Comunidades Latinas en Latino Communities

Transcription

Explore, disfrute y proteja nuestro planeta
Comunidades
Latinas en
Peligro
Cómo las Decisiones de la Administración
Bush Dañan a Nuestras Comunidades
Latino
Communities
at
Risk
How Bush Administration Policies
Harm Our Communities
Comunidades en Peligro
Communities at Risk
Philadelphia, Pennsylvania
Reconocimientos
Este informe se realizó gracias a la ayuda y la
dedicación de socios, personal y voluntarios del
Sierra Club. Agradecemos a los miembros de los
muchos grupos comunitarios locales que
ofrecieron información y enviaron fotografías.
Especialmente queremos presentar nuestros
respetos y gratitud a las personas y familias que
compartieron con nosotros sus historias y luchas.
No Hay Respiro para Madre e Hijo
There’s No Easy Breathing For Mother or Son
Salinas, California
El Envenenamiento de Bromuro Metílico Devasta la Salud de Trabajadores
Methyl Bromide Poisoning Devastates Farm Workers’ Health
St. Petersburg, Florida
La Contaminación de Mercurio Hace Inseguro el Consumo de Pescado
Mercury Pollution Makes Fish Unsafe to Eat
Fajardo, Puerto Rico
Acknowledgements
This report was made possible with the help and
hard work of Sierra Club volunteers, staff, and
partners. Many thanks to the members of the
local community groups who provided information and sent photographs. We especially want
to honor and thank the people and families who
shared their stories and struggles.
Sherry Alderman, Elise Annunziata, Keith
Joya Costera Cae en las Redes del Desarrollo
Coastal Jewel Caught in the Nets of Development
Fresno, California
Donde Respirar Es como Fumar sin Filtro
Where Breathing is Like Smoking Without Filters
Brooklyn, New York
Coalición en Nueva York Lucha contra el Envenenamiento de Plomo
New York City Coalition Fights Childhood Lead Poisoning
Bagwell, Sandy Bahr, John Barry, Navis
Blanco, New Mexico
Bermudez, Barb Boyle, Bunyon Bryant, Patricia
Un Ranchero Nuevo Mexicano Quiere Que le Devuelvan Su Tierra
New Mexico Rancher Wants His Land Back
Burke, Elena Cardona, Manuel Castro, Tom
Clarke, Orli Cotel, Rafael Cruz, Miguel Dávila,
Thania Delgado, Julie Eisenberg, Roy Emrick,
Jorge
Fernández,
Mark
Fragola,
Jessica
Frohman, Eric Frumin, Gabriel Gagner, Isabel
Garcia, Marilyn Garret, Kerri Glover, Christine
González, Melanie Griffin, Carmen Guerrero,
Kevin Hall, Kevin Hamilton, Kristina Harrell,
Ananda Hirsh, Ed Hopkins, Frank Jackalone,
Nicholas Jaramillo, Charles Kamasaki, Pat
Kiesylis, Rob Kulakofsky, Rey León, Omeheira
López, Suzanne Mattei, Ubaldo Martín, Jenny
Martínez, Liza Martínez, Georgina Mendoza,
Sarahí Alvarez Mendoza, Tina Mendoza,
Cristina Mestre, Mike Meuter, Nat Mund, Jenny
Neeley, María Celia Nolasco, Cherry Jo Pascual,
Peggy Pierce, Francisco Pérez Aguiló, Amanda
Ransone, Luis Jorge Rivera-Herrera, Lois Robin,
Kat Rodríguez, Leah Rothstein, Guillermo Ruiz,
Zeida Santana, Kristin Schafer, Dan Seligman,
Bart Semcer, Diana Silbergeld, Rob Smith, Tara
Smith, Marilyn Berlin Snell, Kevin Stewart,
Linda Stezelberger, Annie Strickler, JJ Straight,
Linda Tepper, Tanya Tolchin, Ilene Ulep,
Michael Vallejo, Pat Veesart, Chris Velasquez,
Bill Walker, Courtney Washburn, Rosemary
Wehnes, Eric Wesselman, Tad Williams, Mary
Wiper. Report Coordinator: Camilla Feibelman,
Translation: Javier Sierra, Layout: Michael
Molanphy.
Milwaukee, Wisconsin
Las Plantas Energéticas Dejan a Michael Vallejo sin Aliento
Power Plants Take Michael Vallejo’s Breath Away
Reynosa, Mexico
Las Cicatrices del Libre Comercio
The Scars of Free Trade
Tar Heel, North Carolina
Trabajadores de Mataderos Realizan un Trabajo Matador
Slaughterhouse Workers Faced With a Deadly Job
Las Vegas, Nevada
El Aire de Nevada Es una Apuesta a Perdedor
Game Called on Account of Dirty Air
Tucson, Arizona
Muralla Fronteriza Pone en Peligro a las Personas y al Medio Ambiente
Border Walls Put People and the Environment At Risk
“Comunidades Latinas en Peligro” también está disponible en:
www.sierraclub.org/comunidades
“Latino Communities At Risk” is also available at:
Los más de 700.000 miembros del Sierra Club,inspirados por la naturaleza,trabajan juntos para proteger a nuestras comunidades
y nuestro planeta.El Sierra Club es la mayor y más antigua organización de base medioambiental en Estados Unidos.
The Sierra Club’s members are more than 700,000 of your friends and neighbors.Inspired by nature, we work together to protect
our communities and the planet.The Club is America’s oldest,largest and most influential grassroots environmental organization.
Este informe fue financiado por una donación de The Sierra Club Foundation a The Environmental
Partnerships Program del Sierra Club.
This report was funded by a grant from The Sierra Club Foundation for the Sierra Club’s Environmental
Partnerships Program.
Junio de 2004 • June 2004
Impreso en papel reciclado • Printed on recycled paper
3
■
M
ientras el país está distraído con la guerra
y los millones de empleos perdidos, la
administración Bush sigilosamente está
desmantelando las protecciones de nuestro
aire, agua y tierras, amenazando así seriamente la
salud y la herencia de todos. El Informe de
Comunidades Latinas en Peligro de 2004 del Sierra
Club detalla el impacto acumulado de las acciones de
la administración Bush en las comunidades hispanas
de todo el país. El reporte revisa la política y los
números para relatar las historias de 12 personas y
familias cuya salud y subsistencia han sido afectadas
después de haber sido expuestos a peligrosos pesticidas. Michael
Vallejo, Thania Delgado, y Nicholas Jaramillo sufren todos
debido a la epidemia de asma que aflige a nuestro país. Zeida
Santana y María Nolasco están preocupadas por que sus hijos o
nietos queden expuestos a peligrosas toxinas, como el mercurio y
el plomo. Y Chris Velásquez y Miguel Dávila presencian la
destrucción de las tierras que mantienen a sus familias.
En lugar de proteger a Michael y Thania, Miguel y Zeida, la
administración Bush está desmantelando las leyes que se aprobaron
para protegerles. Este año la administración pidió y logró excepciones de un tratado internacional que hubiera prohibido el uso del
pesticida que enfermó a Jorge y a Guillermo. Los cambios en la Ley
de Aire Limpio propuestos por la administración Bush permitirán
que haya más contaminación vinculada con el asma. La Agencia de
Protección Medioambiental nos advirtió que no comamos ciertos
tipos de pescado debido a la contaminación de mercurio la misma
semana que propuso que a los contaminadores se les permitiera
emitir más mercurio durante al menos diez años más. Estas y otras
historias están detalladas en las siguientes páginas.
Hay mejores maneras de hacer las cosas. Poseemos la tecnología y
los conocimientos necesarios para limpiar y evitar el envenenamiento
del aire, agua y tierra. Cada comunidad, cada persona merece esta
protección. La administración Bush debe proteger a todas nuestras
comunidades, por nuestras familias, por nuestro futuro.
directamente por las devastadoras decisiones
medioambientales de la administración Bush.
La comunidad hispana enfrenta un peligro desproporcionado.
Estudio tras estudio demuestra que las comunidades hispanas están
situadas en las áreas más contaminadas de las ciudades.1 Tres de cada
cinco latinos viven en comunidades cercanas a lugares tóxicos no
controlados.2 El 80% de los latinos vive en los 437 condados con el
peor aire del país, comparado con el 57% de los anglosajones y el
65% de los afroamericanos.3 Y el 90% de los braceros son hispanos,
quienes siguen expuestos a pesticidas extremadamente peligrosos.4
El informe del Sierra Club relata las historias de hispanos de
todo Estados Unidos que sufren innecesariamente. Los braceros
Guillermo Ruiz y Jorge Fernández quedaron incapacitados
César Chávez
1927-1993
United Farm Workers
Este informe está dedicado a la memoria de
César Chávez y al movimiento que él inspiró.
El clamor por un medio ambiente seguro está profundamente enraizado en la
tradición hispana. A partir de la década de 1960, César Chávez lideró un
movimiento para proteger a los braceros de los pesticidas que literalmente
llovían sobre ellos en los campos de cultivo.Chávez vinculó al pueblo con el medio
ambiente y nos enseñó que todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente
limpio y seguro - sin importar quiénes somos ni de dónde venimos.La labor de
Chávez y del movimiento medioambiental resultó en la aprobación de leyes
históricas para proteger el aire,el agua y – más importante aún – a la gente.
Communities at Risk
4
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Communities at Risk
W
hile Americans are diverted by war and
millions of job losses, the Bush admin-
istration is quietly stripping protections
from our air, water and lands, seriously
threatening our health and heritage. The Sierra
Club’s 2004 Latino Communities at Risk Report
details the cumulative impact of the Bush administration’s environmental actions on Hispanic communities throughout the country. The report looks
behind the policy and the numbers to tell the stories
of 12 individuals and families whose health and
Jorge Fernández are farm workers incapacitated by their exposure to
toxic pesticides. Michael Vallejo, Thania Delgado, and Nicholas
Jaramillo are all suffering from the asthma epidemic that plagues our
nation. Zeida Santana and Maria Nolasco are worried about exposing their children to dangerous toxins like mercury and lead. And
Chris Velasquez and Miguel Davila are seeing the lands and waters
that support their families be destroyed.
Instead of protecting Michael and Thania, Miguel and Zeida, the
Bush administration is dismantling laws that were meant to protect
them. The administration asked and won exemptions this year from
an international treaty that would have banned the pesticide that
made Jorge and Guillermo sick. Changes to the Clean Air Act proposed by the Bush administration will allow more air pollution that
is linked to asthma. The EPA warned us not to eat certain kinds of
fish because of mercury contamination the same week it proposed
allowing polluters to emit more mercury for at least a decade longer.
These and other stories are detailed in the following pages.
There is a better way. We have the technology and the knowledge needed to clean up and prevent the poisoning of our air,
water and land. Every community, every person deserves that
protection. The Bush administration should protect all of our
communities – for our families, for our future.
livelihoods have been directly affected by the Bush
administration’s devastating environmental policies.
The Hispanic community is disproportionately at risk. Study
after study has shown that Hispanic communities are located in
the most polluted areas of cities.1 Three out of every five Latinos
live in communities near uncontrolled toxic waste sites.2 Eighty
percent of Latinos live in the 437 counties with the country’s worst
air, compared to 57 percent of Anglos and 65 percent of African
Americans.3 And 90 percent of farm workers are Hispanic and are
still exposed to extremely dangerous pesticides.4
The Sierra Club’s report tells the stories of Latinos throughout the
United States who are suffering unnecessarily. Guillermo Ruiz and
César Chávez
1927-1993
United Farm Workers
This report is dedicated to the memory of César
Chávez and the movement he inspired.
The cry for a safe environment is deeply rooted in the Hispanic tradition.
Beginning in the 1960s, Cesar Chavez led a movement to protect workers
from pesticides that were literally raining down on them in the fields.
Chavez’s movement linked people and the environment and taught us that
we all have a right to live in a healthy and safe environment – no matter
who we are or where we are from.The work of Chavez and members of the
environmental movement resulted in passage of landmark laws that
protected our air, water, land and – most importantly – people.
1 Ash, Michael and Fetter, T. Robert, “Who Lives on the Wrong Side of the Tracks? Evidence from the EPA’s Risk-Screening Environmental Indicators
Model,” Social Science Quarterly, 2004.
2 “Toxic Waste and Race in the United States,” UCC-CRJ, 1987.
3 EPA Factsheet, available at, www.epa.gov/compliance/resources/faqs/ej/index.html#faq20.
4 See #3
Philadelphia
PENNSYLVANIA
5
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No Hay Respiro para Madre e Hijo
Plantas Energéticas Viejas y Sucias
Encuentran un Amigo en la
Administración Bush
E
l Dr. Ubaldo Martín es un médico pulmonar de Temple
University Hospital en Filadelfia. Muchos de sus pacientes
son puertorriqueños, una comunidad que sufre de una alta incidencia de asma,1 acentuada por un acceso limitado al cuidado de
la salud, una falta de información sobre la enfermedad y su cercanía a áreas contaminadas.2
Thania Delgado, por ejemplo, quien a veces no puede caminar ni un solo bloque debido al asma, dice que “no tengo seguro
médico, y debido a que no tengo doctor, uso la medicina contra
el asma de mi hijo”.
A su niño de seis años se le diagnosticó asma cuando tenía sólo
una semana de vida después de parar de respirar. Ahora, sufre
ataques dos o tres veces al año, más de lo que los doctores consideran aceptable.
Desde la aplicación de la Ley de Aire Limpio en 1970, la calidad
del aire ha mejorado en muchas regiones del país. Pero incluso
después de 30 años de progreso, más de 130 millones de personas
en este país, 3.8 millones de ellas en el sur de Pensilvania, continúan
respirando aire sucio y nocivo.3
En Pensilvania hay 35 plantas energéticas de combustión de
carbón, localizadas por todo el estado y que contribuyen a los
problemas de calidad del aire.4 Los residentes de Pensilvania también respiran aire sucio procedente de las plantas energéticas del
medio oeste, en Indiana, Ohio y Virginia Occidental al igual que
la contaminación procedente de Baltimore y Washington. Y
ahora, debido a que la administración Bush está debilitando la
protección de la limpieza del aire, los problemas de Pensilvania
podrían empeorar.
“La polución juega un papel muy significativo en el asma y
agrava la enfermedad. No hay manera de negar este hecho.
Cualquier cosa que permita que se acelere la polución, cualquier
política que debilite las protecciones medioambientales, eventualmente perjudica a los pacientes de asma”, dice el Dr. Martín.
En virtud de la Ley de Aire Limpio, el programa de Revisión
de Nuevas Fuentes exige a las plantas más viejas instalar equipo
de control de polución moderno cuando hagan cambios significativos que aumenten la contaminación. La administración
Thania Delgado y su hijo sufren de asma. A veces
Thania no puede ni siquiera caminar un bloque porque su enfermedad se
lo impide.
Bush está excluyendo a plantas energéticas de este programa, y
permitiendo que instalaciones más viejas que contaminan más no
reduzcan sus emisiones tóxicas, lo cual pone en creciente peligro
la salud de las comunidades cercanas y en la dirección del viento.
El programa de Revisión de Nuevas Fuentes funciona. Las
compañías que fueron enjuiciadas por violar esta sección de la
Ley de Aire Limpio han accedido a instalar tecnología moderna
que, después de ser aplicada en su totalidad, reducirá la polución
en casi un millón de toneladas anuales. Esto significa mucho
menos hollín y smog (niebla tóxica) en las comunidades donde
están localizadas estas plantas.5
“Aire limpio es una buena idea, es un error que alguien
debilite la ley”, dice Thania. “Tarde o temprano la gente va a
empezar a usar máscaras en la calle porque esto se está poniendo
peor y peor”.
Treinta años de progreso en la limpieza del aire demuestran que
la ley funciona. Tenemos los conocimientos y la tecnología para
reducir la polución. Pero al ponerse constantemente del lado de la
industria del carbón y de la producción de energía, la administración
Bush da prioridad a las ganancias de los contaminadores en lugar de
la salud pública.
Philadelphia
Communities at Risk
PENNSYLVANIA
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There’s No Easy Breathing For Mother
or Son
Old, Dirty Power Plants Off the Hook After
Bush Administration Eases the Rules
D
r. Ubaldo Martín is a lung doctor at Temple University
Hospital in Philadelphia. Many of his patients are Puerto
Rican, a community that suffers from very high rates of asthma1
and suffers all the more because of limited access to health care,
lack of information about the illness, and living in polluted areas.2
Thania Delgado, for example, sometimes can’t even walk a
block because her asthma overcomes her. “I don’t have medical
insurance, and since I don’t have a doctor, I use my son’s asthma
medicine,” she says.
And Thania’s son, who is six, is suffering too. He was diagnosed with asthma at a week old when he stopped breathing. He
now has two or three attacks each year, more than what doctors
consider acceptable.
Since the Clean Air Act was enacted in 1970, air quality has
improved in many regions of our country. But even after 30 years of
progress, more than 130 million Americans and 3.8 million residents
of southeastern Pennsylvania, continue to breathe dirty, unhealthy air.3
Pennsylvania is home to 35 coal-fired power plants, located
throughout the state which contribute to air quality problems in the
area.4 Also Pennsylvania citizens breathe pollution from dirty
Midwestern power plants located upwind in Indiana, Ohio, and West
Virginia, as well as winds blowing in from Baltimore and Washington.
And now because the Bush administration is weakening clean air protections, Pennsylvania’s air pollution problems stand to get worse.
“Pollution plays a very significant role in asthma and exacerbates it. There isn’t any way to deny that. Anything that allows
pollution to accelerate, any policy that goes soft on environmental
protection, ultimately harms asthma patients,” says Dr. Martín.
Under the Clean Air Act, the New Source Review program
requires older plants to install modern pollution control technologies when they make significant changes that increase pollution.
The Bush administration is exempting factories including utilities
from this program, allowing older, more polluting plants to avoid
pollution reduction, placing local communities and those downwind at increasing risk of health damage and pollution.
The New Source Review program works. Companies that
were sued for breaking this part of the Clean Air Act have since
agreed to install modern technology that will result in pollution
reductions approaching a million tons a year when fully implemented. That means a lot less soot and smog pollution in communities where these plants are located.5
“Clean air sounds right, it’s wrong for anyone to weaken the
law,” says Tahnia. “Sooner or later people will start wearing
masks on the street because this is getting worse and worse.”
Thirty years of progressively cleaner air shows that it doesn’t
have to be this way, we have the know-how and the technology
to reduce pollution. But by consistently siding with the coal and
utility industries, the Bush administration is putting polluters’
profits ahead of people’s health.
Para más información contacte a/For more information contact:
Sierra Club
Elise Annunziata
610.771.0100
elise.annunziata@sierraclub.org
Thania Delgado and her son both suffer from
asthma. Sometimes Thania can’t even walk a block because her
asthma overcomes her.
American Lung Association of Pennsylvania
Linda Stezelberger
610.941.9595
lstezelberger@alapa.org
1 Ledogar, R., et al. “Asthma and Latino Cultures: Different Prevalence Reported Among Groups Sharing the Same Environment,” American Journal of
Respiratory Critical Care Medicine, Vol. 161: 504-9, 2000.
2 Personal interview, Dr. Ubaldo Martin, May 2004.
3 American Lung Association, “State of the Air 2004,” April 2004, available at, http://lungaction.org/reports/stateoftheair2004.html.
4 “Fossil Fuel - Fired Large Utility/CoGen Boilers in Pennsylvania,” PA Department of Environmental Protection, September 2003.
5 Environmental Integrity Project factsheet, available at, http://www.environmentalintegrity.org/pubs/Fact_Sheet_-_NSR_Settlements.pdf.
Salinas
CALIFORNIA
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El Envenenamiento de Bromuro Metílico
Devasta la Salud de Trabajadores
La Administración Bush Socava un Tratado
Internacional Que Prohibiría el Pesticida
espués de trabajar en algunos de los campos más fértiles
del país, Jorge Fernández y Guillermo Ruiz viven una
existencia estéril.
Durante 12 años, los dos recorrieron decenas de plantaciones en
California y Arizona trabajando con uno de los pesticidas más peligrosos que se conocen, el bromuro metílico. Hoy, la salud de Jorge y
Guillermo está destrozada. Ambos se quejan de vista borrosa, dolores
de cabeza, garganta, oído y abdomen, y ardores en la piel.
La Agencia de Protección Medioambiental lo incluye en su
categoría de las sustancias más tóxicas.1 Sólo en California, desde
1985 al menos 18 personas han muerto y cientos han sido intoxicadas por él.2
Los dos han quedado incapacitados para trabajar y culpan de
sus desgracias al bromuro metílico y a los patrones, quienes no
siguieron las reglas de seguridad para su aplicación.
“A mi nunca me informaron que esto hacía daño”, dice Jorge,
quien lleva incapacitado desde septiembre de 2003. “Ahora sé
que después de cortar los plásticos que cubrían los campos,
deberíamos haber esperado 24 horas antes de retirarlos. Pero nos
metían enseguida.”
“[El patrón] no cumplía con las reglas y no nos daba el equipo
apropiado”, recuerda Guillermo, quien también lleva incapacitado
desde septiembre de 2003. “Nos daban un puro pantalón de plástico y máscaras de papel que no protegen nada. Había días que no
podía hablar porque en un par de horas te quemaba la garganta”.
Pero fue el devastador efecto del bromuro metílico en la capa
de ozono lo que llevó a 166 naciones a firmar en 1987 el
Protocolo de Montreal,3 una de las mayores victorias medioambientales de la historia. El pacto obliga a todos sus signatarios a
eliminar por completo el uso del bromuro metílico para 2005,
excepto en casos extraordinarios.
Pero la administración Bush de nuevo está socavando los
tratados internacionales. A principios de 2004, la Casa Blanca
solicitó excepciones para seguir inyectando este pesticida en
campos agrícolas.4 En marzo las consiguió, al menos para 2004;
y ahora en lugar de estar a punto de eliminar por completo este
veneno, braceros como Jorge y Guillermo seguirán aplicándolo a
cosechas, pese a que para el 95% de los usos hay alternativas
menos dañinas.5
ORLI COTEL
D
Durante 12 años, Jorge Fernández y Guillermo
Ruiz han trabajado con el peligroso pesticida
bromuro metílico. Ahora los dos sufren secuelas médicas que les
impiden trabajar.
Para los fabricantes químicos y los conglomerados agrícolas
esto significa un negocio redondo. La familia Gottwald, dueña de
Albemarle, uno de los mayores productores de bromuro metílico,
donó a Bush y al Partido Republicano $345,000 entre 2000 y
2002.6 Y los conglomerados agrícolas dieron $2.7 millones a la
Campaña de Bush en 2000.7
Según un estudio de la Pesticide Action Network, el estadounidense promedio lleva en su cuerpo niveles no saludables de
pesticidas, y los hispanos de origen mexicano, como Jorge y
Guillermo, tienen niveles especialmente altos.8
“Este trabajo nos toca hacerlo porque somos mexicanos”, dice
Jorge. “¿Por qué no viene el Sr. Bush a hacerlo?
Salinas
Communities at Risk
CALIFORNIA
8
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Methyl Bromide Poisoning Devastates
Farm Workers’ Health
The Bush Administration Undermines
International Treaty That Would Ban
the Pesticide
A
fter working on some of the country’s most fertile fields,
Jorge Fernández and Guillermo Ruiz live barren lives.
For 12 years, both men worked in dozens of fields in California
and Arizona with one of the most dangerous pesticides known to
man - methyl bromide. Today, Jorge and Guillermo’s health is devastated. They both complain of blurred vision, head, throat, ear
and abdomen aches, in addition to rashes.
The EPA rates methyl bromide among the most powerful
class of toxic chemicals.1 In California alone, 18 people have died
and hundreds have been poisoned by it.2
Both Jorge and Guillermo have ended up disabled and blame
methyl bromide and their former bosses, who did not follow
safety rules for its application, for their misfortune.
“I was never informed that this was harmful,” says Jorge, who has
been unable to work since September 2003. “Now I know that after
cutting the tarps that cover the fields, we should have waited 24
hours before removing them. But they would send us in right away.”
Guillermo, who has also been out of work since September 2003,
says, “They would just give us a pair of plastic pants and a paper mask
which provided no protection. There were days when I could not speak
because within a couple of hours the gas would burn your throat.”
It was the devastating effects of methyl bromide on the ozone
layer, which protects us from the sun’s dangerous ultra violet rays,
that led 166 nations to sign the Montreal Protocol in 1987.3 This
pact, one of the most important environmental victories in history, mandated that its signatories completely phase out methyl
bromide, except in extraordinary cases, by 2005.
But the Bush administration is once again undermining international cooperation and agreements. Earlier this year the administration requested exemptions from the treaty that would allow
the continued use of thousands of pounds of methyl bromide,
especially in agricultural fields.4 In March, the administration was
granted these exemptions, at least for this year. So now instead of
phasing out this poison, workers like Jorge and Guillermo will
continue applying it – even though there are viable alternatives for
95 percent of the uses of methyl bromide.5
For the chemical producers and agribusiness this is a windfall.
The Gottwald family, the owners of Albemarle, one of the largest
manufacturers of methyl bromide, donated $345,000 to Bush
and the Republican Party between 2000 and 2002.6 And
agribusiness gave $2.7 million to the Bush campaign in 2000.7
According to a Pesticide Action Network study, the average
American carries unhealthy levels of pesticides, with MexicanAmericans, like Jorge and Guillermo, showing disproportionately
high levels.8
“We get to do this job just because we are Mexicans,” Jorge
says. “Why doesn’t Mr. Bush come and do it instead?”
Para más información sobre el bromuro metílico contacte a/
For more information about methyl bromide contact:
ORLI COTEL
California Rural Legal Assistance
Georgina Mendoza
831.757.5221
gmendoza@crla.org
www.crla.org
Jorge Fernández and Guillermo Ruiz have
worked with the dangerous pesticide, methyl
bromide for 12 years. Both now suffer health consequences
that prevent them from working.
Pesticide Action Network
Kristin Schafer or Susan Kegley
415.981.1771
panna@panna.org
www.panna.org
1 “Health Effects of Methyl Bromide,” Environmental Working Group, available at http://www.ewg.org/reports/mbcalifornia/cahealth.html.
2 “Health Effects of Methyl Bromide,” Environmental Working Group, available at http://www.ewg.org/reports/mbcalifornia/cahealth.html.
3 “Ozone Treaties as a Success Story,” United Nations Environmental Programme GRID-Arendal, available at http://www.grida.no/news/index.cfm?requestedItemId=594.
4 “Methyl Bromide in Montreal,” Pesticide Action Network Updates Services, available at http://www.panna.org/resources/panups/panup_20040405.dv.html.
5 “Methyl Bromide Use in California,” Pesticide Action Network Factsheet, available at http://www.panna.org/resources/documents/mbUseInCA.dv.html.
6 Sherer, Glenn, “Bush’s Stealth Attack on the Atmosphere,” Salon, available at http://www.salon.com/news/feature/2003/08/20/ozone/print.html, quoting the Center for Responsive Politics, Donors to Political Campaigns in 2000 and 2002.
7 See #6
8 “American Pesticide Levels Are High,” Associated Press, available at http://www.firstcoastnews.com/printfullstory.aspx?storyid=18516.
St. Petersburg
FLORIDA
9
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La Contaminación de Mercurio Hace
Inseguro el Consumo de Pescado
La Política de la Administración Bush Retrasa
la Limpieza de Este Poderoso Veneno
eida Santana es residente de St. Petersburg, Florida, y trabaja en un hospital pediátrico local. Como bióloga, está
preocupada por lo que da de comer a sus dos hijos, de uno y tres
años de edad. Zeida oyó en las noticias que no es seguro comer
algunos tipos de pescado por los niveles de mercurio y otras sustancias tóxicas que contienen.
“Tengo miedo de darle pescado a mis hijos. Nunca les doy de
comer pescado”, dice Zeida. Y sus temores están fundados.
Florida, por su parte, es uno de los 45 estados y territorios que
han advertido a sus residentes que no coman ciertos tipos de
pescado procedentes de lagos, ríos y arroyos debido a niveles no
seguros de mercurio.1
Las plantas energéticas de combustión de carbón, las cuales
emiten 48 toneladas de mercurio al año, son la mayor fuente de este
veneno en Estados Unidos.2 El mercurio emitido en la atmósfera,
debido a la lluvia, cae a los ríos, lagos y océanos, donde entra en
la cadena alimenticia después de ser absorbido por los peces, lo
cual pone en peligro a los consumidores. El mercurio es un veneno
que retrasa el desarrollo mental, aumenta las discapacidades de
aprendizaje, y crea déficits en el habla, las funciones motores, la
atención y la memoria.
Los niños pequeños como los hijos de Zeida, las mujeres
embarazadas y las mujeres en edad fértil son los más vulnerables
al envenenamiento de mercurio. La Agencia de Protección
Medioambiental (EPA) estima que una de cada seis mujeres en
edad fértil en Estados Unidos tiene niveles de mercurio suficientemente altos para poner en peligro a su bebé. Esto significa que
más de 630,000 recién nacidos están en peligro cada año.3
Tuvo sentido, por tanto, que el 10 de diciembre, 2003, y de
nuevo en marzo de 2004, la administración Bush advirtiera al
país que limitemos la cantidad de pescado que consumimos y
damos a nuestros hijos. Lo que no tuvo sentido es que cinco días
más tarde la administración anunciara planes para autorizar a las
plantas energéticas a que descarguen más mercurio en nuestros
ríos y lagos, lo cual permite que se triplique la contaminación que
prescribe la Ley de Aire Limpio.
Hay mejores opciones. La aplicación decidida de la Ley de Aire
Limpio podría reducir las emisiones de mercurio a cinco toneladas
anuales para 2008, un descenso del 90% de los niveles actuales.4
JAVIER SIERRA
Z
Zeida Santana tiene miedo de servir pescado a
sus hijos. El gobierno ha advertido que el pescado contaminado con
mercurio es peligroso para niños pequeños y mujeres embarazadas.
La propuesta de la administración Bush deja a familias como la
de Zeida vulnerables a la contaminación de mercurio. El gobierno
debe ordenar una rápida reducción de las emisiones de mercurio
procedentes de todas las plantas energéticas del estado.
Debe aplicar la ley, hacer responsables a los contaminadores, y
exigirles que usen tecnología moderna para proteger nuestra salud
y seguridad.
“Cuando llegué de Cuba, creí que un país rico como éste
protegería el medio ambiente. No puedo creer que no lo haga”,
dice Zeida.
St. Petersburg
Communities at Risk
FLORIDA
10
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Mercury Pollution Makes Fish Unsafe
to Eat
Bush Administration Policy Delays Clean
Up Of Powerful Poison
Z
JAVIER SIERRA
eida Santana is a resident of St. Petersburg, Florida and works
at a local pediatric hospital. As a biologist, she worries
about what she feeds her two young sons, who are one and three
years old. On the news lately, Zeida’s heard that it isn’t safe to
eat some fish because of the levels of mercury and other toxics
found in them.
“I am afraid to feed my children any seafood at all. I never
feed them fish,” said Zeida. And her fears are founded. Florida
is one of 45 states and territories that warn residents not to eat
certain species of fish caught in many of its lakes, rivers, and
streams due to unsafe levels of mercury.1
Coal-fired power plants, which release 48 tons of mercury each
year, are the largest source of mercury in the US.2 Mercury emitted into the air falls with the rain into our waterways where it
enters the food chain after being absorbed by fish, which are dangerous to people who eat them. Mercury is a poison that delays
mental development, increases learning disabilities, and creates
deficits in language, motor function, attention, and memory.
Young children like Zeida’s kids, pregnant women, and
women of childbearing age are most at risk from mercury. And
recent EPA estimates indicate that one in six women in the US
of childbearing age has mercury levels in her blood high enough
to put her baby at risk. That means over 630,000 newborns are
at risk each year.3
So it made sense that on December 10, 2003, and again this
March, 2004, the Bush administration warned Americans to limit
the amount of fish we eat and feed our kids. What didn’t make sense
was that five days later the administration announced plans to give
power plants permission to shower more toxic mercury into our
lakes and streams, permitting three times more mercury pollution,
for at least a decade longer, than the Clean Air Act currently allows.
There is a better way. Strong enforcement of the Clean Air Act
could reduce mercury emissions to five tons per year by 2008, a
90 percent reduction from current levels.4
The Bush administration proposal leaves families like Zeida’s
at risk from mercury pollution. A speedy reduction of mercury
emissions from each power plant in the state must be mandated.
The administration must enforce the law, hold polluters
accountable, and require them to use today’s technology to
protect our health and safety.
“When I came here from Cuba I thought a rich country like
this would protect the environment. I can’t believe that it doesn’t,”
said Zeida.
Zeida Santana is afraid to feed her boys fish for
dinner. The government put out warnings that fish contaminated
with mercury is dangerous to young children and pregnant women.
Sierra Club
Amanda Ransone
amanda.ransone@sierraclub.org
727.824.8813
www.sierraclub.org
1 “Update: National Listing of Fish and Wildlife Advisories,” US EPA Fact Sheet, EPA-823-F-02-007, May 2003.
2 EPA Factsheet Basic Information, available at: http://www.epa.gov/air/clearskies/basic.html#emissions.
3 “Methylmercury: Epidemiology Update,” US EPA, Presentation by Kathryn Mahaffey, PhD at the National Forum on Contaminants in Fish, San
Diego, CA, January 25-28, 2004.
4 January 30, 2004 Federal Register, 40CFR Parts 60 and 63. Dec. 4 2001 presentation by EPA to the Edison Electric Institute.
Fajardo
PUERTO RICO
11
■
Joya Costera Cae en las Redes
del Desarrollo
Están en Peligro la Economía Local y
Especies Amenazadas Mientras que la
Administración Bush No Actúa
M
iguel Dávila considera sus redes de pescador su herencia
más valiosa. Pero esas redes corren grave peligro de
quedar tendidas al sol para siempre.
Dávila es un líder pescador puertorriqueño que comparte las
bendiciones de una joya de bosque pluvial costero llamada
Corredor Ecológico del Noreste, la cual podría desaparecer si
triunfan varias propuestas de construcción de proyectos turísticoresidenciales.
Los 3,200 acres del Corredor atesoran raras especies animales
y vegetales, bosques, pantanales y comunidades de coral.1, 2, 3 Las
playas del Corredor son uno de los mayores centros de anidaje en
Estados Unidos del tinglar, la mayor tortuga marina del mundo.4
El Corredor es también el sustento de decenas de pescadores
como Dávila.
Este derroche de belleza prístina está en peligro. El proceso de
aprobación del San Miguel Resort, de la cadena Four Seasons
Hotels, y el Dos Mares Resort, de Marriott International, dos
de los varios proyectos turístico-residenciales propuestos para
construirse en y alrededor del Corredor, está avanzado rápidamente gracias a los buenos contactos de los constructores en el
gobierno puertorriqueño.5
Los activistas locales han presionado al gobierno federal para
proteger el Corredor, un hábitat crucial para especies como el
carey de concha, el cual los expertos predicen que quedará extinto en diez años en el Océano Pacífico.6 Pero desde que llegó al
poder, la administradción Bush consistentemente ha negado otorgar la categoría de hábitat crítico a terrenos, rechazando investigaciones de la Academia Nacional de Ciencias que concluyeron que
preservarestas tierras es esencial para proteger a especies en peligro.
Asimismo, en noviembre de 2003, el Servicio Federal de Pesca
y Vida Silvestre emitió una opinión por la que el San Miguel
Resort no pondría en peligro la supervivencia del tinglar ni el carey
de concha en el Corredor, contradiciendo así estudios previos, lo
cual inspiró a activistas locales y grupos nacionales a enjuiciar al
servicio por violar la Ley de Especies en Peligro.7
Miguel Dávila, líder comunitario y pescador,
protesta contra la construcción de dos proyectos
turístico-residenciales que amenazan a la tortuga carey de concha y su
sustento como pescador.
Los residentes se oponen enfáticamente a estos proyectos, en gran
parte porque ya hay una alarmante escasez de agua en el área debido a
la demanda creada por las comunidades turísticas existentes.8
“Si esto sigue así”, advierte Dávila, “los pescadores tendremos
que ir a pescar al monte, a morirnos de hambre. Nosotros no
queremos depender de nadie. Esta es nuestra herencia”. Varios
megahoteles y puertos de recreo construidos cerca del Corredor
ya han cerrado el acceso al mar a los pescadores.
“El gobierno federal y los gobiernos locales nos han fallado. Los
tinglares necesitan lugares para anidar, los pescadores lugares para
pescar, y los residentes agua para beber”, dice Luis Jorge RiveraHerrera, miembro de la Iniciativa para un Desarrollo Sostenible.
Mientras que los líderes locales presionan a la administración
Bush y a los gobiernos locales para que actúen, Dávila se pregunta si hoy será el último día que cuelgue sus redes.
“Nos hemos empobrecido”, dice Dávila. “Aquí hay sed de justicia.
Nos oponemos rotundamente a la construcción de los hoteles”.
Fajardo
Communities at Risk
PUERTO RICO
12
■
Coastal Jewel Caught in the Nets
of Development
Local Economy, Endangered Species at Risk
and the Bush Administration Fails to Act
M
iguel Dávila’s fishing nets are both his living and his heritage.
But those nets are at risk of being hung out to dry forever.
Dávila is a Puerto Rican fisherman and community leader
who shares in the blessings of a coastal forest jewel called the
Northeast Ecological Corridor, which could be destroyed if several proposed mega-resorts are approved.
The 3,200-acre corridor contains unique and rare plant and animal
species, forests, wetlands and coral communities.1, 2, 3 The corridor’s
beaches are one of the most important nesting grounds in the United
States for the leatherback turtle, the largest sea turtle in the world.4 The
corridor also provides a livelihood for dozens of fishermen like Dávila.
This display of pristine beauty is at risk. The approval process
for the Four Season’s Hotels’ San Miguel Resort and Marriott
International’s Dos Mares Resort, two of several residentialtourist projects proposed to be built in and around the corridor,
is moving ahead rapidly because of insider contacts developers
have within the Puerto Rican government.5
Local activists have pushed the federal government to see the corridor protected as critical habitat for endangered species including
the Leatherback sea turtle, which scientists predict will go extinct in
the Pacific Ocean within 10 years.6 But since taking office, the Bush
administration has consistently denied critical habitat designations,
denying National Academy of Science findings that protecting this
land is essential to protecting endangered species.
In November 2003, the US Fish And Wildlife Service issued a finding that the San Miguel Resort would not jeopardize the survival of the
leatherback and hawksbill sea turtles that nest at the corridor, contrary
to previous findings, prompting a coalition of local and national organizations to sue the agency for violating the Endangered Species Act.7
Area residents categorically reject the development projects, in
large part because there is already an alarming lack of water in the
area due to the demand created by existing tourist communities.8
And Dávila warns, “If things keep on like this we’ll have no place
to fish and will die of hunger. We don’t want to be dependent on
anyone. This is our heritage.” Already, several resorts and marinas
built near the corridor have closed fishermens’ access to the sea.
“Both the federal and local governments have failed us. Sea
turtles need places to nest. Fishermen need places to fish. And
residents need water to drink,” says Luis Jorge Rivera-Herrera,
member of the Initiative for Sustainable Development.
While local leaders push both the Bush administration and
local governments to act, Dávila wonders whether today will be
the last day he’ll use his nets.
“This situation has impoverished us,” Dávila says. “We have thirst
for justice. We adamantly oppose the construction of the resorts.”
Patricia Burke
Sierra Club, Puerto Rico
patricia.burke@gmx.net
787.727.2283
Miguel Dávila, community leader and fisherman, protests the building of two mega-resorts that threaten
the endangered leatherback sea turtle and his livelihood as a fisherman.
Luis Jorge Rivera-Herrera
Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS)
idspr@hotmail.com
787.460.8315
1 “Designation Document for the Extension of the Las Cabezas de San Juan Nature Reserve - Segmento El Convento.” Resources Planning Area.Puerto
Rico Department of Natural and Environmental Resources, 1992.
2 “Preliminary Updated Environmental Impact Statement for the San Miguel-Four Seasons Resort, Luquillo, Puerto Rico,” JCA-01-0030 (CT)CSA
Group, Inc., 2003.
3 “Preliminary Amended Environmental Impact Statement for the Dos Mares-J.W. Marriott Resort, Fajardo, Puerto Rico,” JCA-99-015 (JP), Estudios
Científicos y Técnicos, Inc., 2002.
4 NWF et al v. Norton, No. 1:04cv00779 (D.D.C. filed May 13, 2004)
5 Ruiz-Marrero, C., 2003. Respuesta a Luis E. Rodríguez Rivera. In: Claridad. August 28-September 3, 2003, edition.
6 Pacific Leatherback Turtle 10 Years From Extinction, Environmental New Service, February 2004, available at, http://www.ensnewswire.com/ens/feb2004/2004-02-26-02.asp.
7 See #4
8 Personal communication with Luis Jorge Rivera-Herrera, Environmental Scientist for Iniciativa para un Desarrollo Sustentable, May, 2004.
Fresno
CALIFORNIA
13
■
Donde Respirar es como Fumar sin Filtro
La EPA Da a los Contaminadores más
Tiempo para Limpiar el Aire, Mientras Que
los Asmáticos Continúan Sufriendo
S
er hispano y vivir en el Valle de San Joaquín, California,
puede ser peligroso para la salud.
De hecho, respirar en ésta, una de las zonas agrícolas más ricas
de Estados Unidos, equivale a fumarse un paquete de cigarrillos
al día. Pero para los hispanos, quienes viven en medio de la peor
contaminación, esos cigarrillos no tienen filtro.
Lisa Martínez conoce muy bien el castigo para los pulmones
que significa respirar en la región con la peor contaminación
atmosférica del país. Sus dos hijos, Nicholas, de 17 años, y
Ilene, de 9, sufren de asma, una enfermedad que en el valle se
considera una epidemia.
“Yo soy afortunada ya que mi familia vive en una zona menos
contaminada en Fresno”, dice Martínez. “Pero cuando Nicholas
visita a su tío, quien vive en el barrio, cerca de los campos de cultivo que se llenan de pesticidas, él se pone grave de verdad y hasta
hay que hospitalizarlo”.
La intensa actividad agrícola y su uso masivo de pesticidas, el
tráfico pesado y la polución de los pozos petroleros convierten al
valle en una caldera de gases tóxicos, especialmente en verano, con
frecuentes temperaturas de más de 100º. Desde el centro del valle,
de 65 millas de anchura máxima, difícilmente se ven las montañas
a uno u otro lado debido a la nube marrón que todo lo cubre.
Esta caldera es especialmente tóxica para los hispanos, cuya
población forma el 41% del total del valle.1
“El barrio hispano”, dice Martínez, “está cerca de la carretera, y los
camiones levantan el polvo de los pesticidas, y lo hacen todo mucho
peor, especialmente para Nicholas y otros muchachos como él”.
En 2003, la mitad de las hospitalizaciones por asma en el
Centro Médico Comunitario de Fresno fueron de niños hispanos. Y las muertes relacionadas con la contaminación son casi
el doble entre los hispanos que entre los anglosajones.2 Según el
Dr. Kevin Hamilton, director del Programa de Asma de dicho
centro médico, entre los hispanos, el 20% de los niños y el 12%
de los adultos padecen asma; mientras que entre los anglosajones,
el 11% de los niños y el 7% de los adultos lo sufren.
Y pese a que el informe “Estado del Aire: 2004” de la
Asociación Pulmonar Americana dio una calificación “D” al valle
por su smog, la administración Bush ha extendido el plazo para la
Nicholas y Ilene sufren de asma empeorada por la
contaminación atmosférica del Valle de San Joaquín, donde la EPA ha
retrasado la limpieza del peor aire del país.
limpieza atmosférica. El gobierno permitió al distrito atmosférico
local retrasar el cumplir con los estándares nacionales de smog
del 2006 al 2010 y evitar pagar sanciones monetarias.3
La administración Bush también concedió al Valle de San
Joaquín más tiempo para cumplir con un estándar más reciente
y más estricto del gobierno del Presidente Clinton.4 Mientras
tanto, la contaminación contribuye a la muerte de 1,300
personas anuales en el valle, según datos estatales.5 Y así, en tanto
la administración Bush debilita las leyes que nos protegen,
Nicholas y Ilene, y cientos de miles de niños hispanos con asma,
respiran a duras penas.
Fresno
Communities at Risk
CALIFORNIA
14
■
Where Breathing is Like Smoking
Without Filters
EPA Gives Polluters More Time to Clean Up,
While Asthma Victims Continue to Suffer
B
eing Hispanic and living in the San Joaquin Valley in
California can be dangerous to your health.
In fact, simply breathing in this area, one of the country’s
richest agricultural regions, is as bad as smoking a pack of cigarettes a day and for Hispanics, who live in the midst of some of
the worst pollution, those cigarettes have no filters.
Lisa Martínez knows very well the punishment breathing the
country’s most polluted air can be for a person’s lungs. Her two
children, Nicholas, 17, and Ilene, 9, both have asthma, an illness
which, in the Valley, is already considered an epidemic.
“I am fortunate because my family lives in a less polluted area
near Fresno,” says Martínez. “But when Nicholas visits his uncle,
who lives in the barrio, close to the farm fields which are full of
pesticides, he gets very sick and has even required hospitalization.”
Intense agricultural activity with massive pesticide use, heavy traffic and pollution from oil wells has turned the Valley into a cauldron
of toxic gases, especially in the summer, when temperatures frequently exceed 100º. From the middle of the Valley the mountains on
either side are barely visible because of the brownish cloud that covers
everything, even though the Valley’s maximum width is just 65 miles.
This cauldron is especially toxic for the Hispanic community,
who make up 41% of the Valley’s population.1
“The barrio,” Martínez explains, “is close to the highway, and
the trucks pick up pesticide dust, and make everything worse,
especially for Nicholas and other kids like him.”
In 2003, half of the patients treated for asthma by the emergency room at the Community Medical Center of Fresno were
Hispanic. And the number of deaths related to air pollution for
Hispanics is double that of Anglos.2 According to Kevin
Hamilton, director of the Asthma Program at the Community
Health Center in Fresno, among Hispanics, 20 percent of children
and 12 percent of adults have asthma; whereas among Anglos, 11
percent of children and 7 percent of adults have it.
And even though the American Lung Association's “State of the
Air: 2004” report gave San Joaquin valley a “D” grade for smog, the
Bush administration is extending the deadline for air cleanup in the
valley. The administration is allowing the local air district to put off
meeting the national smog standard from 2006 to 2010 and allowing it to avoid monetary sanctions.3
The Bush administration is also allowing the San Joaquin Valley
even more time to meet a newer, stronger Clinton administration
health standard.4 Meanwhile, the pollution contributes to the deaths
of 1,300 people annually in the valley, according to state figures.5
While the Bush administration weakens the laws, Nicholas and
Ilene, as well as hundreds of thousands of Hispanic children with
asthma, can hardly breathe.
Sierra Club
Kevin Hall
559.227.6421
hallmos@aol.com
Latino Issues Forum
Rey León
559.241.6572
rleon@lif.org
Nicholas and Ilene suffer from asthma exacerbated
by bad air in the San Joaquin Valley where the EPA has delayed clean up
of the country’s worst air.
Community Health Center
Kevin Hamilton
559.459.1585
khamilton@communitymedical.org
1 2000 US Census, available at http://quickfacts.census.gov/qfd/states/06/06077.html.
2 Personal Interview, Kevin Hamilton, Community Health Center, May, 2004.
3 Federal Register, Volume 69, Page 20550, April 16, 2004.
4 Federal Register, Volume 69, Page 23951, April 30, 2004.
5 Based on “Benefits and Costs of the Clean Air Act, 1990-2010,” Appendix D at 90: Tables D-23 and D-24, Nov. 1999, available at:
http://www.epa.gov/oar/sect812/copy99.html.
Brooklyn
NEW YORK
15
■
Coalición en Nueva York Lucha contra el
Envenenamiento de Plomo
M
aría Celia Nolasco está criando a tres nietos que sufren
envenenamiento de plomo. Vive en Bushwick, un barrio
de Brooklyn que es parte del “cinturón de plomo”, una sección de
viviendas de la Ciudad de Nueva York plagada de pintura de base
de plomo altamente tóxica. Muchos niños de su comunidad
sufren de envenenamiento de plomo, el cual causa daños
cerebrales permanentes que conllevan desórdenes de aprendizaje y
problemas de comportamiento.
“El envenenamiento de plomo ha sido devastador para los
niños, para mi y para toda la familia”, dice la Sra. Nolasco.
Trabajando con Manuel Castro, un organizador comunitario
del grupo Se Hace el Camino al Andar, con base en Bushwick,
ella y otros líderes comunitarios, junto con el Comité de Justicia
Medioambiental local del Sierra Club, se unieron a la Coalición
de Nueva York para Acabar con el Envenenamiento de Plomo
(una red de doctores locales, sindicatos, y grupos medioambientales, de arrendatarios y residentes de viviendas de bajos ingresos). Lo que proponen son leyes municipales más efectivas que
eviten el envenenamiento de plomo en los niños.
Los activistas locales esperaban que el gobierno federal ayudara. En octubre de 2002, el Centro Federal de Control de
Enfermedades (CDC) estableció una comisión asesora científica
para considerar reforzar los estándares del envenenamiento de
plomo, ya que nuevas investigaciones indicaban que los daños
cerebrales ocurren a niveles de exposición más bajos. Pero la
administración Bush intervino, rechazó a varios expertos que el
propio personal del CDC había recomendado para integrar la
comisión y favoreció otros candidatos más inclinados a oponerse
a reforzar dichos estándares. Al menos dos de los candidatos nombrados tenían vínculos financieros con la industria del plomo.1
Como era de esperar, los viejos estándares no han cambiado.
Sin embargo, los activistas locales ni quisieron ni pudieron
rendirse. En Nueva York, el 94% de las víctimas del envenenamiento de plomo son niños no blancos,2 y Bushwick tiene los
niveles de envenenamiento de plomo más altos de la ciudad 64.4 casos por cada mil niños. Si la administración Bush hubiera
endurecido los estándares, la ciudad se hubiera visto obligada a
actuar, pero la Sra. Nolasco y sus vecinos tuvieron que librar esta
batalla por sí mismos.
En febrero de 2004, después de oír a la Sra. Nolasco y a otros,
el Consejo Municipal aprobó la Ley de Prevención de
Envenenamiento de Plomo en los Niños, incluso anulando el
Cuando la Sra. Nolasco se enteró del
envenenamiento de plomo de sus nietos,llevó sus exigencias
de mejores leyeas hasta el ayuntamiento.
veto del alcalde. Aún así, los dueños de estas viviendas decrépitas
insisten en que la ley es innecesaria, y todavía no está claro si la
ciudad la va a aplicar.
“El envenenamiento de plomo ha empeorado la vida de
todos”, dice la Sra. Nolasco, quien urge a los funcionarios públicos a “hacer su parte para evitar que más niños se envenenen”.
Si el gobierno federal reconociera la investigación científica
que recomienda el endurecimiento de los estándares, sería mucho
más fácil para estas dedicadas familias y organizaciones persuadir
a los legisladores locales para que actúen de manera decisiva y
acabar con esta flagelo del envenenamiento de plomo.
Brooklyn
Communities at Risk
NEW YORK
16
■
New York City Coalition Fights
Childhood Lead Poisoning
M
aria Celia Nolasco is raising three grandchildren who
were poisoned by lead. She lives in Bushwick, a neighborhood of Brooklyn that is part of New York City’s “lead belt,”
a swath of housing plagued by highly toxic lead-based paint.
Many children in her community suffer from lead poisoning,
which causes permanent brain damage that leads to learning disabilities and behavioral problems.
“Lead poisoning has been devastating to the children, to me
and to our entire family,” said Mrs. Nolasco.
Working with community organizer Manuel Castro of Make
the Road by Walking, a Bushwick based organization, Nolasco
and other community leaders, along with Sierra Club’s local
Environmental Justice Committee, joined with the New York
City Coalition to End Lead Poisoning (a network of medical
doctors, labor unions, and environmental, tenant and low
income housing groups). They advocated for a stronger city law
to prevent childhood lead poisoning.
Local activists had hoped the federal government would
weigh in. In October 2002, the federal Centers for Disease
Control (CDC) established a scientific advisory committee to
consider strengthening the standard for lead poisoning, since
new research showed that brain damage occurs at lower levels of
exposure. But the Bush administration intervened. It rejected
several experts that the CDC’s own staff scientists had recommended for the committee in favor of people more likely to
oppose tightening the standard. At least two of the new
appointees had direct financial ties to the lead industry.1 Not
surprisingly, the old standard has not changed.
Yet the community activists didn’t and couldn’t give up. In
New York City, 94 percent of lead poisoning victims are children
of color,2 and Bushwick has the city’s highest rate of lead poisoning — 64.4 cases per thousand children. If the Bush administration had tightened the standard, the city would have been
forced to act, but Mrs. Nolasco and her neighbors had to walk
this road alone.
In February 2004, after hearing from Mrs. Nolasco and others, the New York City Council passed the Childhood Lead
Poisoning Prevention Act, even overturning the Mayor’s veto.
Still, slumlords claim that the law is unnecessary and it is not yet
clear whether the city will enforce it.
“Lead poisoning has changed all of our lives for the worse,”
said Mrs. Nolasco. She urges government officials: “Please do
your part to stop more kids from being poisoned.”
There is a better way. If the federal government would
acknowledge the strong science that calls for a tighter lead poisoning standard, it would be much easier for these dedicated
families and organizations to persuade local lawmakers to take
strong action to stop the scourge of lead poisoning.
Make the Road by Walking
Manuel Castro
718-418-7690, ext. 225
manuel@maketheroad.org
Sierra Club
Suzanne Mattei
212.791.3600, ext. 35
suzanne.mattei@sierraclub.org
When Mrs. Nolasco found out her grandchildren
were suffering from lead poisoning, she took her case
for better lead laws all the way to city hall
NYC Coalition to End Lead Poisoning
Cordell Cleare
212.543.0260, ext. 204
www.nmic.org/nyccelp.htm
1 Cohn, Jonathan , “The Lead Industry Gets Its Turn,” The New Republic, December 23, 2002; Divis, Dee Ann Science & Tech. Ed., “2002 Yearend:
Pols Want to Corral Science” UPI Special Report, Dec. 9, 2002.
2 “Do You Know Where the Lead Is? A Report on How Many NYC Children Were Lead Poisoned Between 1995 and 2000 and Where They Live,” p.
2, NYPIRG, June 13, 2002.
Blanco
NEW MEXICO
17
■
Un Ranchero Nuevo Mexicano Quiere
Que le Devuelvan Su Tierra
Los Planes Energéticos de la
Administración Bush Abren Terrenos
Públicos y Privados a Explotación
Destructiva de Gas y Petróleo
l ranchero de reses Chris Velasquez no había trabajado con
medioambientalistas – hasta que la tierra de su familia fue
agujereada por destructivos pozos de gas y petróleo. “Estos eran
buenos terrenos. Pero no creo que haya manera de recuperarlos.
Estas compañías energéticas perforan la tierra y siguen arrollando”,
se lamenta Chris.
Chris tiene permisos para usar 20,000 acres de tierras públicas
en Nuevo México para que paste su ganado. Allá también hay 373
pozos, y 70 más que se han aprobado recientemente. Sus 320
acres de pastos privados contienen diez pozos hasta el momento.
¿Por qué está esta tierra en peligro? En el oeste, a los dueños de
terrenos a menudo sólo les pertenece lo que está en la superficie,
no lo que hay bajo tierra. La Oficina de Gestión de Tierras (BLM)
arrienda los derechos del uso subterráneo a compañías energéticas,
permitiéndoles perforar pozos y construir carreteras, vallas y oleoductos en la superficie – sin el permiso de los dueños.
Ahora, la administración Bush pretende perforar casi 12,500
pozos nuevos en tierras públicas y privadas durante los próximos 20
años,1 lo cual ha desatado una avalancha de perforaciones en áreas
delicadas de Nuevo México y las Montañas Rocosas Occidentales.
Durante los últimos tres años, la administración Bush ha dado
prioridad a las ganancias de la industria petrolera y de gas en lugar
de proteger a los rancheros y propietarios del oeste. La Agencia de
Protección Medioambiental (EPA) notificó al Congreso que la
fracturación hidráulica, uno de los métodos de perforación, puede
causar niveles peligrosos de benceno en el agua potable. Pero poco
después, la EPA emitió un borrador de informe que revocó su posición en este tema y permitió la perforación hidráulica alegando
que los cambios estaban “basados en comentarios” de una fuente
de la industria.2
Chris ha perdido más de 80 reses y ha tenido que luchar contra
las compañías petroleras y de gas para recibir su justa compensación.
Los productos tóxicos utilizados por la industria han envenenado a
la vida silvestre, se quedan abiertas las compuertas de las vallas para
que escape el ganado, los pastos han quedado destruidos por los
pozos, y carreteras malamente construidas han erosionado el suelo.
CHIP SIMMONS
E
El ranchero de reses Chris Velasquez no había
trabajado con medioambientalistas – hasta que la tierra de su familia fue agujereada por destructivos pozos de gas y petróleo.
Chris y otros rancheros están tan hartos de ver las consecuencias del descontrol de la industria petrolera y de gas, que han
echado candado a las puertas de sus tierras. “Puede uno hablar
todo lo que quiera”, dice Chris, “pero esta gente sólo responde a
tácticas de fuerza”.
No en vano, durante el ciclo electoral 1999-2000, George W.
Bush recibió más contribuciones electorales de la industria
petrolera y de gas que cualquier otro candidato – un total de casi
$2 millones.3
Chris sabe que Nuevo México puede ayudar a cumplir con las
necesidades energéticas del país. También sabe que hay otras
opciones a perforar de manera temeraria. Tenemos que equilibrar
el uso de la tierra considerando los fines recreativos, la preservación de terrenos culturales, además del desarrollo energético.
Tristemente, la administración Bush ha emprendido una
política agresiva que abre una cantidad de tierra sin precedentes
a la perforación destructiva. El equilibrio es una mejor opción.
Partes de este artículo provienen de Sierra Magazine, “A Cowboy’s
Lament”, por Marilyn Berlin Snell, publicado en julio de 2003.
Blanco
Communities at Risk
NEW MEXICO
18
■
New Mexico Rancher Wants His Land Back
The Bush Administration’s Energy Plans
Open Public and Private Lands to
Destructive Oil and Gas Exploitation
C
attle rancher Chris Velasquez hadn’t worked with environmentalists – that was until his family’s land was pocked by
destructive oil and gas wells. “This was good range, but I don’t
think there’s any bringing it back. These energy companies just
dig up the country and keep on rolling,” Chris laments.
Chris has a permit to graze cattle on 20,000 acres on some of
New Mexico’s public lands, where there are already 373 wells, with
70 more recently approved. His 320 acres of private rangeland have
10 wells on them so far. The reason his land is now in peril? In the
West, private land owners often own only what’s on the surface, not
what’s underground. The Bureau of Land Management (BLM)
leases the underground rights to energy and mining companies,
allowing them to build wells, roads, fences, and pipelines on the
surface – without the permission of landowners.
Now, the Bush administration wants to build nearly 12,500
new wells on public and private land over the next twenty years,1
a plan causing a drilling frenzy in sensitive areas of New Mexico
and the Rocky Mountain West.
Over the last three years, the Bush administration has repeatedly
placed the profits of the oil and gas industry over that of Western
land owners and ranchers. Shortly after briefing Congress about
research indicating that hydraulic fracturing, one drilling method,
could lead to unsafe levels of benzene in drinking water, the
Environmental Protection Agency (EPA) released a draft report
reversing their position, to allow hydraulic drilling, saying the
change was “based on feedback” from an industry source.2
Chris has lost more than 80 animals and has had to fight for
reimbursement for each one from the oil and gas companies.
Wildlife have been poisoned by toxic chemicals left by the industry, ranch gates have been left open so livestock escape, rangeland
has been scraped and cleared for wells, and soil eroded by poorly constructed company roads.
Chris and several of his fellow ranchers got so fed up with what
they see as oil and gas development run amok, that they locked
the gates to their private land. “You can talk all you want,” says
Chris, “but they don’t respond to nothing but strong tactics.”
Not surprisingly, during the 1999-2000 election cycle, George
W. Bush was the top recipient of campaign contributions from the
oil and gas industry – totaling almost $2 million dollars.3
Chris knows New Mexico can help meet the country’s energy
needs. He also knows we can do better than recklessly drilling. We
need to balance our use of land with recreation, conservation,
preservation of cultural lands, as well as energy development.
Unfortunately, the Bush administration is pursuing an aggressive
policy that opens up an unprecedented amount of the American
landscape to destructive drilling. Balance is a better way.
Excerpts of this story from Sierra Magazine’s “A Cowboy’s
Lament” by Marilyn Berlin Snell published July 2003.
CHIP SIMMONS
Sierra Club
Mary Wiper
505-243-7767
Mary.Wiper@sierraclub.org
Cattle rancher Chris Velasquez hadn’t worked
with environmentalists – that was until his family’s land
was pocked by destructive oil and gas wells.
1 “Notice of Availability of the Farmington Proposed Resource Management Plan and Final Environmental Impact Statement, Farmington Field Office,”
NM, 68 fed. Reg. 16545-6, April 4, 2003, available at, http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-IMPACT/2003/April/Day-04/i5895.htm.
2 Letter from Rep. Henry A. Waxman to EPA Secretary Christine Todd Whitman, Oct. 8, 2002, available at,
http://www.house.gov/reform/min/pdfs/pdf_inves/pdf_enviro_epa_hydraulic_oct_8_let.pdf.
3 Center for Responsive Politics, available at: www.opensecrets.org/industries/recips.asp?Ind=E01&Cycle=2000&recipdetail=A&Mem=N&sortorder=U.
Milwaukee
WISCONSIN
19
■
Las Plantas Energéticas Dejan a
Michael Vallejo sin Aliento
Nuevas Reglas de la Administración Bush
Permiten Que la Valley Power Plant Siga
Contaminando
M
ichael Vallejo, el hijo de siete años de Christine
González, tiene asma. La familia González vive cerca de
la planta energética de combustión de carbón Valley Power Plant,
en medio de Milwaukee, y Christine está preocupada que los
residuos que se acumulan en su carro vienen de la misma contaminación que dificulta tanto la respiración de Michael.
Pese a que la calidad del aire ha mejorado en muchas regiones del
país desde que se puso en práctica la Ley de Aire Limpio en 1970,
las plantas energéticas de combustión de carbón causan 448
muertes prematuras anuales en Wisconsin, 163 de ellas en
Milwaukee, debido al asma y los ataques al corazón1. Las minorías
de Milwaukee County tienen el doble de posibilidades de vivir
cerca de instalaciones contaminantes que los anglosajones.2 Por
ejemplo, en una área de 28 bloques dentro de una milla de la Valley
Plant, el 70% de la población es hispana y aproximadamente el
40% de todos los residentes tiene 19 años o menos. Ahora, ya que
la administración Bush está debilitando las protecciones de la Ley
de Aire Limpio, la contaminación atmosférica de Wisconsin amenaza con empeorar, especialmente para la comunidad hispana.
“Es difícil criar a un niño con asma”, dice Christine González.
“Michael tiene que llevar su inhalador a la escuela y parece tener
más dificultad al respirar cuando está fuera. ¿Por qué no ponen
equipo moderno contra la polución en la Vallet Power Plant?”
De hecho, la Administración Bush ha creado una enorme excepción a las reglas de la Ley de Aire Limpio. La ley actualmente obliga
a las plantas energéticas y refinerías más viejas y sucias a instalar sistemas modernos antipolución cuando aumentan su producción. La
administración Bush está permitiendo a instalaciones como la Valley
Plant evitar la reducción en la contaminación pese a que un estudio
reciente asegura que si se instalan dichos sistemas, la tecnología existente reduciría dramáticamente la polución3. La necesidad de esta
tecnología es urgente. La Agencia de Protección Medioambiental ha
citado a Milwaukee County y otros nueve condados de Wisconsin
por violar los estándares de salud debido al smog.
Treinta años de limpieza del aire demuestran que tenemos los
conocimientos para reducir la polución. Al ponerse del lado de
Christine González de Milwaukee está preocupada
de que la polución del aire de una planta energética de carbón cercana
aumente la frecuencia de los ataques de asma que sufre Michael,su hijo mayor.
las industrias del carbón y la generación de energía, sin embargo,
la administración Bush da prioridad a las ganancias de los
contaminadores y no a la salud del público. Hay mejores
maneras de hacer esto. La administración debe asegurarse de que
las leyes se cumplan, hacer que los contaminadores las respeten
y exigirles que apliquen tecnología moderna cuando hagan
cambios que aumenten sus emisiones de contaminación.
“Sus maestros se asustan cuando tiene un ataque de asma malo”,
comenta Christine. Michael dice que sufre más ataques cuando
corre o está en un carro caliente. “Me pongo triste cuando tengo
un ataque”. Su madre está de acuerdo al decir, “Esto es lo que
respiramos. No estoy preocupada por mi, sino por nuestros niños
que son nuestro futuro”.
Milwaukee
WISCONSIN
Communities at Risk
20
■
Power Plants Take Michael Vallejo’s
Breath Away
New Bush Administration Rules Let Valley
Power Plant Keep on Polluting
C
hristine Gonzalez’s 7-year-old son, Michael Vallejo, has
asthma. The Gonzalez family lives near the coal-fired
Valley Power Plant in the heart of Milwaukee and Christine worries that the grime that builds up on her car is from the same air
pollution that makes it hard for her son to breathe.
Even though air quality has improved in many regions of the
country since the Clean Air Act was enacted in 1970, coal-fired
power plant pollution currently causes 448 premature deaths a
year in Wisconsin and 163 deaths in the Milwaukee area from
asthma and heart attacks.1 People of color in Milwaukee County
are about twice as likely as whites to live near polluting facilities.2
For example, in one 28-block area within a mile of the Valley
Plant, 70 percent of the population is Hispanic and about 40
percent of all residents are 19 years of age or younger. And now
because the Bush administration is weakening clean air protections, Wisconsin’s air pollution problems stand to get worse,
especially for the Hispanic community.
“It’s difficult to raise a child with asthma,” says Christine
Gonzalez. “Michael has to take his inhaler to school with him
and he seems to have more trouble breathing when he is playing
outside. Why don’t they put modern pollution-control equipment on the Valley Power Plant?”
In fact, the Bush administration has created a huge exception
to rules in the Clean Air Act. Under the current law, the oldest
and dirtiest power plants and refineries must install modern pollution controls when they make changes that increase their output of pollution. The Bush administration is allowing utilities
like the Valley Plant to avoid pollution reduction despite a recent
study that shows, if installed on the Valley Plant, current technologies could reduce the plant’s pollution dramatically.3 The
need for this technology is urgent: the EPA has listed Milwaukee
County and nine other counties in Wisconsin as violating health
standards for smog.
Thirty years of progressively cleaner air shows that we have the
know-how to reduce pollution. By consistently siding with the
coal and utility industries, however, the Bush administration is
putting polluters’ profits ahead of people’s health. There is a
better way. The administration must enforce the law, hold
polluters accountable, and require them to use today’s technology
to protect our health and safety.
“It scares his teachers when he has a bad asthma attack,” says
Christine. Michael says he gets more asthma attacks when he
runs or is in a hot car. “It makes me sad when I have an attack.”
His mom agrees, saying: “This is what we breathe. I am not worried about myself, but about the children who are our future.”
Sierra Club
Wisconsin Chapter
414.453.3127
rosemary.wehnes@sierraclub.org
www.sierraclub.org/communities/wi
Christine Gonzalez worries that the grime
from the Valley Power Plant that builds up on her car is from the same
air pollution that makes it hard for her son to breathe.
American Lung Association of Wisconsin
www.lungusa.org/wisconsin/
U.S.Environmental Protection Agency
Air Quality Forecast
www.epa.gov/airnow
1. Clean Air Task Force, “Death, Disease and Dirty Power,” www.cleartheair.org.
2. http://www.scorecard.org/community/ej-report.tcl?fips_ county_code=55079#demographics.
3. “Lethal Legacy: A Comprehensive Look at America’s Dirtiest Power Plants,” U.S. Public Interest Research Group Education Fund, October 2003.
Reynosa
MEXICO
21
■
Las Cicatrices del Libre Comercio
Propuestas de Libre Comercio
Internacional Dejan Desprotegidas a las
Comunidades y el Medio Ambiente
n 2002, Sarahí Alvarez Mendoza, ahora de 9 años de edad,
estaba jugando frente a su casa de Reynosa, México, cuando una trágica caída le cambió la vida.
Sarahí cayó en una zanja que una fábrica de joyería vecina
usaba para arrojar y quemar residuos tóxicos. El accidente le
produjo horribles quemaduras que aún hoy le obligan a ser operada periódicamente para permitir el normal crecimiento de su
pierna derecha.
La tragedia de Sarahí no es única, pero sí evitable. La frontera
entre México y Estados Unidos es una de las regiones más
contaminadas del mundo debido a que compañías estadounidenses y de otros países operan las llamadas maquiladoras,
fábricas que contaminan impunemente. El Tratado de Libre
Comercio (TLC) inundó la región de inversiones extranjeras
pero no ha hecho nada por requerir que se cumplan las normas
laborales y medioambientales. Y ahora, la administración Bush
quiere ampliar el TLC a toda América Latina y el Caribe a través
del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).1
Desde su accidente, la vida de Sarahí y la de sus padres han
sido un calvario acentuado por la burocracia y las operaciones
quirúrgicas que apenas logran pagar. Pero lo que más les duele es
que Maquila Works S.A., una compañía estadounidense, y su
dueño, Edward Pichirillo, continúan envenenando el barrio de
Sarahí impunemente. La familia denunció el incidente ante las
autoridades, pero sólo han encontrado un laberinto burocrático
incapaz de administrar justicia.
“Hay tantas víctimas en este caso, una niña pequeña, su familia y
esta comunidad”, dice Omeheira López, directora del Centro
de Estudios Fronterizos y de Promoción de Derechos Humanos,
la organización que está asistiendo a Sarahí y su familia. “Los problemas causados por el TLC se agravan con la corrupción oficial”.
Al entrar en vigor el TLC, sus partidarios dijeron que las
leyes medioambientales serían puestas en práctica drásticamente
bajo la supervisión de una nueva comisión internacional. Pero
las “protecciones para inversionistas” del TLC permiten que las
compañías enjuicien a los países miembros si las leyes locales
obstaculizan las ganancias.2 Después de 10 años del TLC, las
corporaciones siguen sin responsabilizarse de la polución
CEFPRODHAC
E
Sarahí Alvarez Mendoza se quemó al caer en una
zanja tóxica. Los acuerdos de libre comercio que no protegen el
medio ambiente ni la salud de las personas ponen en peligro a nuestras
comunidades,las cuales podrían ser de toda América Latina si la
Administración Bush logra la aprobación del ALCA.
que crean. En lugar de proteger a las comunidades de la
frontera, el TLC ha puesto en peligro la salud y la seguridad de
esas comunidades.
Pese a los fracasos del TLC, oímos de nuevo las mismas
promesas, esta vez de la administración Bush, al promocionar el
ALCA, un pacto que eliminaría las barreras comerciales entre 34
países del hemisferio. Las endebles regulaciones medioambientales del ALCA pondrían a comunidades como la de Sarahí en
peligro en todo el continente.3
Hay mejores maneras de hacer esto. Podemos promocionar el
comercio justo, no sólo libre. Y para que no se repitan casos
como el de Sarahí, la administración Bush debe asegurarse de que
los nuevos tratados comerciales incluyan normas aplicables de
protección a communidades y el medio ambiente.
Reynosa
Communities at Risk
MEXICO
22
■
The Scars of Free Trade
Proposed International Trade Agreements
Fail to Protect Communities and the
Environment
T
wo years ago, Sarahí Alvarez Mendoza, now age 9, was playing outside her home in Reynosa, Mexico when a tragic fall
changed her life.
Sarahí tumbled into a ditch that a US-owned costume jewelry
factory used to dump and burn toxic waste. The accident burned
her horribly and she still needs periodic surgery to accommodate
the normal growth of her right leg.
Unfortunately, Sarahí’s tragedy is not unique, but it is certainly avoidable. The United States – Mexican border is one of
the world’s most polluted regions, because US and other foreign
companies that operate factories there, called maquiladoras, are
allowed to poison the air, water and soil, often without punishment. The North American Free Trade Agreement (NAFTA)
encouraged a flood of corporate investors, but did nothing to
require compliance with labor and environmental standards.
And now the Bush administration wants to expand NAFTA
throughout Latin America and the Caribbean by enacting the
Free Trade Area of the Americas (FTAA).1
Since her accident, Sarahí and her family have been plagued by
bureaucracy, surgery and medical bills they can hardly afford. But
what pains them most is that the factory, Maquila Works, S.A.,
and its US owner, Edward Pichirillo, continue to poison Sarahí’s
neighborhood without punishment or accountability. Even
though the family reported the incident to the authorities, they
have yet to see the problem resolved. Instead the family has been
faced with a bureaucratic maze incapable of delivering justice.
“There are so many victims in this case – a little girl, her family
and this community,” says Omeheira López, director of the Center
for the Study of Border Issues and the Promotion of Human
Rights, the organization assisting Sarahí and her family. “The problems caused by NAFTA are exacerbated by official corruption.”
When NAFTA was enacted 10 years ago, proponents said
environmental laws would be strictly enforced under the scrutiny of a new international commission. But the “investor protections” in NAFTA allow companies to sue countries if local laws
get in the way of profit making.2 After 10 years of NAFTA, corporations still don’t have to take responsibility for their pollution.
Instead of protecting communities along the border, NAFTA has
endangered communities’ health and safety.
Despite the failure of NAFTA to protect communities, the Bush
administration is making the same promises when it promotes the
FTAA, an accord that would eliminate all trade barriers among 34
countries in the hemisphere. The FTAA’s weak environmental regulations would leave communities like that of Sarahí’s at risk
throughout the continent.3
We can do better. We can promote fair trade, not just free
trade. For Sarahí’s sake, and the sake of other children like her,
the Bush administration should ensure that new rights for global businesses should be matched with enforceable responsibilities
for community rights and environmental protections.
CEFPRODHAC
Jenny Martínez
Sierra Club Beyond the Borders Program
202-548-4597
jenny.martinez@sierraclub.org
Toxic materials found in open-air, illegal garbage
dumps around Reynosa.
Omeheira López
Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de Derechos Humanos
Tel: 011-52-899-922-4922
Fax: 011-52-899-922-2441
omeheira-lopez@hotmail.com
1 Unites States Trade Representative, available at www.ftaa-alca.org.
2 International Institute for Sustainable Development and World Wildlife Fund, “Private Rights, Public Problems: A guide to NAFTA’s controversial
chapter on investor rights,” 2001, available at, www.iisd.org.
3 Justin Gerdes, “NAFTA’s Chapter 11 Threatens Environment and Democracy,” Environmental News Network, February 22, 2002, available at
http://www.enn.com/news/enn-stories/2002/02/02222002/s_46465.asp.
Tar Heel
NORTH CAROLINA
23
■
Trabajadores de Mataderos Realizan un
Trabajo Matador
La Falta de Acción por Parte de la
Administración Deja a los Trabajadores
en el Limbo
lena Cardona dejó hace cuatro años Honduras, desde
donde caminó y viajó en autobús hasta llegar a la frontera
de Estados Unidos cinco meses después. “Dejé a mis cinco hijos
con mi madre y me vine para darles un futuro”, dice.
Elena (el cual no es su nombre verdadero) esperaba que su
sueño de un mejor futuro se haría realidad en Tar Heel, Carolina
del Norte, en un matadero de Smithfield Foods.
Pero se encontró con una pesadilla: “Trabajaba al menos diez
horas todos los días, hasta la madrugada. Sólo te dan tres minutos para ir al baño y apenas diez para comer. Nos pagaban $10.30
por hora, pero se aprovechaban de que no teníamos papeles, y
siempre nos hacían trampa. A veces nos pagaban sólo la mitad”.
Elena trabajó en el matadero 20 meses, hasta enero de 2003,
cuando se lastimó un brazo al levantar una carga demasiado pesada. Su capataz le dijo que no volviera hasta que se curara. Más de
un año después, sigue “inservible”, viviendo de la ayuda de compañeros de trabajo.
Los trabajadores de Smithfield sacrifican más de 36,000 puercos al día, más de 2,000 por hora.1 Cuando los trabajadores se
accidentan, a menudo no reciben compensación laboral y con
frecuencia son despedidos después del accidente. Más del 50%
de los empleados son Hispanos2 y el miedo a ser despedidos o
deportados evita que denuncien el tratamiento que reciben.
En muchos casos esta industria trata de evitar que sus empleados formen o se unan a sindicatos. Y bajo la administración
Bush, la Junta Nacional de Relaciones Laborales no ha aplicado
una decisión de la administración Clinton que encargaba a un
juez administrativo dos tareas: celebrar elecciones en los
mataderos para que los trabajadores pudieran decidir si querían
unirse al sindicato, y la recontratación y el pago de salarios atrasados a los empleados despedidos injustamente.3
Los trabajadores están en peligro, al igual que las comunidades,
no sólo por los mataderos, sino por los criaderos industriales que
confinan, en algunos estados, a más de 100,000 puercos que pueden
generar tantos desechos como una ciudad de tamaño mediano.4
Estos desechos animales se almacenan en estanques abiertos desde
donde pueden llegar y contaminar el agua subterránea. En casos
UFCW
E
Los trabajadores del matadero Smithfield Foods
procesan hasta 2,000 puercos por hora y, como Elena
Cardona, sufren accidentes y a menudo subsecuentemente son despedidos.
extremos trabajadores han muerto de asfixia al acercarse a estos
estanques de almacenamiento de estiércol.5
Esta industria está plagada de sobornos, fraude, destrucción
de archivos, crueldad contra los animales y distribución de carne
contaminada. Y ahora la administración Bush está finalizando un
acuerdo bajo la mesa con la industria cárnica para permitir a los
contaminadores corporativos violar salvaguardas medioambientales básicas con sólo pagar una multa única de $500.6
Hay mejores opciones. El sindicato United Food and
Commercial Workers está tratando de organizar a los trabajadores de los mataderos para mejorar los salarios y las condiciones laborales para gente como Elena. Pero antes debemos
instar a la administración Bush a que aplique y refuerce las leyes
laborales y medioambientales que protegen a los trabajadores y
las comunidades, al igual que nuestro aire, tierra y agua.
Tar Heel
NORTH CAROLINA
Communities at Risk
24
■
Slaughterhouse Workers Faced With a
Deadly Job
Lack of Administration Action Leaves
Workers in Limbo
E
lena Cardona left Honduras four years ago — walking and
hitching rides until she reached the US border five months
later. “I left my five children with my mother in Honduras and
came here to give them a future,” she says.
Elena (not her real name) hoped her dream of a better future
would come true in Tar Heel, North Carolina, at a Smithfield
Foods slaughterhouse.
Instead, Elena remembers, “I worked at least 10 hours a day, into
the early morning hours. They give you only three minutes to go
to the bathroom and hardly 10 to eat. They used to take advantage
of us because we did not have work permits, and they always cheated us. Sometimes they’d only pay us half of our wage.”
Elena worked at the slaughterhouse for 20 months, until January
2003, when she injured her arm trying to lift a heavy load. Her foreman said not to come back until she healed. Almost a year later, she
is still “useless,” living with help from her former co-workers.
Workers at Smithfield slaughter as many as 36,000 hogs per
day, more than 2000 hogs an hour.1 When workers are injured
they often don’t receive worker’s compensation and are frequently fired after being injured. Over 50 percent of the plant’s workers are Hispanic,2 and fear of being fired or deported keeps most
of them from coming forward to protest their treatment.
In many cases, this industry tries to prevent employees from
forming or joining unions. And under the Bush administration, the
National Labor Relations Board has failed to enforce a Clinton-era
decision by an administrative judge to hold a free and fair election at
the slaughterhouse so that workers can decide if they want a union
and to reinstate, with back pay, wrongfully terminated employees.3
Workers are at risk and so are local communities – not just
from slaughterhouses, but from industrial animal farms that, in
some states, confine as many as 100,000 pigs, which can generate as much waste as a midsize city.4 This waste is stored in large
open cesspools where it can seep into and contaminate groundwater. In some extreme cases, fumes have asphyxiated and killed
farm workers in pits used to store liquefied manure.5
Criminal counts of bribes, fraud, record destruction, animal
cruelty and distribution of tainted meat plague this industry.
And now the Bush administration is finalizing a back-room deal
with the meat industry to let corporate polluters violate basic
environmental safeguards by paying a mere $500 one-time fine.6
We can do better. The United Food and Commercial
Workers (UFCW) is trying to organize slaughterhouse workers
to improve wages and working conditions for employees like
Elena. But we all have to call on the Bush administration to
enforce and strengthen labor and environmental laws that protect workers and communities as well as our air, land and water.
RICK DOVE
Sierra Club
Courtney Washburn
919.833.8467
courtney.washburn@sierraclub-nc.org
Industrial animal farms confine as many as
100,000 pigs which can generate as much waste as a midsize city.
Tom Clark
United Food and Commercial Workers
910.843.1631
tclarke@ufcw.org
1 United Food and Commercial Workers (UFCW) worker interviews.
2 United Food and Commercial Workers (UFCW) estimates.
3 NBLR decision, available at, http://www.ufcw.org/issues_and_actions/justice_at_smithfield/documented_abuse/smithworkerabuse.cfm.
4 “Environmental Assessment of Proposed Revisions to the National Pollutant Discharge Elimination System Regulation and the Effluent Guidelines for
Concentrated Animal Feeding Operation,” 2001, available at http://epa.gov/ost/guide/cafo/envir.html.
5 Horrigan, Leo, Roberst S. Lawrence and Polly Walker, “How Sustainable Agriculture Can Address the Environmental and Human Health Harms of
Industrial Agriculture” Environmental Health Perspectives, 110 (5): 445-456.
6 Martin, Andrew, “Livestock industry finds friends in EPA,” Chicago Tribune, May 16, 2004.
Las Vegas
NEVADA
25
■
El Aire de Nevada Es una Apuesta a
Perdedor
Los Carros Contaminan, los Precios de la
Gasolina y la Frustración de los Conductores
Aumentan, y la Administración Bush Se
Niega a Mejorar el Millaje de los Carros
A
Craig, como a la mayoría de los muchachos de 12 años, le
encanta el football y jugar al aire libre. Pero al igual que
muchos otros muchachos de Las Vegas, Craig sufre de asma y los
efectos de los altos niveles de contaminación del aire en esa ciudad, principalmente debido a los carros y camiones ligeros. Pese
a que la calidad del aire ha mejorado desde la aprobación de la
Ley de Aire Limpio en 1970, casi 1.4 millones de residentes de
Nevada siguen respirando aire sucio.1
Si los carros y camiones ligeros rindieran más millas por galón de
gasolina, no sólo ahorrarían dinero los consumidores, sino que también se reduciría la contaminación de hidrocarburos procedentes de
los tubos de escape y del refinamiento de la gasolina. Esta polución
causa smog (niebla tóxica), la cual continúa torturando a Las Vegas y
muchachos como Craig. Pero en lugar de requerir a la industria automotriz construir vehículos que cubran más millas por galón de gasolina, la administración Bush se ha puesto del lado de los fabricantes y
se ha resistido a mejorar la eficacia de los carros y camiones nuevos.
Cuando era niño, Craig visitaba con frecuencia la sala de
emergencias debido a sus problemas respiratorios. El personal
médico le dijo a su madre, Tina Mendoza, que tenía difteria. Pero
tuvo que sufrir un ataque de asma y ser introducido en una carpa
de oxígeno para que se le diagnosticara esa enfermedad. Desde
entonces lleva inhaladores y usa un nebulizador para emergencias, además de revisar el pronóstico del tiempo, ya que los días
de mala calidad de aire no puede salir a la calle.
Las soluciones para este problema existen. Se deben adoptar
medidas que requieran a los carros y camiones ligeros rendir más
millas por galón. El público favorece abrumadoramente que se
mejore el rendimiento de los vehículos. Pero la industria automotriz, sus cabilderos y sus amigos en la administración Bush
impiden este avance.
Pese a que permitió que se finalizaran los estándares de tubos de
escape, la administración Bush ha combatido repetidos intentos de
mejorar significativamente la eficacia de los vehículos. Estándares
de efectividad para vehículos más exigentes ayudarían a ahorrar
dinero al consumidor y a mejorar el aire sucio de Las Vegas.
Craig, de 12 años y paciente de asma, desea poder
jugar al football con más frecuencia. En cambio,debido
a las órdenes del doctor,debe quedarse fuera de la cancha cuando el aire está
demasiado sucio.En Las Vegas,carros más efectivos significarían mejor calidad
de aire y niños más saludables.
Tina Mendoza quiere que se limpie el aire de Las Vegas. No
sólo mejoraría la salud de Craig sino que también haría más llevadero cuidar la salud de su hijo.
“Soy una madre soltera con tres hijos y un nieto”, dice Tina.
“Tengo que tener cuidado con el dinero porque la medicina de
Craig es demasiado cara, incluso con mi seguro médico. Todos
los días espero que mi familia respire aire limpio”.
Las Vegas
NEVADA
Communities at Risk
26
■
Game Called on Account of Dirty Air
Cars Pump Pollution, Owners Pump Pricey
Gas, Administration Refuses to Improve
Gas Mileage
C
raig, like most 12-year-olds, loves football and being outside.
But, like a growing number of children in Las Vegas, Craig
suffers from asthma and is affected by high levels of air pollution.
While air quality has improved in the region since the Clean
Air Act was passed in 1970, nearly 1.4 million Nevada residents
continue to breathe dirty, unhealthy air.1 Much of this pollution
comes from cars.
If cars and light trucks ran farther on a gallon of gas, not only
would consumers save money at the pump, but hydrocarbon pollution from refueling, exhaust emissions, and refining of gasoline
would be reduced dramatically. This pollution produces smog,
which plagues Las Vegas and kids like Craig. But instead of
requiring automakers to build vehicles that go farther on a gallon
of gas, the Bush administration has sided with industry and resisted improving the fuel economy of new cars and trucks.
As a toddler, Craig was in and out of the emergency room
because he was having trouble breathing. Hospital staff told his
mother, Tina Mendoza, that he was suffering from croup. It was
not until a severe asthma attack landed him in an oxygen tent
that Craig was properly diagnosed with asthma. Since then, he
carries inhalers, uses a nebulizer for emergencies, and watches the
weather reports for bad air when he must stay indoors and avoid
playing outside.
There is a better way: the auto industry should be required to
make cars and trucks that go farther on a gallon of gas and pollute less. The technology already exists and the public overwhelmingly favors increasing miles-per-gallon standards, but the
automakers, their lobbyists and friends inside the Bush administration stand in the way.
Despite allowing Clinton era tailpipe standards to be finalized, the Bush administration has fought repeated attempts to
make meaningful improvements in fuel economy. Stronger fuel
economy standards would help save consumers money at the gas
pump and clean up Las Vegas’s dirty air.
Tina Mendoza wants clean air in Las Vegas that would not
only improve Craig’s health, but ease the hardship she must
endure to provide for his special needs.
“I am a single mom with three kids and a new grandchild,”
Tina says. “I have to prioritize the medicine for Craig because the
medicine is too expensive, even with my health coverage. Every
day I hope for clean air for my family to breathe.”
Tara Smith
Sierra Club
702.732.7750
tara.smith@sierraclub.org
www.sierraclub.org/communities/nv
American Lung Association
Las Vegas Office, ALA of Idaho/Nevada
702.431.6333
www.lungusa.org
Department of Air Quality Management
702.455.5942
www.co.clark.nv.us/air_quality/
Craig, a twelve-year-old suffering from asthma,
wishes he could play football with more freedom.
Instead, due to doctor’s orders he is often forced to sit on the sidelines when
there is poor air quality. In Las Vegas, better fuel economy standards would
mean better air quality and healthier children.
1. “State of the Air: 2003,” American Lung Association, May, 2003, available at, http://lungaction.org/reports/sota03_full.html.
Tucson
ARIZONA
27
■
Muralla Fronteriza Pone en Peligro a
las Personas y al Medio Ambiente
ace diez años, el Servicio de Inmigración y Naturalización
(INS) comenzó a construir barreras y bloqueos de vehículos a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.1 Este
proyecto masivo cercano a áreas urbanas no redujo la inmigración,2 sólo consiguió poner en peligro las vidas de los inmigrantes al forzarlos a tomar las rutas del desierto de Arizona,
donde el agua es escasa y un ecosistema frágil vive en un delicado balance.
En 2002 – cuando la administración Bush propuso sellar la
mayoría de la frontera de Arizona con barreras dobles de 15 pies de
alto que encerrarían a dos autopistas iluminadas con luces de estadio – grupos de derechos humanos, indígenas y medioambientales
formaron una inusual coalición para proteger a las personas y al
medio ambiente.3
“¡Qué horribles son las murallas! A nivel humano, hay algo
muy traumático en la manera en que dividen a personas, dividen
a familias. La gente no puede pasar. Los animales no pueden
pasar. Son un símbolo de división y políticas fracasadas”, dice
Kat Rodríguez de la organización comunitaria Derechos
Humanos, uno de los grupos fundadores, junto con Defenders
of Wildlife y Alianza Indígena Sin Fronteras, de la Coalición
para Derribar las Murallas.
La coalición derrotó el proyecto en sí, pero la Patrulla
Fronteriza ha continuado construyéndolo poco a poco. Mientras
tanto, en el verano de 2003, hubo al menos 150 muertes comprobadas en el desierto entre Arizona y Sonora.4
Mientras que aumenta el número de bloqueos y barreras, los
inmigrantes se han visto forzados a adentrarse aún más en el a
menudo mortal Desierto de Arizona. Esto resultó en que la
Patrulla solicitó más acceso al Organ Pipe Cactus National
Monument, 95% del cual está designado como zona natural,
donde está prohibida la construcción de carreteras.5 La Patrulla
quiere establecer cuatro carreteras nuevas y que se le permita uso
ilimitado de vehículos todo terreno en todo el monumento y las
área naturales.
Estas mismas áreas son significativas para especies amenazadas y
en peligro como el berrendo de Sonora, en peligro crítico de
desaparición. Debido a la degradación y fragmentación del hábitat,
esta especie está a punto de quedar extinta en Estados Unidos –
quedan menos de 25 ejemplares.6 Las barreras, carreteras y luces
cortarán el acceso y dejarán aislada la parte norte del desierto
y amenazan con disminuir la diversidad de plantas y animales en
el futuro.7
KAT RODRÍGUEZ
H
Las murallas fronterizas ponen en peligro la
vida de los inmigrantes al forzarlos a tomar las rutas del
desierto de Arizona donde el agua es escasa y un ecosistema frágil vive en
un delicado balance.
La Coalición ha instado al gobierno federal a que estudie las
raíces de la inmigración, la política agrícola de Estados Unidos,
los acuerdos comerciales, las condiciones laborales y otras
razones que favorecen la emigración. Pero más inmediato es
que los esfuerzos de contención de la Patrulla Fronteriza
están poniendo vidas en peligro. El actual sistema de barreras y
bloqueos no funciona. El desierto de Sonora está sufriendo, pero
más importante aún es que también sufren quienes intentan
cruzarlo.
“Espero que la gente se una a nosotros para exigir soluciones
que nos darán más de lo que cuesten”, dice Kat. “Los costos
actuales son extremadamente altos. El número de muertes
aumenta cada año. Estas son personas y son víctimas de nuestra
política inmigratoria”.
Tucson
Communities at Risk
ARIZONA
28
■
Border Walls Put People and the
Environment At Risk
T
en years ago, the Immigration and Naturalization Service
(INS) began building fences and vehicle blockades along the
US – Mexico border.1 This massive buildup near urban areas did
not reduce immigration,2 it only put immigrants’ lives at risk, routing them deep into the arid deserts of Arizona where water is limited and a fragile ecosystem lives in a delicate balance.
In 2002, when the Bush administration proposed sealing
most of the Arizona border with double 15-foot fences that
would enclose two highways illuminated with stadium lights —
human rights, indigenous, and environmental groups formed an
unusual coalition to protect people and the environment.3
“The walls are so awful. On a human level, there is something
very traumatic about the way they divide people, divide families.
People can’t get through. Animals can’t get through. They are a
symbol of division and failed policies,” says Kat Rodríguez of the
community organization, Derechos Humanos, a founding organization, along with Defenders of Wildlife and Alianza Indígena
Sin Fronteras, of the Coalition to Bring Down the Walls.
The coalition was able to defeat the wall which would have
been built as a whole, but the Border Patrol has continued to
build it piece by piece. Meanwhile, in the summer of 2003, there
were at least 150 known deaths on the Arizona-Sonora border.4
As the number of blockades and fences grows, immigrants have
been forced deeper into the often deadly Sonoran Desert. As a result,
the Border Patrol asked for an increase in access to Organ Pipe Cactus
National Monument, 95 percent of which is designated Wilderness
area, where road building is prohibited.5 The Border Patrol wants to
establish four new roads and allow unlimited use of off-road vehicles
throughout the monument and designated Wilderness area.
It’s this very area that is significant for threatened and endangered species like the critically endangered Sonoran pronghorn.
Because of habitat degradation and fragmentation, this species is
on the brink of extinction in the United States – fewer than 25
animals remain.6 Fences, roads, and lights will cut off and isolate
the northern portion of the desert and mean a loss of diversity in
plants and animals over time.7
The Coalition is calling on the federal government to look at
the root causes of immigration – US agricultural policy, trade
agreements, working conditions, and other reasons that people
migrate. But, more immediately the Border Patrol’s efforts to
patch a sieve are putting migrants’ lives at risk. The current system
of blockades and fences is not working. The Sonoran Desert is suffering, but most especially, so are the people trying to cross it.
“I hope people will stand with us and demand some kind of solution that will give us more than it costs,” says Kat. “The current costs
are extremely high. The number of deaths continues to increase yearly. These are people and they are victims of our border policies.”
Sierra Club
Keith Bagwell
akbagwell@hotmail.com
JENNY NEELEY
Coalición de Derechos Humanos/Alianza Indígena Sin Fronteras
Kat Rodríguez
520.770.1373
kat@derechoshumanosaz.net
www.derechoshumanosaz.net
Border walls put immigrants’ lives at risk,
routing them deep into the arid deserts of Arizona where water is limited
and a fragile ecosystem lives in a delicate balance.
Defenders of Wildlife
Jenny Neeley
520.623.9653
jneeley@defenders.org
1 Cooper, Marc, “Delusion and Death on the Border of Hypocrisy,” LA Weekly, December 5, 2003.
2 Fimbres, Gabrielle and Carrol, Susan, “Desperate Journey,” Tucson Citizen, September 16, 2002.
3 LoMonaco, Claudine, “Halt to Wall Not Seen As Victory,” Tucson Citizen, July 2, 2003.
4 Marek, Angie C., “Desert Cat and Mouse,” US News and World Report, May 31, 2004.
5 National Parks Conservation Association, available at, http://www.npca.org/explore_the_parks/new_parks/sonoran.asp.
6 Arizona Game and Fish, available at, http://www.gf.state.az.us/w_c/research_home_this_range.shtml.
7 Derechos Humanos factsheet, “Walls Impact Border Species,” available at, http://www.derechoshumanosaz.net/Wall_info/wall_index.htm.
408 C STREET, NE
WASHINGTON, DC 20002
ECOCENTRO@SIERRACLUB.ORG

Comunidades Latinas en Latino Communities

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