y eso ha debilitado tremendamente la gestión internacional
del país en este tema concreto”. Durante la época neoliberal, la línea se repitió, los afanes
de acercamiento con el país vecino se debía a intereses económicos inmediatistas.
Demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Poco más de cien años después, la
historia no ha dejado huellas solo en los libros, sino también en la conciencia nacional, es
por eso que, después de varios intentos fallidos de Bolivia por efectivizar su reivindicación
marítima, el 23 de marzo de 2011, el presidente Evo Morales anuncia la decisión de acudir
ante tribunales internacionales para resolver el enclaustramiento marítimo del país.
“Definitivamente, la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya marca el
momento más álgido e importante, tanto para Bolivia como para Chile; Chile está
invirtiendo una tremenda cantidad de dinero, ha reunido grandes hombres en Derecho
Internacional, porque saben que se ha llegado a un momento pico”, afirma Michel.
Hoy, la óptica de la Asamblea Legislativa Plurinacional se centra en rescatar la dignidad
nacional con soberanía, convencida de que Bolivia no está pidiendo ningún favor a Chile,
con el descubrimiento cotidiano de que el pueblo boliviano puede hacerse cargo de su
desarrollo con planificaciones a largo plazo. Hoy Bolivia no precisa de injerencia extranjera
para lograr que su gente aprenda a “Vivir Bien”, para lograr que la conciencia nacional sea
plenamente soberana y digna.
Pacto. Días después de que el presidente Evo Morales anunciara impulsar un juicio
internacional contra Chile, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un
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proyecto de ley que ratificó el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, también
conocido como Pacto de Bogotá, un instrumento necesario para viabilizar la demanda ante
La Haya, con lo que demostraba su compromiso con la reivindicación marítima. Asimismo,
los legisladores de ambas cámaras asumieron la responsabilidad de participar en la
campaña internacional para justificar los motivos de la decisión boliviana ante el mundo
entero.
De a poco, las posturas de la oposición cambiaron, al entender que la demanda
internacional significaba el único intento serio del Estado ante las reiteradas negativas de
Chile de conversar seriamente sobre nuestra causa marítima.
Mar para Bolivia. La labor para llegar hasta la instancia actual de la demanda boliviana ha
sido ardua; se trata de tareas coordinadas entre los diferentes niveles de la estructura
política estatal. Según Flora Aguilar, parlamentaria supraestatal designada al Parlamento
Andino, su rol legislativo en la causa marítima se centra, fundamentalmente, en socializar
el pedido de reivindicación en toda palestra internacional y nacional posible.
“Nuestra tarea fundamental es llevar El Libro del Mar a todos los eventos que tengamos
como parlamentarios, para poder repartirlo, informar y socializar el texto, con el fin de
conseguir el apoyo correspondiente en beneficio del pueblo de Bolivia, trabajamos en
coordinación con Diremar y con el vocero oficial de la causa marítima, Carlos Mesa”,
informa Aguilar.
Fuente: La Razón 26.04.2015 (Suplemento Animal Político)
19. No más: “entre Chile y Bolivia no hay asuntos pendientes”, por Carlos D.
Mesa Gisbert
Desde que, en 1910, Daniel Sánchez Bustamante estableciera la doctrina de Bolivia de
reivindicar un acceso soberano al mar, al margen del Tratado de 1904, doctrina que no
hacía sino recoger la de Domingo Santa María: "… no podemos ahogar a Bolivia …
debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo …”, Chile hizo muchas ofertas
oficiales en las que se comprometió solemnemente a negociar con Bolivia para darle una
salida soberana al océano Pacífico.
Su lógica fue la cápsula de la bilateralidad, el dogal de una negociación en la que nadie
pudiese decir una sola palabra ni ofrecerse como facilitador y ni digamos como mediador.
Chile hizo cuestión de Estado y trabajó con denuedo para evitar "injerencias” en esa
negociación bilateral.
La base de su dureza y de su seguridad era la hipótesis de que el Tratado de 1904 cerraba
toda opción a Bolivia de salirse de ese estrecho callejón sin salida en el que nos había
confinado. Cuando Bolivia anunció que acudiría a un tribunal internacional, en Santiago
supusieron que intentaríamos cuestionar parcial o totalmente el Tratado de 1904, y
asumieron que Bolivia iba a otro callejón sin salida. Una vez presentada nuestra memoria
de demanda ante la Corte Internacional de Justicia, Chile se dio cuenta de que nuestro
fundamento jurídico estaba muy lejos del Tratado. Entonces, el escenario cambió 180
grados para una diplomacia que se había anclado en una certeza: atrapados en la
bilateralidad, los bolivianos no teníamos ninguna opción que no pasase por Santiago.
No pensaron nunca que la base argumental boliviana iba a apoyarse en otra piedra angular,
la propia política exterior chilena sostenida entre 1920 y 1983. Los actos unilaterales de
Chile, sus reiterados compromisos, la solemnidad de sus promesas, todos ellos
incumplidos.
Bolivia, por primera vez, rompía el cerco e incorporaba, no a un tercero, sino al máximo
tribunal internacional de justicia de las Naciones Unidas y, ¡oh sorpresa!, no basaba su
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demanda en el Tratado de 1904. Lo que parecía imposible ocurrió. No más: "entre Chile y
Bolivia no hay asuntos pendientes”.
A partir de esa realidad, Chile se vio obligado a cambiar de estrategia. Bolivia, liberada de
esa traba, aparentemente infranqueable, comenzó a explicarle a la comunidad internacional
la realidad de su demanda, sus fundamentos jurídicos y las razones esenciales por las que
pide un acceso soberano al mar, aunque éstas podrían no existir sin disminuir un milímetro
la obligación jurídica de Chile de sentarse a negociar con Bolivia.
Ocurrió lo que Chile no hubiese querido que ocurra: verse forzado a explicar por qué se
niega a darle a Bolivia un acceso soberano al mar que sus propias autoridades, a lo largo de
casi un siglo, se comprometieron a negociar.
Ante la fortaleza argumental boliviana, la diplomacia trasandina no encontró otro camino
que intentar cambiar de escenario. Dado que sus compromisos unilaterales son tan
evidentes, y es tan contundente el contenido de su promesa de "negociar con Bolivia, para
darle un acceso soberano al mar”, dicen que en el fondo Bolivia objeta el Tratado y pone en
serio riesgo el sistema jurídico internacional en el que se apoya la estabilidad fronteriza
mundial. El anuncio de la llegada de un "próximo apocalipsis” da una idea de cuán
complejo es el asunto para Chile.
En la antesala a los alegatos orales, que para Chile son el verdadero juicio de fondo, sus
autoridades juegan a doble mano: por un lado la preparación de su alegato y, por el otro, la
preparación de su opinión pública. Necesitan generar tranquilidad en sus ciudadanos,
necesitan mostrar seguridad, necesitan proyectar la idea de que Bolivia no las tiene todas
consigo, que decimos una cosa y hacemos otra, que nuestra debilidad argumental será
contrarrestada con la intemperancia de quien no se atreve a decir que aceptará los fallos de
la CIJ. Sin ningún reparo. Chile invierte los términos, pretende que el país que ha hecho la
demanda responda si está dispuesto a acatar los fallos de la CIJ, sugiere que las autoridades
bolivianas no quieren ser claras en la cuestión.
Que quede claro: Bolivia ha presentado una demanda ante la CIJ porque cree que es el
organismo idóneo para resolver pacíficamente diferendos entre Estados y porque cree que
falla en derecho.
¡Sí! La respuesta es inequívoca. Bolivia se someterá a los fallos de la CIJ, en plural, porque
está convencida de que la Corte se declarará competente y porque está convencida de que
llegaremos al debate de fondo: la obligación de Chile de cumplir sus compromisos de
negociar con Bolivia.
Chile debe ceñirse a las bases jurídicas de su demanda. No tiene caso generar equívocos
sobre la clara postura boliviana. Chile, que objeta la competencia de la CIJ, es el país que
debe responder si, como dice, respeta por encima de todo el derecho internacional.
Nuestra duda es razonable, durante décadas incumplió sus compromisos unilaterales. Es
legítimo preguntarse si ante un fallo de la CIJ, que declare que Chile se obligó a negociar
con Bolivia, esta vez sí hará lo que no hizo desde 1920.
Fuente: Página Siete 26.04.2015 (Carlos D. Mesa Gisbert fue presidente de Bolivia)
20. La obligación de negociar, por Agustín Saavedra Weise
La negociación es un proceso de convergencia entre partes con el fin de llegar a un
entendimiento. El acuerdo logrado (puede llamarse contrato, convenio, pacto, tratado) es el
resultado final de la negociación.
La obligación de negociar es fundamental entre actores del sistema internacional. La Carta
de las Naciones Unidas señala la necesidad de que los estados miembros solucionen
pacíficamente sus controversias. En octubre de 2014, el director jurídico de la Cancillería
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francesa, François Alabrune, al mencionar casos tratados por la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) citó la demanda boliviana. El abogado galo expresó: "Este año nos permitió
una vez más apreciar la diversidad de ámbitos de los que la Corte termina ocupándose.
Entre las controversias inscritas cuatro se refieren a aspectos relativos a la obligación de
negociar, a saber, las tres solicitudes de las Islas Marshall para los procedimientos que
tienen que ver con las negociaciones para poner fin a la carrera de armamentos nucleares y
el desarme nuclear; y la causa de Bolivia contra Chile relativa a la obligación de negociar el
acceso al océano Pacífico. La obligación de negociar se presenta, por lo tanto, como una de
las piedras angulares del derecho internacional público…”
El embajador de París en Chile, Marc Giacomini, al difundirse estas declaraciones –recién
en marzo pasado– envió una carta a La Moneda explicando las circunstancias del caso y
afirmando la neutralidad de Francia. Ello no quita valor cualitativo a lo declarado: un
jurista de renombre expresó que la obligación de negociar es básico en el derecho
internacional. Y negociar es lo que se quiere con Chile, sin modificar el Tratado de 1904,
pero esta vez negociar con miras a una solución definitiva del enclaustramiento. La
demanda solicita que la CIJ exija a Chile la obligación de negociar de buena fe un acceso
soberano de Bolivia al mar sobre la base de compromisos que el propio Chile asumió en
varias ocasiones. No es nada “hostil” lo nuestro, es lo mínimo frente a tanto
incumplimiento en el pasado. Como habitualmente sucede, la dirigencia chilena –tan lúcida
en muchos aspectos– pierde la cabeza al tratar el problema marítimo y se autopractica una
peculiar lobotomía, expresada mediante lenguaje agresivo, fingida indiferencia, petulancias
diversas, etc. En fin, iniciado el proceso negociador –que confiamos instruirá la CIJ en el
futuro una vez deseche la objeción preliminar de Santiago–, será posible concertar acuerdos
con el vecino para acceder al mar y marchar juntos en el futuro. La obligación de negociar
es un pilar jurídico que nadie en el mundo puede ni podrá ignorar
Fuente: El Deber 26.04.2015
21. El mar escondido, en otra fase crucial, por Mario Castro
Una herida profunda rasgó la piel de América. Una llaga más que centenaria lastima a más
de nueve millones de hombres y mujeres y condena al ostracismo a una geografía ávida del
mar usurpado. El envejecido silencio no hizo que la mirada plural de la patria convaleciera
en las aguas despojadas. En todo el territorio la expresión de reclamo es absoluta. El
silencio se ha convertido en grito. Un pueblo no perdió la voz en el decurso de este ingrato
tiempo.
Ahora se avanza en la demanda oficializada hace de un par de años en la ciudad holandesa
de La Haya, sede del máximo tribunal de justicia de la humanidad, establecido para la
solución pacífica de controversias entre Estados, puesto que después de haber aceptado la
demanda boliviana, esta vez abrirá sus puertas para otra instancia, a fin de continuar el
tratamiento del delicado caso.
Por lo anticipado, vivimos una expectativa, como pocas, en el país. Llegará la fase oral del
proceso de la demanda de nuestra reivindicación marítima. La Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya, que debía revisar su competencia en el problema, repasará los
alegatos que se presentarán sobre este asunto, de enorme interés particularmente para
nosotros dentro de pocos días. Chile está convocado a presentar sus alegatos orales los días
4 y 7 de mayo próximo y Bolivia el 6 y el 8 del mismo mes.
Tratándose de un tema de suprema importancia, el Primer Mandatario ha invitado y reunido
a un grupo de prestigiados expertos de cuatro nacionalidades, a cuyos integrantes avalan
hojas de vida de notable experiencia: Antonio Remiro, español; Mathías Forteau y Monique
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Chamilier, franceses; Payam Akhavan, iraní; Vauham Lowe y Amy Sander , ingleses. Ellos
sumarán sus conocimientos al equipo que encabeza el expresidente Eduardo Rodriguez
Veltzé, conformado por destacadas personalidades bolivianas.
Para afinar los alegatos, que serán presentados en La Haya, también se tiene previsto
convocar a excancilleres del Estado, actitud que revela un acierto para agregar un alto valor
a la argumentación que exige el tema.
Sin duda que la etapa que se espera, así como el planteamiento primordial, tendrá eco ya
que se ha visto que, en la pluralidad de conferencias y foros internacionales, se produce un
pleno reconocimiento al derecho histórico de Bolivia a recuperar una salida soberana al
océano Pacífico, confirmado por el vocero de nuestra causa, el expresidente Carlos Mesa.
En tanto, Chile ha insistido en mantener la política del embuste. Con gastados argumentos
porfía en que no hubo invasión y que los tratados son irrevisables, cuándo se ha aclarado,
hasta el cansancio, que el Tratado de 1904 no se ha incluido ante la CIJ.
Las argucias chilenas frente a la evolución del derecho internacional público, bajo la
influencia de la vocación integracionista, viene a ser apenas una maniobra ante el apoyo
masivo que merece el reclamo boliviano. Penosamente, alguna prensa chilena, que no es
ajena al propósito artero, recomendó varias veces responder al planteamiento boliviano
"con destreza política y habilidad diplomática”.
Los distintos gobiernos de Chile siguieron, invariables, esa línea. Actualmente se dice que
el tema va camino hacia el mar. Que el nuevo gobierno de Michel Bachelét, con mayor
comprensión del problema y por estar a distancia del dictador Pinochet, quien negó toda
posibilidad de salir del encierro, podría flexibilizarse, (a pesar de experiencias que nos
enseñaron desconfianza), sobre todo ahora, en una etapa de fluidos contactos entre los
Estados de la región, cuyo objetivo último consiste en encontrar las fórmulas más aptas
para construir instrumentos de entendimiento e integración.
Más de 100 años de injusticia tienen que ser clausurados, más que por la cantidad de años
transcurridos por la frustración con que vivimos. La Cancillería boliviana, con la iniciativa
de consultar el criterio de otros calificados ciudadanos, hace bien al trabajar en ese campo,
tomando rigurosamente en cuenta el derecho de todos los bolivianos a estar enterados de
cuanto el Gobierno se propone hacer, en ésta como en otras materias, que son de su interés
directo.
La jornada augural puede estar próxima si sabemos construirla. Si se dan las posibilidades
de la liberación del mar cautivo. El mar no es una ansiedad lírica, es una necesidad
biológica de las naciones. Podrá seguir el apoyo internacional, pero no tenemos que esperar
ese día, sino caminar hacia él. El apresto para nuestra marcha tiene que ser uno de unidad y
determinación para ser dignos de la historia.
Fuente: La Razón 27.04.2015 (Mario Castro es periodista)
22. Demanda marítima y plan “B”, por Moira Sandoval
Los alegatos del 6 de mayo para convencer a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La
Haya que determine la obligatoriedad de Chile a negociar con Bolivia, además de la
argumentación jurídica con precedentes internacionales -del dominio de los asesores
expertos en litigios marítimos- deberán incluir los antecedentes del despojo marítimo, así
como datos históricos de la época posterior al Tratado de 1904, consolidado al haberse
vencido el plazo de revisarlo, en virtud a la disposición transitoria novena de la
Constitución Política del Estado.
Habiendo revisado la demanda interpuesta sobre la Corte Internacional de La Haya, es
menester aclarar que dicha acción jurídica plantea la aspiración de Bolivia de negociar con
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Chile para reivindicar derechos sobre su acceso al mar, basándose en los derechos
expectaticios creados en las múltiples reuniones de mandatarios y cancilleres, así como en
declaraciones de prensa de actores políticos y diplomáticos de ambos Estados.
De la aceptación de la demanda, que será simultáneamente la denegación de la excepción
de incompetencia interpuesta por Chile, se derivará el tratamiento de fondo de la misma. En
caso de ocurrir, podrá ser considerado como una victoria -y publicitado por el Gobierno
como tal-, aunque con eso, simplemente, tendremos la posibilidad de que Chile deba
negociar forzosamente el acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico.
Soy escéptica en este punto, pues de la negociación no se obtiene automáticamente el
acceso -menos la soberanía-, peor sabiendo la habilidad, triquiñuelas jurídicas e
irrenunciabilidad de Chile sobre sus territorios. Teniendo en cuenta que se viene
dialogando, negociando y reuniéndose ambos países, por más de 100 años -sin resultados
favorables a Bolivia- el hipotético escenario será difícil.
Sin embargo, por el momento, nada está perdido. Tenemos la opción de aplicar el plan "B”
-previsto en la misma demanda- que consiste en interponer la acción jurídica ante la Corte
Permanente de Arbitraje de La Haya, prevista en el Tratado de Paz y Amistad de 1904 que,
expresamente, señala que es la instancia competente para conocer y resolver las cuestiones
que llegaren a suscitarse en la ejecución de dicho tratado.
En mi humilde opinión, no soy expresidente ni parlamentaria oficialista -sólo jurista-; lo
mejor que podría pasar es que la Corte Internacional de La Haya declare su incompetencia,
de manera que con eso se abriría el camino a una verdadera demanda internacional de
reivindicación de territorios marítimos. Es buen momento internacional para hacerlo y,
sinceramente, creo que ése es el camino.
Así hizo Perú vs. Chile, sólo que sin tanto alarde. Su accionar fue meramente jurídico y no
mediático. Al parecer, nuestro Gobierno apuesta a la presión política internacional y
jurídica para influir sobre la decisión de los miembros de la CIJ de La Haya, para lo cual ha
desarrollado una intensa campaña al mando del expresidente Mesa para generar adhesión
en foros internacionales.
Empero, pase lo que pase, tenemos la opción del plan "B” para una reivindicación
marítima, pues de no actuar con habilidad y sensatez, probablemente se cerraría la opción
de manera definitiva para la recuperación de un acceso soberano a los territorios
usurpados. Citaré ejemplos de acuerdos acertados, como las negociaciones del Canal de
Panamá, plasmadas en el exitoso Tratado Torrijos-Carter en 1977 para Panamá, o el
precedente de la región administrativa especial de Hong Kong.
Planteando imaginariamente el escenario de la negociación, por la ubicación estratégica de
Bolivia, podría incorporarse elementos comerciales, como la integración de Chile con el
mercado de acceso al Pacífico, lo que implicaría cambiar paradigmas y hacer una alianza
comercial estratégica que redunde en el bienestar de ambos Estados, ya que sería ingenuo
creer que Chile cederá a cambio de nada parte del territorio.
Para decisiones visionarias de este tipo hace falta menos show y más inteligencia. La buena
noticia es que estamos a tiempo de que se apliquen medidas así, una vez que Chile deba
iniciar el diálogo. En esa fase deberá dirimirse cómo, cuándo y dónde será el acceso de
Bolivia al Pacífico, lo que jurídicamente representa modalidades, plazos y condiciones que
lo hagan posible. Una negociación hábil e inteligente, que pueda resolver algo pendiente
por más de un siglo.
De ahí que cabe preguntarse: ¿vamos bien encaminados o debemos esperar el plan "B”?
Fuente: Página Siete 28.04.2015
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23. Heraldo Muñoz, letanía y anacronismo, por Willy Waldo Alvarado Vásquez
La palabra letanía proviene del latín litania, muy utilizada en el ámbito religioso, significa
una oración invocando a Jesucristo, la Virgen o a los santos como mediadores en una
enumeración ordenada. En sentido despectivo no es otra cosa que aquella insistencia larga y
reiterada, que de tanto repetirla puede resultar incómoda, de ahí la frase “No me vengas con
esa letanía”.
Desde la presentación de la demanda boliviana, el Canciller de Chile, expresidentes y la
presidenta Bachellet, iniciaron una suerte de “romería”, primero interna y luego
internacional, explicando su postura sobre la pretensión boliviana. Cada visita es
acompañada de sendas declaraciones de prensa en las que Heraldo Muñoz reitera la misma
argumentación que de tanto repetirla suena a letanía.
En primer lugar, Muñoz afirma que la demanda boliviana amenaza afectar al tratado de
1904 y, por esta vía al sistema jurídico internacional referido a límites y fronteras, lo cual
las regresaría a un estado anterior al del siglo XX. En segunda, reitera que “Bolivia goza de
un irrestricto acceso al mar de manera no soberana”, en virtud del régimen emergente del
tratado de 1904, por el cual Chile reconoció en favor de Bolivia “el más amplio y libre
derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico”, que sería muy
superior al que actualmente reconoce la Convención de la Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar (Convemar) en favor de los Estados sin Litoral.
La intención del Canciller chileno es persuadir a la comunidad internacional de que su
postura es la correcta. Sin embargo, Chile está consciente de que el tratado de 1904 no
resolvió el problema del acceso soberano de Bolivia al mar, y también de que la Convemar,
más bien libera a Bolivia de una dependencia anacrónica de los puertos chilenos.
Lo anterior nos lleva a aclarar que “Libre Tránsito Comercial” no es igual a acceso, y
menos aún soberano, pues esto último significaría para Bolivia, mayores beneficios y
libertades, como instalar un puerto propio y operarlo en forma independiente, una aduana
con competencias plenas, soberanía comercial, presencia efectiva en la institucionalidad de
la cuenca del pacífico, establecer una pequeña ciudad con servicios propios, un aeropuerto,
una zona de playa, la posibilidad de realizar actividades marinas y, desarrollar toda una
cultura oceánica. De eso y más se trata un acceso soberano, que es lo que Chile prometió en
reiteradas oportunidades, y cuyo cumplimiento Bolivia busca lograr con su demanda ante
La Haya.
El canciller Muñoz, a tiempo de recitar sus letanías, ha manifestado también, que “más allá
de lo que señala la historia y los claros hechos, el Gobierno de Chile está convencido de
que el desarrollo de América Latina pasa en forma importante por erradicar los fantasmas
del pasado y girar la vista hacia adelante (...)” que “Chile y Bolivia tienen pendiente el
desafío de construir relaciones de futuro. Dejar atrás el siglo XIX para entrar
definitivamente al siglo XXI”. Ya habrá oportunidad de exigirle que cumpla estos nuevos
compromisos, pues esa es la sintonía que Bolivia espera independientemente de la
Sentencia de la Corte.
El autor es abogado, diplomático y docente universitario.
Fuente: Los Tiempos 29.04.2015
24. Diplomacia y moderación, necesarias en el juicio en La Haya, por Gustavo
Murillo Carrasco
Diplomacia y moderación, necesarias en el juicio en La Haya Gustavo Murillo Carrasco
Una conocida noción de diplomacia señala que aquellos Estados que carecen de gravitación
en el plano internacional, ya sea por su limitada economía o por su escaso poder bélico
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(entre otros factores), no tienen mejor instrumento a su alcance que una eficiente gestión a
través de los agentes que operan su política exterior.
En ese sentido, destacados diplomáticos bolivianos de amplia trayectoria (algunos aún con
vida) insistieron y transmitieron, a las nuevas generaciones que ayudaron a formar,
preceptos que sería menester revisar y aplicar en el caso de nuestro país, sobre todo en un
momento como el actual, con un juicio instalado ante la Corte Interamericana de Justicia
(CIJ) contra Chile para resolver la demanda marítima.
Más allá de la acertada estrategia paralela boliviana actual, conducida por su vocero
marítimo, la relación entre Bolivia y Chile ha ingresado en un terreno impropio por el
recurrente intercambio de declaraciones entre sus autoridades, en el que se advierte
marcada altisonancia y, en ocasiones, torpes agravios que en ningún caso son buenos.
Los dislates en un par de episodios han sido utilizados (de ambas partes) como pedestres
herramientas para descalificar las posiciones y argumentos respecto al proceso, los mismos
que deben quedar al margen de un asunto tan trascendental, principalmente para Bolivia.
No es de esa manera como se ganarán simpatías ni se apuntalará nuestro reclamo; muy por
el contrario, tales acciones contaminan e irritan en lo interno y en lo externo. Esa es una vía
poco propicia. Después de todo, ¿no queremos que la CIJ falle a favor nuestro para luego
sentarnos con Chile a negociar de buena fe una salida soberana al Pacífico de manera
civilizada?
Quienes inopinadamente se inclinan por exacerbar los ánimos, declarando cualquier
disparatado infundio, errónea e ingenuamente creen que con ello coadyuvan a nuestra
causa. Peor si dichas aseveraciones provienen de personas que sin conocer a fondo el tema
se aventuran en acrobacias verbales poco meditadas, como el supuesto "nerviosismo
chileno”.
La diplomacia es todo lo contrario, es habilidad, es la aplicación del tacto, es una
verdadera institución del sistema internacional. Es la coherente conducción y versatilidad
de los intereses de un Estado, la ductilidad en la gestión de negociación para resolver
diferencias, por lo que la sindéresis, la reserva y el estilo diplomático no pueden estar
ausentes, ahora más que nunca.
Nuestras autoridades debieran tener mayor cautela y declarar lo necesario, lo prudente,
empleando expresiones medidas y calculadas con precisión, adecuada administración de la
economía del lenguaje, para que esas acciones sean consistentes con el objetivo principal.
Dejemos que sea Chile, con su Canciller y las autoridades que así quieran, el que pierda la
compostura (a fin de cuentas será su decisión soberana, como soberano también será su
eventual yerro). No seamos nosotros, los bolivianos, quienes entremos en esa arena de
destemplanzas poco elegantes.
Nadie podrá negar la intuición y olfato del presidente Morales, que es un hombre que vive
y respira política matiné, tanda y noche, pero, ¿no fuera bueno, entonces, que sus asesores
más cercanos le hicieran notar las sutilezas que la útil diplomacia ofrece en este momento
tan crucial para el país, a fin de capitalizar esas dotes a favor de nuestra demanda en La
Haya? Así se evitarían papelones como el protagonizado por un exministro, nada menos
que de Defensa, correctamente destituido por lo demás.
El Presidente, el segundo mandatario, el Canciller, el agente y el vocero de nuestra
demanda, en ese orden, debieran ser los únicos autorizados para declarar sobre el juicio.
Ninguna otra autoridad más debiera hacerlo, a partir de una estricta instrucción
presidencial, sean del órgano estatal que fueran.
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La demanda debe ser tomada con la mayor responsabilidad y seriedad, evitando los
arrebatos de uno que otro oportunista a quien pueda seducirle la efímera fama de referirse
sobre un asunto tan delicado con el que no debe hacerse ni demagogia ni politiquería.
Generar expectativas sobredimensionadas en nuestra opinión pública -enormemente
sensible con el tema marítimo- confunde y crispa los ánimos. Mucho más si a eso se añaden
engreimientos triunfalistas de creernos poseedores de argumentos "insuperables e
invencibles”, que no son otra cosa que tristes evidencias de un provinciano y perjudicial
chauvinismo.
Fuente: Página Siete 30.04.2015 (Gustavo Murillo Carrasco es abogado y diplomático)
Tel: 591 2 2799673
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La Paz – Bolivia
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Edición a cargo de Rodrigo Fernández Ortiz
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